Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C — Res. 1257-2025

Mediante Orden de Inspección N° 2259-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1021-2021-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por comisión de, entre otra, de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 14 de octubre de 2021.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 700-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, de fecha 22 de julio de 2022, notificado el 25 de julio de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 874-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, de fecha 17 de noviembre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Arequipa, la que mediante Resolución de Subintendencia N° 320-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 31 de marzo de 2023, notificada el 03 de abril de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/18,480.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 25 de abril de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 320-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 192-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 16 de agosto de 20232, la Intendencia Regional de Arequipa, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la sanción impuesta, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 07 de setiembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 192-2023- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 1545-2023- SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 14 de setiembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que LA EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 192- 2023-SUNAFIL/IRE-AQP, que confirmó la sanción impuesta de S/18,480.00 por la comisión, entre otra, de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 21 de agosto de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.

Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

Así, en la búsqueda del cumplimiento de la medida inspectiva, el inspector de trabajo le otorga al entonces inspeccionado un plazo razonable para su cumplimiento, tal como lo señalaba la entonces vigente “Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”9:

En similar sentido -y de manera referencial – la versión 2 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL, del 10 de agosto de 2021, mantiene el mismo enfoque al detallar los factores para el establecimiento del plazo de cumplimiento en el numeral 7.15.5.

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

En ese sentido, de la revisión de los actuados se observa que el inspector comisionado emite la medida inspectiva de requerimiento de fecha 14 de octubre de 2021 y otorga un plazo de seis (06) días hábiles a fin de que adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de relaciones laborales, con la debida advertencia de que el incumplimiento de requerimiento constituirá una infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, conforme se puede apreciar a continuación:

Así se verifica que, la medida inspectiva de requerimiento cumple con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que le son propios, en tanto que la subsanación de la infracción detectada, esto es, el pago de la remuneración básica de los trabajadores Armando Huaman y Rafhael Valeriano en montos iguales al salario básico mensual pagado a favor de los trabajadores Pedro Rosales y Alejandro Llica, exclusivamente por los periodos de agosto de 2017 a agosto de 2018, fue perfectamente acatable dentro del parámetro de tiempo otorgado por el inspector comisionado, esto es dentro del plazo de seis (06) días hábiles, considerando únicamente se trata de un periodo relativamente corto y de la diferencia existente entre el salario percibido por los primeros trabajadores, equivalente a S/1,012.00 soles y el de los trabajadores homologados, que ascendió a S/ 1, 514.00 soles, esto es, por un total de S/ 502.00 soles, monto que podía gestionarse y cancelarse dentro del plazo concedido, teniendo en cuenta que la inspeccionada es una entidad de derecho privado cuyas gestiones financieras y contables son por tanto de factible gestión dócil e inmediata. No es amparable el argumento de la demandada respecto a que era necesario realizar una serie de comprobaciones de las estructuras salariales, dado que no se le exigió efectuar una revisión o análisis salarial de un número amplio de trabajadores, sino respecto de dos de ellos, en un periodo de trabajo específico y en base a la comparación con otros dos trabajadores en concreto. No existía necesidad de mayor examen o investigación de las estructuras remunerativas.

Por otra parte, cabe invocar, lo dispuesto en el precedente administrativo de observancia obligatoria, contenida en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023-SUNAFIL/TFL, referida a los elementos de la medida de requerimiento se dispuso:

En el presente caso, en principio, conforme a lo dispuesto en Resolución de Sala Plena N° 009-2023-SUNAFIL/TFL, se verifica que la medida inspectiva de requerimiento satisface el ámbito subjetivo en su emisión, al individualizar a los trabajadores afectados (Figura N° 01), esto es, a Armando Huaman y Rafhael Valeriano. Asimismo, se corrobora también que la medida ha cumplido con el ámbito objetivo en su emisión, en tanto que ha identificado la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador y, además, ha cumplido con fijar las acciones concretas que debieron ser ejecutadas para revocar el reproche administrativo (el pago de la remuneración de los trabajadores afectados en montos iguales a los trabajadores Pedro Rosales y Alejandro Llica). Así se satisface la naturaleza de la medida de requerimiento, al tener por objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado; por lo que, su emisión ha respetado y observado el principio de legalidad y, por ende, como se ha aludido, también su proporcionalidad y razonabilidad, al amparo del artículo 14 de la LGIT; observando, además, lo dispuesto en el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT; en consecuencia, no se advierte ninguna afectación en su emisión. Obsérvese al respecto, la siguiente imagen:

