Empresa Agroindustrial Sadel S.A.C — Res. 1109-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo); y, Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por los incumplimientos relativos a la implementación íntegra de los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 aprobado mediante Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, como mínimo al anexo 6, tipificada en el numeral 27.7 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,980.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por los incumplimientos relativos a la entrega de equipos de protección personal, acorde a los requerimientos mínimos establecidos en el Anexo 3 de la Resolución Ministerial N° 972- 2020-MINSA que salvaguarde la integridad física de los trabajadores, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,980.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por los incumplimientos relativos a no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas de orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,388.00.

i. Respecto de los antecedentes y la falta valoración de sus descargos en el presente procedimiento el cual viene afectando el debido proceso y su derecho de defensa. Conforme señalan en su escrito de descargos, AGROINDUSTRIAL SADEL es una microempresa que solo cuenta con una trabajadora, situación que no fue valorada en su oportunidad. ii. A raíz de la pandemia por la COVID-19, su empresa determinó que la trabajadora realice trabajo en modalidad remota con el objetivo de evitar su exposición al virus y, de ese modo garantizar su salud y bienestar, situación que tampoco ha sido valorada por la AAT en su oportunidad. iii. Respecto a los requerimientos de información, los cuales sí cumplieron, no existiendo afectación a la labor inspectiva. Conforme señala en su escrito de descargos, su representada sí remitió información e incluso se realizó un informe indicando la situación de la empresa, información que ha sido considerada por el propio inspector comisionado (...)

iv. En ese sentido, deja claro que su empresa cuenta con un plan para la vigilancia y prevención contra la COVID-19, el cual tiene como objeto proteger a la colaboradora que presta servicios para su empresa, sin perjuicio de que se encuentra haciendo trabajo remoto y que incluso el Plan fue presentado en calidad de anexo junto con los demás descargos al Acta de Infracción. Deja claro que dicho plan cumple con todos los lineamientos estipulados en la resolución Ministerial N° 972-2020-SA. v. Cabe indicar que su empresa sí ha cumplido con entregar los equipos de protección a la trabajadora. Dicho cumplimiento se ha realizado a pesar que la norma que exige la implementación de la entrega de equipos de protección no se encuentra reglamentada, situación que tampoco ha sido tomada en cuenta por el inspector comisionado (...). vi. Por tanto, aun no sería posible que se exijan el cumplimiento de una ley no reglamentada, ya que todavía no se han emitido las precisiones pertinentes y principales lineamientos que regulen la entrega de EPP's para aquellos trabajadores que se encuentran en modalidad remota e inclusive, la SUNAFIL ha reconocido en una de sus charlas sobre seguridad y salud en el trabajo la entrega de EPP's a trabajadores en modalidad remota aún no son exigibles. (...) vii. En esa línea, carece de cualquier tipo de sustento que se pretenda exigir que cumpla con una ley que aún no se encuentra reglamentada. Situación que afecta el principio de legalidad, ya que se les está exigiendo cumplir con una medida que aún no cuenta con el desarrollo correspondiente. viii. Respecto a la vulneración a su derecho a la debida motivación, debido proceso y derecho de defensa. En el presente procedimiento administrativo no solo se ha vulnerado el derecho al debido procedimiento de la empresa. ix. La Imputación de Cargos, el Acta de Infracción, el Informe Final y la Resolución de Sub Intendencia, han venido vulnerando el principio de razonabilidad y debido procedimiento así como del deber de la administración de actuar de forma menos gravosa posible (…) x. En consecuencia, no se tomó en cuenta que al imputar dos infracciones e imponer una sanción por cada una de ellas, se vulnera el principio de razonabilidad, según lo establecido en el artículo 66.10 del TUO de la LPAG; lo que implico que se duplique la multa impuesta y no solo ello, sino que además han acreditado que sí han cumplido con remitir la información solicitada. xi. La resolución de Sub Intendencia ha vulnerado el derecho a la debida motivación. Inaplicación de los artículos 248.6 del TUO de la LPAG y 48-A del Reglamento de la LGIT: se vulneró el principio de concurso de infracciones, la resolución de Sub Intendencia vulnera el principio de tipicidad. xii. En ese sentido, la Imputación de Cargos, el Acta de Infracción, así como las actuaciones inspectivas que ahí se recogen, deben ser analizadas y sustentadas conforme al ordenamiento jurídico, respetando los derechos fundamentales y observando los requisitos de validez de la actuación de la administración, hecho que no ha ocurrido en el presente caso debido a que se incurrió en vicios que acarrean su nulidad. (...)

i. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en las normas de salud vigentes, entre las cuales se considera al Documento Técnico: "Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19" aprobado mediante la Resolución Ministerial 972-2020-MINSA, el empleador debió garantizar la difusión y entrega del plan de control y prevención del COVID-19 actualizado, a favor de todos sus trabajadores, si se encuentra previsto en la norma; por otro lado la resolución señala que todo empleador con hasta cinco (05) trabajadores, que no se encuentren incluidos dentro del D.S. N° 003-98-SA, debe de cumplir con la obligación de registrar su Plan mediante la "Lista de Chequeo de Vigilancia de la COVID-19 en centros de trabajo con 1 a 4 trabajadores" (Anexo 6). ii. Por lo cual, el no acreditar la vigilancia, prevención y control de la salud de su trabajadora aplicando como mínimo los ítems establecidos en el Anexo 6 "Lista de Chequeo de Vigilancia de la COVID-19 en centros de trabajo con 1 a 4 trabajadores", por parte de la impugnante representa un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad del COVID-19. iii. Es así que, el hecho de que la impugnante haya tomado fotografías a su trabajadora acompañada de algunos materiales de aseo, no acredita la existencia e implementación del registro de equipos de protección, así como tampoco acredita la entrega de los equipos de protección a su trabajadora; lo cual por ningún motivo puede ser considerado como falta de motivación o no valorización de la información presentada por la impugnante, pues no resulta necesario realizar una descripción de documentos que no han sido requeridos por el inspector actuante, más aún cuando el requerimiento fue expreso y específico. iv. Por lo cual, lo indicado por la impugnante no desvirtúa los argumentos en los que se funda la apelada, en la cual se ha determinado debidamente las infracciones y consecuente sanción, por la autoridad de primera instancia, en consecuencia, corresponde confirmar la resolución apelada. v. Siendo así es que, el inspector actuante requirió a la impugnante mediante medida de requerimiento de fecha 19 de noviembre de 2021, la misma que fue notificada en el centro de trabajo en la misma fecha de emisión; sin embargo, la impugnante no se presentó en la diligencia de verificación de dicha medida inspectiva de requerimiento, no cumpliendo con aportar documento alguno que acredite la subsanación de las infracciones o que justifique las mismas. vi. Asimismo, se precisa que la determinación de la multa, no se encuentra sometida al libre albedrío del Inspector actuante o de la Autoridad Sancionadora; antes bien, y de conformidad con los principios que rigen la actividad sancionadora de la SUNAFIL, las mismas se encuentra previamente regulada conforme a la descripción prevista en el TITULO IV "DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES" del RLGIT, concluyéndose con ello que tanto las conductas infractoras así como las sanciones se encuentran previamente determinadas y no responden a apreciaciones de índole subjetivas ni consideraciones arbitrarias, conforme lo deja entrever la impugnante; antes bien, las sanciones que se impusieron, por transgresión a la normativa socio laboral, responden en todos los casos a criterios objetivos previamente determinados y que son conocidos por la impugnante. vii. Finalmente, se advierte que los cuestionamientos a la resolución apelada son insubsistentes e incongruentes con lo expuesto en el escrito de apelación,

2 Notificada a la impugnante el 15 de agosto de 2022, véase folio 182 del expediente sancionador.

concluyéndose que la apelada se encuentra arreglada a derecho, esto es se encuentra debidamente motivada en cada uno de sus extremos y, por ende, no se encuentra razón o causal para declarar la nulidad de la misma, antes bien se concluye que se debe confirmar la apelada en cada uno de sus extremos. viii. Al respecto, de la revisión de los actuados, se ha evidenciado que el inspector comisionado ha realizado un correcto análisis de los medios probatorios presentados por la impugnante pues previamente a dictar la medida inspectiva de requerimiento, el inspector comisionado verificó el incumplimiento de la normativa sociolaboral, agotando las actuaciones inspectivas, con la verificación del Sistema Informático de Inspección del Trabajo (SIIT) que se encuentra enlazado con la casilla electrónica asignada por la SUNAFIL a la impugnante comprobando que no depositó la información requerida, a efecto de que subsane la infracción detectada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE EMPRESA AGROINDUSTRIAL SADEL S.A.C.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

corresponde analizar los argumentos planteados por EMPRESA AGROINDUSTRIAL SADEL S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de septiembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 068-2022-SUNAFIL/IRE-APURIMAC, señalando los siguientes alegatos:

i. Con una evidente motivación aparente e incongruente con los hechos del presente procedimiento y sin tomar en cuenta ninguno de sus argumentos señalados en su escrito de descargos y ni de la apelación, se imponen tres multas de manera arbitraria de las cuales una es muy grave y correlativa a las otras dos sanciones impuestas, sin embargo, se imponen sin un debido fundamento lo que evidencia aún más la incongruencia en la cual se ha venido resolviendo el presente procedimiento, situación que debe ser verificada y corregida por el Tribunal, situación que como ya lo han señalado, no ha sido valorado en su oportunidad, a pesar de haber sido puesto en conocimiento de la AAT esta jamás se pronunció sobre dicho extremo, por lo que deviene en nula además dicha resolución de Intendencia, lo que evidencia la vulneración a su derecho a un debido proceso y de defensa de su representada. ii. Sin un debido fundamento, señala que no han remitido información según fundamentos 3.25, 3.26, 3.27 y 3.28, donde ni siquiera se ha tomado en cuenta que existía una solo trabajadora, a la cual se le otorga no solo los equipos de protección como señala la Intendencia (aceptación por parte de la AAT que sí se entregó los EPP) y que dicho cumplimiento se ha realizado a pesar que la norma que exige la implementación de la entrega de equipos de protección no se encontraba reglamentada. Situación que tampoco ha sido tomada en cuenta por la Intendencia y ni siquiera se ha pronunciado sobre dicho extremo. iii. Su empresa sí cuenta con un Plan para la Vigilancia Prevención contra la COVID-19, el cual tiene como objetivo proteger a la colaboradora que presta servicios para su empresa, sin perjuicio de que se encuentra haciendo trabajo remoto y que incluso el Plan fue presentado en calidad de anexo junto con los descargos al ACTA DE INFRACCIÓN. Sin embargo, no han sido valorados ni considerados en absoluto por la SUNAFIL. Deja claro que dicho Plan cumple con todos los lineamientos estipulados en la Resolución Ministerial N° 972-2020-SA. Así, a modo de ejemplo, este plan recoge el uso obligatorio de mascarillas durante la jornada laboral, las cuales conforme se ha acreditado han sido entregados por la empresa junto a otros equipos de protección personal. iv. Cabe señalar que la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es el sustento legal en el que se basan para solicitar que su representada cumpla con acreditar la entrega de EPP's a sus trabajadores que se encuentran realizando trabajo remoto. v. No obstante, no ha tomado en consideración que los artículos citados son parte de una modificación a la ley de seguridad y salud en el trabajo que aún no se encuentra reglamentada. Conforme a ello, se debe tener en cuenta que con fecha 25 de junio de 2021, se publicó el diario oficial "El Peruano" la Ley N° 31246, la cual modifica algunos artículos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con relación a las obligaciones en materia de entrega de EPP's para los trabajadores que se encuentran en modalidad remota. Sin embargo, el inspector comisionado no ha tenido en cuenta lo señalado en dicha normatividad y menos aún en el periodo en el cual se emitió la misma, en vista

que, como se puede apreciar de la parte final de dicha normatividad, se indica de manera expresa que está pendiente la emisión del reglamento. vi. Carece de cualquier tipo de sustento que se pretenda exigir que cumplan con una ley que aún no se encuentra reglamentada. Esta situación afecta el principio de legalidad, ya que se les está exigiendo cumplir con una medida que aún no cuenta con el desarrollo correspondiente. En ese sentido, es importante observar el criterio que ha sido establecido por el Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) de la SUNAFIL en la Resolución N° 082-2021-SUNAFIL-PRIMERA SALA. En dicha resolución el TFL ha estipulado que, si alguno de los puntos de la medida de requerimiento no respeta el principio de legalidad, el administrado tiene derecho a resistirse al requerimiento. vii. Toda esta información que ha sido presentada por AGROINDUSTRIAL a lo largo del procedimiento debe considerarse como válida en función a la PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LAS ACTUACIONES DE LOS ADMINISTRADOS al menos que la Administración Cumpla con probar fehacientemente lo contrario, lo cual no ha ocurrido en este caso en el que inclusive, no se han tomado en consideración por la Intendencia y menos aún se han tomado en cuenta los medios de prueba y recursos presentados generando una afectación frontal al derecho al debido procedimiento. viii. Por otro lado, deja claro que, de acuerdo al principio de razonabilidad, el inspector debió primar que en el presente caso no se ha vulnerado los derechos de la trabajadora y no multar a su representada por supuestamente no entregar más información de la cual ya contaba el inspector comisionado o el de exigir acciones sobre una norma que no tiene un reglamento, no estableciendo de manera clara la forma en la cual deben proceder los administrados. ix. Finalmente, se debe tener en consideración lo mencionado por el Tribunal de Fiscalización Labora en la Resolución N° 518-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. x. Se verifica la incongruencia y la motivación aparente por parte de la Intendencia al momento de resolver su escrito de apelación, en el sentido que conforme se verifica del Acta de Infracción se hace mención que se requiere y fue notificada por casilla electrónica el requerimiento de información que debía ser de remitido también por casilla electrónica, sin embargo, sin ninguna congruencia con los hechos del presente procedimiento la Intendencia señala que no se habría cumplido con asistir a una comparecencia al señalar que no se presentó a la diligencia, por lo que estos graves errores conllevan a la nulidad de la citada resolución de Intendencia debido a la grave afectación a su derecho a un debido proceso, debida fundamentación de las resoluciones y a su derecho de defensa inclusive. xi. Se ha vulnerado el principio de tipicidad debido a que no se han demostrado todos los presupuestos que establece la conducta infractora numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

