Empresa Andina Coymolache Servicios Generales Sociedad Comercial… — Res. 76-2022

Antecedentes

1 Se verificó el incumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones: Gratificaciones; Compensación por tiempo de servicios: Depósito de CTS; Bonificación no remunerativa: incluye todas; Participación de utilidades: pago; Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados: vacaciones. PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 2055519544 20555195444 soft

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no proporcionar la información y documentación solicitada mediante requerimiento de información debidamente notificado el 08 de marzo de 2021 a través de casilla electrónica, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, con una multa ascendente a S/ 50,864.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la comparecencia virtual programada para el día 22/03/2021 a las 10:00 am., notificada a través de casilla electrónica, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, con una multa ascendente a S/ 50,864.00.

- Pese a haber sido notificada, EMACO no ha tomado conocimiento oportuno de dicha notificación (nunca presto el consentimiento oportuno para que la notificación se efectué de manera electrónica), hecho que a traído como consecuencia la emisión del acta de infracción, afirmando que nunca presto consentimiento oportuno para ninguna notificación electrónica.

- La forma de notificación en torno a cada una de las actuaciones inspectivas y sancionadoras, formalmente se efectuó vía casilla electrónica; sin embargo, se debe considerar lo señalado en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, el cual indica que la SUNAFIL, se encuentra en el deber de comunicar al usuario, ya sea mediante un correo u otro servicio de mensajería, previamente a notificar un documento en la casilla electrónica; afirmando que el hecho de no haberse tramitado las actuaciones conforme el procedimiento respectivo implica una contravención al principio del debido procedimiento dentro de las acciones sancionadoras administrativas.

2 Ver folio 11 del expediente sancionador 3 Notificada a la inspeccionada el 22 de junio de 2021 (Ver folio 22 del expediente sancionador)

- Ofrece como nuevas pruebas la presentación de la información requerida mediante orden de inspección N° 182-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, cuyo incumplimiento ha generado la imposición de la multa.

- De la revisión de los documentos presentados, como prueba nueva, en el recurso de reconsideración, se advierte que, si bien se trata de documentos que no obran en el expediente sancionador, se debe indicar que los mismos no desvirtúan las hechos motivadores de la resolución de sanción, por el contrario, reconocen que presentaron la información requerida por la inspectora comisionada en el plazo establecido y que tampoco asistieron a la comparecencia programada, tratando de justificar sus incumplimientos en que no ha tomado conocimiento oportuno de dicha notificación ya que nunca ha prestado su consentimiento oportuno para que la notificación se efectué de manera electrónica, debiendo tener en cuenta que dicho cuestionamiento es de puro derecho, el cual tiene como mecanismo de revisión el recurso de apelación.

- El Decreto Supremo N° 003-2020-TR, es de cumplimiento obligatorio de acuerdo al cronograma y de conocimiento público a partir del día siguiente de su publicación, dicha norma establece en su artículo 11 numeral 11.1 y 11.2, que las notificaciones realizadas se entienden válidamente efectuadas con el deposito del documento en la casilla electrónica asignada al usuaria y surte efectos el día que conste haber sido recibidas en la casilla electrónica, por lo que no le corresponde a este despacho requerir los informes solicitados por la inspeccionada en su recurso de reconsideración, ya que la validez de la notificación electrónica no lo determina las alertas. En este sentido, era responsabilidad de la inspeccionada tomar las medidas necesarias para acceder correctamente a la casilla electrónica asignada, oportunamente, a fin de que pueda presentar oportunamente la información requerida y no después del cierre de la orden de inspección.

i. Pese a haber sido notificada, EMACO no ha tomado conocimiento oportuno de dicha notificación (nunca prestó el consentimiento oportuno para que la notificación se efectúe de manera electrónica); hecho que ha traído como consecuencia la emisión

4 Notificada a la impugnante el 11 de agosto de 2021. Véase folio 313 del expediente sancionador.

del Acta de Infracción N° 136-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ; sin embargo, al no haber tomado conocimiento oportuno de la forma de notificación, EMACO no ha podido ejercer su derecho de defensa correctamente ni mucho menos colaborar con la actuación inspectiva, debido a la omisión del deber de la SUNAFIL en torno a la comunicación de notificaciones electrónicas.

