Empresa Agroindustrial Cayalti S.A.A — Res. 80-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Equipos de Protección Personal (incluye todas). 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información y documentación requerida por los inspectores de trabajo actuantes para el día 21 de mayo de 2020, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole la multa de 42.03 UIT = S/ 180 729.00 soles.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información y documentación requerida por los inspectores de trabajo actuantes para el día 04 de junio de 2020, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole la multa de 42.03 UIT = S/ 180 729.00 soles.

i. Al momento de recibirse el requerimiento, el país se encontraba bajo Estado de Emergencia Nacional decretado por el gobierno; de igual modo, tanto el distrito de Cayalti como el país se encontraba “atravesando la etapa más aguda de la emergencia nacional derivada de la pandemia”.

ii. Los cambios introducidos por el Decreto Legislativo N° 1272 al TUO de la LPAG, específicamente en cuanto a la subjetividad del comportamiento del administrado, se manifestaban a través del Principio de Culpabilidad; por lo que al haberse demostrado que el incumplimiento fue motivado por causas objetivas

(imposibilidad comprobada de acudir a las instalaciones de la Empresa), cualquier título de imputación (dolo o culpa) dejaría de ser configurable.

iii. La sanción económica propuesta carece de razonabilidad, al ser emitida sin considerar la imposibilidad a la que se encontraba sujeta la impugnante.

iv. Correspondía, en el presente caso, evaluar el comportamiento de la Empresa y justificar una graduación de la posible o posibles responsabilidades administrativas, siendo desproporcionada la sanción a los hechos que dieron origen a la falta.

a. Respecto de la pretendida referencia al supuesto de caso fortuito o fuerza mayor como un supuesto eximente de responsabilidad administrativa; “…el inciso a) de la referida norma establece como una causal de eximente de responsabilidad administrativa el caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. En el presente caso, conforme se ha descrito en los párrafos precedentes el incumplimiento del sujeto inspeccionado versaba sobre información cotidiana de fácil recolección a través del apoyo de medios tecnológicos máxime si es esencial con la cual debe contar todo empleador al inicio de las actividades de sus trabajadores, por tanto, dicho incumplimiento no se enmarca dentro de la causal de caso fortuito o fuerza mayor.

b. Añade que las infracciones a la labor inspectiva tienen el carácter de insubsanable, y por ende, “…no resulta causal de eximente, pues el posterior cumplimiento de obligaciones no podrá retrotraer los efectos perjudiciales”.

c. La Resolución de Sub Intendencia N° 071-2020-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE ha cumplido “…con el sustento jurídico por el cual se ha determinado la sanción pecuniaria impuesta, siendo que además se ha detallado la conducta infractora, la norma vulnerada y la tipificación legal, así como se ha expresado claramente los hechos por los cuales se ha configurado la infracción descrita en dicha resolución…”, por lo que ésta se encuentra debidamente fundamentada y motivada, siendo su contenido claro, motivado y cierto.

2 Notificada a la inspeccionada el 29 de abril de 2021, ver fojas 132 del expediente sancionador.

d. Respecto de la razonabilidad y proporcionalidad de la multa impuesta, a través del numeral 3 del artículo 248° del TUO de la LPAG se describe al Principio de Razonabilidad, señalándose que “la conducta sancionable no debe resultar más ventajosa para el infractor, que cumplir con las normas infringidas o asumir la sanción, por lo que este principio prescribe que las sanciones a ser aplicables deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción”.

e. En tanto se ha cumplido con los parámetros regulados en la “Tabla de Cuantía y Aplicación de Sanciones”, así como los criterios generales y especiales de graduación de sanciones, regulados en la LGIT, RLGIT, es razonable la sanción impuesta.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

− Existieron causas objetivas que imposibilitaban el cumplimiento oportuno de los requerimientos planteados por la Autoridad Administrativa de Trabajo; al momento de recibirse el requerimiento de la labor inspectiva, “…no solo el distrito de Cayalti, sino que el país se encontraba atravesando la etapa más aguda de la emergencia nacional derivada de la pandemia”, manteniéndose “…la confusión general en la ciudadanía y en el empresariado”.

