Empresa Administradora Cerró S.A.C — Res. 232-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Sistema de Gestión SST en las empresas (Submateria: incluye todas), Identificación de peligros y evaluación de riesgos - IPER (Submateria: prevención de riesgos). Luis Mendoza Legoas 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar haber realizado una Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control conforme a ley, toda vez que omitió con señalar si las actividades identificadas son rutinarias o no rutinarias, así como acreditar la participación de los representantes de los trabajadores en la elaboración del IPERC, tipificada en el numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 44,935.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la adopción de medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo, frente a la exposición del riesgo del COVID-19, conforme a ley, tipificada en el numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 180,729.00

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 18 de junio de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 180,729.00.

i. Indica que levantó las observaciones formuladas durante la inspección y posterior a ésta, con anterioridad a la determinación de las supuestas infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo; por lo que es de aplicación la causa eximente de responsabilidad prevista en el literal f) del artículo 236-A de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG). ii. Señala que no se cumplió con el principio de legalidad para imponer una multa, esta sanción tendría que haber sido aprobada previamente mediante una norma con rango de ley. Sin embargo, en el presente caso se sancionó indebidamente al insistirse en la conducta infractora que pretende atribuirse. De la misma manera, se invoca una sanción de manera enunciativa, omitiendo una valoración expresa y legal de una supuesta infracción, las cuales estarían contempladas en normas generales y especificas del sector. Esta contravención acarrea la nulidad de pleno derecho de la causal prevista en el artículo 10 inciso 1 de la LPAG.

iii. Señala que la resolución apelada vulneró el principio de tipicidad al no cumplir los lineamientos prescritos por este, con normas sancionadoras en blanco y de menor jerarquía, ya que no redactan con precisión suficiente ni define de manera cierta las conductas sancionables, remitiendo de forma genérica a las obligaciones establecidas por un conjunto indeterminado de normas. No todo incumplimiento de una norma conlleva una sanción. Por ello, para que la Administración pueda imponer multa, debe cumplir con los principios de legalidad y tipicidad, lo que no sucede al imponerse sanción con una norma que no es de su competencia y que ha sido derogada por otra norma. En consecuencia, la resolución de multa es nula de pleno derecho por la causal prevista en el inciso 1 del artículo 10 de la LPAG. iv. Sostiene que ha realizado el IPERC de sus unidades mineras, teniendo en consideración lo establecido en la normativa vigente, adjunta evidencia de la participación de los representantes de los trabajadores en la elaboración del IPERC de las actividades rutinarias y no rutinarias en las diferentes áreas. Además, indica que anualmente se actualiza el IPERC de línea base en función al mapa de procesos según actividad, anexó el acta de reunión sostenida con las diferentes áreas de la unidad minera. El tema tratado fue elaboración y revisión de IPERC base de las diferentes áreas según programa. Las áreas que participan de las reuniones fueron mina, planta concentradora Paragsha, mantenimiento mecánico, laboratorio analítico, logística, proyectos, geología, asuntos ambientales, gestión humana, geomecánica y laboratorio metalúrgico. Finalmente, se remitió el IPERC base de las diferentes áreas donde se especifican las actividades rutinarias y no. v. Indica que el personal que realiza la limpieza y desinfección es de la empresa Panaservice. En ese sentido, esta ha considerado a su personal como personal con nivel de riesgo alto de exposición a COVID-19, conforme a su IPERC y adjunta las evidencias que acreditan todas las medidas preventivas en la unidad respecto a la prevención de la COVID-19 (formato de entrega de productos químicos, registro de entrega de EPPS, personal con EPP). Agrega que se viene cumpliendo con cada procedimiento según Protocolo de Reinicio de Operaciones – Plan Coronavirus (COVID-19) tal como la evaluación de personal previo al traslado de operaciones (trabajadores temporales – permanentes). vi. Precisa que, de acuerdo con dicho protocolo, los trabajadores con resultados positivos serán contactados por el área de salud y recibirán las recomendaciones necesarias para el cuidado del colaborador y su familia durante la cuarentena domiciliaria; mientras que los trabajadores con resultados negativos seguirán su programación de traslado a las operaciones según la comunicación recibida. Adicionalmente, Seguridad Patrimonial verificará que el personal este listado en el Manifiesto y que posea su Pasaporte Medico sellado y firmado, en tal sentido, indica que con la ejecución de este proceso, el trabajador estará habilitado para el abordaje de la unidad de transporte y luego del traslado, los trabajadores se dirigen a Bellavista donde tienen sus habitaciones en adecuadas condiciones de higiene, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad para prevenir la COVID-19 y