ii. En el caso de autos, la forma de notificación en torno a cada una de las actuaciones inspectivas e instructivas, FORMALMENTE, se efectuó vía casilla electrónica; sin embargo, se debe considerar lo señalado en el artículo 6 Decreto Supremo N° 003- 2020-TR, el cual indica que la SUNAFIL se encuentra en el deber de comunicar al usuario, ya sea mediante un correo u otro servicio de mensajería cada vez que se notifique un documento en la casilla electrónica. Sin embargo, tal como se ha mencionado en el escrito de reconsideración, EMACO pudo tomar conocimiento fehaciente de la existencia de una casilla electrónica de SUNAFIL y, consecuentemente, del procedimiento administrativo en curso con la notificación de la Resolución de Sub Intendencia N° 254-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE. En tal sentido, previo al referido acto, ningún personal de EMACO ha sido comunicado con las notificaciones que SUNAFIL estaba efectuando en la casilla electrónica pese a que configura un deber esencial de SUNAFIL y que, además, forma parte del procedimiento a seguir para la validez de las notificaciones vía casilla electrónica.

iii. Al haber advertido que SUNAFIL no cumplió con la obligación de efectuar la comunicación a EMACO, resulta irrazonable y desproporcionado que se exija a EMACO cumplir con la revisión periódica de la casilla electrónica. Además, si la normativa hubiera considerado que solo EMACO debe cumplir sus obligaciones, lo habría estipulado en su cuerpo normativo, asimismo, en el supuesto que se considere que SUNAFIL sí ha cumplido con la obligación de comunicar cada vez que se ha efectuado la notificación de las actuaciones procedimentales en la casilla electrónica desde el inicio del presente procedimiento administrativo, deberá probar haber cumplido con cada una de las comunicaciones y el medio usado para su efectivización. Por lo que, se solicita que se valore acorde con los límites de la razonabilidad y proporcionalidad las actuaciones inspectivas y sancionadoras.

i. Conforme al Decreto Supremo N° 003-2020-TR (Articulo 7, 8, 11 y 12) la notificación vía casilla electrónica se puede realizar para todo documento emitido que corresponda ser informado al administrado, como en el presente caso, tanto el requerimiento de información de fecha 08 de marzo de 2021, así como el requerimiento de comparecencia de fecha 17 de marzo de 2021. Asimismo, de dicho cuerpo legal se desprende la obligación del administrado, de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada; asimismo, se verifica la validez de la notificación efectuada mediante casilla electrónica. Siendo así, la notificación por casilla electrónica de los requerimientos (de información y comparecencia), se ha efectuado conforme a ley, notificándose a la casilla electrónica del administrado, no habiéndose vulnerado el principio de eficacia de la notificación; debiendo desestimarse lo señalado por la

5 Notificada a la inspeccionada el 20 de setiembre de 2021 (Ver folio 334 del expediente sancionador)

inspeccionada en los diversos puntos de su recurso de apelación, por lo que debe confirmarse la sanción referida a esta materia.

ii. Los incumplimientos de los requerimientos (de información y comparecencia) notificados con fechas 08 de marzo de 2021 y el 18 de marzo de 2021, respectivamente, deben considerarse como conductas distintas e independientes, por lo tanto, deben ser objeto de sanción, no remitir la información de fecha 08 de marzo de 2021 dentro del plazo señalado por el inspector comisionado, y la inasistencia a la comparecencia virtual programada para el 22 de marzo de 2021 a las 10:00 horas, al haber sido debidamente determinadas y se ajustan al tenor del tipo legal por el cual se sancionó a la inspeccionada, con expresión de la normativa vulnerada en atención al Principio de Tipicidad y Legalidad, por lo que se concluye que debe confirmarse la sanción establecida en la resolución apelada en todos sus extremos. iii. Respecto de las alertas al correo electrónico y/o celular del administrado, debe traerse a colación la Resolución N° 129-2021-TFL, emitida por el Tribunal de Fiscalización laboral, que concluye que, la inspeccionada debió tener la diligencia necesaria a fin de revisar su casilla electrónica de manera regular, por lo que no resulta válido el argumento del desconocimiento de las notificaciones por falta de las alertas señaladas, las cuales como ya se ha indicado no revisten de validez a las notificaciones realizadas por la autoridad administrativa a la casilla electrónica.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

