Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma… — Res. 1102-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Hostigamiento y actos de hostilidad (Subgrupo: otros hostigamientos) Remuneraciones (Subgrupo: pago de la remuneración (sueldos y salarios), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Subgrupo: vacaciones) Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Subgrupo: no goce de vacaciones). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

(02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por no proporcionar la información solicitada mediante requerimientos de información.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, porque el sujeto inspeccionado no dio respuesta dentro del plazo de 06 días hábiles, al requerimiento de información notificada con fecha 16/04/2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, porque el sujeto inspeccionado no dio respuesta dentro del plazo de 05 días hábiles, al requerimiento de información notificada con fecha 27/04/2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Indica que hubo vicios en el procedimiento de notificación vía casilla electrónica, ya que a la fecha de los requerimientos de información su representada no tenia conocimiento de la casilla electrónica asignada, tampoco se le envió alertas al correo electrónico o mediante el servicio de mensajería. ii. En el considerando once de la resolución impugnada se hace referencia al punto 7.7.2 del Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII que indica que en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional se privilegian los sistemas de comunicación electrónica, por lo que no pretenden que se les excluye de la notificación vía casilla electrónica, sino más bien el cumplimiento del procedimiento de notificación electrónica. iii. En el considerando diecisiete de la resolución impugnada, se viola el principio del debido procedimiento en vista que el Informe Final de Instrucción carece de motivación, al indicar sucintamente que lo argumentado carece de veracidad y que los requerimientos cursados vía casilla electrónica son válidos. iv. Asimismo, indica que en los considerandos dieciocho y diecinueve de la resolución impugnada, referido al cuestionamiento de la falta de valoración de sus medios probatorios de su descargo de fecha 27.08.2021, se indica que no merecían ser analizados, salvo la constatación notarial de fecha 26.05.2021, que sí se consideró

para ser analizada, determinando que la administrada acudió a la Notaria cuando habían ocurrido las infracciones. Añadiendo que en esa fecha inicia el trámite de acceso a la casilla electrónica asignada, desconociendo en forma absoluta los requerimientos de fecha 16 y 27 de abril del 2021 porque el inspector incumplió con el procedimiento establecido, comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas, y en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería, conducta que contraviene el derecho de defensa componente central del debido proceso, citando la sentencia 1966-2005- PHC/TC. v. Indica que no existe un precedente de observancia obligatoria sobre el procedimiento de notificación electrónica debiendo resolverse el presente caso en mérito de los criterios establecidos en las Resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral N° 552-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y N° 006- 2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, al tratarse de casos objetivamente similares, en lo que se hace mención que en los casos que el inspector emplea la casilla electrónica y no se tiene constancia del envío de las alertas por correo electrónico o servicio de mensajería, deberá dejarse sin efecto la sanción impuesta por aquellas infracciones derivadas del incumplimiento de los requerimientos remitidos a través del sistema de casilla electrónica.

i. Para la notificación vía casilla electrónica, no se necesita contar con el consentimiento expreso del administrado, toda vez que conforme a lo señalado en el numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG, se permite que, mediante decreto supremo del sector, se puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica; mediante Decreto Supremo N° 003- 2020-TR se ha establecido el uso obligatorio de la casilla electrónica, aprobándose un cronograma de implementación, entonces, se colige la incuestionable obligatoriedad de notificar los documentos emitidos por la SUNAFIL en el ejercicio de sus funciones a través de la casilla electrónica, respetando el cronograma establecido. ii. El hecho que el administrado no haya revisado su casilla electrónica a fin de tomar conocimiento de las notificaciones realizadas, no resta eficacia a las notificaciones de los requerimientos de información realizados por el inspector comisionado los días 16 y 27 de abril de 2021, en vista que las mismas se perfeccionan con el simple depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario.

