Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A — Res. 954-2022

Mediante Orden de Inspección N° 2629-2020-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 137-2021-SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por incumplir con remitir la información solicitada, que solicitaba, entre otro, acredite el pago de la gratificación por fiestas patrias de julio de 2020 a favor de Incio Rodriguez Sergio Leonardo.

Mediante Imputación de Cargos N° 204-2021/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 09 de abril de 2021, notificada el 12 de abril de 2021, se inició la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final N° 230-2021/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 30 de abril de 2021, (en adelante, el Informe Final), a través del cual se determina la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lambayeque la cual mediante Resolución de Sub Intendencia Nº 379-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 21 de mayo de 2021, notificada el 28 de mayo de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 22,881.00, por haber incurrido, en las siguientes infracciones:

Con fecha 16 de junio de 2021, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 379-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, y mediante Resolución de Sub Intendencia N° 515-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE (R), de fecha 08 de julio de 2021, se declaró infundado el referido recurso, por considerar que las pruebas presentadas con su recurso de reconsideración, no desvirtúan las infracciones imputadas, pues, el correo electrónico que adjunta para acreditar el cumplimiento de la medida de requerimiento, fue remitido a un correo distinto al correo institucional de la inspectora solicitando; siendo que lo enviaron a “aolivia”, siendo lo correcto “aoliva”.

Con fecha 16 de agosto de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 515-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 019-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 14 de enero de 20222, la Intendencia Regional de Lambayeque declaró infundado el recurso de apelación interpuesto, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 09 de febrero de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 019-2022- SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE.

La Intendencia Regional de Lambayeque admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorandum-000132-2022- SUNAFIL/IRE-LAM, recibido el 14 de febrero de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 019- 2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, que confirmó la sanción impuesta de S/ 22,881.00 por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 20 de enero de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas,

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona en una presunta vulneración a la debida motivación, el cual constituye en un elemento esencial del debido procedimiento9, así como al derecho de defensa. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

Al respecto, el artículo 44 inciso a) de la LGIT, establece como uno de los principios del procedimiento sancionador a la observancia al debido proceso. Se trata de un derecho material “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte el artículo 6 del TUO de la LPAG, dispone:

La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones

Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo.

No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.

En ese entendido, es oportuno hacer referencia que, en todo procedimiento administrativo sancionador existe la obligación de observar las reglas que informan y regulan el procedimiento administrativo. En esa línea, conforme ha señalado el Tribunal Constitucional Peruano, el fundamento de dicha obligación nace de la Constitución Política del Perú, que en su artículo 139 establece como un derecho de la función jurisdiccional, aplicable en sede administrativa, la “observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”10.

Al respecto, el numeral 1.2 del Art. IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece que, los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión

Sobre el particular, el artículo 20 de la norma antes citada establece lo siguiente:

Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación: 20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio. (…)” (énfasis añadido).

Sobre el particular, la impugnante cuestiona recién en su recurso de revisión la notificación efectuada de los requerimientos de información, afirmando que el numeral 3.3 de la resolución impugnada, evidenciaría que no se realizó una correcta notificación, pues señala que esta fue realizada el 16 de diciembre de 2020 evidenciando. Al respecto, de la verificación del expediente sancionador se puede corroborar lo siguiente:

De la imagen precedente, se aprecia que, es la impugnante la que al consignar como fecha de recepción un año distinto (2019), al que se está produciendo el acto (2020), pretende hacer incurrir en error a la autoridad administrativa, toda vez que dicha discordancia en el año de recepción del requerimiento de información, se origina por el sello de recepción que el sujeto inspeccionado consigna. Lo cual resulta contrario a los deberes de buena fe procedimental11 que todo administrado debe seguir; por lo que se le exhorta a adecuar su conducta al mencionado principio.

De otro lado, se evidencia que, ante el incumplimiento del requerimiento de información, la inspectora comisionada remitió un segundo requerimiento de información, reiterando la presentación de la documentación referida al pago de la gratificación por fiestas patrias de julio de 2020, a favor de Incio Rodriguez Sergio Leonardo. Lo cual fue recepcionado el 05 de enero de 2021. Figura Nº 02: 2º Requerimiento de información

Asimismo, se valora que, la impugnante en su escrito de reconsideración señala que la fecha de la notificación del primer requerimiento de información, fue efectuada el 16 de diciembre de 2020 y el segundo requerimiento de información, fue notificado el 05 de enero de 2021. Lo cual evidencia que la impugnante fue debidamente notificada, además de conocer los plazos otorgados por la inspectora comisionada para presentar la documentación requerida. Figura Nº 03: Escrito de reconsideración