6 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

7“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 8 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 9“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 10“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Empresa Andina Coymolache Servicios Generales Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada

11 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14 12 Iniciándose el plazo el 21 de setiembre de 2021.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 12 de octubre 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 146-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando que:

- Conforme al Artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, si bien SUNAFIL, ha notificado en la casilla electrónica asignada para tal fin, EMACO no ha podido tomar conocimiento de manera certera y oportuna del inicio del procedimiento administrativo sancionador, o de cualquier otra actuación que se haya encontrado realizándose en su debida oportunidad, pues SUNAFIL, no ha cumplido con un requisito formal de validez de la notificación: comunicar mediante correo electrónico o a través de alertas que ha sido ingresada a la casilla electrónica alguna notificación respecto de cualquier procedimiento o actuación por parte de SUNAFIL.

- Un argumento que sustenta el incumplimiento del requisito formal de validez de la notificación radica en no haber cumplido en estricto con alertar a EMACO el ingreso de estas notificaciones a la casilla electrónica asignada para tal fin, no habiéndose tomado en consideración lo establecido en el artículo 6 del D.S. N° 003-2020-TR, habiendo incumplido con un deber, “EL DEBER DE COMUNICAR”, por tanto EMACO, además de no haber tomado conocimiento, nunca prestó de manera oportuna el consentimiento de la notificación, no generando por tanto la certeza de validez de la notificación, siendo esta por tanto nula, al haber incumplir con uno de los requisitos formales que revisten de validez a la notificación.

- Se ha vulnerado el debido proceso, al no cumplirse de manera estricta las formalidades establecidas para las actuaciones y todos los actos y/o fases procedimentales que la ley exige, para revestir de formalidad a las actuaciones que pueda realizar el Estado a través de SUNAFIL, actuaciones que si bien han sido notificadas a la casilla electrónica, no han cumplido con una formalidad establecida, el aviso o alerta al administrado, hecho que genera un perjuicio económico al multar a EMACO, por una actuación negligente y que carece de validez, al existir vicios formales en la debida notificación.

- Del recurso de apelación presentado con fecha 31 de agosto de 2021, EMACO alegó la existencia del error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal como eximente responsabilidad pues la obligación que el numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR establece para EMACO revise periódicamente la casilla electrónica, necesariamente, luego de que EMACO haya recibido la comunicación de la notificación de cada una de las actuaciones procedimentales en la casilla electrónica. Por tanto, el hecho de exigir a EMACO cumpla con la revisión periódica de la casilla electrónica sin que SUNAFIL haya cumplido con la obligación de efectuar la comunicación referida a EMACO resulta irrazonable y desproporcionado pues viola el principio de predictibilidad o de confianza legítima y el principio de ejercicio legítimo del poder. Así pues, pese a que este argumento fue debidamente fundamentado, la Resolución materia de impugnación no ha valorado debidamente su falta de idoneidad o el motivo de su desestimación.

- Al haberse subsanado la totalidad de las infracciones, se debía conceder lo solicitado por EMACO en torno a la reducción de la multa por subsanación de infracciones detectadas. Mediante Memorándum N° 736-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 09 de diciembre de 2021, la Intendencia Regional de Cajamarca, remite el escrito presentado por la empresa “ANDINA

COYMOLACHE SERVICIOS GENERALES S.R.L.”, de fecha 09 de diciembre de 2021, mediante el cual da a conocer la Sentencia N° 798-2021, emitido por el Primer Juzgado de Trabajo Transitorio de Cajamarca, que, declara la nulidad total del acto administrativo impugnado, considerando que SUNAFIL tiene la obligación de comunicar vía mensajería de texto o similar, la notificación de resoluciones y demás actuaciones consignadas en la casilla electrónica, ya que resulta pieza clave para garantizar el derecho a la defensa del administrado.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

13 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…)” 14 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 15 Numeral 1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, el artículo 49 con la siguiente redacción:

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“La adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la notificación electrónica

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independiente del consentimiento del usuario para tal fin.