2 Notificada en fecha 28 de marzo de 2022.

iii. Era obligación de la administrada revisar la casilla electrónica a fin de tomar conocimiento de las notificaciones que se le pudieran realizar, no siendo responsabilidad del Inspector revisar la casilla que le corresponde al usuario. iv. Se concluye que los datos de correo electrónico y/o número de celular del usuario posee carácter de obligatorio, pues sin estos se imposibilita la comunicación de las alertas de notificación, en el presente caso el administrado no cumplió con registrar oportunamente sus datos de contacto, imposibilitando con dicha omisión la posibilidad del envío de alertas de notificaciones enviadas a la casilla electrónica. v. Que lo resuelto en las resoluciones mencionadas no constituye precedentes de observancia obligatoria, además que en este caso no pudo enviarse alerta al correo electrónica por ser el propio sujeto inspeccionado quien con su conducta omisiva no registra los datos de contacto necesario para que se pueda habilitar las alertas y quién a su vez no cumple su obligación de revisar periódicamente su casilla electrónica. vi. No se evidencia la afectación a algún tipo de derecho, ni mucho menos existe un apartamento de la normativa legal, puesto que todo el procedimiento está regulado de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Empresa De Servicio De Agua Potable Y Alcantarillado Del Santa, Casma Y Huarmey Sociedad Anonima

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 034-2022-SUNAFIL/IRE-ANC en términos similares a su recurso de apelación, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación del segundo párrafo del artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-2020- TR, por cuanto incumplió con comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica en el correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería. ii. Inaplicación del artículo 3° inciso 4) del TUO de la LPAG, dado que no se tuvo en cuenta el requisito de validez del acto administrativos consistente en la motivación, dado que este debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración a la debida motivación

contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

Sobre la aplicación de las disposiciones vigentes y el principio de razonabilidad como manifestación de la proporción de los medios y fines que persigue la Administración Pública del Trabajo

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1º). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación (artículo 6º, primer párrafo). c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (artículo 6º, segundo párrafo). d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (artículo 8.1º). e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9º). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (artículo 11.1º).

9 Al respecto, véase el siguiente enlace el cual se encuentra en la cuenta institucional de YouTube de SUNAFIL denominado: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, de fecha 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”10.

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

“28. Ahora bien, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios garantizan presupuestos materiales que todo procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como constitucional”.

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva 6.16 Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto

10 Paniagua Corazao, V. (1987). La publicidad y publicación de las normas del Estado (El caso de los Decretos Supremos no publicados). THEMIS Revista de Derecho, (6), 18. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11489.

mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”11 (énfasis añadido).

11 Principio de buena fe procedimental regulado en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 12 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

[1] DNI Y CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL REPRESENTANTE; Y ADEMAS, DNI Y CARTA PODER EN CASO DE ACTUAR CON APODERADO.

[2]BOLETAS DE PAGO FIRMADAS DESDE ENERO 2021 A LA FECHA

[3] CONSTANCIA OE ALTA EN LA PLANILLA ELECTRONICA [4] TODOS LOS CONTRATOS DE TRABAJO SUSCRITO CON EL TRABAJADOR NILTON FREDY MAGUIÑA SANCHEZ [5] PAPELETAS DE SALIDAS DE VACACIONES DE LOS PERIODOS LABORADOS 01/09/2015 AL 31/08/2016, 01/09/2016 AL 31/08/2017 y del 01/09/2017 al 31/08/2018.

[6]BOLETAS DE PAGO FIRMADAS Y SUS DEPOSITOS BANCARIO DE SER EL CASO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS VACACIONES DEL TRABAJADOR NILTON FREDY MAGUIÑA SANCHEZ, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS LABORADOS DEL 01/09/2015 AL 31/08/2017 Y DEL 01/09/2016 AL 31/08/2017 y del 01/09/2017 al 31/08/2018. [7] BOLETAS DE PAGO FIRMADA DE LA INDEMNIZACION VACACIONAL POR EL NO GOCE DE LAS VACACIONES DEL TRABAJADOR NILTON FREDY MAGUIÑA SANCHEZ, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS LABORADOS DEL 01/09/2015 AL 31/08/2016 Y DEL 01/09/2016 AL 31/08/2017. [8] EL CLASIFICADOR DE CARGO 2020. [9] EL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES. [10] DOCUMENTOS QUE DISPONE EL CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO DEL TRABAJADOR NILTON FREDY MAGUIÑA SANCHEZ. ASUNTO: NORMAS SOCIOLABORAL. La documentación requerida se refiere al periodo: DESDE 01/09/2015 A LA FECHA y de los siguientes trabajadores afectados: DEL TRABAJADOR NILTON FREDY MAGUIÑA SANCHEZ.

