Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A — Res. 685-2022

Mediante Orden de Inspección N° 002620-2020-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1. Las actuaciones inspectivas culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 45-2021-SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por no acreditar las disposiciones relacionadas a la contratación a tiempo determinado de un trabajador; y, una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir la medida inspectiva de requerimiento, la cual tenía como objeto que el sujeto inspeccionado acredite la continuación de la contratación laboral, a plazo indeterminado, de un trabajador.

Mediante Imputación de Cargos N° 107-2021/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 18 de febrero de 2021, notificada el 22 de febrero de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 125-2021/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAl, de fecha 05 de marzo de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lambayeque, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 273-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 16 de abril de 2021, notificada el 19 de abril de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 22,618.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 11 de mayo de 2021, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 273-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, argumentando principalmente, lo siguiente:

Mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 428-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 10 de junio de 2021, la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de

Con fecha 07 de enero de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 244-2021- SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE.

La Intendencia Regional de Lambayeque, admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 000017-2022- SUNAFIL/IRE-LAM, recibido el 11 de enero de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017- TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 244-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, que confirmó la sanción impuesta de S/ 22,618.00, por la comisión, de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT; y, una (01) infracción MUY GRAVE a labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del 46 del citado cuerpo normativo; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 16 de diciembre de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.

En primer lugar, precisaremos que, en nuestra legislación se presume siempre que un contrato de trabajo, salvo pacto en contrario, será de duración indeterminada, y como regla de excepción tenemos la suscripción de los denominados contratos de trabajo sujetos a modalidad. Así, la contratación modal como una excepción responde a necesidades específicas y transitorias de la empresa. Por ser excepcional, supone el establecimiento de reglas especiales respecto a su celebración.

En efecto, mediante los contratos de trabajo sujetos a modalidad, las partes establecen, en el momento de su celebración, previsiones sobre su extinción, estableciendo un plazo, una condición resolutoria o cualquier otra circunstancia que produzca su término. Tales contratos están regulados por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL).

En esa línea, la desnaturalización de los contratos modales supone la utilización de estos negocios jurídicos para los fines que fueron creados, y supone como sanción de que estos sean considerados como contratos a plazo indeterminado. En ese sentido, observamos que la figura de la desnaturalización tiene una tenue diferencia con el principio de primacía de la realidad, cuya aplicación tiene el mismo efecto, pero que no guarda relación con esta figura jurídica.

Precisamente, el artículo 77 de la LPCL establece cuatro supuestos de desnaturalización de los contratos modales, que suponen que estos puedan tornarse en contratos a plazo indeterminado frente a un incumplimiento legal:

En el presente caso, se aprecia que a raíz de una denuncia de desnaturalización de contrato modal, presentada por el trabajador Luis Ricardo Agapito Paiva (en adelante, el trabajador), se iniciaron las actuaciones inspectivas, siendo que el inspector auxiliar comisionado, realizó la visita al centro de trabajo ubicado en donde se suscribió la constancia de actuaciones inspectivas de investigación, con la participación del trabajador recurrente, y el apoderado legal del sujeto inspeccionado, en donde constató que el trabajador recurrente realizó el marcado de asistencia de ingreso a su centro de labores, el mismo que señaló que su contrato laboral culminó el 29 de noviembre de 2020 y desde esa fecha venía laborando sin contrato.

Asimismo, de la información remitida por el sujeto inspeccionado, el inspector comprobó que existe una relación laboral entre la impugnante y el trabajador, en tanto existe un contrato laboral sujeto a modalidad por obra determinada o servicio específico, el mismo que conforme se verifica de la adenda de contrato de trabajo de fecha 28 de mayo de 2020, se renovó con vigencia del 29 de mayo de 2020 al 29 de noviembre de 2020. Asimismo, la

Luego del análisis pertinente, el Inspector comisionado dejó constancia en el numeral 4.6 del acápite IV. Hechos Constatados, del Acta de Infracción, que el contrato laboral sujeto a modalidad por obra determinada o servicio específico, que regía hasta el 29 de noviembre de 2020, se tiene como desnaturalizados pues no se ha cumplido con lo dispuesto en el art. 72 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, cuyo TUO ha sido aprobado por el D.S. 003-97 TR; asimismo, determinó que el trabajador continuó laborando para la empresa inspeccionada después de haber vencido el plazo estipulado en su adenda de contrato modal, siendo de aplicación lo dispuesto por el literal a) primera parte, del artículo 77 de la LPCL. Asimismo, en el acápite V. Normas infringidas, calificación de la infracción, sanción propuesta e imputación de responsabilidad, el Inspector actuante señaló que la impugnante, incurrió en infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, referida al incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado y su desnaturalización.

Respecto a este punto, la impugnante no ha alegado mayor cuestionamiento que pueda desvirtuar su responsabilidad en la comisión de la referida infracción. Por tanto, corresponde confirmar la resolución apelada, sobre este extremo.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de los requerimientos de comparecencia y de las medidas inspectivas de requerimiento. Así lo estipula el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT: “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado.”