2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y, 3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

“Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería” (énfasis añadido).

Identificándose – de la casuística que conoció esta Sala – que no se podía verificar o identificar si el Sistema había remitido la alerta cuando los usuarios no registraban ingreso

16 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.

a la casilla electrónica Ante los diversos expedientes en los que se repetían estos hechos, la Sala decidió volver a evaluar los alcances del segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR en relación al artículo 11 de la misma norma.

“11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario. 11.2 La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida en la casilla electrónica o, en caso tal día sea no hábil, a partir del primer día hábil siguiente de haber sido recibida.”

En consecuencia, por un lado, se establece que el sólo depósito equivale a una notificación válida y, por otra, que el administrado tiene derecho a recibir una alerta que le indique la existencia de dicho depósito (segundo párrafo del art. 6° del Decreto Supremo N° 003- 2020-TR).

17 4 Cfr. GUASTINI, Riccardo. "Antinomia y lagunas." Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Nº. (1999): 437-450, p. 437. Ubicable en https://revistascolaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11388/10435 18 LPAG, artículo 1.8. El énfasis es añadido. 19 Citada por la sentencia del Exp. N° 8957-2006-PA/TC, fundamento jurídico 9.

20 Cfr. STC 00748-2012-PA/TC, fundamento jurídico 3. 21 Ibíd. fundamento jurídico 4 22 Loc. Cit. 23 Ley General del Procedimiento Administrativo General (LPAG), artículo 1.6. La importancia de este principio ha sido puesta de manifiesto por la Corte Suprema en la Casación N° 11434 – 2015 -CUSCO, fundamento jurídico 14. 24 STC 00020-2015-PI/TC, fundamento jurídico 19.

respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”25.

Figura N° 01:

25 LPAG, artículo 1.8.

Figura N° 02:

Figura N° 03:

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar por mayoría FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la EMPRESA ANDINA COYMOLACHE SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 146-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 16 de setiembre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 153-2021-SUNAFIL/IRE- CAJ/SIAI, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 146-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, en todos sus extremos, dejando sin efecto la multa impuesta. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a la EMPRESA ANDINA COYMOLACHE SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Cajamarca

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA

VOTO EN DISCORDÍA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria, con la que se cambia un importante criterio previamente adoptado por la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral en torno a la obligatoriedad del uso de la casilla electrónica, para sujetarla a una condicionalidad no prevista en el Decreto Supremo Nº 003-2020-TR. Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones: 1. El objeto de controversia: la naturaleza esencial o accesoria de las alertas a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 6º el Decreto Supremo Nº 003-2020-TR

El Tribunal de Fiscalización Laboral ha venido conociendo recursos de revisión en los que se han alegado diversos argumentos para cuestionar la validez de la notificación de las comunicaciones depositadas en la casilla electrónica. Esto motivó a que se examine en varios casos a la sistemática del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, norma que establece al menos seis reglas relevantes sobre la materia discutida:

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1º). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación artículo 6º, primer párrafo). c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (artículo 6º, segundo párrafo). d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (artículo 8. 1º).

e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9º). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (artículo 11. 1º)

Es objeto de discrepancia la naturaleza de la tercera regla enlistada. Para el voto mayoritario, esta es una norma que genera una expectativa justificada en el administrado de recibir una alerta adicional a la notificación, de manera que resultaría tutelable —al amparo de la buena fe procedimental— las alegaciones presentadas por administrados que atribuyen a la alerta el carácter de condición de validez del resto de obligaciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 003-2020-TR. Para el voto en discordia que expreso, la interpretación sistemática de las reglas glosadas antes, los fines constitucionales relevantes del sistema de inspección del trabajo y la actuación de los principios de proporcionalidad y culpabilidad deberían conducir a afirmar la obligatoriedad del uso de la casilla electrónica.