Ahora bien, la inspeccionada alega con relación a este extremo, que la medida inspectiva de requerimiento analizada vulnera el principio de razonabilidad y es arbitraria por cuanto existieron elementos diferenciadores objetivos de la remuneración entre los trabajadores afectados y los trabajadores comparados. Al respecto, dado el pronunciamiento vinculante establecido en la Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL citada anteriormente, es propio recalcar que este Tribunal está vedado de pronunciarse sobre el análisis del fondo de la infracción que dio origen a la medida de requerimiento en tanto se trata de una infracción grave que cae fuera de su competencia. No obstante, es factible precisar que, de la revisión de la medida de requerimiento, como se ha señalado, se verifica que el inspector comisionado analizó los elementos diferenciadores que señala la inspeccionada, la antigüedad y la experiencia en el rubro, estableciendo las razones por las que estos criterios no eran válidos distinguidores salariales, dado que en el contrataste remunerativo de los trabajadores comparados con otros trabajadores incluidos en la investigación, verificará que estos últimos a pesar de ser más antiguos y contar más experiencia incluidos en la investigación, mantenían la misma remuneración que los comparados. Cumpliendo así con establecer las obligaciones incumplidas, respetando el principio de legalidad en la emisión de la medida inspectiva de requerimiento.

Por otra parte, con relación a la vulneración del principio de tipicidad porque la orden de inspección tenía por materia la discriminación salarial y no la afectación a las relaciones laborales u otras, es preciso señalar que las infracciones están organizadas en el RLGIT según la materia a la que pertenecen, de manera que, la infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, constituye una infracción a la labor inspectiva, no existiendo yerro en la tipificación. Asimismo, sobre el quebrantamiento de la presunción de licitud, la inspeccionada precisa que la medida inspectiva de requerimiento efectúa una determinación anticipada de infracción y que no se cometió una omisión de la misma, sino que cumplió con presentar su posición. Sobre ello, es importante remarcar que si bien el inspector utiliza las facultades que legislativamente le han sido concedidas para cumplir con la finalidad de su función, corroborando el cumplimiento de las obligaciones de trabajo que fueron materia de investigación, la imposición de sanciones ocurre con el procedimiento administrativo sancionador instaurado posteriormente, en el cual el inspeccionado ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradecir las acusaciones efectuadas, las cuales al no haber sido satisfactoriamente desvirtuadas, han sido confirmadas por instancias previas y son analizadas por el presente Tribunal.

De este modo, se corrobora que al haber sido expedida la medida inspectiva de requerimiento del 14 de octubre de 2021, en respeto a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, cumpliendo con los ámbitos y elementos que este Tribunal ha analizado en base a los precedentes que anteriormente se han citado, se verifica que los motivos que sustentan la responsabilidad administrativa de la inspeccionada, en cuanto a la tipificación de la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir dentro del plazo otorgado con la medida de requerimiento, han superado el estándar de la prueba más allá de toda duda razonable y, asimismo, la presunción de licitud. No existiendo afectación en ese sentido, por lo que corresponde confirmar la imposición de la infracción a la labor inspectiva materia de impugnación.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala que:

Por otro lado, el Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto, respecto de la debida motivación de las resoluciones.

El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo criterios jurisprudenciales que deben ser tenidos en cuenta por quienes deban administrar justicia, al momento de resolver, de acuerdo al artículo VII del Código Procesal Constitucional11. A este entender, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA, estableció una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señalando, además, lo siguiente:

Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material12.

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo. (énfasis añadido).

Además, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 08 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Subintendencia N° 320-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, como la Resolución de Intendencia N° 192-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación. Es más, sobre la resolución emitida por la instancia de apelaciones, se puede observar que los cuatro elementos antes referidos sobre el deber de motivación conforme al expediente 349-2021-PA/TC, pueden ser satisfactoriamente comprobados; toda vez que, de la resolución impugnada, se verifica que se han absuelto todos los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción.

Por lo tanto, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, pues, no se verifica vulneración alguna al debido procedimiento ni al deber de motivación, no correspondiendo acoger dichos extremos del recurso de revisión.

Con relación a lo alegado por la impugnante, es preciso traer a colación al artículo 38 de la LGIT, que establece los tipos de sanciones y criterios de la graduación de las sanciones,

En ese sentido, en el artículo 47 del RLGIT, se dispuso además de los criterios de graduación señalados en la LGIT, que la determinación de la sanción debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad según lo dispuesto por el artículo 246 numeral 3) del TUO de la LPAG13. Considerando ello, en la resolución de primera instancia, al momento de realizar la imposición de la sanción de multa se realizó el juicio valorativo respectivo y se aplican los artículos pertinentes del marco normativo establecido. Cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora ni Intendencia puedan imponer o ajustar el monto de la multa a un valor distinto. Por lo tanto, no es procedente el argumento de la impugnante en este extremo, ya que ni en la resolución impugnada ni en la de primera instancia, existe una omisión o vulneración al principio de razonabilidad y proporcionalidad, habiéndose fijado las sanciones aplicando lo previsto en los artículos 47° y 48° del RGLIT.

La inspeccionada alega que actualmente se encuentran en trámite casos afines en etapa sancionadora o en acción contenciosa administrativa donde se mencionan a los mismos trabajadores afectados. Así, hace referencia a los procedimientos tramitados a partir de la Orden de Inspección N° 1163-2019-SUNAFIL/IRE-AQP, la Orden de Inspección N° 11-2021- SUNAFIL/IRE-AQP y la Orden de Inspección N° 964-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, precisando que la primera se encuentra en trámite judicial en proceso contencioso administrativo.

Al respecto, primero, sobre el caso en trámite judicial, corresponde invocar el artículo 75° del TUO de la LPAG que dispone lo siguiente:

Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio. La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, aun cuando no medie apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es comunicada al Procurador Público correspondiente para que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, se apersone al proceso”.

Estando a ello, para que proceda la inhibición en sede administrativa, resulta indispensable que concurran los siguientes presupuestos: i) una cuestión contenciosa suscitada entre dos particulares dentro de un procedimiento administrativo, ii) que la cuestión contenciosa verse sobre relaciones de derecho privado, iii) la necesidad objetiva de obtener el pronunciamiento judicial previo para para poder resolver el asunto planteado ante la Administración, y iv) identidad de sujetos, hechos y fundamentos14.

Teniendo en cuenta ello, se puede observar que la inspeccionada no brinda mayores datos sobre el número de expediente que correspondería al trámite de la controversia símil en vía judicial, a fin de que contrastar el cumplimiento de los presupuestos mencionados. Adicionalmente, en el propio recurso de revisión, se precisa que los trabajadores afectados en el procedimiento que se originó por la Orden de Inspección N° 1163-2019-SUNAFIL/IRE- AQP, serían Alex Altamirano, Tomy Montoya y Manuel Ponce, los cuales, sin embargo, no son los trabajadores afectados en el presente procedimiento ni tampoco formaron parte de la investigación conforme consta en el Cuadro N° 01 del numeral 4.3 de los Hechos Constatados en el Acta de Infracción. Por lo que, no concurren los presupuestos establecidos en el artículo 75° del TUO de la LPAG para declarar la inhibición de la Administración ni para suspender el presente procedimiento administrativo sancionador, al no verificarse estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos entre la causa judicial y el procedimiento inspectivo-sancionador.

Por otro lado, con relación a los procedimientos derivados de la Orden de Inspección N° 11- 2021-SUNAFIL/IRE-AQP y la Orden de Inspección N° 964-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, no es claro el vicio denunciado al respecto por parte de la inspeccionada en el recurso de revisión, no obstante, atendiendo a la identidad que alega en la materia y en los trabajadores afectados, es preciso señalar que respecto a la acumulación de los referidos expedientes, es importante hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 160 del TUO de la LPAG; así, se tiene lo siguiente:

En la Resolución de Sala Plena N° 015-2024-SUNAFIL/TFL, se estableció respecto a la acumulación de procedimientos en el ámbito del sistema de inspección de trabajo, con carácter de precedente vinculante, lo siguiente:

Atendiendo a lo descrito precedentemente, para identificar un supuesto de acumulación en los procesos a cargo del sistema de inspección de trabajo, es necesario determinar la concurrencia copulativa de los siguientes elementos en los expedientes

De lo citado, se entiende que la acumulación de procedimientos que cumpla los requisitos establecidos anteriormente tiene el propósito de que se les tramite en un mismo expediente de manera agregada y simultánea y concluyan en un mismo acto administrativo, evitándose traslados, notificaciones, simplificando la prueba y limitando los recursos. Es la solución adecuada al principio de celeridad para aquellos casos que guarden conexión por el administrado partícipe o por la materia pretendida.

Para el presente caso, se verifica del estado de las ordenes inspección detalladas por el sujeto inspeccionado, que el procedimiento gestado por ellas se encuentra en etapa inspectiva y que se habrían emitido sendos Informes de Actuaciones Inspectivas, mediante los cuales no se habría advertido la comisión de infracción por parte de la administrada. Siendo así, a pesar de que las materias de inspección y los sujetos afectados tengan similitud, no es factible la acumulación pues el trámite en Orden de Inspección N° 11-2021- SUNAFIL/IRE-AQP y en la Orden de Inspección N° 964-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, se mantuvo y agotó en la etapa inspectiva, sin aperturarse algún procedimiento sancionador contra el impugnante. Por estas razones, se desestiman los argumentos de la inspeccionada en este extremo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.