En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece: “(…) Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. (…)”.

En esa misma línea, el artículo 15 numeral 15.1 del RLGIT establece que “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

Y es que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2: “Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”

Consecuentemente, de acuerdo con el artículo 36 de la citada la LGIT, son infracciones a la labor inspectiva contrarias al deber de colaboración, las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, que perjudiquen la labor de los Supervisores–Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares.

Tales infracciones pueden consistir en: 1) La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2) El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3) La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

Sobre el particular, los Vocales integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL, reunidos en Sala Plena, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2 del Reglamento del Tribunal, emitieron el Acuerdo Plenario contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, del 30 de julio de 20219, el cual, incorpora un conjunto de criterios resolutivos cuya observancia y aplicación resulta obligatoria a todas las entidades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo. En dicho Acuerdo Plenario, se estableció como criterio vinculante, entre otros, el fundamento jurídico N° 9, relacionado a la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva, el cual establece literalmente lo siguiente:

Como se evidencia de las normas acotadas, las actuaciones inspectivas están orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, previo al procedimiento administrativo sancionador. Dada la trascendencia de dichas actuaciones, la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva es inequívocamente, de carácter principal e independiente de otras posibles infracciones referentes a aspectos sustantivos.

En el presente caso, al evidenciar la desnaturalización del contrato modal entre la impugnante y el trabajador, el Inspector actuante emitió una medida inspectiva de requerimiento de fecha 30 de diciembre de 2020, con el fin de que la impugnante subsane los incumplimientos sociolaborales en materia de relaciones laborales advertidos, debiendo continuar el vínculo laboral con su trabajador, mediante contrato de trabajo a plazo indeterminado a partir de la fecha.

Sin embargo, al vencimiento del plazo concedido, la impugnante no cumplió las disposiciones contenidas en la medida inspectiva de requerimiento. Consecuentemente, se determinó la comisión de la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del RLGIT.

Respecto a este punto, la impugnante ha alegado que no se ha tomado en cuenta, el Memorando N° 023-G.RR.HH-2021 y la Constancia de T- Registro, presentados con anticipación, y con lo cual habría acreditado el cumplimiento del requerimiento.

De la revisión del Memorando N° 023-G.RR.HH-2021, se advierte que este no acredita el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, dado que el objeto de la misma era que la impugnante subsane los incumplimientos sociolaborales, esto es, que debía continuar el vínculo laboral con su trabajador, es decir, que en el lapso de tiempo concedido, de doce (12) días -por demás, razonable-, debía presentar un contrato de trabajo a plazo indeterminado, o la constancia de alta del T-Registro, de la planilla electrónica, que acredite la contratación a tiempo indeterminado. Al vencimiento del plazo, la impugnante no presentó ninguno de estos medios probatorios, por el contrario, presentó

Por otro lado, si bien, la constancia de Alta en el T-Registro, podría ser materia probatoria respecto del cumplimiento del mandato inspectivo, debe considerarse que esta fue presentada mucho después del vencimiento del plazo concedido, tal es asi, que en dicho documento se indica que el registro se efectuó el 25 de febrero del 2021.

Y es que, los beneficios relacionados a la reducción de multa, regulados en el artículo 40 de la LGIT y el artículo 49 del RLGIT, son únicamente aplicables en la medida que la infracción sea subsanable, esto es que solamente podrá aplicarse la reducción de multa siempre que los efectos de la afectación del derecho, o del incumplimiento de la obligación que haya generado la comisión de una infracción administrativa, puedan ser revertidos; de manera que es imposible aplicar una reducción de multa para aquellas infracciones que sean catalogadas como “insubsanables” como por ejemplo, en el presente caso, que nos encontramos ante una infracción a la labor inspectiva, cuya naturaleza es insubsanable. En consecuencia, no resulta atendible los argumentos de la impugnante en este extremo.

Con relación alegato de la impugnante, respecto a que el inspector encargado de la investigación no ha revisado la documentación que se presentó el 26 de febrero de 2021, y que el inspector tendría la intención de querer sancionar a su representada, pese de haber presentado los documentos requeridos en su oportunidad; debe precisar que conforme se aprecia del expediente inspectivo, las actuaciones inspectivas concluyeron el 19 de enero de 2021, con la emisión del Acta de Infracción, no teniendo objeto que el inspector revise o se pronuncie sobre actuaciones extraprocedimentales.

Finalmente, respecto al argumento de que la impugnante, en ningún momento se ha negado al cumplimiento de la labor inspectiva, y por tanto, no se habría configurado una “negativa”, se precisa que el tipo infractor contenido en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, no exige dicho comportamiento, sino, el solo hecho de no cumplir con un requerimiento de adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa sociolaboral, emitida por la autoridad inspectiva, como ha ocurrido en el presente caso.

Por las consideraciones expuestas, corresponde desestimar el recurso de revisión, confirmando las multas impuestas por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT; y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.