2. Efectos de la resolución adoptada en mayoría que resultan contrarios al bloque de legalidad aplicable

Apelando a la interpretación sistemática de las normas glosadas, podemos afirmar que la alerta contemplada en el artículo 6º se comporta como una carga de la Administración Pública para mejorar el conocimiento y respuesta del administrado; pero no se observan fundamentos que permitan inferir que se trate de una condición de validez para las notificaciones practicadas vía casilla electrónica.

Por ello, el criterio adoptado por la mayoría de la Sala sobre el caso analizado, inevitablemente, produce al menos cinco efectos contra legem, a saberse:

i. La inoperatividad de la primera regla (al no ser obligatorio el uso de la casilla electrónica)

Como es sabido, el Decreto Supremo Nº 003-2020-TR establece, en su artículo 1º, a la casilla electrónica como medio válido para las notificaciones en los procedimientos del Sistema de Inspección del Trabajo.

Debe recordarse que el TUO de la LPAG establece, en el quinto párrafo del artículo 20.4, que las entidades pueden asignar al administrado una casilla electrónica para notificarle actuaciones diversas, “siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado” y que, con la opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica”. Esta alternativa a la voluntariedad ha sido satisfecha, conforme se describe en el quinto párrafo de la parte considerativa de la norma especial.

Entonces, son las entidades indicadas quienes, en ejercicio de sus competencias, han determinado la obligatoriedad de la casilla electrónica. No obstante, sobre la base de la buena fe procedimental, se matiza este componente preceptivo, al vincularlo a una expectativa justificada (y, por tanto, tutelable) de recibirse una alerta. Sin embargo, es notable que tal expectativa está —necesariamente— fundamentada en el efecto que el principio de publicidad de las normas otorga a una regla singular (precisamente, aquella referida a la generación de la alerta) que está contenida en el cuerpo normativo cuyo vigor termina siendo matizado.

No parece convincente el reconocer los efectos de la publicidad aisladamente a la parte que refiere a la alerta (precepto que generaría la “expectativa justificada”) y no a la regla que refiere al uso obligatorio de la casilla. Este último genera un componente obligacional por el que, cuando menos, queda claro que debe utilizarse y revisarse la casilla electrónica.

Por ello, a través de esta lectura distinta, el uso de la casilla obligatoria dejaría de ser “obligatorio” en los términos prescritos por la norma sectorial, y estaría supeditado a un comportamiento del sujeto inspeccionado o administrado, lo que resulta contrario al propósito de la instauración obligatoria de la casilla electrónica.

ii. La insuficiencia de la segunda regla (por tratarse de un domicilio digital que no es apto para albergar las notificaciones, si no fuera que vienen acompañadas de los avisos complementarios)

En la resolución adoptada ha primado una lectura de la que discrepo, pues su efecto es el de descartar la constitución del domicilio digital establecido, para los propósitos de la inspección del trabajo, conforme a lo establecido por mandato del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR.

Es importante destacar que existen referencias explícitas —véanse los artículos 5.1 y primer párrafo del artículo 6º del citado Decreto Supremo— al sentido obligatorio de la casilla electrónica, conforme a la previsión contemplada en el artículo 20.4 del TUO de la LPAG. En cambio, la alerta al correo electrónico o servicio de mensajería no está consagrada como elemento necesario o indispensable del acto de la notificación: perfecciona el conocimiento del sujeto inspeccionado o administrado, suponiendo una carga de naturaleza accesoria para la Administración Pública.

De forma ilustrativa, puede comprobarse que el artículo 55.3 del Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM, “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo”, especifica que “las alertas realizadas al correo electrónico personal, teléfono celular, llamadas telefónicas o similares no constituyen parte del procedimiento de notificación vía casilla única electrónica, tampoco afecta la validez de ésta ni de los actos administrativos o actos de administración que se notifican”.

