Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada Sociedad Anónima Cerrada… — Res. 1132-2022

Mediante Orden de Inspección N° 2996-2020-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral en materia de relaciones laborales1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 350-2020-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales y (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir, en su totalidad, con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 18 de diciembre de 2020; en el extremo referente a la no acreditación del pago

Mediante Imputación de Cargos N° 200-2021-SUNAFIL/SIAI-AQP, de fecha 29 de abril de 2021, notificada el 03 de mayo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 392-2021-SUNAFIL/SIAI-AQP, de fecha 01 de junio de 2021 (en adelante, el Informe Final), a través del cual se determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Arequipa, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 761-2021-SUNAFIL/IRE- ARE/SIRE, de fecha 17 de diciembre de 2021, notificada el 20 de diciembre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 6,622.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 28 de diciembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 761-2021-SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 075-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 28 de febrero de 20222, la Intendencia Regional de Arequipa resolvió infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 10 de marzo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 075-2022- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa, admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORÁNDUM N° 194-2022- SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 14 de marzo de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – ESGA S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 075-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, que confirmó la sanción impuesta de S/ 6,622.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES en materia de relaciones laborales y a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y en el numeral 46.7 del artículo 46 del citado cuerpo normativo, respectivamente, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 03 de marzo de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – ESGA S.A.C.

La Constitución Política del Perú en su artículo 25, dispone que “(…) los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio” (énfasis añadido).

El artículo 1 del Decreto Legislativo N° 713, que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, establece

Asimismo, el artículo 3 del citado cuerpo normativo, prescribe que “Los trabajadores que laboren en su día de descanso sin sustituirlo por otro día en la misma semana, tendrán derecho al pago de la retribución correspondiente a la labor efectuada más una sobretasa del 100%” (énfasis añadido).

Por otro lado, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado con Decreto Supremo N° 007-2002-TR, dispone que “La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como máximo (…)” (énfasis añadido).

Ahora bien, conforme a las actuaciones inspectivas de investigación se ha dejado constancia en el numeral 4.12.1 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción que, en mérito al control de asistencia del personal de vigilancia, el Excel de resumen de días y horas trabajadas, las boletas de pago, los documentos de acreditación de pago y, la declaración del sujeto inspeccionado, que fueran exhibidos por la impugnante mediante el envío de información de fechas 17 y 20 de noviembre, 01 y 18 de diciembre de 2020, se ha verificado que los trabajadores sobre los cuales se ha realizado la investigación han tenido jornadas extensas de trabajo, y en muchos casos permanentes, de lunes a domingo con horario de 12 horas diurnas y nocturnas, sin descanso sustitutorio.

Ahora bien, verificada la documentación presentada en el procedimiento inspectivo como sancionador, se evidencia que, los trabajadores afectados no realizaban una labor de tipo intermitente como alega la impugnante, en razón que de los contratos de trabajo (cláusula quinta) suscritos por los trabajadores, se advierte que la jornada impuesta a los trabajadores no corresponde a jornadas atípicas acumulativas legalmente aprobadas, evidenciándose que los trabajadores realizaban labor de manera continua, aunado al hecho de que la impugnante alegó que los trabajadores tenían jornadas de 20 días de labor por 10 días de descanso y que en los meses del Estado de Emergencia Sanitaria, dispuso jornadas mayores de trabajo con días de descanso mayores.

Cabe precisar que, del Informe emitido por la impugnante, el 20 de noviembre de 2020, se tiene que la jornada de trabajo es intermitente; no obstante, conforme a lo verificado y evidenciado por el inspector comisionado, durante la jornada de trabajo se emplea el puesto de torreón y control de ingresos por lapsos de 10 minutos cada 50 minutos de jornada, teniendo en el puesto de trabajo, únicamente una silla de plástico, lo que evidencia que el personal de vigilancia se mantiene en actividad durante toda la jornada de trabajo, lo cual se corrobora con los pagos efectuados por el concepto de horas extras que la impugnante realizó a los trabajadores. Asimismo, del citado informe, se desprende que, los trabajadores tienen jornadas atípicas de trabajo y que dichas jornadas fueron convenidas con los

Es necesario precisar en este punto que, si bien las jornadas atípicas se encuentran reconocidas legalmente, éstas deben respetar el parámetro referido a que el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar el máximo de 8 horas diarias y/o 48 semanales. Por lo tanto, la jornada de trabajo acumulativa es válida si el promedio de horas trabajadas en un periodo de 3 semanas no supera la jornada máxima de 8 horas o 48 semanales.