− El órgano resolutor “…sólo se limita a replicar que el incumplimiento simplemente sucedió, sin atender el especial contexto en que dicha situación tuvo origen; imputando además responsabilidad al asumir que cualquier trabajador (representante o apoderado) podía enviar vía correo electrónico la información requerida, sin apreciar que la reunión del acervo documental constituye una tarea de gran organización.

− Para la aplicación de la norma sancionadora, la Autoridad “…ha aplicado una interpretación literal e irrestricta de la misma…”, determinando la aplicación de la consecuencia jurídica con la simple verificación del supuesto de hecho contemplado, ignorando la aplicación de los alcances del Decreto Legislativo N° 1272, que exime de responsabilidad los incumplimientos derivados de razones

objetivas, desconociendo adicionalmente los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

− Al no haber una “voluntad cierta de infringir la norma”, es posible defender que “en el incumplimiento acusado no es posible identificar una conducta dolosa ni culposa”, justificándose la exoneración de responsabilidad o como mínimo la reducción de los montos de multa impuestos.

− Finalmente, reitera que por aplicación del Principio de Culpabilidad, no cabe aplicar sanción si no se es capaz de identificar elementos dolosos o culposos en la conducta del imputado, por lo que al haberse demostrado que el incumplimiento fue motivado por causas objetivas, no debió sancionarse a la impugnante, siendo nula la resolución por vulnerar el artículo 10 del TUO de la LPAG, referido al acto administrativo que contraviene la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión 6.1 De conformidad con el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, las autoridades administrativas “…deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

8 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…) 9 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión.

de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley”10, esto es, los recursos establecidos en el artículo 218 antes citado (con las limitaciones que se desarrollarán más adelante).

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias.”

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

Sobre los alegatos de la impugnante y el Estado de Emergencia Nacional 6.7 Como es de conocimiento, desde mediados de marzo del año 2020 –como consecuencia de la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto Supremo N° 008-202-SA– el gobierno dispuso una serie de medidas con la finalidad de disminuir los contagios provocados por el nuevo Coronavirus (Covid-19), así como de mecanismos legales para que ciertas actividades consideradas como esenciales pudiesen continuar en producción.

11Publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 04 de abril de 2020.

la actividad; estableciéndose en el artículo 2 de dicha resolución el listado de actividades comprendidas, señalándose a la “Cosecha de productos agrícolas a nivel nacional” como una de estas actividades. Luego, mediante Resolución Ministerial N° 116-2020- MINAGRI, se precisaría que estas actividades mantendrían su continuidad a fin de garantizar la seguridad alimentaria.

“…no habiendo facilitado el sujeto inspeccionado en ambas oportunidades la información y documentación previamente requerida, muy a pesar de tener

12 A consideración de esta Sala, si bien el contexto del Covid-19 y sus efectos son considerados como supuestos de fuerza mayor, en el caso en concreto no se ha logrado acreditar de manera fehaciente cómo este contexto impidió la presentación de la documentación solicitada por los inspectores de trabajo, más si la actividad de la impugnante se encontraba dentro de la clasificación de actividad calificada como esencial. Respecto del concepto de fuerza mayor y el Covid-19, el “Precedente administrativo sobre el caso fortuito y la fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad por infracciones administrativas”, emitido en sesión de Sala Plena N° 018-2020 del 02 de diciembre de 2020, por parte de los vocales del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, y publicado el 17 de enero de 2021 en el diario oficial El Peruano señala en el considerando 14 “La declaratoria de cuarentena general, como consecuencia de la Covid-19, constituye un evento excepcional en nuestro país y extraordinario. No se trata de un «evento frecuente o repetitivo» (Casación Nº 1764-2015, Lima) que hubiere permitido a las partes adoptar algún mecanismo para prevenir tal escenario, concluyendo en el fundamento15 que “En consecuencia, la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno en nuestro país debido a la Covid-19, constituye un evento de fuerza mayor, porque estamos ante una situación imposible de resistir y que impide el cumplimiento de la prestación.”