xii. Se ha vulnerado el principio de culpabilidad porque existe una falta de antijuridicidad de la supuesta conducta imputada. xiii. Inaplicación del numeral 1.4 del artículo iv del T.U.O. de la LPAG: se vulneró el principio de proporcionalidad y razonabilidad. xiv. Se puede evidenciar que se les esta sancionando dos veces por un mismo hecho incumplimiento relativo a SST y la de incumplir con la adopción de medida de los requerimientos antes señalados, lo que evidencia una doble sanción sobre un mismo hecho, además de haberse considerado dos multas sobre una misma solicitud de información, pero se debe considerar como una única infracción, siempre y cuando conformen un proceso unitario y homogéneo de acción, como ha ocurrido en el presente caso. xv. Cabe resaltar, que la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral emitió la Resolución No. 324-2021-SUNAFILTFL, a través de la cual, dispuso que todas las causas de un accidente de trabajo que constituyan incumplimientos a la normativa de seguridad y salud en el trabajo en base a lo dispuesto por el articulo 28.10 deberán tipificarse de forma conjunta y subsumirse en dicho tipo infractor, no debiendo ser calificadas y tipificadas de forma independiente. xvi. Vulneración de los principios de legalidad, debida motivación y de razonabilidad de la medida de requerimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos (…) El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV “1.2 Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido). 10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos

que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

11 Entendemos que ella se refiere en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

12 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

realizar la imposición de la sanción de multa, se realiza ello, sobre la base de lo sustentado y de acuerdo a la normativa vigente. Cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora ni Intendencia puedan imponer o ajustar el monto de la multa a valor distinto.

Sobre los demás argumentos de la impugnante 6.34. Estando a que la autoridad administrativa, de conformidad con el principio de verdad material, cumplió con el estándar de prueba fijado para el procedimiento administrativo sancionador, esto es, la determinación de las infracciones incurridas por parte del sujeto inspeccionado, luego de la valoración presentada en la fase inspectiva y sancionadora; por lo que, correspondía al sujeto inspeccionado, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, presentar los medios documentales que sustenten su alegato, esto es, que cumplió la implementación íntegra de los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 aprobado mediante Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, como mínimo al anexo 6. Asimismo, con la entrega de equipos de protección personal, acorde a los requerimientos mínimos establecidos en el Anexo 3 de la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA.

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.” 13 Artículo 6: Motivación del Acto Administrativo del TUO de la LPAG Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”.

tomando en cuenta lo señalado precedentemente; así como, en los futuros casos a su cargo, tener mayor cuidado al momento de emitir la resolución correspondiente. Del mismo modo, corresponde señalar que este error no es determinante ni resta validez del acto administrativo siendo que en el presente caso se produce la conservación del acto de manera concreta, puesto que, el vicio no resulta trascendente, conforme al numeral 1 del artículo 14 del TUO de la LPAG.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y salud en el trabajo Incumplimientos relativos a la implementación íntegra de los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 aprobado mediante Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, como mínimo al anexo 6. Numeral 27.7 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y salud en el trabajo Incumplimientos relativos a la entrega de equipos de protección personal, acorde a los requerimientos mínimos establecidos en el Anexo 3 de la Resolución Ministerial N° 972- 2020-MINSA que salvaguarde la integridad física de los trabajadores. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva incumplimientos relativos a no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas de orden al cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por EMPRESA AGROINDUSTRIAL SADEL S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 068-2022-SUNAFIL/IRE-APURIMAC, de fecha 12 de agosto de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Apurímac, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 289-2021- SUNAFIL/IRE-APU/SIAI, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 068-2022-SUNAFIL/IRE-APURIMAC, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a EMPRESA AGROINDUSTRIAL SADEL S.A.C., y a la Intendencia Regional de Apurímac, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20231122MLA