Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A — Res. 456-2021

Mediante Orden de Inspección N° 1995-2020-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 252-2020-SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, y una (01) infracción muy grave en materia de la labor inspectiva.

Mediante Imputación de cargos N° 324-2020/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI del 15 de diciembre de 2020, se inició la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 389-2020/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 091-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE de fecha 12 de febrero de 2021, multó a la impugnante por la suma de 22,618.00 por haber incurrido en:

Con fecha 09 de marzo del 2021, la impugnada interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Sub-Intendencia Nº 091-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 12 de febrero de 2021, con la finalidad que se declare su nulidad, la misma que fue declarada improcedente, mediante Resolución de Sub Intendencia Nº 290-2021-SUNAFIL/IRE- LAM/SIRE, la cual fue notificada el día 26 de abril de 2021.

Con fecha 17 de mayo de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 290-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 126-2021-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE, de fecha 26 de julio de 20212, la Intendencia Regional de Lambayeque declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 091-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, considerando los siguientes puntos:

Con fecha 20 de agosto de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 126-2021- SUNAFIL/IRE-LAM.

La Intendencia Regional de Lambayeque admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORÁNDUM-000731-2021- SUNAFIL/IRE-LAM, recibido el 27 de agosto de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de Sunafil, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RLGIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 126-2021-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/ 22,618.00, por la comisión de las infracciones tipificadas como MUY GRAVES, previstas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, así como el numeral 25.6 del artículo 25 del citado cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la notificación de la citada resolución8.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.

De conformidad con el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, las autoridades administrativas “deben actuar con respecto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

Frente a la vulneración, desconocimiento o lesión de un derecho o interés legítimo, derivado del apartamiento de la conducta descrita en el numeral precedente, el TUO de la LPAG faculta a los administrados a interponer los recursos administrativos previstos en el artículo 218 del TUO de la LPAG, pudiendo incluso “solicitar la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley”.

Así, respecto de la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 218 del TUO de la LPAG establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, el artículo 49 que señala lo siguiente:

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en los puntos 3.4 de la presente resolución.

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que éste tiene por finalidad:

Al respecto, esta Sala considera que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

Acorde con la competencia atribuida a este Tribunal respecto de la revisión de las resoluciones emitidas en segunda instancia por las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo a nivel nacional que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RLGIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que este se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descrita.

En el caso de la EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A., las instancias inferiores le han impuesto una multa total de S/ 22,618.00 (Veinte y dos mil seiscientos dieciocho con 00/100 soles), por la comisión de dos (02) infracciones muy graves, una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, y una (01) infracción muy grave en materia de labor inspectiva, conforme se muestran a continuación.

Sobre el particular, el artículo 25 de la Constitución Política del Perú, señala lo siguiente: “Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio”.

En similar sentido, el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 713, que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, establece lo siguiente “El trabajador tiene derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso en cada semana, el que se otorgará preferentemente en día domingo”.

En concordancia con la norma anterior, el artículo 3 y artículo 4 del citado decreto legislativo N° 713, establece que “Los trabajadores que laboren en su día de descanso sin sustituirlo por otro día en la misma semana, tendrán derecho al pago de la retribución correspondiente a la labor efectuada más una sobretasa del 100%”. E indica que “La remuneración por el día de descanso semanal obligatorio será equivalente al de una jornada ordinaria y se abonará en forma directamente proporcional al número de días efectivamente trabajados”.

Cabe agregar, que la forma de pago por los días de descanso de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, se encuentra regulada en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 713 aprobado por el Decreto Supremo 012-92-TR, que establece en su artículo lo siguiente “La remuneración por el día de descanso obligatorio de los trabajadores remunerados semanalmente es equivalente a la de una jornada ordinaria y se abonará en forma directamente proporcional al número de días efectivamente trabajados en dicho período”.

Bajo este contexto normativo, corresponde analizar las alegaciones que le causa agravio a la impugnante, con vistas a los expedientes administrativos (inspectivo y sancionador) y el recurso de revisión interpuesto contra la resolución impugnada.

En el caso materia de autos, de las actuaciones inspectivas, la autoridad sancionadora ha establecido que la impugnante no ha cumplido con las disposiciones relacionadas con el descanso semanal, al no haber acreditado que otorgó el descanso semanal o acreditado haber sustituido el mismo, en la misma semana, respecto de los trabajadores y periodos laborados siguientes:

Los incumplimientos advertidos, conforme se dejaron constancia en punto 4.5 y 4.6 del Acta de Infracción han sido corroborados en las actuaciones de investigación, así como de los correos y documentación exhibida por el impugnante, habiendo dejado el inspector comisionado constancia, que con el documento s/n de 26/10/2020 remitido por el apoderado de la empresa José Pedro Huanca Dávila, así como con el Informe N° 003-2020- AP-VDPSL-POM de fecha 23/10/2020, el Jefe de Administración de Personal de la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A., se ha precisado que los trabajadores no se encuentran comprendidos en ningún Convenio Colectivo referido a descanso semanales (turno diurno y nocturno) en razón que no existe; asimismo, señala que con vista a los Reportes de Asistencia correspondientes a los referidos tres (3) trabajadores, se ha evidenciado que, han existido semanas durante el periodo de enero 2020 a setiembre 2020, donde los referidos tres (03) trabajadores han laborado en su día de descanso semanal obligatorio, sin sustituirlo por otro día en la misma semana.

En esa medida, la impugnante alega, que no se ha valorado su escrito de fecha 16 de noviembre de 2020, en el cual, precisa que, por la naturaleza del trabajo, los trabajadores cumplen horarios rotativos, variando el descanso semanal argumentos que pretende probar adjuntando un Reporte de Asistencia (Cuadro Excel) de cada trabajador afectado.