permanecen en el confinamiento 14 días (sin contacto con personas del exterior para asegurar el no contagio de COVID-19). vii. Señala que se cumple con la toma de temperatura diaria del personal e indica que la zona de aislamiento anterior era el Campamento Rio Pallanga, distrito de Santa Barbara de Carhuacayan – Provincia de Yauli. Y la empresa encargada de hacer la limpieza era Panaservice, haciendo la precisión de que la zona contó en todo momento con un cronograma de limpieza y programa de desinfección y según el Plan de Vigilancia, el puesto de trabajo del personal que realizaba limpieza en el centro de aislamiento Rio Pallanga es de alto riesgo y fue desactivado en setiembre de 2020. viii. Sostiene que cumplió con remitir la información solicitada mediante medida inspectiva de requerimiento; por lo que no se puede alegar que no se cumplió con la misma.

i. La autoridad sancionadora dejó constancia que la inspeccionada presentó un documento sin nombre, sin fecha de aprobación y sin código de identificación; por lo que le generó falta de veracidad sobre su contenido. Adicionalmente, revisó las matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles (IPERC), que presentó la inspeccionada en sus descargos contra la imputación de cargos, donde se advirtió que se presentó la matriz IPERC de fecha 20.10.2020 de la Planta Concentradora, la matriz IPERC de fecha 20.10.2020 de la Relavera Ocroyoc y la matriz IPERC de fecha 02.02.2021 del área de Proyectos, en las cuales no se identificaron las actividades rutinarias y no rutinarias y la participación de los representantes de los trabajadores en la elaboración de dichos instrumentos de gestión de riesgos laborales. Además, se precisó que las observaciones que fueron detectadas por los inspectores del trabajo se refieren a las áreas de Asuntos Ambientales, Geología, Geomecánica, Hotelería y Transporte, Laboratorio, Laboratorio Metalúrgico, Logística, Mantenimiento, Mina, Planta y Proyecto. ii. Los medios probatorios que presentó la inspeccionada pretenden acreditar que se ha cumplido con la obligación que se analiza; sin embargo, no pueden ser tenido como tal, al tener fecha de aprobación después de notificado el Acta de Infracción y se interpuso el recurso de apelación, sin contar que no hay pruebas de que los trabajadores hayan participado en la elaboración de las matrices IPER, siendo se así deja a salvo su derecho de acceder a los beneficios de reducción de multa contemplados en el artículo 40 de la LGIT. iii. Aun cuando la inspeccionada refiere que la empresa que le brinda los servicios de limpieza y desinfección es otra, de la revisión de lo presentado en el recurso de apelación, no se ha aportado el IPERC de dicha empresa a fin de corroborar que el personal desplazado al centro de trabajo de la inspeccionada se encuentra calificado en puestos de trabajo de alto riesgo de exposición a COVID-19. iv. No se tiene certeza de si se ha cumplido con subsanar el incumplimiento de entrega de listado de sustancias de limpieza , toda vez que no se tiene a disposición toda la información necesaria, ya que se ha omitido presentar los Formatos de Entrega de Productos Químicos o Registros de Distribución de Documentos que se han emitido a las empresas que le brindan el servicio de limpieza y desinfección de acuerdo a la periodicidad establecida en su Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID- 19 en el trabajo desde la fecha en que se le requirió la subsanación, y tampoco se ha

2 Notificada a la impugnante el 11 de julio de 2022.

aportado los registros de entrega de equipos de protección personal de la totalidad del personal de limpieza que es destacado a sus instalaciones, desde que se extendió la medida inspectiva de requerimiento; por lo que se deja a salvo su derecho para que presente mayor documentación si es que desea acceder a los beneficios de reducción de multa contemplados en el artículo 40 de la LGIT. v. La inspeccionada ha presentado una imagen de un correo electrónico dirigido a sus trabajadores respecto al horario y lugar donde llevan a cabo las pruebas de antígeno y embarque en Lima, Huancayo e Interno Cerro de Pasco; pero esta información solo corresponde a la del jueves 2 de setiembre (no se precisa año); así como fotografías de la evaluación médica del personal (toma de pruebas) y de su traslado en bus. Sin embargo, al ser información con la que se pretende subsanar este extremo de la infracción, no se tiene información pormenorizada para conocer si se ha seguido estas acciones desde que se le notificó la medida de requerimiento. vi. La inspeccionada si bien sostiene que la zona de aislamiento anterior era el Campamento Rio Pallanga y que fue desactivado en setiembre de 2020, en este procedimiento, se le solicitó información respecto del Campamento Minero Arapa, respecto del cual no se ha demostrado si es la empresa le brinda el servicio de limpieza y desinfección; además, tampoco se ha brindado información del aforo de dicho campamento. La inspeccionada, con los descargos al Informe Final, solo brindó fotografías de habitaciones y servicios higiénicos para los pacientes observados y/o sintomáticos, en optimo estado de limpieza y desinfección para su uso, pero este aspecto no es exactamente lo que se ha solicitado conforme a lo antes expuesto. vii. Finalmente, sobre los hechos señalados en el literal e) del considerando 3.6 de esta resolución, se ha adjuntado imágenes de Reporte de Consumos del 24 al 28 de mayo de 2021 (solo dichos días se reflejan) que contiene información de la temperatura que se controló al ingreso del comedor de los trabajadores propios y de sus contratistas. Sin embargo, lo que se le ha solicitado a la inspeccionada es que se haya cumplido con la cantidad de veces de toma de temperatura diaria a los trabajadores comprendidos en el procedimiento en función a su nivel de riesgo a exposición a COVID-19, lo que no se refleja de dichas imágenes presentadas. viii. Si bien la inspeccionada remitió dentro del plazo otorgado documentación con la que pretendió dar cumplimiento en la medida inspectiva de requerimiento, revisando estos se desprende que la información que remitió no demostraba el levantamiento de todas las observaciones que le fueron notificadas para subsanar; por lo que al existir incumplimientos que aún subsisten, dicho incumplimiento resulta sancionable administrativamente. ix. La potestad sancionadora de la autoridad de primera instancia está reconocida en una norma con rango de ley, además que las infracciones analizadas se encuentran expresamente tipificadas como tales en el artículo 27.3 del artículo 27 del RLGIT, así como el numeral 28.7 del artículo 28 y el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, conforme al principio de tipicidad que amerita sanción ya que no fue desvirtuada, por lo cual no hay causal de nulidad.

x. Tampoco ninguno de los medios probatorios presentados en el recurso de apelación demuestra que la inspeccionada ha subsanado las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo sancionadas de forma anterior a la notificación de la imputación de cargos, por lo que no corresponde la aplicación de la condición eximente de responsabilidad.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 01 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1170-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Interpretación errónea del literal d) del artículo 50 de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, ya que se les sancionó sobre la base solo de un juicio valor sin que exista prueba o documento suficiente que acredite o evidencia ello, es así que se contempló dentro de su Plan Covid el procedimiento de entrega de las hojas MSDS según el nivel de riesgo para realizar la limpieza y desinfección de los ambientes de trabajo, y se entregó la documentación de la empresa que se encarga de la limpieza y desinfección en la unidad