Esta regulación, referida a un sistema en implementación, parte de una razonabilidad fundamental: no puede darse a lo accesorio la condición ni el

tratamiento de un elemento esencial. Así, un sistema de alertas o avisos complementarios impone una obligación a la SUNAFIL cuya inobservancia puede ser analizada desde la responsabilidad administrativa del servidor o funcionario que omite su cumplimiento; más no genera un vicio trascendente del acto administrativo o de administración que se quiera trasladar a conocimiento del sujeto investigado.

iii. La inexigibilidad de la cuarta regla (al poderse exonerar los usuarios de la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica)

Otra aplicación del principio de publicidad de las normas que es objeto de polémica en el presente caso es el que refiere a la obligación que los empleadores de revisar la casilla electrónica de forma periódica. Conforme con el artículo 8.1 de la norma sectorial bajo análisis, se enuncia claramente una obligación que recae en el comportamiento diligente exigible a todo sujeto inspeccionado o administrado: la revisión rutinaria de la casilla electrónica para determinar si se está siendo objeto de alguna solicitud o medida inspectiva, por parte de la SUNAFIL.

De esta forma, la citada obligación se relaciona estrechamente con el deber jurídico de colaboración con la inspección del trabajo (artículos 9º y 15º de la LGIT) y que satisface la aplicación de un sistema de responsabilidad subjetiva, conforme declara la recepción legal del principio de culpabilidad (artículo 248.10 del TUO de la LPAG). Este bloque de legalidad es, pues, consistente con un enfoque constitucional del ejercicio de las potestades públicas.

No obstante, para la resolución adoptada en mayoría este elemento es vinculado a la recepción de la alerta. Nuevamente, entonces, se somete la eficacia de las obligaciones legales establecidas en el cuerpo normativo a un acto de la administración consistente en la recepción de una alerta, cuestión meramente contingente respecto del vigor que la norma adquiere al producirse la condición de la publicación de la norma. No basta, pues, deducir una conexión entre la revisión periódica de la casilla electrónica y la notificación de la alerta correspondiente; por el contrario, resta explicarse si acaso tendría sentido que la norma jurídica imponga la obligación legal de verificar periódicamente la casilla electrónica si, en definitiva, la misma obligación legal deja de ser necesaria o hasta pertinente por ser prevalente la emisión de una alerta.

Siendo que la alerta y la revisión periódica de la casilla electrónica son componentes que deben compatibilizarse, no puede deducirse una colisión irrazonable entre dichos elementos. Por el contrario, la interpretación sistemática y teleológica de la norma permite afirmar la existencia de una obligación legal de diligencia para el administrado (sobre el empleo del medio de notificaciones) y para la Administración (en tanto debe procurar el correcto funcionamiento del sistema de notificaciones y mejorar la posibilidad de conocimiento de las comunicaciones generadas a través de la alerta correspondiente).

iv. La modificación de la quinta regla (al generarse un requisito adicional a los cinco contenidos de la notificación vía casilla electrónica)

Junto a los argumentos sintetizados previamente, puede corroborarse, para mayor clarificación, que el artículo 9º del Decreto Supremo analizado establece el contenido de la notificación efectuada vía casilla electrónica, definiéndolo a través

de elementos informativos que son parte del propio documento objeto de la notificación (texto del acto o actuación; identificación del procedimiento; órgano emisor; fecha de vigencia de la actuación y mención de si agota la vía administrativa) e información que garantiza el ejercicio del derecho de defensa (expresión de los recursos procedentes y el plazo de su interposición).

La elevación de la alerta, de naturaleza complementaria, al carácter de componente que condiciona la validez de la notificación confunde los aspectos esenciales de la comunicación y las cargas formales accesorias establecidas por la norma, que son de cargo y responsabilidad de la Administración Pública.

En particular, debe apreciarse además que esta apreciación no incide favorablemente en el derecho fundamental al debido proceso, sino que alivia una carga (de comportamiento diligente) normativamente impuesta a los administrados. Por otro lado, otorga a las cargas de la Administración una condición no prevista en la norma sectorial, modificándose entonces a los componentes requeridos por la norma para la adecuada formación y validez de la notificación.

v. La condicionalidad de la sexta regla (por relativizarse a la validez prevista por el reglamentado)

Finalmente, es importante resaltar que la norma sectorial ha previsto la validez y el efecto de la notificación en el artículo 11. 1º, estableciéndose que la modalidad de notificación comentada es plenamente apta para producir el efecto jurídico de su vigencia y exigibilidad cuando ocurre el depósito del documento en la casilla electrónica.

