Electro Sur Este S.A.A — Res. 75-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Registro de accidente de trabajo e incidentes), Sistema de gestión de SST en las empresas (Sub materia: incluye todas). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 1.3. De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1641-2021-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 31 de agosto de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 5 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 916-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 28 de septiembre de 2021, notificada el 30 de septiembre de 20212, multo a la impugnante por la suma de S/ 9,450.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo por no acreditar haber efectuado la coordinación y/o vigilancia, supervisión efectiva a la empresa contratista sobre el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, lo cual constituye causa del accidente de trabajo, ocurrido el 15 de octubre del 2018, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

Del Recurso De Revisión

2 Véase folio 82 del expediente sancionador. 3 Notificada a la impugnante el 08 de julio de 2022. Véase folio 111 del expediente sancionador.

contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”4.

III. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 01 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1147-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Indica que, existe una indebida interpretación del deber de vigilancia de la empresa principal de conformidad con el artículo 68 literal d) de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ii. Agrega que la Intendencia ha aplicado erróneamente la infracción prevista en el artículo 28.10 del RLGIT, toda vez que, incluso en el supuesto negado de que hubiera una falta al

4 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR. deber de vigilancia, esta de ninguna manera constituiría la causa adecuada, directa y determinante del accidente de trabajo. Empero, en ningún caso, una falta al deber de vigilancia adecuadamente aplicado es la causa directa, determinante, habitual, regular o cotidiana de un accidente de trabajo; máxime cuando -por las circunstancias concretas del accidente de trabajo- era su propio empleador ARCE quien debía garantizar las condiciones de seguridad de la actividad de su personal y que estos siguieran el procedimiento de seguridad debido.

iii. Así, la imputación de esta infracción supone la inaplicación del principio de tipicidad, de culpabilidad y de razonabilidad.

iv. La inaplicación del principio del debido procedimiento, por falta de motivación.

v. Señala que, el lugar del accidente de trabajo no está dentro del dominio de la Empresa, ya que, el accidente ocurrió, en la vía pública, lo que no constituye un centro de trabajo de ELECTRO SUR ESTE. Cabe recordar que las líneas eléctricas de distribución se extienden por más de 8 kilómetros a nivel nacional, lo que evidentemente no puede ser considerado el centro de trabajo de su representada. Por lo tanto, y si bien su representada exige a sus contratistas que garanticen y evidencien el cumplimiento a sus deberes de SST, el tipo legal que le presente aplicar a Electro SUR ESTE no puede suponer un deber de control efectivo del cumplimiento de la contratista de las condiciones de seguridad y salud durante la ejecución de sus servicios, si es que estos se realizan en la calle -un espacio ajeno y público sobre el cual no tiene presencia continua la empresa principal-.

vi. Así, la empresa cumplió plena y adecuadamente con su deber de vigilancia general respecto de la normativa de SST respecto de su contratista ARCE, dentro de los parámetros de razonabilidad que permite la naturaleza de los servicios que ARCE presenta.

vii. Inaplicación de una norma de derecho laboral: los artículos II y IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG y el artículo 44 de la LGIT, toda vez que la Resolución de Intendencia ha omitido toda y cualquier referencia a justificar (i) la amplitud del deber de vigilancia de la Empresa principal en el caso concreto en el cual el accidente ocurrió en la calle y (ii) la inexistencia de una causa adecuada, directa y determinante entre tal supuesta falta al deber de vigilancia y el accidente de trabajo.

viii. Así, en el caso concreto, incluso si se determinase falta alguna, las condiciones del servicio realizado por ARCE no admitiría la aplicación automática de una infracción pues ello no resulta razonable considerando los hechos del caso. Empero, reiteramos, en la Resolución de Intendencia se omite toda referencia o justificación relacionada a los alcances del deber de vigilancia en atención al lugar en que ocurrió el accidente de trabajo y a los alcances del tipo de contratación.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo.

3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”5.

5 Morón Urbina, J.C. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 14va Ed., Tomo 2, pp. 538 – 539. Resolución), tenía hasta el 29 de septiembre de 2021 para emitir y notificar la resolución de sanción.

Figura N° 01: Línea de Tiempo

autoridad competente conforme al Sistema, en caso la infracción no hubiera prescrito, evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra ELECTRO SUR ESTE S.A.A. recaído en el expediente sancionador N° 1543-2020-SUNAFIL/ILM, de la Intendencia de Lima Metropolitana, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución, disponiendo su archivo.

SEGUNDO. - Notificar la presente resolución a ELECTRO SUR ESTE S.A.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

TERCERO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

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