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

minera quién también implementó su Plan Covid, contando con un cronograma de limpieza y desinfección y un protocolo para el tratamiento del personal contagiado, no habiendo cometido la supuesta infracción que se pretende atribuirles ya que se cumplió con lo establecido en la ley ii. Interpretación errónea del literal b) del artículo 68 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque se le imputó una supuesta omisión del deber de prevención frente al riesgo de exposición de COVID-19 sobre la base de un juicio valor, habiendo omitido valorar hechos y documentación fáctica aportada que demuestra que cumplieron con su deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores de todo el personal que labora y se desarrolla en sus instalaciones. iii. Interpretación errónea del artículo 77 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque se les sancionó por una supuesta omisión al deber de protección de todos los trabajadores que desempeñan funciones en sus instalaciones sobre la base de un juicio valor omitiendo los hechos y documentación fáctica que lo desacredita. iv. Interpretación errónea del artículo 9 de la Ley General de Inspección del Trabajo, dado que no se tomó en cuenta los documentos presentados con lo cual cumplió su deber a la función inspectiva, habiendo presentado documentación que acredita la ejecución de los procedimientos implementados no habiendo cometido la supuesta infracción.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo

9 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 10 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas; c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control; d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador;

“el empleador tiene, entre otras, las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (…) g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología” (énfasis añadido).

Sobre la vulneración al principio de tipificación

(i) Exige que la norma describa los elementos esenciales del hecho que califica como infracción sancionable, con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal (de acuerdo con el principio de taxatividad); y

(ii) En un segundo nivel -esto es, en la fase de la aplicación de la norma- la exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia no existe, ordinariamente por ausencia de algún elemento esencial, se produce la falta de tipificación de los hechos, de acuerdo con el denominado principio de tipicidad en sentido estricto9. (énfasis añadido).

“Artículo 28.- Infracciones muy graves de seguridad y salud en el trabajo Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 28.7 No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores y personas que prestan servicios dentro del ámbito del centro de labores”.11

“(..) el peligro debe ser concreto e inminente para la vida misma o para la salud del sujeto pasivo. Todo riesgo que no tenga estas connotaciones carece de relevancia para la presente figura delictiva, como sucedería si se verifica que el riesgo es leve o remoto”.12

“Cuando los niveles son tan deficientes que existe un riesgo inminente para la plantilla, un inspector puede ser autorizado a expedir en el acto un documento legal por el que se prohíbe la utilización de la maquinaria o la instalación en cuestión, o se detiene el proceso hasta que el riesgo haya sido plenamente controlado. Si el riesgo es de menor orden, los inspectores pueden expedir una notificación oficial exigiendo formalmente la adopción de medidas de mejora de la situación en un plazo determinado. Son acciones que constituyen un medio eficaz de optimizar con rapidez las condiciones de trabajo y, a menudo, una forma de ejecución preferible a los procedimientos judiciales, que pueden resultar incómodos y lentos para garantizar la aplicación de soluciones”13.

11 Énfasis agregado. 12 Salinas Siccha, Ramiro. Derecho Penal. Parte Especial. Quinta edición. Lima: Grijley, 2013, p. 268. 13 Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo (2022). Organización Internacional de Trabajo. Tomo II, capítulo 57. https://www.insst.es/tomo-ii - Énfasis agregado.

“La gravedad o magnitud de un riesgo de mide por la probabilidad de la producción del daño y por la severidad del mismo”.14

“La conjunción de esas dos notas: gravedad o magnitud (probabilidad del riesgo y severidad del mismo) e inminencia (inmediatez de su actualización) (…) El mecanismo autotutelar individual del trabajador (…) no debe encontrar aplicación si el riesgo es grave (probable y severo), pero no inminente, o si solo es inminente (de inmediata y segura producción), pero no grave (en lo que se refiere a su severidad, ya que la inminencia conlleva la alta probabilidad). Caso de acaecer dichas situaciones, diversas al riesgo que, de consumo, revista los caracteres de grave e inminente, las medidas a adoptar serán otras (…)15.