Nuevamente, estas normas interpretadas razonablemente generan convicción sobre aquello que es esencial para el efecto vinculante de la notificación vía casilla electrónica: no refieren a la alerta como un elemento ni indispensable ni (siquiera) necesario para que los efectos de la notificación se produzcan respecto de la esfera de derechos subjetivos del sujeto inspeccionado o administrado en la fiscalización laboral o procedimiento sancionador, respectivamente.

3. Sobre la aplicación efectiva del Principio de Publicidad de las normas

Queda claro que, para el voto en mayoría, la Administración del Trabajo debe notificar las notificaciones y dar aviso a los sujetos inspeccionados con alertas de la notificación; no obstante, lo que no resulta satisfactorio en esta opción interpretativa es la subyacencia una la regla de excepción al principio de publicidad de las normas.

Al excluirse a la obligatoriedad de la casilla electrónica y a la obligación de su revisión periódica por parte de los sujetos investigados, la resolución adoptada en mayoría termina enjuiciando no a una actividad singular de un inspector u órgano del procedimiento sancionador, sino que objeta a la obligación contenida en una norma estatal de carácter imperativo y que genera un régimen obligatorio bajo los parámetros convalidados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Presidencia del Consejo de Ministros, conforme con las reglas del TUO de la LPAG.

Esto ocurre debido a que, en la resolución aprobada, se pierde de vista en el análisis a la ineludible publicidad de la norma emitida por la Administración del Trabajo en su función reglamentaria. No parece satisfactorio el que se alegue que, a través de la alerta, se sustancie el efecto vinculante que trae el principio de publicidad de las normas, pues ello supondría que la Administración Pública tendría que notificar también a los sujetos inspeccionados de la emisión del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, publicado en el diario oficial El Peruano el día 14 de enero de 2020 y de su contenido.

Debe recordarse que el Decreto Supremo Nº 003-2020-TR emitió, en su primera disposición complementaria final, un cronograma para la implementación de la obligación de la casilla electrónica. El mismo fue aprobado a través de la Resolución de Superintendencia Nº 058- 2020-SUNAFIL, e incluso fue modificado posteriormente por la Resolución de Superintendencia Nº 114-2020-SUNAFIL, ya en el marco de la presente emergencia sanitaria. Asimismo, se aprecia que la propia SUNAFIL ha procurado la difusión de esta obligación, lo que fluye por ejemplo de materiales instructivos que datan de julio de 2020,26 los que se han replicado en diversos otros medios, incluyendo las redes sociales. Así, el cumplimiento del deber estatal de dar publicidad a las normas se halla suficientemente cumplido, pues conforme ha anotado la doctrina:

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”.27

Lamentablemente, con el cambio de criterio acogido por mayoría, se deja de lado que el artículo 51 de la Constitución reconoce al principio de publicidad, declarando su carácter “esencial para la vigencia de toda norma del Estado”. Sobre este principio basal del Sistema Jurídico, el Tribunal Constitucional —en la Sentencia del 28 de mayo de 2020, expediente 0001-2017-PI/TC— ha afirmado que tiene “naturaleza esencial” respecto de “todo Estado constitucional de derecho” (f.j. 6) y que “tiene una estrecha relación con la protección de los principios democrático-constitucionales de transparencia y seguridad jurídica” (f.j. 49).

Igualmente, cabe rescatar que el Alto Tribunal ha manifestado en la Sentencia del 1 de julio de 2021, expediente 01023-2021-PA/TC, lo siguiente:

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de

26 Consúltese en el enlace alojado en la cuenta de YouTube de SUNAFIL: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, del 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s 27 PANIAGUA CORAZAO, Valentín (1987). “La publicidad y publicación de las normas del Estado. (El caso de los decretos supremos no publicados)” En Themis núm. 6, p. 18.

manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

Así también cabe recordar que, en la Sentencia del 22 de junio de 2011, expediente Nº 02098-2010-PA/TC —un caso referido al ejercicio de facultades sancionadoras, aunque de carácter disciplinario—, el Tribunal Constitucional ha resuelto lo siguiente:

“28. Ahora bien, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios garantizan presupuestos materiales que todo procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como constitucional”.