Sin embargo, en el caso en concreto, se ha constatado que los trabajadores afectados tenían una jornada laboral de 12 horas diarias, lo que se ha detallado en el Cuadro N° 3 del Acta de Infracción, y que no ha sido cuestionado por la impugnante, lo que, además, evidencia que los trabajadores afectados laboraron durante su día de descanso semanal obligatorio sin sustituirlo por otro día de la misma semana, debiéndose proceder al pago correspondiente al trabajo efectuado más una sobretasa del 100%, en mérito al artículo 3 del Decreto Legislativo N° 713.

En ese contexto, se emite la medida inspectiva de requerimiento de fecha 18 de diciembre de 2020, para que la impugnante cumpla con acreditar el pago íntegro de las horas laboradas en el día de descanso semanal obligatorio en el periodo de febrero de 2020 a octubre de 2020, a favor de los trabajadores que fueron materia de investigación. No obstante, de la verificación del cumplimiento de la medida por parte del inspector comisionado, se constata que se cumplió de manera parcial con lo solicitado, en razón que no cumplió con acreditar el pago íntegro de las horas laboradas en el día de descanso semanal obligatorio en el periodo del 01 febrero al 15 de marzo de 2020 respecto de los trabajadores Hugo Gonzalo Apaza Quispe, Washington Hancco Quispe, Gumercindo Paucar Surco, Reynaldo Ismael Pilco Flores y Carlos Félix Villena Márquez.

En tal sentido, contrario a lo alegado por la impugnante, en el presente caso no se evidencia que las labores efectuadas por los trabajadores afectados tengan la naturaleza de una labor de carácter intermitente, en razón que tal característica no se evidencia de sus labores efectuadas, conforme a lo verificado por el inspector comisionado; por el contrario, ha quedado evidenciado que éstos laboraron durante su día de descanso semanal obligatorio sin sustituirlo por otro día de la misma semana, debiendo haberse efectuado el pago al trabajo realizado más una sobretasa del 100%; no acreditándose una labor intermitente, siendo necesario resaltar que si bien existe la facultad de plantear el horario de trabajo por parte del empleador, ésta no es una facultad ilimitada, ya que, por un lado, debe responder a las necesidades de la empresa y al mismo tiempo respetar los derechos de los trabajadores, así como la regulación existente en la materia, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

Por tanto, la impugnante ha incurrido en la conducta referida al incumplimiento de las disposiciones relacionadas al descanso semanal obligatorio, que se encuentra tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. En tal sentido, no corresponde acoger este extremo del recurso de revisión.

Asimismo, en vista que la impugnante cuestiona que no se ha considerado la condición de MYPE para imponer la multa; cabe precisar que, esta Sala verifica que la resolución que determinó la sanción impuesta ha sido emitida en armonía a los parámetros establecidos para la pequeña empresa, conforme a los criterios generales de i) gravedad de la falta cometida: muy grave; ii) número de trabajadores afectados: 5 trabajadores y, iii) tipo de empresa: pequeña empresa; en tal sentido, el cálculo del monto de la multa impuesta se estableció en 0.77 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 761-2021-SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, como la Resolución de Intendencia N° 075-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

El ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración Pública se encuentra sujeta – entre otras condiciones – a su tramitación dentro de un plazo preestablecido, sancionándose la superación de éste con la figura de la caducidad.

Así, el artículo 259 del TUO de la LPAG:

Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina, señala que la caducidad tiene las siguientes características:

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el procedimiento administrativo sancionador se desarrolló en el siguiente periodo:

Por consiguiente, de la norma acotada, se desprende que la caducidad del procedimiento sancionador no se computa desde la fecha de emisión de la imputación de cargos, sino desde que se notifica la misma con la cual se da inicio al procedimiento sancionador; por ende, una vez transcurrido el plazo para resolver, sin que se haya notificado la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento.

Sobre el particular, de lo señalado en el numeral 1.2 de la presente resolución se aprecia que el procedimiento se inició el 03 de mayo de 2021, por lo que de conformidad con el numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG, la autoridad sancionadora (Sub Intendencia de Resolución) tenía hasta el 03 de febrero de 2022 para emitir y notificar la resolución de sanción.

Cabe precisar que la Resolución de Sub Intendencia N° 761-2021-SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, que impuso sanción a la inspeccionada fue notificada a la impugnante vía sistema de casilla electrónica el 20 de diciembre de 2021. En tal sentido, se advierte que la resolución apelada fue emitida dentro del plazo de nueve meses. Por tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso.

Sobre lo argumentado en el recurso de revisión, resulta apropiado señalar que el TUO de la LPAG, recoge en el inciso 5 de su artículo 248°, el Principio de Retroactividad Benigna, según el cual, las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.