En el presente caso, de la notificación efectuada a la impugnante- Empresa Agroindustrial POMALCA S.A.A., de acuerdo a las constancias de recepción por su “gerencia general”, se verifica que se encuentra válidamente efectuada conforme a lo previsto en el artículo 20 del TUO de la LPAG, antes referido. Además, se aprecia que la impugnante, ha podido ejercer su derecho de defensa y contradicción, pues conoció de las dos infracciones imputadas a lo largo del presente procedimiento; además ha presentado las documentales que consideró pertinentes, las que fueron, oportunamente valoradas por la autoridad administrativa y sancionadora. Por tanto, desde un análisis formal, no se aprecia una vulneración al derecho de defensa y debido proceso, ni de motivación en los términos alegados por la impugnante. Por lo que, no corresponde acoger los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

De otro lado, si bien se aprecia que, la Resolución de Intendencia Nº 019-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, en su numeral I. Antecedentes, numeral 11. Señaló “Mediante Orden de Inspección Nº 2629-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, de fecha 03 de diciembre de 2021; incurre en error al consignar el año de este acto (Orden de Inspección), debiéndose ser la Orden de Inspección Nº 2620-2020-SUNAFIL/IRE/LAM, de fecha 03 de diciembre de 2020; sin embargo, ello no constituye una afectación que implique una afectación grave presente procedimiento. Toda vez que, el Tribunal Constitucional en su fundamento 7 de la Sentencia recaída en el Expediente número 00728-2008-PHC/TC (CASO LLAMOJA HILARES), detalla cuál es el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación, al establecer previamente lo siguiente:

Asimismo, en la sentencia recaído en el expediente Nº 00294-2009-PA/TC, ha fijado en su fundamento jurídico Nº 05, lo siguiente:

Sobre el particular, cabe invocar, lo dispuesto en el artículo 14 del TUO de la LPAG:

Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.

El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. 14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial (…).” (énfasis añadido).

En ese sentido, en el presente caso, el cuestionamiento alegado referido a la discordancia en el año de la Orden de Inspección y su fecha de emisión, consignado de forma errónea por la Resolución de Intendencia, debe ser desestimado; pues si bien se aprecia que existe un error en la consignación del año, la cual no debió ser “2021” sino “2020”, este hecho no implica una afectación o abuso de derecho por parte de la autoridad administrativa, como lo alega la impugnante, toda vez que de los documentos obrantes en el expediente se aprecia que la Orden de Inspección es la Nº 2629-2020-SUNAFIL/IRE-LAM, de fecha 03 de diciembre de 2020 y no la Orden de Inspección es la Nº 2629-2021-SUNAFIL/IRE-LAM de fecha 03 de diciembre de 2021; sin embargo, ello no significa que se haya nulificado el derecho de defensa de la impugnante, toda vez que, sí conoció que además del acta de infracción, la imputación de cargos, las resoluciones de Sub Intendencia, la Orden de Inspección que da origen al presente proceso data del 2020, pues así se aprecia de la sumilla de esta; por ende, no se evidencia vulneración trascendente al derecho de defensa, motivación y debido proceso; más aún si se aprecia que hubo una intervención continua por parte de la impugnante, a lo largo del presente procedimiento administrativo sancionador, ejerciendo su derecho de contradicción contra las infracción imputadas. Por tanto, debe desestimarse los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

Sin perjuicio de lo expuesto, en razón al fundamento expuesto en los considerandos precedentes, específicamente, los numerales 6.7 al 6.8 y 6.15 de la presente resolución, se debe exhortar a la Intendencia Regional de Lambayeque a tener un mayor cuidado al momento de efectuarse la notificación física, esto es, cuando el sujeto inspeccionado consigna su sello de recepción del acto a notificar, así como al transcribir en la Resolución de Intendencia los datos que anteceden a este, como el número y fecha de la Orden de Inspección.

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”12 (énfasis añadido).

Del mismo modo, el artículo 15 numeral 15.1 del RLGIT establece que “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Cabe señalar que, “las actuaciones inspectivas, son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad.13

Por su parte, en el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT se establece que “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados,

Asimismo de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.7.2 de la versión 02 del Protocolo N° 005- 2020-SUNAFIL/INII “PROTOCOLO SOBRE EL EJERCICIO DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, DENTRO DEL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA Y NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LAS ACTIVIDADES LABORALES Y ECONÓMICAS A CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS (COVID 19) EN EL TERRITORIO NACIONAL, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 103-2020- SUNAFIL, de fecha 10 de julio de 2020, se dispone que, “7.7.2. Si se verifica que el sujeto inspeccionado se niega a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en la infracción a la labor inspectiva prevista por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT”.