4. La razonabilidad del uso de la casilla electrónica en el caso analizado

Es pertinente añadir, además, que se aprecia que la entrada en vigor de esta obligación no agrede a la razonabilidad, pues precisamente ocurre durante un tiempo de digitalismo que define a las actividades socioeconómicas y, en particular, se ha implementado durante la actual pandemia.

El contexto presente ha llevado a que actividades privadas y públicas se sirvan extensivamente de los medios tecnológicos disponibles para todo tipo de interacciones de contenido socioeconómico, por lo que no parece pertinente asumir que la imposición de la casilla electrónica tiene un carácter alienante sobre la esfera jurídica de los sujetos inspeccionados.

De esta forma, la proporción entre los medios, y fines se encuentra corroborada, respondiendo a la satisfacción de su cometido (punto 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG).

5. Sobre aspectos concurrentes en el caso examinado:

De otro lado, esta obligatoriedad de la casilla electrónica no permite dejar de lado que el proceder de los inspectores de trabajo debe estar sujeto al cumplimiento del principio de razonabilidad. Así, se observan casos en los que se deposita sucesivamente no una sino dos o hasta más requerimientos de información a una casilla electrónica sin que se tenga respuesta al primero de los depositados y sin procederse a generarse la alerta que el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR ha previsto. En tales casos —en la opinión del suscrito— no cabría amparar a la segunda sanción, por configurar un exceso de

punición, ya que los inspectores de trabajo pueden acudir a una serie de medios amplios para asegurar el conocimiento del investigado que pudiera no haber habilitado su casilla electrónica (situación determinable a partir del análisis de la propia SUNAFIL, a través de su órgano competente).

6. Sobre la ausencia de una declaratoria de nulidad con revocación de los actos hasta el momento de origen del supuesto vicio advertido

Finalmente, dentro de la lógica adoptada en la tesis de la mayoría no puede dejar de observarse que el examen sobre la validez del procedimiento sancionador emprendido contra la impugnante no ha arrojado una irregularidad suficiente que permita desplegar un efecto nulificante. No obstante, la resolución ordena dejar sin efecto a la resolución emitida por la instancia de apelación sin ofrecer a la propia Administración la posibilidad de enmendar el supuesto error cometido al no emitirse la alerta al correo o por sistema de mensajería, de manera que se ha restringido sin una razón suficiente la posibilidad de que se enmiende la notificación supuestamente defectuosa.

Consecuentemente, con todo lo expuesto, a criterio del suscrito, en el caso materia de autos, se puede apreciar que se sanciona a la inspeccionada por dos infracciones a la labor inspectiva, una es por el incumplimiento de entrega de información solicitada mediante un requerimiento de información notificado a la inspeccionada vía casilla electrónica y la otra por la inasistencia a la comparecencia virtual programada para el día 22/03/2021 a las 10:00 am. Notificada a través de la casilla electrónica (tal como se ha mencionado en la presente resolución); ambos requerimientos se efectuaron en el marco de las actuaciones inspectivas desplegadas por el inspector comisionado en virtud de la misma orden de inspección.

En el presente caso, considero que al haber advertido el inspector actuante que no hubo respuesta del primer requerimiento, este debió ejercer más atribuciones que solamente el depositar requerimientos en la casilla electrónica; es pertinente precisar que lo esbozado no implica que se trata de una notificación inválida, vía casilla electrónica, respecto del segundo requerimiento, siendo esta es válida conforme a lo desarrollado líneas arriba; sin embargo, no se puede soslayar que el personal inspectivo tiene más medios para poder procurar el conocimiento al administrado.

Por las razones expresadas en estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO, CONFIRMANDO la sanción por la infracción por el primer requerimiento de información notificado a la inspeccionada, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT y por la inasistencia del inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

Presidente