El Decreto Supremo N° 015-2017-TR, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 06 de agosto de 2017, modificó el artículo 51° del RLGIT, indicándose que la facultad de la autoridad inspectiva para determinar la existencia de infracciones prescribe, ya no a los cinco (5) años como antes estaba previsto, sino a los cuatro (4) años, y que esta determinación se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 252° del TUO de la LPAG.

Posteriormente, mediante Resolución de Superintendencia N° 218-2017-SUNAFIL, de fecha 31 de octubre de 2017, se aprueban los criterios normativos adoptados por el "Grupo de Trabajo de Análisis de Criterios en materia legal aplicables al Sistema lnspectivo", entre los cuales se encuentra el criterio sobre prescripción administrativa:

En atención al principio de retroactividad benigna y considerando que, actualmente, tal como lo establece el numeral 252.3 del artículo 252° del TUO de la LPAG, la autoridad debe evaluar de oficio la prescripción, asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, por lo que corresponde, en primer término, que esta Sala analice si al momento en que se emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 761-2021-SUNAFIL/IRE- ARE/SIRE, esto es el 17 de diciembre de 2021 y notificada el 20 de diciembre de 2021, habría prescrito el plazo que tenía la autoridad de primera instancia para determinar, como infracciones, el incumplimiento constatado en la etapa inspectiva, el cual es de cuatro (4) años máximo, para lo cual se debe tener en cuenta las reglas de cómputo previstas en el numeral 252.2 del artículo 252° del TUO de la LPAG (sobre el inicio, la suspensión y la reanudación del plazo de prescripción).

Cabe tener en cuenta además que mediante Resolución de Superintendencia N° 110-2019- SUNAFIL de fecha 15 de marzo de 2019, se han aprobado los criterios normativos adoptados por el "Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL", donde se indica, respecto al cómputo del plazo de prescripción lo siguiente "a efectos de determinar el dies a quo, es fundamental efectuar un análisis caso por caso para distinguir las diversas clases de infracción, para lo cual será necesario acudir a la norma que prevé la conducta infractora y examinar la acción o acciones concretas que se tipifican como ilícito administrativo, para precisar en qué momento se consuma la infracción y se inicia el cómputo de la prescripción. 1) La infracción instantánea se consuma con la conducta misma, sin que la situación ilícita sea permanente o duradera en el tiempo. Por lo tanto, el plazo de prescripción empieza a computarse desde la consumación de la infracción, esto es, desde la realización de la conducta infractora. 2) La infracción instantánea con efectos permanentes es aquella que, asimismo, se consuma en el mismo acto, pero produce un estado de cosas antijurídico permanente. En este caso, el plazo de prescripción se inicia desde que se ha consumado la infracción, esto es, desde que se ha creado la situación antijurídica (…)".

En ese sentido, para determinar la prescripción de la infracción en materia de relaciones laborales en el presente caso, el cómputo del plazo debe efectuarse a partir de la fecha en que la infracción se hubiera cometido, para lo cual es necesario considerar los plazos legales previstos para cumplir con la obligación sociolaboral materia de análisis.

Que, en el presente caso, de la evaluación del expediente se aprecia que el presente procedimiento se inicia a razón de un operativo de fiscalización, para posteriormente la Administración formular la Orden de Inspección concreta N° 2996-2020-SUNAFIL/IRE-AQP emitida el 20 de octubre de 2020, por medio de la cual se ordena inspección a las materias relacionadas a las normas de relaciones laborales, constatando los inspectores comisionados responsabilidad de la impugnante conforme se evidencia del Acta de Infracción N° 350-2020- SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 28 de diciembre de 2020.

Estando a lo expuesto, los inspectores comisionados a través de las actuaciones inspectivas desplegadas a lo largo del presente procedimiento, establecieron como hechos constatados el incumplimiento de las obligaciones sociolaborales por parte del sujeto inspeccionado consistentes en no acreditar a la fecha de las diligencias de inspección: el cumplimiento de la normativa en relaciones laborales.

Por tanto, en consideración a que los hechos generados en el presente expediente, desde la apertura de la Orden de Inspección concreta, con fecha 20 de octubre de 2020, hasta la notificación de la Resolución de Sub Intendencia N° 761-2021-SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, en la que se determinó la existencia de infracción en materia de relaciones laborales, notificada el 20 de diciembre de 2021, ha transcurrido 01 año con 02 meses, se evidencia que no se ha excedido el plazo de prescripción antes señalado. En tal sentido, no corresponde acoger lo solicitado por la impugnante en dicho extremo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.