conocimiento del presente procedimiento inspectivo al haber emitido comunicación en fecha 21.05.2020; tal y como se detalla en el numeral III. Medios de Investigación de la presente acta de infracción…”

Señalando que frente al requerimiento de información relacionada con esta materia, todo su personal administrativo se encontraba trabajando de manera remota, precisando que ciertas áreas tales como “Campo” (compuesta por sesenta trabajadores), “Servicios Agrícolas” (compuesta por siete trabajadores) y “Responsabilidad Social” (1 trabajador) se encontraban de manera presencial en las instalaciones de la empresa, y que se coordinaría con los mayordomos de campo para

ver la forma de remitir la información solicitada, sin proporcionar otra respuesta adicional durante las actuaciones inspectivas, pese al segundo requerimiento de información remitido por el inspector de trabajo.

Respeto de los Equipos de Protección Personal (EPP) y la sanción impuesta 6.14 El numeral 4.2 de los hechos constatados del Acta de Infracción señala que “es materia de verificación en las presentes actuaciones inspectivas de investigación la entrega de equipos de protección personal a trabajadores, conforme a la orden de inspección emitida, procedimiento inspectivo que se llevará cabo dentro de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 establecido en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM”, identificando en el numeral 5.1 del mismo documento a un listado de 618 (seiscientos dieciocho) trabajadores afectados con la negativa de facilitar información y documentación por parte de la impugnante a los inspectores del trabajo (artículos 9 y 36 de la LGIT), estableciéndose este valor para el cálculo de la multa, según el cuadro previsto en el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT:

13 Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR Artículo 46.- Infracciones muy graves a la labor inspectiva Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 46.3 La negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar a los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones.

− La normativa vigente establece la obligación de identificar al personal calificado como “Grupo de Riesgo” frente al contagio por el nuevo Coronavirus y sobre éste adoptar medidas específicas tales como el trabajo remoto, por lo cual del “total de trabajadores” de una empresa, se cuenta con un número determinado de personal que presta servicios de manera presencial y otro grupo que efectúa trabajo remoto.14

− La propia impugnante en el correo de respuesta del 21 de mayo le comunica al inspector que el personal que se encuentra efectuando labores presenciales es reducido.

14 En concordancia con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, en cuyo artículo 16 faculta al empleador a disponer que su personal realice sus labores a través del trabajo remoto (en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario), siempre que la naturaleza de las labores lo permitiese, y por otro lado mediante el artículo 20 dispone que el personal considerado en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos debe de ser priorizado para el desempeño de labores en modo remoto, y si esto no era posible, el empleador debía de otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior

− El Equipo de Protección Personal (EPP) –a consideración de esta Sala– no constituye una medida colectiva en los términos señalados en el artículo 48.1- B, que faculta a estimar como afectados a la totalidad de trabajadores afectados; se debe de identificar quienes realmente son los trabajadores afectados con esta medida verificando qué trabajadores realmente se encuentran obligados al uso del EPP15.

− En concordancia con el punto anterior, los “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19”, aprobada por la Resolución N° 239-2020-MINSA16 (vigente en ese momento), establecen en el Lineamiento 6 (medidas de protección personal) que el empleador es quien implementa las medidas para su uso correcto y obligatorio, en coordinación con el profesional de salud de la organización.

− De igual modo, el “Protocolo del Sector Agrario ante casos sospechosos o confirmados de COVID-19”, aprobado por la Resolución Ministerial N° 0094- 2020-MINAGRI antes mencionada, establece que se gestiona la entrega de los EPP que correspondan a las labores a cargo de los trabajadores, comprendiéndose dentro de éste el uso de mascarilla quirúrgica y guantes desechables, confirmándose que no todos los trabajadores de la empresa per se deban ser asumidos como los trabajadores afectados en el caso materia de autos.

