Ejmac E.I.R.L — Res. 1074-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones, Pago de remuneración [sueldos y salarios]); Bonificación no remunerativa (Sub materia: Incluye todas); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades).

Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 09/11/2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 15/11/2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

i. La impugnada no aplica, de manera correcta, lo establecido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, colegiado quien mediante Sala Plena emitió la Resolución de Sala Plena N° 002-2023-SUNAFIL/TFL. En el presente caso, no se ha tenido conocimiento ni previo ni simultaneo de las notificaciones de los requerimientos de información vía casilla electrónica y, como consecuencia, no se presentó la información requerida. Por tanto, las notificaciones no resultan válidas conforme lo ha establecido el precedente antes citado. Además, no resulta válida la notificación pues no se ingresó a la casilla electrónica ni previa ni simultánea a los requerimientos de información, esto es, no se tuvo conocimiento de estos requerimientos. ii. Que, la Subintendencia de Sanción de la IRE La Libertad, mediante Resolución de Subintendencia N° 265-2023-SUNAFIL/IR-LL-SISA, ha adoptado el criterio y precedentes antes invocados y ha procedido a declarar no ha lugar la propuesta de multa contenida en el acta de infracción. Por tanto, resulta incongruente que, en la misma intendencia regional, frente a dos casos idénticos, mismas propuestas de multas, el sub intendente de sanción difiera y se pronuncie de manera distinta. iii. Que, como se viene señalando resulta ilegal, abusivo y arbitrario sancionar a los administrado cuanto estos no han tenido conocimiento de los requerimientos emitidos por los inspectores mediante casilla electrónica, ya que, si bien puede existir una obligación de revisar la casilla electrónica por parte de los usuarios, lo real y concreto es que no se tuvo conocimiento de la notificación. Por tanto, si la notificación, sea por cualquier medio (incluye la casilla electrónica) no cumple esta finalidad, no resulta razonable que se imponga sanción administrativa, incurriéndose en exceso de punición, acto prohibido por resultar un “vicio de nulidad del acto administrativo”.

i. Ante lo alegado por la administrada, se debe señalar que las faltas por las cuales se le está sancionando son por la negativa (o no responder) los requerimientos de información de fechas 09.11.2022 y 15.11.2022. Al respecto, la administrada señala que no resulta válido que se le sancione debido a que no ingresó ni previa ni simultánea a los requerimientos de información. Sin embargo, esto resulta incoherente, debido a que la administrada ya había respondido un primer requerimiento de fecha 18.10.2022, de fecha anterior a los requerimientos que se le imputa; con ello se convalida que, efectivamente, la administrada si tenía conocimiento de los requerimientos de información y de las actuaciones inspectivas que se venían realizando, tal y como se verifica en el print de pantalla que se adjunta en la citada resolución. ii. Como se comprueba, la administrada ya había ingresado a la casilla electrónica y contestado al primer requerimiento de información, por lo que no puede alegar que no ingresó a casilla previo al segundo y tercer requerimiento por los cuales se le está sancionando, y más aún cuando ha sido alertada correctamente por el inspector comisionado. Prueba de ello son las alertas que han sido enviadas a los contactos registrados por la administrada, tal y como se verifica en el print de pantalla que se adjunta en la citada resolución. iii. En ese sentido, lo sustentado por la administrada carece de fundamento, ya que se ha comprobado que, efectivamente, sí ha tenido conocimientos de los requerimientos de información, así como ha tenido ingresos previos a los dos requerimientos de información por el cual se le multa. iv. Sobre la Resolución de Subintendencia N° 265-2023-SUNAFIL/IR-LL-SISA, la misma es totalmente distinta al caso tratado en el presente procedimiento sancionador, ya que en la señalada se declaró “no ha lugar”, debido a que no se habían enviado las alertas correspondientes a las impugnantes. Asimismo, se verificó que la inspeccionada tuvo como primer acceso a su casilla electrónica recién en fecha 08/07/2022, esto es, con fecha posterior al vencimiento de los plazos de los requerimientos de información que fueron remitidos con fecha 18/05/2022 y 30/05/2022. Esto resulta ser totalmente distinto al presente caso ya que, como se ha comprobado en el punto 12 de la resolución de segunda instancia, la administrada si ha tenido conocimiento de la casilla electrónica, así como también se le han enviado las alertas correspondientes a los datos de contacto que registró, motivo por el cual lo argumentado por la administrada carece de fundamento válido al impugnar de que se trata de un caso “idéntico”.

2 Notificada a la impugnante el 24 de julio de 2023, conforme se observa a folios 53 del expediente administrativo sancionador.

v. La administrada en todo momento tuvo conocimiento de las actuaciones inspectivas, a través de las alertas correspondientes y de la notificación válidamente notificada siendo que, además, se comprueba que la administrada ha respondido el tercer requerimiento por el cual se le sanciona, tal y como se verifica en el print de pantalla que se adjunta a la resolución.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE EJMAC E.I.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 14 de agosto de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 244-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. El procedimiento se encuentra viciado puesto que, por un lado, en la resolución de sub intendencia se emite un cuadro con el cual se quiere establecer que la impugnante tuvo conocimiento de las notificaciones previamente. Sin embargo, del mismo cuadro que se expone, no se acredita dicho fundamento pues, por un lado, el cuadro en mención sostiene accesos a otros expedientes llevados a cabo en el 2021, y la orden materia de controversia es del año 2022, y los hechos datan del mes de noviembre del 2022. ii. Además, en la resolución de intendencia se consigna un cuadro donde se expone que la impugnante si tuvo acceso a la notificación de fecha 09 de noviembre del 2022, porque había respondido a una notificación del mes de octubre del 2022. Sin embargo, no se verificó si la mencionada notificación de requerimiento, de fecha 09/11/2022, había cumplido su finalidad para que tenga validez, esto es, que el notificado o usuario haya tenido conocimiento. Así, se imaginó que, como en octubre del 2022 ya se había respondido a otro requerimiento, el del 09/11/22 se presumía que ya lo conocía. Dicho fundamento no resulta legal ni razonable porque no se puede multar por presunciones sino por verdades comprobadas. Y más aún,

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

como se ve del acta de infracción, se ha multado por no cumplir con el requerimiento de información de fecha 15 de noviembre de 2022, cuando del cuadro que se expone se advierte que el empleador si respondió. iii. Si bien la impugnada toma en cuenta el precedente, sin embargo, no aplica de manera correcta lo establecido por el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución de Sala Plena Nº 002-2023-SUNAFIL/TFL, donde estableció precedentes vinculados con la notificación de los requerimientos de información a la casilla electrónica. iv. El precedente hace referencia solo al requerimiento de información que fue objeto del procedimiento de inspección, por lo que se descarta el ingreso a otro procedimiento o a otros requerimientos que haya realizado Sunafil. De este modo, lo que se tiene que identificar es si, respecto del requerimiento de información de fecha 09/11/2022, la impugnante tuvo conocimiento, hecho que no ha sucedido. Por otro lado, respecto del requerimiento de información de fecha 15/11/2022, es contradictorio porque se sanciona por no haber contestado el requerimiento cuando, del cuadro expuesto en la misma resolución, se observa que la impugnante sí respondió. v. Las notificaciones no resultan válidas y, por tanto, no resultan eficaces pues éstas resultan válidas si la fecha de ingreso del administrado, a la casilla electrónica, fue previa o simultánea al requerimiento de información. Así, el acceso tuvo que ser de manera simultánea, pero respecto del requerimiento de información que fue objeto del procedimiento sancionador, no de otra orden o trámite de otro procedimiento sancionador. vi. Se ha cometido un exceso de punición, toda vez que se ha aplicado una sanción más allá de los estándares de la razonabilidad. Así, en el caso de la Resolución de Subintendencia N° 265-2023-SUNAFIL/IR-LL-SISA, de fecha 06 de marzo de 2023, se procedió a declarar no ha lugar la propuesta de sanción en un caso similar, resultando incongruente que la misma intendencia regional, se pronuncie de forma distinta en dos casos similares. Por tanto, se advierten los vicios de la resolución impugnada. vii. El Tribunal de Fiscalización Laboral, ha corregido el pronunciamiento emitido por la sub intendencia e intendencia de La Libertad, conforme se ha señalado en la viii. Se vulneran los principios de legalidad, debido procedimiento y derecho a la defensa, debiendo declararse la nulidad de la resolución impugnada.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

10 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…). 11 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas

se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”12.

Figura N° 01:

Figura N° 02:

o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 12 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421. 13 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

 En el sistema de esta administración obra el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 09 de noviembre de 2022; y, además, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, con lo cual se deja constancia de la notificación del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura N° 03:

 En el sistema de esta administración obra el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 15 de noviembre de 2022; y, además, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, con lo cual se deja constancia de la notificación del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura N° 04:

Figura N° 05:

Figura N° 06:

“15. De esta manera, en la formulación de actas de infracción y en su calificación posterior, deberá observarse que, cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación, deberá imputarse la infracción prevista en el artículo 45.2 del RLGIT. En cambio, cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización, la tipificación invocable será la del artículo 46.3 del RLGIT.

16. Para la aplicación de este criterio, siempre será determinante el examen de la motivación que consta en el Acta de Infracción, que debe ser no sólo puntual y concisa, sino también suficiente, para poder concluir que la conducta del administrado constituye una falta al deber de colaboración de acuerdo al artículo 45.2 del RLGIT, o al artículo 46.3 del RLGIT, según se haya acreditado en el procedimiento” (énfasis añadido).

14 En virtud del artículo 22 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-TR, establece la obligatoriedad de los pronunciamientos interpretativos del TFL, por ser precedentes vinculantes de observancia obligatoria.

posible verificar el cumplimiento de las materias de la orden de inspección. De este modo, es correcto afirmar que el inspector de trabajo ha cumplido con sustentar los supuestos de hecho que configuran el tipo para el presente caso, quedando acreditado los supuestos conforme la resolución de sala plena descrita en el párrafo precedente. De este modo, existe el sustento fáctico para la determinación de la responsabilidad efectuada por la autoridad de primera instancia y confirmada en la resolución venida en grado. (énfasis añadido)

“13. En ese sentido, reconociendo la discrepancia existente (la que habría de resolverse en cuanto haya más Salas del TFL implementadas), la Primera Sala mínimamente ha consensuado un supuesto de responsabilidad administrativa: si, luego de la consulta con la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, se identifica que la fecha de ingreso del usuario de la casilla electrónica (entiéndase, el administrado) es previa o simultánea al requerimiento de información que fue objeto del procedimiento sancionador y el usuario no cumplió con registrar sus datos de contacto respectivos (a través de los cuales se depositarían las alertas complementarias a la notificación por vía de la casilla electrónica).

14. En tal supuesto, resulta procedente la sanción por incumplimiento del requerimiento o de los requerimientos de información que se hubieren depositado en la casilla electrónica. De esta forma, es factible la sanción encausada por el inciso 46.3 del artículo 46 del RLGIT contra el administrado que, por omisión culposa, deja de registrar el contacto respectivo en la casilla electrónica, impidiendo de esa forma la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR” (énfasis añadido).

inspección del trabajo. Por tanto, la existencia de un escrito no enerva su responsabilidad dado que el mismo no prueba que se remitió la información solicitada por el inspector de trabajo a fin de cumplir con el objeto de la inspección.

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

finalidad pública y procedimiento regular. Finalmente, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante, debiendo desestimarse los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva Negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 09/11/2022. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva Negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 15/11/2022. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por EJMAC E.I.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 244-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 20 de julio de 2023, emitida por Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1290-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 244-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a EJMAC E.I.R.L., y a Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250820RZR HR 154806-2022