Figura N° 1

[1] CONSTANCIA DE ALTA EN LA PLANILLA ELECTRONICA [2] TODOS LOS CONTRATOS DE TRABAJO SUSCRITO CON EL TRABAJADOR NILTON FREDY MAGUIÑA SANCHEZ. [3] PAPELETAS DE SALIDA DE VACACIONES DE LOS PERIODOS LABORADOS 01/09/2015 AL 31/08/2016, 01/09/2016 AL31/08/2017 Y DEL 01/09/2017 AL 31/08/2O18. [4] DNI Y CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL; Y ADEMAS, DNI Y CARTA PODER EN CASO DE ACTUAR CON APODERADO.

[5] BOLETAS DE PAGO DE REMUNERACION FIRMADAS DESDE ENERO 2021 A LA FECHA.

[6] BOLETAS DE PAGO FIRMADAS Y SUS DEPOSITOS BANCARIOS DE SER EL CASO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS VACACIONES DEL TRABAJADOR NILTON FREDY MAGUIÑA SANCHEZ, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS LABORADOS DEL 01/09/Z015 AL 31/08/2016, DEL 01/09/2016 AL 31/08/2017 Y DEL 01/09/2017 AL 31/08/2018.

[7] BOLETAS DE PAGO FIRMADA DE LA INDEMNIZACION VACACIONAL POR EL NO GOCE DE LAS VACACIONES DEL TRABAJADOR NILTON FREDY MAGUIÑA SANCHEZ. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS LABORADOS DEL 01/09/2015 AL 31/08/2016 Y DEL 01/09/2016 AL 31/08/2017. [8] EL CLASIFICADOR DE CARGO 2020

[9] EL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES. [10] DOCUMENTOS QUE DISPONE EL CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO DEL TRABAJADOR NILTON FREDY MAGUIÑA SANCHEZ. [11] REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACRO DE EMERGENCIA EN LOS DIFERENTES PUESTO DE TRABAJO QUE HA OCUPADO Y VIENE OCUPANDO EL TRABAJADOR NILTON FREDY MAGUIÑA SANCHEZ.

ASUNTO: NORMAS SOCIOLABORAL La documentación requerida se refiere al periodo: QUE SE INDICA y a los siguientes trabajadores afectados: NILTON FREDY MAGUIÑA SANCHEZ.

Figura N° 2

13 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, 44.

entrega de información solicitada mediante un primer requerimiento de información notificado a la impugnante vía casilla electrónica en fecha 16 de abril de 2021 y la otra por el incumplimiento de entrega de información solicitada mediante un segundo requerimiento de información notificado a la impugnante vía casilla electrónica el 27 de abril de 2021 (tal como se ha mencionado en la presente resolución). Ambos requerimientos de información se efectuaron en el marco de las actuaciones inspectivas desplegadas por el Inspector comisionado en virtud de la misma Orden de Inspección.

“a) La elección adecuada de las normas aplicables al caso y su correcta interpretación, tomando en cuenta no sólo una ley particular, sino el ordenamiento jurídico en su conjunto. b) La comprensión objetiva y razonable de los hechos que rodean al caso, que implica no sólo una contemplación en “abstracto” de los hechos, sino su observación en directa relación con sus protagonistas, pues sólo así un “hecho” resultará menos o más tolerable, confrontándolo con los “antecedentes del servidor”, como ordena la ley en este caso. c) Una vez establecida la necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena la ley correctamente interpretada en relación con los hechos del caso que han sido conocidos y valorados en su integridad, entonces el tercer elemento a tener en cuenta es que la medida adoptada sea la más idónea y de menor afectación posible a los derechos de los implicados en el caso” (énfasis añadido)14.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva No dar respuesta al requerimiento de información notificada en fecha 16 de abril de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el

14 Fundamento jurídico 20 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 2192-2004-AA/TC.

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 034-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 25 de marzo de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Ancash, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 272-2021- SUNAFIL/IRE-ANC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 41-2022-SUNAFIL/IRE-ANC-SIRE, de fecha 11 de febrero de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 034-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT por no cumplir con el requerimiento de información notificada el 27 de abril de 2021.