15 Así por ejemplo, la definición del término Equipo de Protección Personal (EPP), contenida en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2017-TR, señala que éstos son los “…dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo” (el resaltado es nuestro). 16 Publicada el 29 de abril de 2020, y posteriormente derogada mediante Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA

Área Número de trabajadores Servicios agrícolas Almacén Campo Responsabilidad Social Total:

Sum – TOTAL FORMA DE TRABAJO

Planilla Situación Presencial Remota Sin Labor Total Ejecutivo Régimen General

Activos

Empleados Chiclayo Administrativos

Activos

Empleados Régimen General Cayalti

Activos

Obreros Régimen General

Activos Huelga

Total Result

Planilla Motivo Sum - TOTAL OBREROS Lic sin Goce Total Result

17 Obrante a folios 36 y siguientes del expediente sancionador.

18 Ley General de Inspección del Trabajo, aprobada por Ley N° 28806 Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. (…). (el resaltado es nuestro) 19 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.”

principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”.20

N ° Materia Conducta Infractora Norma vulnerad a Tipificació n legal y clasificació n Trabajadore s Afectados Multa impuesta Labor inspectiv a No facilitar el sujeto inspeccionado la información y documentació n requerida por los Ley N° 28806 (Art. 9.15 y 36) DS N° 019- 2006-TR (Numeral 45.2 del artículo 46)

GRAVE

S/ 56,158.00

20 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 Edición. Tomo II., p . 421. 21 Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, Ley N° 28806, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR Artículo 45.- Infracciones graves a la labor inspectiva Son infracciones graves, los siguientes incumplimientos: (…) 45.2 Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas de los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, siempre que no estén tipificados como infracciones muy graves. (…)”

inspectores de trabajo actuantes para el día 21 de mayo de 2020. Labor inspectiv a No facilitar el sujeto inspeccionado la información y documentació n requerida por los inspectores de trabajo actuantes para el día 04 de junio de 2020. Ley N° 28806 (Art. 9.15 y 36) DS N° 019- 2006-TR (Numeral 45.2 del artículo 45)

GRAVE

S/ 56,158.00 MULTA TOTAL IMPUESTA S/ 112,316.0 (*) Vigente al momento de configurar la falta, que para el año 2020 es de S/. 4,300.00, según DS N° 380-2019-EF.

Respecto del factor de imputación y la supuesta imposibilidad de identificar la responsabilidad en la impugnante

“Sobre la culpa corresponde indicar que el actuar imprudente implica la inobservancia de un deber legal exigible al sujeto. Este debe adecuar su comportamiento a lo prescrito por la norma; al no observar los parámetros normativos establecidos y, por ende realizar la conducta tipificada, corresponde imputársele la comisión por un actuar imprudente, negligente, imperito o descuidado. Como se observa no existe una voluntad de transgresión de la

norma, sino una desatención de esta que conllevó a la comisión de una infracción”22 (el resaltado es nuestro).

Por ello, en el caso de la culpabilidad de las personas jurídicas, éstas responden por los defectos de organización, como un apartamiento del deber legal exigible antes reseñado:

“…las personas jurídicas responderán por su capacidad de cometer infracciones partiendo de la culpabilidad por defectos de organización. Aquí la falta de cuidado se evidencia por no haber tomado las medidas necesarias para el correcto desarrollo de sus actividades de conformidad con la normativa, las que hubiesen evitado la producción de infracciones. Al no adoptarlas, nos encontramos en el supuesto de déficit organizacional que acarrea la comisión de la infracción y, por ende, la imposición de una sanción.”23 (el resaltado es nuestro)

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 070-2021- SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 23 de abril de 2021, emitida por la Intendencia Regional

22 MORON URBINA, Juan Carlos (2019). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 Edición. Tomo II. Página 457 23 MORON URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit. Página 458.

de Lambayeque, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 071-2020-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 070-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, en el extremo referido a las sanciones impuestas por las infracciones previstas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dejando sin efecto las multas impuestas por el incumplimiento a la labor inspectiva a EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A..

TERCERO.- DEVOLVER todos los actuados a la Intendencia Regional de Lambayeque para que en ejercicio de sus funciones, emita un nuevo pronunciamiento de acuerdo a los considerandos 6.21 a 6.25 de la presente resolución.

CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

QUINTO.- Notificar la presente resolución a la EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga