Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A — Res. 529-2022

Mediante Orden de Inspección N° 256-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 164-2021-SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por incumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 05 de marzo de 2021; y una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por reducir unilateralmente la remuneración de su trabajadora, en un monto inferior a la remuneración mínima vital.

Mediante Imputación de Cargos N° 231-2021/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 28 de abril de 2021, notificada el 10 de mayo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva,

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final N° 259-2021/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 21 de mayo de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lambayeque, la que mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 436-2021- SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 11 de junio de 2021, notificada el 17 de junio de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 23,144.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 06 de julio de 2021, la impugnante interpone recurso de reconsideración contra la Resolución Sub Intendencia N° 436-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, y mediante Resolución Sub Intendencia N° 517-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE (R)2, se declara improcedente dicho recurso.

Con fecha 16 de agosto de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 517-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE (R), argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 224-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 17 de noviembre de 20213, la Intendencia Regional de Lambayeque declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 16 de diciembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 224- 2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE.

La Intendencia Regional de Lambayeque admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-001148- 2021-SUNAFIL/IRE-LAM, recibido el 20 de diciembre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017- TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias9. 3.4 En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias,

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 224-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, que confirmó la sanción impuesta de S/ 23,144.00 por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT; y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del citado cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 26 de noviembre de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona en una presunta vulneración a la debida motivación, como elemento esencial del debido procedimiento10. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento exige la debida motivación del acto administrativo, entendido como una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa11, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento, tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa12, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

En cuanto al argumento de la impugnante referido a que se debe declarar la nulidad de la resolución impugnada por “contravenir el principio de irrenunciabilidad de derechos, igual trato y condición más beneficiosa, entre otros”; debe ser desestimado, pues, no ha desarrollado fundamentos que sustenten su alegación, esto es, no ha identificado las razones por las cuáles considera se ha transgredido el principio de irrenunciabilidad de derechos o de igualdad de trato o de condición más beneficiosa, tampoco ha desarrollado a qué otros principios se refiere que se han visto transgredido.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, esta Sala corrobora que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, así como tampoco la resolución impugnada, contraviene a la Constitución, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario añadir que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, derivado de la comisión de infracciones previstas en el RLGIT, no verificándose la vulneración del principio del debido proceso, ni al deber de motivación. En consecuencia, respecto a la nulidad deducida por la impugnante, esta no debe ser acogida, al no evidenciarse que la instancia de mérito haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Por tales razones, no corresponde amparar los argumentos expuestos en este extremo.

Respecto a la reducción de la remuneración, la impugnante señala que en cumplimiento de las medidas adoptadas por el Estado de Emergencia a fin de evitar la propagación de la Covid- 19, se redujo la jornada laboral a 04 horas diarias respecto a la trabajadora afectada, según convenio firmado. Por lo que, su remuneración era proporcional a las horas laboradas, por tanto, la reducción de remuneración no constituye actos de hostilización.

En cuanto al Acuerdo de Reducción de Retribución Mensual, cabe indicar que:

Si bien los tres convenios descritos precedentemente, constituyen un documento consensuado con la trabajadora Eufemia Lindaura Purizaca Marrufo y el sujeto inspeccionado. No obstante, se debe resaltar que, en los dos primeros, de fechas 03 de junio y 25 de julio de 2020, se acordó la reducción de la jornada de trabajo, y si en caso la remuneración por la jornada reducida resultara inferior a la remuneración mínima vital, la impugnante reconocería la diferencia hasta llegar a dicha cantidad. Por tanto, aun existiendo la reducción de la jornada de trabajo, la remuneración de la trabajadora no sería por debajo de la remuneración mínima vital de S/ 930.00.

No obstante, a lo señalado precedentemente, y conforme lo ha referido el inspector comisionado en el numeral 4.8 del acta de infracción, la impugnante pagó una remuneración por debajo a la remuneración mínima vital, conforme se aprecia a continuación:

Si bien la impugnante presentó unas documentales denominadas: “ADEUDOS AGOSTO 2020 - DIF.CONVENIO A CTA ADEUDOS LAB” y “ADEUDOS SETIEMBRE 2020- DIF.CONVENIO A CTA ADEUDOS LAB”, con el fin de acreditar que cumplió con el pago de la remuneración mínima vital en favor de la trabajadora afectada; sin embargo, estas no se encuentran debidamente suscritas por ella, ni se adjuntó la transferencia bancaria que pudiera probar su otorgamiento. Conforme se aprecia a continuación:

En cuanto al tercer convenio, celebrado de fecha 24 de setiembre de 2020, donde se acuerda una reducción de remuneración mensual, como consecuencia de la reducción de la jornada de trabajo de cuarenta y ocho horas semanales a veinticuatro horas por semana; cuya vigencia es de octubre a diciembre de 2020. Siendo que, el inspector comisionado sostiene que del registro de asistencia se aprecia que la trabajadora: Eufemia Lindaura Purizaca Marrufo, laboró con una jornada de 04 horas diarias, desde el 02 de julio de 2020 hasta el 14 de enero de 202116, asimismo de las boletas de pago se aprecia que la trabajadora: Eufemia Lindaura Purizaca Marrufo, percibió:

Al respecto, cabe acotar que existe el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, el cual se encuentra consagrado en el inciso 2 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú, que dispone que: “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: (…) 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. Este principio supone la imposibilidad de que los trabajadores renuncien por propia

Ahora bien, en atención a que el impugnante alega que el acuerdo de reducción de remuneraciones se produce de conformidad al marco legal vigente y, especialmente, de acuerdo al literal c) y d) del artículo 4 del D.S. N° 011-2020-TR, esta Sala estima propicio aclarar que, si bien en el marco de la declaratoria de la Emergencia Sanitaria y del Estado de Emergencia Nacional17 se dictaron normas tales como el Decreto de Urgencia N° 38- 2020 y el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, sobre la adopción de medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, para aquellos empleadores que no puedan implementar la modalidad de trabajo remoto o aplicar la licencia con goce de haber; estos dispositivos legales no respaldan la medida de acordar remuneraciones por debajo de la Remuneración Mínima Vital. En ese sentido, lo alegado por la impugnante sobre una vulneración a estas normas carece de sustento.

Sin perjuicio de ello, es pertinente hacer mención que en el Decreto Supremo N° 011-2020- TR, que precisa las medidas aplicables a las relaciones laborales en el marco del Estado de Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria que alude el Decreto de Urgencia N° 38-2020, se contempló, entre otros aspectos, la posibilidad de acordar, como dichas medidas, la reducción de la remuneración, siempre que el acuerdo sea consensuado (no impuesto por el empleador), que exista proporcionalidad con las causas que lo motivan y que se respete la Remuneración Mínima Vital, conforme se puede apreciar del texto del artículo 4 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR, que se cita a continuación:

Los empleadores incursos en el artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 038-2020 procuran en primer término adoptar las medidas alternativas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el diálogo con los trabajadores, tales como: a) Otorgar el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce. b) Acordar mediante soporte físico o virtual, el adelanto del descanso vacacional a cuenta del periodo vacacional que se genere a futuro. En este último caso, el adelanto del descanso vacacional se sujeta a las reglas establecidas en el capítulo II del Decreto Supremo Nº 002-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1405, Decreto Legislativo que establece regulaciones para que el disfrute del descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, para el sector privado. c) Acordar mediante soporte físico o virtual, la reducción de la jornada laboral diaria o semanal, con la reducción proporcional de la remuneración. Para tal efecto, se considera el criterio de valor hora definido en el artículo 12 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2002- TR.

Por otra parte, es pertinente precisar respecto de la reducción de jornadas con la reducción proporcional de la remuneración que, si bien el empleador detenta el poder de dirección, conferido por el artículo 9 de la LPCL, para modificar jornadas; las facultades y directrices del empleador encuentran límites, pues no pueden ir en contra de las normas imperativas. Además, no se puede dejar de advertir que si bien la impugnante, ha presentado una documental denominada: “ADEUDOS OCTUBRE 2020- DIF-CONVENIO A CTA ADEUDOS LAB”, con el fin de acreditar que cumplió con el pago de la remuneración mínima vital en favor de la trabajadora afectada; sin embargo, esta no se encuentra debidamente suscrita por ella, ni se adjuntó la transferencia bancaria que pudiera probar su otorgamiento. Conforme se aprecia a continuación:

Además, se debe acotar que conforme el numeral 4.8 del acta de infracción, la impugnante canceló a la trabajadora: Eufemia Lindaura Purizaca Marrufo, en el mes de enero de 2021 la suma de S/ 689.00; sin embargo, a dicha fecha no se aprecia que haya estado vigente algún convenio celebrado entre la trabajadora y el sujeto inspeccionado, pues, el último