TERCERO. – CONFIRMAR la infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT por no cumplir con el requerimiento de información notificado el 16 de abril de 2021.

CUARTO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a la EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA, y a la Intendencia Regional de Ancash, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL DE LAMA LAURA

VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL DESIRÉE BIANCA ORSINI WISOTZKI Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones: Sobre la notificación realizada mediante casilla electrónica

1. La impugnante alega que el presente procedimiento ha incurrido en una causal de nulidad, referida a los actos de notificación realizados a la casilla electrónica. En tal sentido, corresponde analizar la legalidad de la notificación efectuada al impugnante en el presente caso, cuya inobservancia podría acarrear la nulidad del procedimiento administrativo. No puede dejar de señalarse que las instancias inferiores realizan un análisis ligero sobre la notificación, dando por sentado que ésta ha sido correctamente llevada a cabo.

2. Sobre el particular, cabe indicar que en todo procedimiento administrativo sancionador existe la obligación de observar las reglas que informan y regulan el procedimiento administrativo. En esa línea, conforme ha señalado el Tribunal Constitucional peruano, el fundamento de dicha obligación nace de la Constitución Política del Perú, que en su artículo 139 establece como un derecho de la función jurisdiccional, aplicable en sede administrativa, la “observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”.

3. El Tribunal Constitucional –máximo intérprete de la Constitución– en numerosos pronunciamientos, como en la sentencia recaída en el Expediente N° 01709-2011-PA/TC, establece que “los actos administrativos deben tener como requisito de validez la notificación con la finalidad de que el administrado tenga la posibilidad de conocer el contenido de los actos administrativos, más aún en el caso que se apliquen sanciones o que se limiten los derechos del ciudadano; incumplir este requisito vulnera el derecho de defensa” (énfasis añadido).

4. En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional en relación con el derecho a la debida notificación, precisa en la sentencia recaída en el expediente Nº 2540-2012-PA/TC, en cuyo fundamento jurídico 4 establece: “en cuanto al derecho a las notificaciones, es necesario precisar que la notificación reviste un rol central en los procedimientos (sea cual fuere su naturaleza), no solamente porque está ligada íntimamente a un deber de la Administración, sino porque resulta esencial para ejercer el derecho de defensa de los administrados” (énfasis añadido).

5. Ahora bien, respecto a lo alegado en el escrito de revisión, esta Sala se ha pronunciado en extenso sobre los alcances de la notificación electrónica a través del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL (SINEL-SUNAFIL), aprobado a través del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, en concordancia con los alcances del numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG.

6. Así, desde el primer pronunciamiento de esta Sala, recaído en la Resolución N° 129-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 22 de julio de 2021 hasta la fecha, han quedado plenamente acreditados los siguientes conceptos:

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independientemente del consentimiento del usuario para tal fin. 2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y,

3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

7. Sin embargo, el envío de alertas del SINEL-SUNAFIL ha sido un argumento central en los recursos presentados a esta Sala, vinculados en su mayoría a cuestionar las infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT (negativa a entregar la información requerida por el inspector comisionado).

8. Lo descrito precedentemente, motivó –en estricta aplicación del Principio de verdad material15– a verificar, caso por caso, con la entonces Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (actual OTIC) de la SUNAFIL, si efectivamente las alertas habían sido emitidas por el SINEL-SUNAFIL según lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR16. Ante los diversos expedientes en los que se repetían estos hechos, la Sala decidió volver a evaluar los alcances del segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, con relación al artículo 11 de la misma norma.

9. Siendo así, considero que el artículo 6 establece que la Administración, por medio de su Sistema Informático de Notificación Electrónica, comunicará al usuario o administrado, cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica, mediante una alerta al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería. Se concluye entonces que los administrados tienen una expectativa justificada de que tendrán conocimiento de cualquier notificación depositada en la casilla electrónica por medio de la mencionada alerta.

