Empresa de Salud Policlinico Santa María Magdalena S.A.C — Res. 754-2026

Antecedentes

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el registro de trabajadores en la planilla electrónica, por el periodo laboral: 01 de junio hasta 30 de junio de 2023, situacion que afectó a su trabajadora, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25° del RLGIT.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega a su trabajadora de la constancia de alta en la planilla electrónica, por el periodo laboral: 01 de junio hasta 30 de junio de 2023, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23° del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no inscribir en el régimen de seguridad social en salud, por el periodo laboral: 01 de junio hasta 30 de junio de 2023, situación que afectó a su trabajadora, tipificada en el numeral 44- B.1 del artículo 44-B° del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no inscribir en el régimen de seguridad social en pensiones, por el periodo laboral: 01 de junio hasta 30 de junio de 2023, situación que afectó a su trabajadora, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B° del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación laboral, su desnaturalización, conforme se detalla en los numerales 4.10, 4.11 y 4.19 del acta de infracción, situación que afectó a su trabajadora, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25° del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada vía casilla electrónica el 21 de julio de 2023, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

1 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 2 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15.- Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 3 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 4 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa

Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR5 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 5 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema. 6 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA DE SALUD POLICLINICO SANTA MARIA MAGDALENA S.A.C.

7 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 25 de marzo del 2024, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 28-2024-SUNAFIL/IRE-AYA, señalando los siguientes alegatos:

i. La resolución impugnada vulnera el debido procedimiento, toda vez que, la autoridad sancionadora, no cumplió con lo establecido en el precedente administrativo de observancia obligatoria establecida en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023- SUNAFIL/TFL, en el cual se establece claramente que la medida (medida de requerimiento) debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. en consecuencia, se realizó una incorrecta valoración de derecho de los medios probatorios presentados. ii. Sostiene que, la empresa cumplió con presentar medios probatorios fehacientes que acreditan el cumplimiento de las infracciones motivo de sanción, siendo la constancia de Alta en la planilla electrónica adjuntada, que se encuentra debidamente suscrita y con la huella digital de la ex trabajadora de fecha 09.08.2023, la constancia de actuación inspectiva de investigación de fecha 21.07.2023, el certificado de trabajo expedido a favor de la ex trabajadora,y, el pago de la liquidación de beneficios sociales en favor de la ex trabajadora, por lo que, correspondería aplicar la eximente de responsabilidad administrativa al haberse hecho la subsanación voluntaria con anterioridad a la notificación de la Imputación de Cargo. iii. Refiere que, lo solicitado en la medida inspectiva de requerimiento era de forma genérica; no indicaba fecha por el cual la extrabajadora debió ser registrada en la planilla electrónica, así como en la inscripción en seguridad social de salud y pensiones. iv. Alega que, es cierto que, la ex trabajadora estuvo inicialmente vinculada mediante contratos de locación de servicios, sin embargo, se ha señalado que en efecto el contrato se encuentra desnaturalizado, por tanto, expresamente su vínculo laboral ha sido reconocido de forma expresa y por escrito, con la constancia de actuación inspectiva de investigación de fecha 21.07.2023, el certificado de trabajo de la ex trabajadora y la liquidación de pago de beneficios sociales, el mismo que se encuentra pagado y firmado el 02 de agosto del 2023. v. Se vulnera el debido procedimiento, toda vez que, respecto a la infracción tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGT, la Intendencia Regional de Ayacucho, en el considerando 19 de la resolución impugnada, reconoce que de la verificación de los hechos constatados del acta de infracción y la documentación presentada por la inspeccionada, ha quedado acreditado la existencia de la relación laboral encubierta por un contrato de locación de servicios, entre la denunciante y la inspeccionada; sin embargo, de la verificación de la medida inspectiva de requerimiento, se tiene que, el inspector comisionado desarrolló 04 hechos constados referidos al registro de trabajadores en la planilla electrónica, entrega de la constancia de alta en la planilla electrónica, inscripción en el régimen de seguridad social en salud y pensiones; en consecuencia, no se advierte la expresión del ámbito subjetivo y objetivo respecto del incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación laboral.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción leve

carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria (…)”, constituyendo fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017 TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación” (énfasis añadido). Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre el registro en la planilla electrónica y en seguridad social

estos tres (3) elementos de la relación de trabajo: (i) prestación personal del servicio, (ii) remuneración, y (iii) subordinación.