Sobre el particular, del expediente inspectivo se verifica que, conforme lo señalado en los numerales 6.6 al 6.10 de la presente resolución, que los dos requerimientos de información cuyos plazos vencían el 23 de diciembre de 2020 y 08 de enero de 2021, fueron debidamente notificados. Además, se aprecia que conforme el numeral 4.3 del Acta de Infracción 137- 2021-SUNAFIL/IRE-LAM, de fecha 09 de enero de 2021, la impugnante incumplió con remitir la información requerida a la inspectora comisionada, dentro del plazo otorgado por la autoridad inspectiva, conducta tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Si bien mediante su recurso de reconsideración la impugnante alcanza a la autoridad sancionadora los correos electrónicos de fechas 23 de diciembre de 2020 y 06 de enero de 2021, los que remitió al correo electrónico: aolivia@sunafil.gob.pe, información referida a la gratificación de Incio Rodríguez Sergio Leonardo; sin embargo, de los requerimientos de información se aprecia que la inspectora de trabajo señaló claramente que la información debía ser remitida al correo electrónico: aoliva@sunafil.gob.pe, es decir, conforme lo advirtió la Resolución de Sub Intendencia Nº 515-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE (R), en sus numerales 18 y 20; así como la Resolución de Intendencia Nº 019-2022-SUNAFIL/IRE

Por tanto, los alegatos de referidos a que cumplió con remitir la información solicitada, resulta erróneo, pues no se acreditó que la autoridad inspectiva haya podido tomar conocimiento del mismo, toda vez que, la dirección electrónica señalada en las dos oportunidad por la inspectora comisionada, ha sido siempre la misma, esto es, aoliva@sunafil.gob.pe; a pesar de lo cual, en dos oportunidades la impugnante ha remitido a un correo distinto al señalado por la autoridad inspectiva, remitiéndolo a aolivia@sunafil.gob.pe, al señalado por la autoridad inspectiva. Conducta que ha generado que se frustre la labor inspectiva, pues no fue posible verificar el cumplimiento de las obligaciones consignadas como materia de investigación en la presente orden de inspección, conforme deja constancia la inspectora comisionada en el numeral 4.5 de los hechos constatados del acta de infracción.

Bajo estas consideraciones, debe confirmarse las dos infracciones impuestas, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, por el incumplimiento de los requerimientos de información programadas para el 23 de diciembre de 2020 y 08 de enero de 2021.

Asimismo, cabe señalar que, conforme lo señalado en el numeral 6.7 de la presente resolución la conducta de la impugnante de haber consignado en su sello de recepción del acto de notificación del primer requerimiento de información con fecha 16 de diciembre de 2019, cuando como ella misma afirma en su recursos de reconsideración, fue notificada el 16 de diciembre de 2020, constituye un acto contrario a los principios de buena fe procedimental, pues, con ello se pretende inducir al error a la autoridad sancionadora, conforme ha ocurrido en la Resolución de Intendencia Nº 019-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, cuando en su numeral 3.3 consignó que la impugnante fue notificada con fecha 16 de diciembre de 2019, hecho que luego ha sido cuestionado por la impugnante señalando en su recurso de revisión lo siguiente: “Como vemos señores del Tribunal de Fiscalización Laboral, no se ha realizado una correcta notificación, ya que las fechas de notificación son totalmente diferentes (…)”

Sobre el particular, el TUO de la LPAG también reconoce como un principio rector al principio de buena fe procedimental, a través del cual se espera que tanto la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados realicen los respectivos actos procedimentales “...guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”14.

En palabras del maestro Morón Urbina, es incompatible con el principio de buena fe procedimental, desde la perspectiva del administrado:

En tal sentido, esta Sala considera que, frente a los alegatos de afectación a la debida notificación, así como al principio de legalidad en la que habría incurrido la inspectora comisionada y las autoridades revisoras, alegando que, ello se produjo por no haberse configurado el tipo infractor del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, ejerciéndose, señala, un abuso al aplicársele sanciones arbitrarias; sin más medio probatorio que su afirmación. Sobre el particular, se precisa que, conforme al principio de legalidad y de buena fe procedimental, al cual se deben los funcionarios públicos, le otorgan una presunción iuris tantum a sus actuaciones17, la cual no ha sido desvirtuada por la impugnante; no siendo atendible en este extremo. Por lo que, tales argumentos deben ser desestimados, exhortando a la impugnante adecuar su conducta al principio de buena fe procedimental.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.