10. Sin embargo, el artículo 11 del mismo Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, cuando norma la validez y efecto de la notificación vía casilla electrónica establece:

15 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.” 16 Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (énfasis añadido).

“11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario.

11. En consecuencia, por un lado, se establece que el sólo depósito equivale a notificación válida y, por otra, que el administrado tiene derecho a recibir una alerta que le indique la existencia de dicho depósito (segundo párrafo del artículo 6 de la misma norma, antes citada).

12. La lectura de estas dos disposiciones presenta, aparentemente, una antinomia. Sin embargo, las antinomias sólo existen cuando se trata del conflicto entre dos normas y no de disposiciones de un mismo cuerpo normativo17. Por tanto, corresponde a quien tiene el deber de interpretar esas disposiciones, hacerlo de modo tal que evite la contraposición y logre su armonización. En el caso del procedimiento administrativo sancionador la integración se debe realizar en base a los principios que lo rigen y, en particular, al derecho fundamental al debido proceso.

13. Así tenemos que el principio de predictibilidad o de confianza legítima establece que la “autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener”18. En el caso de la notificación por medio de la casilla electrónica, SUNAFIL ha establecido, que su Sistema Informático enviará una alerta al administrado por medio del correo electrónico o servicio de mensajería. En consecuencia, se trata de un requisito concurrente con el establecido en el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR (énfasis añadido).

14. De acuerdo con el artículo 139 inciso 14 de la Constitución, el derecho de defensa establece que nadie puede “ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso”. Y el Tribunal Constitucional ha reafirmado en reiterada jurisprudencia que “el fundamento principal por el que se habla de un debido proceso administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto la administración como la jurisdicción están indiscutiblemente vinculadas a la Carta Magna, de modo que si ésta resuelve sobre asuntos de interés del administrado, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional. (Cfr. STC 4889- 2004- AA)”19.

15. Ese mismo Tribunal ha declarado que, para poder ejercer el derecho de defensa, es indispensable que las partes tengan un conocimiento, previo y oportuno, de los diferentes actos que los pudieran afectar, a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que se trate, los derechos procesales que les correspondan20. Por tanto, las “exigencias que se derivan del significado constitucional del derecho de defensa no se satisfacen con la posibilidad de que, in abstracto, las partes puedan formalmente hacer

17 Cfr. GUASTINI, R. (1999). "Antinomia y lagunas." Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, (29), 437-450, p. 437. Ubicable en https://revistas- colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11388/10435. 18 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo 1.15. 19 Citada por el fundamento jurídico 9 de la sentencia del Exp. N° 8957-2006-PA/TC. 20 Cfr. STC 00748-2012-PA/TC, fundamento jurídico 3.

ejercicio de los recursos previstos en la ley, sino también con la garantía de que puedan interponerlos de manera oportuna”21.

16. En consecuencia, considero que mientras que los administrados no reciban la alerta que la Administración se ha comprometido a enviarles, su derecho de defensa podría verse vulnerado, al no tener el conocimiento previo y oportuno de la medida o requerimiento que le impone determinadas obligaciones. De esta manera se les impediría, de modo injustificado, “argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos, con el consiguiente perjuicio para tales derechos o intereses”22.

17. Esta interpretación se realiza aplicando también el principio de informalismo, el cual establece que las “normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público”23. Consecuentemente, considero que es deber del Tribunal de Fiscalización Laboral el no afectar los derechos e intereses legítimos de los administrados en los casos en los que no hayan recibido la mencionada alerta y, por tanto, no han cumplido con alguna orden depositada en la casilla electrónica, al no haber tomado noticia de su existencia.

18. Asimismo, considero que se debe de resolver los procedimientos sancionadores, “de manera independiente; esto es, sin estar sometidos a presiones internas o externas que dobleguen su voluntad para determinar el sentido de lo resuelto. En definitiva, deben contar con todas las garantías necesarias para resolver conforme a Derecho las controversias que se sometan a su consideración”24. Es por esta razón que no es posible negar eficacia a una conducta que la propia Administración ha previsto como parte de su comportamiento, durante el trámite de notificación: la emisión de las alertas. Negar esta obligación sería contrario también al principio de buena fe procedimental, que exige tanto a la Administración como al administrado realizar “sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”25(énfasis añadido).