“3.3.3. Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud” (énfasis añadido).

“6.22 En tal sentido, el principio de primacía de realidad tiene la virtud de proporcionar al órgano administrativo, dentro de un procedimiento sancionador, una importante herramienta conceptual, orientada a superar formalidades con las que eventualmente se hubiere revestido un acto jurídico laboral para encontrar el trasfondo de la verdadera naturaleza de la relación laboral entre el sujeto inspeccionado y el trabajador o trabajadores afectados; descartando de esta manera las actitudes que en fraude a la ley hubieren podido consumarse, incluso con aceptación del trabajado. 6.23 Por lo anotado, en caso de discordancia entre los hechos constatados en la fiscalización y los documentos o acuerdos formales establecidos por el sujeto inspeccionado, debe darse preferencia a los primeros. Como se recuerda, el artículo 16 de la Ley Nº 28806, establece la presunción de certeza de los hechos constatados por los inspectores en las fiscalizaciones realizadas, por lo que la determinación de prevalencia de los hechos se sostiene en tal comprobación y en el hecho de que cualquier contraprueba que pudiera presentarse durante los descargos, al ser examinada, no desvirtúe la imputación. 6.24 Debe precisarse que la aplicación del principio de primacía de la realidad, por parte de la autoridad administrativa, debe estar debidamente motivado y sustentado en lo actuado en el procedimiento fiscalizador y en el procedimiento administrativo sancionador. En cada ámbito, se debe analizar si existe un correcto examen de los hechos y de su verificación; toda vez que la invocación a este principio debe estar justificada en la comprobación directa o indirecta de la infracción imputada” (énfasis añadido).

Figura N°01

previas. Ello, en la medida que de la verificación de la medida inspectiva de requerimiento se aprecia que el periodo materia de cumplimiento correspondía al mes de junio de 2023, mientras que la documentación aportada por la inspeccionada acredita un registro efectuado recién a partir del 09 de agosto de 2023. En ese sentido, la regularización posterior del registro no enerva el incumplimiento previamente verificado durante las actuaciones inspectivas, toda vez que la obligación sociolaboral exigida debía cumplirse dentro del periodo expresamente requerido por la autoridad inspectiva.

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”15, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

Asimismo, no resulta razonable señalar que la autoridad venida en grado no ha valorado adecuadamente los medios de pruebas aportados en el decurso del procedimiento sancionador, cuando de su contenido se observa en los considerandos 13 al 17 que emitió un pronunciamiento por cada uno de ellos, concluyendo de las mismas que no acreditan en lo absoluto el cumplimiento de lo solicitado durante las actuaciones inspectivas de investigación; es decir, actuó en fiel cumplimiento de lo establecido en el precedente administrativo de observancia obligatoria, establecida mediante la Resolución de Sala Plena N° 001-2023-SUNAFIL/TFL:

“6.19. En tal sentido, con el objeto de contradecir el principio de licitud, que protege la actuación de los administrados, y acreditar fehacientemente los hechos, a la ocurrencia de alguna infracción a la normativa sociolaboral, la Administración debe determinar el cumplimiento del principio de verdad material19. Así, conforme esta directriz, la autoridad administrativa competente debe verificar suficientemente los hechos que sirven de motivo para sus respectivas decisiones, esto es, la determinación de multas u obligaciones al sujeto inspeccionado; para lo cual, la autoridad fiscalizadora y sancionadora deben evaluar ampliamente la prueba directa e indirecta actuada en el expediente, así como extender todas las medidas razonables para satisfacer la carga probatoria que recae sobre la Administración, junto con la exigible participación necesaria del deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, conforme a Ley. 6.20. En efecto, en el marco del procedimiento de fiscalización y sancionador se deben obtener los indicios suficientes o elementos de convicción que permitan la comprobación de alguna infracción a las normas de trabajo que sean pasibles de sanción. Esto resulta necesario para poder sostener una imputación de responsabilidad administrativa al sujeto inspeccionado, para lo cual se deben agotar los medios conferidos por el TUO de la LPAG, la LGIT y el RLGIT, citados precedentemente. 6.21. Cabe precisar que esta carga de la prueba que recae sobre la administración para determinar el reproche administrativo al sujeto inspeccionado atiende al derecho fundamental de prueba que tiene este para ofrecer los medios de prueba que considere pertinentes para sustentar sus alegaciones. Tales actuados, cuando efectivamente sean pertinentes para la determinación de si existe responsabilidad administrativa o no, deberán ser analizados y valorados por la autoridad administrativa al resolver si corresponde o no la determinación de una sanción. 6.22. Lo señalado anteriormente, no implica que la mera alegación del principio/derecho a la presunción de licitud por parte del administrado, sea sustento suficiente para desvirtuar la comisión de infracción o infracciones imputadas; por el contrario, si durante el desarrollo del procedimiento la administración sustenta la responsabilidad del sujeto inspeccionado, la carga de la prueba se traslada a éste, por lo que podrá desestimar los reproches administrativos alegados o la configuración de algún eximente de responsabilidad, a través de la presentación de los medios de prueba que considere oportunos; correspondiendo a la administración resolver sobre la base de la valoración conjunta de las pruebas aportadas al procedimiento”. (Énfasis añadido).

De la infracción tipificada en el numeral 25.5 del Artículo 25° del RLGIT

“En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece. También puede celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo parcial sin limitación alguna”.

de subordinación, remuneración fija y prestación personal presentes en la relación entre la odontóloga y la empresa respaldan la idea de que existía una relación laboral encubierta. La falta de contrato en junio de 2023 también agrega peso a esta interpretación. Además, el propio apoderado del sujeto inspeccionado mediante el anexo dos (Datos de prestación de servicios) y la entrega del certificado de trabajo reconoce vínculo laboral.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el registro de trabajadores en la planilla electrónica, por el periodo laboral: 01 de junio hasta 30 de junio de 2023, situacion que afectó a su trabajadora.

Numeral 25.20 del artículo 25° del RLGIT MUY GRAVE Relaciones Laborales No acreditar la entrega a su trabajadora de la constancia de alta en la planilla electrónica, por el periodo laboral: 01 de junio hasta 30 de junio de 2023.

Numeral 23.2 del artículo 23° del RLGIT LEVE Seguridad Social No inscribir en el régimen de seguridad social en salud, por el periodo laboral: 01 de junio hasta 30 de junio de 2023, situación que afectó a su trabajadora.

Numeral 44-B.1 del artículo 44-B° del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad Social No inscribir en el régimen de seguridad social en pensiones, por el periodo laboral: 01 de junio hasta 30 de junio de 2023, situación que afectó a su trabajadora.

Numeral 44-B.1 del artículo 44-B° del RLGIT

MUY GRAVE

Relaciones Laborales El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación laboral, su desnaturalización, conforme se detalla en los numerales 4.10, 4.11 y 4.19 del acta de infracción, situación que afectó a su trabajadora Numeral 25.5 del artículo 25° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la EMPRESA DE SALUD POLICLINICO SANTA MARIA MAGDALENA S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 28-2024-SUNAFIL/IRE-AYA, emitida por la Intendencia Regional de Ayacucho, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 208-2023- SUNAFIL/IRE-AYA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 28-2024-SUNAFIL/IRE-AYA, en los extremos referentes a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 25.5 y 25.20 del artículo 25 del RLGIT, y las infracciones muy graves en materia de seguridad social, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B° del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa, en los extremos referentes a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 25.5 y 25.20 del artículo 25 del RLGIT, y las infracciones muy graves en materia de seguridad social, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B° del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a la EMPRESA DE SALUD POLICLINICO SANTA MARIA MAGDALENA S.A.C., y a la Intendencia Regional de Ayacucho, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20260520JAMT– HR: 124089-2023