EFE Automotriz Sociedad Anónima — Res. 1170-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Seguridad social (Sub materia: Informar a la administradora de fondos de pensiones los casos de suspensión perfecta y del cese o retiro del trabajador); y, Declaración y pago de la seguridad social). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con enviar la información solicitada por la inspectora auxiliar comisionada mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica del inspeccionado, en fecha 30 de setiembre de 2021, cuya fecha máxima de entrega fue el 12 de octubre de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,012.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con enviar la información solicitada por la inspectora auxiliar comisionada mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica del inspeccionado, en fecha 19 de octubre de 2021, cuya fecha máxima de entrega fue el 22 de octubre de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,012.00.

i. Alegan que en las fechas de depósito de los requerimientos de información no recibieron las alertas de notificación por correo electrónico u otro medio más directo, pues las notificaciones llegaron directamente a la casilla electrónica.

ii. Precisan que, con posterioridad a las mencionadas notificaciones, accedieron a la casilla electrónica como medio de verificación causal, y se dieron con la sorpresa de la existencia de requerimientos de información, situación que conllevó a consignar un correo electrónico directo para evitar contingencias futuras y recibir notificaciones de la autoridad.

iii. Sostienen que, evidentemente, al no haber recibido las alertas de notificación, tampoco tuvieron la oportunidad de presentar la información requerida dentro del plazo concedido. Prácticamente, con la multa que se les está imponiendo, se está vulnerado el derecho de defensa, el debido procedimiento y principios contenidos en la Ley N° 27444. Por lo que, solicitan evaluar la imposición de la sanción, tomando en cuenta las circunstancias del caso.

i. Del Sistema de Búsqueda de Notificaciones y Alertas, se puede verificar que el administrado no recibió las alertas de los depósitos de los requerimientos de información en fechas 12 y 22 de octubre de 2021, ello a razón de que registró su correo electrónico y número de contacto para recepcionar las alertas en fecha posterior a los depósitos de cada documento, esto es, 18 de enero de 2022.

ii. No obstante, en atención al precedente vinculante emitido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, a través de la Resolución de Sala Plena N° 002-2023- SUNAFIL/TFL, referido al literal A) “Criterios mínimos sobre notificación en casilla electrónica: el caso del empleador que accedió a este instrumento antes durante la fiscalización laboral”.

iii. Asimismo, de la búsqueda realizada por la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Sunafil, sobre el Listado de Accesos a la Casilla Electrónica de la empresa, se tiene que ingresó a la casilla electrónica de forma previa a los dos requerimientos de información que fueron objeto de procedimiento sancionador, esto es, el 09 de agosto de 2021, con lo cual resultaría procedente la sanción por incumplimiento de los requerimientos de información.

iv. En efecto, se advierte que el administrado tuvo conocimiento previo y oportuno de los requerimientos de información, hecho que, en concordancia con el precedente vinculante emitido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, a través de la Resolución de Sala Plena N° 002-2023-SUNAFIL/TFL, resulta factible las infracciones previstas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

v. Siendo ello así, ha quedado evidenciada la negativa de la inspeccionada de entregar información requerida al inspector comisionado ante ellos requerimientos de información, la cual se traduce en dos incumplimientos al deber de colaboración que frustró la realización de la labor inspectiva en forma idónea, por la ausencia de información que debió ser presentada ante el inspector comisionado.

2 Notificada a la impugnante el 15 de febrero de 2023, véase folio 62 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Efe Automotriz Sociedad Anonima

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 08 de marzo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 034-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que, las cartas de requerimiento de información depositadas con fechas 19 de octubre y 30 de setiembre de 2021 en la casilla electrónica fueron descargadas el día 18 de enero de 2022, fecha en que se tomó conocimiento de su contenido y notificación. Es decir, en las fechas de depósito de los requerimientos de información, no recibieron las alertas de notificación de Sunafil por correo electrónico u otro medio más directo.

ii. Alegan que existe una aplicación e interpretación errónea del artículo 20 del TUO de la LPAG, pues la Intendencia Regional del Callao cita en el considerando 3.1 de la resolución, a dicho artículo, como para dar a entender que la notificación vía casilla electrónica se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida.

iii. Al respecto, señalan que lo que hace la entidad es citar una parte del artículo y le da una interpretación errónea, pues la correcta interpretación es que la notificación

vía casilla electrónica surte efectos el día que conste haber sido recibida. Y la recepción de la notificación no se dio en el presente caso, exactamente en la fecha de depósito, sino en la fecha de descarga de los requerimientos de información. Además, en ese mismo artículo, en el numeral 20.4 establece que, el administrado que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica, puede ser notificado a través de ese medio, siempre que haya dado su autorización expresa para ello, lo cual no se cumple en este caso.

iv. Por otro lado, sostienen que no se estaría aplicando correctamente el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, que dispone en su segundo párrafo que, la Sunafil comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica, a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería.

v. Manifiestan que no recibieron las alertas de notificación, dirigida a algún contacto directo, por ello, no contaron con la oportunidad de responder y cumplir con los requerimientos de información dentro de los plazos concedidos.

vi. Precisan que en el considerando 3.4 de la resolución, la entidad indica que está de acuerdo con que el administrado tiene derecho a recibir una alerta que le indique la existencia del depósito de los documentos en su casilla electrónica y que la omisión vulnera su derecho de defensa, al no tener conocimiento, previo y oportuno, de los actos que le pudieran afectar.

vii. Aducen que no tuvieron conocimiento de los requerimientos de información de fechas 30 de setiembre y 19 de octubre de 2021, por lo que, se estaría vulnerando su derecho de defensa.

viii. Considerando el numeral 3.8 de la resolución, cabe precisar que sí el sistema registra el 09 de agosto de 2021 como fecha de ingreso a la casilla electrónica, existe la posibilidad de que ingresaron en dicha fecha; no obstante, no existía notificación alguna de requerimiento de información, y si no se ingresaron los datos necesarios, probablemente no se tenía la suficiente información de la obligatoriedad del registro de datos; sin embargo, ello no justifica la vulneración al derecho de defensa.

ix. Señalan que, si bien la Intendencia se ampara en el precedente vinculante emitido por el Tribunal de Fiscalización Laboral (Resolución de Sala Plena N° 002-2023- SUNAFIL/TFL), en el mismo precedente, en el numeral 15, el Tribunal precisa que la adopción del criterio fijado no sella el debate vigente sobre la casilla electrónica existente en la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral, pues el Tribunal

analizó previamente la validez de las notificaciones por casilla electrónica en contraposición con el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador.

x. Consideran lo irrazonable de la obligatoriedad de revisar cada día la casilla electrónica por si llegara alguna notificación, porque lo más efectivo es recibir una notificación directa al correo electrónico, y se convierte en más razonable aún cuando hay de por medio el otorgamiento de plazos cortos para cumplir con los respectivos requerimientos.

xi. Invocan la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 8957-2006-PA/TC, referida a poder ejercer el derecho de defensa. Así como la notificación, al considerar que, mientras que los administrados no reciban la alerta que la Administración se ha comprometido a enviarles, su derecho de defensa podría verse vulnerado (…).

xii. Refieren que, al no haber recibido las alertas de notificación, no tuvieron la oportunidad de presentar la información requerida dentro del plazo concedido; por tanto, con la multa que se les impone, se está vulnerando su derecho de defensa, debido procedimiento y principios contemplados en el TUO de la LPAG; tales como el principio de buena fe procedimental.

xiii. Solicitan dejar sin efecto la resolución y evaluar la imposición de la sanción, tomando en cuenta los principios que dispone el TUO de la LPAG, en favorecimiento del administrado.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la aplicación de las disposiciones vigentes y el principio de razonabilidad como manifestación de la proporción de los medios y fines que persigue la Administración Pública del Trabajo

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación (artículo 6, primer párrafo). c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (artículo 6, segundo párrafo). d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (artículo 8.1). e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (artículo 11.1)

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es

9 Consúltese en el enlace alojado en la cuenta de YouTube de SUNAFIL: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, del 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s

el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”.10

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

“28. Ahora bien, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios garantizan presupuestos materiales que todo procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como constitucional”.

10 PANIAGUA CORAZAO, Valentín (1987). “La publicidad y publicación de las normas del Estado. (El caso de los decretos supremos no publicados)” En Themis núm. 6, p. 18.

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva y los requerimientos de información

11 TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8. 12 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad

“13. En ese sentido, reconociendo la discrepancia existente (la que habría de resolverse en cuanto hayan más Salas del TFL implementadas), la Primera Sala mínimamente ha consensuado un supuesto de responsabilidad administrativa: si, luego de la consulta con la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, se identifica que la fecha de ingreso del usuario de la casilla electrónica (entiéndase, el administrado) es previa o simultánea al requerimiento de información que fue objeto del procedimiento sancionador y el usuario no cumplió con registrar sus datos de contacto respectivos (a través de los cuales se depositarían las alertas complementarias a la notificación por vía de la casilla electrónica) (énfasis añadido). 14. En tal supuesto, resulta procedente la sanción por incumplimiento del requerimiento o de los requerimientos de información que se hubieren

administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

depositado en la casilla electrónica. De esta forma, es factible la sanción encausada por el inciso 46.3 del artículo 46 del RLGIT contra el administrado que, por omisión culposa, deja de registrar el contacto respectivo en la casilla electrónica, impidiendo de esa forma la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR (énfasis añadido).

- A folio 9, el documento denominado “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOCIOLABORALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, de fecha 30 de setiembre de 2021, en la que se precisa que su incumplimiento constituirá infracción a la labor inspectiva sancionable con multa; y, a folio 11, la “CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN VÍA CASILLA ELECTRÓNICA”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 30 de setiembre de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura N° 01

- Asimismo, a folio 14, el documento denominado “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOCIOLABORALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, de fecha 19 de octubre de 2021, en la que se precisa que su incumplimiento constituirá infracción a la labor inspectiva sancionable con multa; y, a folio 15, la “CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN VÍA CASILLA ELECTRÓNICA”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 19 de octubre de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura N° 02

Figura N° 03

momento y oportunidad le fue solicitada a través de los requerimientos de información de fecha 30 de setiembre y 19 de octubre de 2021, incurriéndose en la vulneración a la labor inspectiva, prevista y tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento administrativo 6.24. Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva No cumplir con enviar la información solicitada por la inspectora auxiliar comisionada mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica del inspeccionado, en fecha 30 de setiembre de 2021, cuya fecha máxima de entrega fue el 12 de octubre de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir con enviar la información solicitada por la inspectora auxiliar comisionada mediante requerimiento de información notificado a la casilla electrónica del inspeccionado, en fecha 19 de octubre de 2021, cuya fecha máxima de entrega fue el 22 de octubre de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por EFE AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 034-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 13 de febrero de 2023, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 846-2021- SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 034-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a EFE AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA, y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20241204MCR – HR 48666-2023