21 Ibid. fundamento jurídico 4. 22 Loc. Cit. 23 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo 1.6. La importancia de este principio ha sido puesta de manifiesto por la Corte Suprema en la Casación N° 11434 – 2015 -CUSCO, fundamento jurídico 14. 24 STC 00020-2015-PI/TC, fundamento jurídico 19. 25 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados

19. En consecuencia, considero que, independientemente de la eficacia de la recepción de la notificación electrónica y la obligación que tiene el usuario de revisar de forma periódica la casilla electrónica –según los alcances antes referidos–, la impugnante en el presente caso sostiene que no recibió las alertas a través del correo electrónico y/o el sistema de mensajería, tal como lo dispone el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR.

20. Por tanto, es razonable considerar que el cumplimiento de la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica (artículo 8 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR) se encuentra estrictamente ligado a la recepción de las alertas que el Sistema Informático de la SUNAFIL va a emitir.

21. En el caso materia de autos, del documento denominado “Requerimiento de Información”, de fecha 16 de abril de 2021; y, de la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo día, se puede apreciar lo siguiente:

Figura 01:

22. Asimismo, del documento denominado “Requerimiento de Información”, y la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el 27 de abril de 2021, se puede apreciar:

Figura 02:

por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental (énfasis añadido).

23. Conforme a la búsqueda realizada en el aplicativo de “Consulta de Notificaciones” implementado por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) de la SUNAFIL, a la fecha de notificación de los requerimientos de información, notificadas el 16 y 27 de abril de 2021, la impugnante no había ingresado a la casilla electrónica ni registrado sus datos de contacto, conforme se aprecia a continuación:

Figura 03:

24. En consecuencia, no se puede imputar a la impugnante la negativa a cumplir sus obligaciones contenidas en el artículo 15 del RLGIT, cuando existe una controversia por resolver relacionada con el depósito de los documentos en la casilla y el ingreso de los datos de contacto para el envío de las alertas.

25. Sin embargo, de los actuados, se aprecia que estas conductas fueron sancionadas por la Resolución de Sub Intendencia N° 41-2022-SUNAFIL/IRE-ANC-SIRE, como una negativa al deber de colaboración a la labor inspectiva, imponiendo sanciones por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, sin evaluar y analizar adecuadamente los extremos de la notificación por casilla electrónica y los alegatos de defensa planteados por la impugnante sobre la notificación realizada, a la luz del principio de buena fe procedimental citado en el fundamento 17 del presente voto en discordia.

26. En general, la ausencia de análisis respecto de estos argumentos por las instancias anteriores, a pesar de las alegaciones formuladas por la impugnante sobre la notificación efectuada así como la actuación de la Administración optando por una de las alternativas sin motivar adecuadamente su decisión, constituye una vulneración al principio de buena fe procedimental dado que la autoridad administrativa ha realizado actuaciones interpretando la regulación contraria al administrado; lo cual afecta el derecho de

defensa del administrado26, como parte del derecho al debido procedimiento, al no haberse motivado, adecuadamente, la validez y eficacia de las notificaciones efectuadas por medio de la casilla electrónica, sin explicar la ponderación o razonabilidad de la medida en perjuicio de éste, sin tomar en cuenta el análisis efectuado en los fundamentos 6 a 22 del presente voto en discordia.

27. En consecuencia, la contravención de uno de los principios ordenadores del procedimiento administrativo27 en la Resolución de Sub Intendencia N° 41-2022- SUNAFIL/IRE-ANC-SIRE genera su nulidad, de acuerdo con el primer inciso del artículo 10 del TUO de la LPAG28.

28. Finalmente, corresponde amparar este extremo del recurso de revisión y no es necesario pronunciarse sobre los demás argumentos planteados por la impugnante.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión se declare FUNDADO y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 41-2022-SUNAFIL/IRE-ANC-SIRE, de fecha 11 de febrero de 2022, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Ancash, ordenándose RETROTRAER el procedimiento sancionador hasta el momento en que se produjo el vicio.

26 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” 27 Cfr. artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 28 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”.