Respecto a lo alegado por el recurrente, se debe indicar que, si bien la autoridad administrativa de trabajo debe presumir que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, en razón al mismo principio, se contempla que la presunción de veracidad puede ser derrotada por la actividad probatoria de la administración y, a juicio de esta Sala, en este caso ello ha ocurrido. La administración ha determinado un comportamiento encuadrable en las infracciones establecidas en el Acta de Infracción, cumpliendo con un estándar de carga de la prueba objetivo.

Al respecto, conforme se aprecia del punto 4.9 del Acta de Infracción, el inspector comisionado sí evaluó el recurso de fecha 16 de noviembre de 2020 presentado por la impugnante, indicando que, respecto de sus trabajadores BARBOZA BANCAYAN JULIAN ENRIQUE, BARRANTES QUISPE JOSE LUIS, y CHAVEZ RAMOS EDWARD IVAN, de la revisión a la referida información, se evidencia que no se ha cumplido con acreditar lo señalado en la medida de requerimiento, no habiendo acreditado el pago correspondiente a la sobretasa del 100%, por la labor efectuada en sus días de descanso sin haberlo sustituido por otro día en la misma semana.

En ese sentido, de la revisión del expediente inspectivo, en efecto se aprecia que la impugnante presenta un escrito de fecha 16 de noviembre de 202011, con el cual pretende acreditar que no existe incumplimiento a la norma sociolaboral en materia de descanso remunerado, señalando, que si bien los trabajadores no tomaron su descanso semanal dentro de la semana de labores, éste ha sido sustituido por otro día, adjuntando para acreditar lo manifestado un Reporte de Asistencia (cuadro Excel) de cada trabajador afectado; documento que tuvo a la vista el inspector comisionado, y de la valoración del mismo desvirtuó su mérito probatorio, criterio que esta Sala comparte, ya que el documento Reporte de Asistencia presentado por la impugnante al ser el único documento presentado y no poder colegir dicho reporte con otros documentos que avalen lo que allí se indica, por sí mismo no constituye un documento idóneo, que enerve su responsabilidad , respecto al incumplimiento a la norma sociolaboral en cuestión.

Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”. 10 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios de la Ley del Procedimiento Administrativo. Editorial Gaceta Jurídica. Décima Edición. 2014. pp. 79-81. Citado en fundamento 8 de la Sentencia Casación N° 4943 - 2015 LIMA, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 11 Véase del expediente inspectivo

Cabe señalar, que de las actuaciones inspectivas, el inspector comisionado dejó constancia en el punto quinto de los hechos constatados del Acta de Infracción, que de la documentación presentada por la empresa impugnante, se advierte Informe N° 01-2020- GFAB- EAIP, del Jefe de División y Producción, entre otros, donde se afirma que “los descansos semanales que han sido laborados por los trabajadores en el mes de enero a setiembre del 2020, han sido para cubrir puestos libres dejados por el personal en cuarentena”; corroborándose de esta manera el incumplimiento a las normas sociolaborales que son materia de infracción.

Por tanto, visto el desarrollo efectuado en el párrafo precedente, se debe desestimar dicho argumento en todos sus extremos.

Respecto a lo alegado por la impugnante, sobre la no valoración de su escrito de fecha 16 de noviembre 2020 presentado como medio probatorio, con el cual pretende acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, cabe anotar de la revisión del expediente inspectivo, se evidencia:

Sobre el particular, en el ejercicio de las actuaciones inspectivas, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Por lo que, pueden adoptar acciones orientadas a la misma, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral:

Como se evidencia de la norma acotada, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado, de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

Así, de la revisión de los actuados se ha evidenciado que el inspector comisionado ha realizado un correcto análisis de los medios probatorios presentados por la impugnante, pues previamente a dictar la medida inspectiva de requerimiento, el inspector verificó el incumplimiento de la normativa sociolaboral, agotando las actuaciones inspectivas, con el requerimiento de información de fecha 10 de noviembre 2020, con la cual solicita a la impugnante, que acredite el pago por la retribución correspondiente a la labor efectuada, más una sobretasa del 100% a sus trabajadores Barboza Bancayán Julián Enrique, Barrantes Quispe José Luis, y Chávez Ramos Edward Iván, por la labor efectuada en sus días de descanso sin sustituirlo por otro día en la misma semana, requerimiento que debía

En tal sentido, se evidencia que el inspector comisionado ha realizado una correcta aplicación de los artículos 14° de la LGIT y 17.2 del RLGIT, referente a que para la extensión de una medida inspectiva de requerimiento, resulta de vital importancia que se compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, supuesto que ha ocurrido en autos, pues, la Administración ha determinado las infracciones imputadas, por las consideraciones expuestas la medida inspectiva de requerimiento ha sido emitida conforme a ley.

Asimismo, es de precisar que, de acuerdo con lo señalado en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, se encuentra tipificada claramente el incumplimiento oportuno de la medida de requerimiento al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, tipificándolo como una infracción muy grave a la labor inspectiva.

Por las consideraciones antedichas, no cabe acoger este extremo del recurso de revisión. cumplimiento

Conforme con el Tribunal Constitucional, importa relevar que la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, debiendo atenderse a lo siguiente: a) la fundamentación jurídica, b) la congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y c) que se exprese una justificación suficiente de la decisión (fundamento jurídico 3 de la Sentencia del Tribunal Constitucional del 18 de setiembre de 2012, expediente 268- 2012-PHC/TC). Asimismo, junto con la doctrina administrativista, que la motivación en las resoluciones puede ser satisfecha a través de “referencias ciertas y seguras”.12

Por consiguiente, corresponde a la impugnante asumir la sanción económica impuesta, por lo que no cabe acoger este extremo del recurso de revisión.