Por tales razones, tal como se desprende de los numerales 4.9 y 4.10 del acta de infracción, la sola presentación de las documentales denominadas: ADEUDOS AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE 2020 - DIF.CONVENIO ACTA ADEUDOS LAB, no desvirtúa el incumplimiento de los convenios celebrados de fecha 03 de junio y 25 de julio de 2020. Toda vez que se ha determinado que la trabajadora en los meses de agosto y setiembre de 2020, percibió una remuneración de S/ 572.00 y S/ 573.00, cuando debía percibir una suma igual a la remuneración mínima vital, es decir, S/ 930.00, conforme lo acordado en la cláusula tercera de dichos convenios. En cuanto al tercer convenio, si bien conforme el artículo 4 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR, citado precedentemente, se confería la facultad de la reducción de la jornada de trabajo, la remuneración que resultara de esta acción no podía ser inferior a la remuneración mínima vital, conforme lo disponía sus literales c) y d), los cuales deben ser interpretados y aplicados de forma sistemática y no aislada, pues ello vaciaría de contenido el mismo. Asimismo, se advierte que, en el mes de enero de 2021, la impugnante no ha acreditado haber suscrito convenio alguno, o que se encontrase vigente a dicha data, con el objeto de comprobarse el consenso en la reducción de la remuneración de la trabajadora denunciante.

Cabe precisar que, en el fundamento 6.18 de la Resolución N° 025-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, se proscribe que se sancione al sujeto inspeccionado, en tanto su responsabilidad sobre el hecho imputado no haya sido debidamente acreditada, más allá de toda duda razonable, no siendo posible la imposición de sanción con el fundamento de “meras sospechas”, ni tampoco sobre la base de que el imputado no ha demostrado su inocencia.

En el presente caso, la autoridad administrativa ha efectuado un análisis en el siguiente orden: primero, ha verificado si existió convenio entre el trabajador y el sujeto inspeccionado referido a la reducción de la jornada de trabajo y reducción de las remuneraciones, evidenciando que si bien se celebraron tres convenios, estos solo estuvieron vigentes desde junio a diciembre de 2020, pese a ello, en enero de 2021, la trabajadora seguía laborando con una jornada y remuneración reducida, sin que medie convenio alguno. Segundo, se analizó si la impugnante cumplió con lo acordado en los dos convenios suscritos del 03 de junio y 25 de julio de 2020, determinándose que incumplió en el extremo referido a que la trabajadora iba a percibir una remuneración igual a la remuneración mínima vital, a pesar de la reducción de jornada. Tercero, se analizó si tales convenios resisten el principio de legalidad, evidenciando que el tercer convenio, no se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR. Concluyendo que la conducta de la impugnante configura una infracción muy grave en materia de

Por tales razones, se aprecia que la impugnante ha incurrido en un acto de hostilidad por la reducción inmotivada de las remuneraciones de la trabajadora: Eufemia Lindaura Purizaca Marrufo, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT, conforme lo ha establecido, la instancia de mérito en los numerales 4.12 al 4.22 de la resolución impugnada; en consecuencia, los argumentos dirigidos a desvirtuar este extremo deben ser desestimados.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que, pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece lo siguiente:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Como se evidencia de las normas acotadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva, que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

En tal sentido, corresponde precisar que, a través de la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 05 de marzo de 2021, los inspectores de trabajo requirieron a la impugnante que, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, cumpla con remitir la documentación que acredite la subsanación de los incumplimientos advertidos, esto es, acreditar el reintegro de las remuneraciones que fueron reducidas a la trabajadora afectada, en virtud de los hechos constatados por los propios inspectores de trabajo, quienes determinaron que la impugnante incurrió en acto de hostilidad por la reducción no consensuada de la remuneración de la trabajadora afectada.

Sin embargo, conforme al numeral 4.10 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, la impugnante no cumplió con lo requerido por los inspectores de trabajo, motivo por el cual incurre en la infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Finalmente, es importante señalar que la impugnante incurre en error, pues en su escrito que contiene su recurso de revisión esboza un argumento relacionado con el requerimiento de información, actuación inspectiva totalmente distinta de la medida inspectiva de requerimiento. En ese sentido, cabe recalcar que la infracción muy grave a la labor inspectiva imputada a la impugnante se encuentra tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, y no en el 46.3 del artículo 46 del RLGIT, como ha confundido la impugnante. Evidenciando tal error, la medida de requerimiento resulta plenamente exigible conforme con lo ordenado en la legislación citada en esta resolución al determinarse el incumplimiento de parte del sujeto inspeccionado. En consecuencia, lo argumentado en este extremo carece de sustento legal y fáctico.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponde a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.