14 Cfr. Gonzales Ortega y Aparicio Tovar. Comentarios a Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales. Trotta, Madrid, 1996. Pp. 139. 15 Purcalla Bonilla, Miguel Angel. El derecho del trabajador a interrumpir su prestación y el abandono del lugar de trabajo. Revista de relaciones laborales, ISSN 1133-3189, Nº 6, 1998, págs. 209-222.

inocencia”16. Por ello, la importancia de que los inspectores de trabajo y la autoridad administrativa a cargo del procedimiento administrativo sancionador, en la evaluación de estos casos, consideren mediante los medios de investigación que recoge la LGIT y el RLGIT, recabar medios de prueba o indicios suficientes, que permitan la comprobación del supuesto de hecho que contiene el tipo infractor del numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT.

En lo referido al numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT que describe como conducta infractora: No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores y personas que prestan servicios dentro del ámbito del centro de laborales.

“(…) para tipificar la conducta de no cumplir los lineamientos del Plan Covid debe advertirse que concurra el riesgo grave e inminente, en tanto se advierta de manera

16 Citando al autor Miguel Carmona Ruano. 17 Organización Mundial de la Salud: “La enfermedad está provocada por el virus SARS-CoV-2, que se propaga de una persona a otra de varias formas diferentes. El virus puede propagarse a través de pequeñas partículas líquidas expulsadas por una persona infectada por la boca o la nariz al toser, estornudar, hablar, cantar o respirar. Las partículas tienen diferentes tamaños, desde las más grandes, llamadas «gotículas respiratorias», hasta las más pequeñas, o «aerosoles». - Los datos disponibles actualmente apuntan a que el virus se propaga principalmente entre personas que están en estrecho contacto, por lo general a menos de un metro (distancia corta). Una persona puede infectarse al inhalar aerosoles o gotículas que contienen virus o que entran en contacto directo con los ojos, la nariz o la boca. - El virus también puede propagarse en espacios interiores mal ventilados y/o concurridos, donde se suelen pasar largos periodos de tiempo. Ello se debe a que los aerosoles permanecen suspendidos en el aire o viajan a distancias superiores a un metro (distancia larga). - También es posible infectarse al tocar superficies contaminadas por el virus y posteriormente tocarse los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado las manos.” (https://www.who.int/es/news-room/questions-and answers/item/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted)

certera la existencia del riesgo grave e inminente para los trabajadores a consecuencia de incumplir las disposiciones del Plan”.

Sobre las conductas imputadas

considerarse ello como un “riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores y personas que prestan servicios dentro del ámbito del centro de labores".

“6.20. En efecto, en el marco del procedimiento de fiscalización y sancionador se deben obtener los indicios suficientes o elementos de convicción que permitan la comprobación de alguna infracción a las normas de trabajo que sean pasibles de sanción. Esto resulta necesario para poder sostener una imputación de responsabilidad administrativa al sujeto inspeccionado, para lo cual se deben agotar los medios conferidos por el TUO de la LPAG, la LGIT y el RLGIT, citados precedentemente” (resaltado agregado).

subjetivo y objetivo, ello en concordancia a lo dispuesto en los precedentes administrativos contenidos en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, N° 008-2023-SUNAFIL/TFL y N° 009-2023-SUNAFIL/TFL.

De la vulneración al principio del debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo

18 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

19 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. (…) d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. (…)

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa) (…).

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos

fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

20 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.52 El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

21 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tom0 V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549.

Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar haber realizado una Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control conforme a ley. Numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE: PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. en contra de la Resolución de Intendencia N° 1170-2022- SUNAFIL/ILM de fecha 08 de julio de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana,

dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 3658-2020- SUNAFIL/ILM por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 728-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 23 de agosto de 2021, en el extremo referido a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales tipificada en el numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT y la infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador en dicho extremo, conforme a lo señalado en los numerales 6.1 al 6.51 de la presente resolución. TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 728-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento en el extremo referido a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales tipificada en el numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT y la infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución. CUARTO. -Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.54 de la presente resolución.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA