Ecosac Agrícola S.A.C — Res. 7-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones y horas extras), y, Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas). CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración vacacional del periodo 2018-2019 (13/03/2018 al 13/03/2019), y las vacaciones truncas del periodo 14/03/2020 al 30/06/2020, con los correspondientes intereses legales, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de las horas extras laboradas en los meses de enero, febrero y junio de 2018, enero, julio, octubre y diciembre de 2019; y febrero y marzo de 2020, con los correspondientes intereses legales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar contar con un registro de control de asistencia, conforme a ley, tipificada en el numeral 23.7 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,118.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento adoptada con fecha 14/12/2020, verificándose el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento el día 21/12/2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

2 Véase folio 73 del expediente sancionador. 3 Véase folio 108 del expediente sancionador.

i. Indica que, en su escrito de descargos no han adjuntado correctamente la constancia de depósito realizado el 14.06.2022 a través del Banco de Crédito del Perú, con el que acredita el pago por concepto de reintegro de horas extras por el importe de S/. 1,059.42 a Requena Flores Ruth María como heredera del extrabajador Jiménez Carrión. Por lo tanto, solicita se proceda con la reducción de multa al 30%.

ii. Señala que, en la resolución apelada no se ha tenido en cuenta la boleta de pago de vacaciones por el período del 16/12/2018 al 30/12/2018, firmada por el trabajador, con lo cual se acredita el goce de vacaciones y queda sin sustento jurídico y fáctico la primera parte de la infracción sociolaboral.

iii. Refiere que, el 15 de marzo de 2020 se declaró el Estado de emergencia nacional, y se publicó el Decreto de Urgencia N 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19, entre ellas, dispone que en caso de que no fuese posible la aplicación del trabajo remoto, el empleador debe otorgar una "licencia con goce de haber sujeta a compensación" (artículo 20.2), por lo que ese periodo de licencia no se considera en el cómputo del récord vacacional.

iv. Solicita que se tenga por admitido su registro de control de asistencia pues este si cumple con las obligaciones de ley.

v. Solicita que se deje sin efecto la sanción por incumplimiento de los requerimientos remitidos mediante casilla electrónica pues no les enviaron las alertas correspondientes, lo que acarrea la nulidad de lo actuado por notificación defectuosa.

vi. Por último, argumenta que no han incurrido en infracción a la labor inspectiva pues nunca han obrado de mala fe, ni han tenido intención de incumplir los requerimientos remitidos, y por el contrario, siempre han colaborado con lo requerido por SUNAFIL.

i. Si bien el recurrente solicita que se declare la nulidad de la resolución apelada, no ha Invocado ninguna de las causales de nulidad establecidas en el artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444; lo que hace evidenciar que el recurrente no ha cumplido con sustentar válidamente su pedido de nulidad y demuestra que lo que en realidad busca el recurrente es que se declare la revocatoria de la resolución venida en alzada, al sustentar

4 Notificada a la impugnante el 16 de enero de 2023, véase folio 557 del expediente sancionador.

su recurso en base a una interpretación distinta de la norma; por lo que, al no haber sustentado válidamente su pedido de nulidad, es que corresponde a este despacho desestimarlo, pero sin perjuicio de ello, se procederá a analizar los demás fundamentos planteados en el recurso impugnatorio.

ii. De esta manera, al demostrar el recurrente, que ha cumplido con cancelar el monto determinado por el inspector como saldo pendiente a favor del trabajador por concepto de horas extras trabajadas, y habiendo realizado el pago dentro del plazo establecido por la normativa citada en el párrafo anterior, resulta pertinente la reducción de multa, requerida por el sujeto responsable. De esta manera, la multa original de S/.11,309.00 (once mil trescientos nueve y 00/100 soles) se ve reducida al 30% de la misma, esto es a la suma de S/ 3,392.70 (tres mil trescientos noventa y dos y 70/100 soles), en estricto cumplimiento del artículo 40° del RLGIT.

iii. Sobre el literal b) del apartado ll de la presente resolución, el recurrente señala que no se ha tenido en cuenta la boleta de pago de vacaciones gozadas entre el día 16 y 30 de diciembre de 2018 firmada por el trabajador, con la cual dice dejar sin sustento la primera parte de la infracción sociolaboral. Al respecto, queremos señalar que la infracción relacionada con no acreditar el pago de la remuneración vacacional es por el periodo comprendido entre el 13 de marzo de 2018 y el 13 de marzo de 2019, conforme a lo señalado en el cuadro del punto 3.5.5 y lo descrito en el punto 3.4.12.12 de la resolución apelada. Estas vacaciones, de acuerdo a la documentación remitida, debieron hacerse efectivas desde el día 20 de enero de 2020 al 03 de febrero de 2020; razón por la cual la boleta presentada por el apelante y es que citada ut supra no corresponde a ese periodo sino al anterior, por lo que, no resulta ser el medio probatorio idóneo para desvirtuar el argumento señalado en la resolución apelada.

iv. Respecto a lo expuesto por el órgano sancionador en la resolución apelada este despacho comparte plenamente el argumento de que el sujeto responsable no ha acreditado el pago de las vacaciones supuestamente gozadas del 20 de enero al 03 de febrero de 2020.

v. De la revisión de los documentos presentados por el empleador como respuesta a la Medida Inspectiva de Requerimiento, se observa el archivo RELACIÓN DE PAGOS BCP, en el cual se evidencian los depósitos realizados a cada uno de los trabajadores entre diciembre de 2019 y mayo de 2020. Del análisis de este archivo se ha verificado que al trabajador se le abono en su cuenta de ahorros los siguientes montos: el día 18 de enero de 2020 la suma de S/ 581.73 (correspondiente al pago de la primera quincena de enero), el día 05 de febrero de 2020, la suma de S/ 194.25 (correspondiente al pago de la segunda quincena de enero) y el 19 de febrero de 2020, la suma de S/ 702.93 (correspondiente a la primera quincena de febrero). Como vemos, entre los meses de enero y febrero de 2020, no figura ningún abono por la suma de S/ 770.85, que es el monto neto a pagar señalado en la Boleta de Vacaciones presentada por el recurrente y que corresponde a las vacaciones supuestamente gozadas entre el 20.01.2020 y el 03.02.2020. De esta manera, se confirma que el sujeto responsable no ha podido acreditar el pago de las vacaciones que habría gozado el trabajador y que correspondían al período 2018-2019, descartando el argumento del apelante.

vi. Pese a haber sido claramente requerido el escaneado del registro de control de asistencia, el sujeto responsable no ha cumplido con su presentación, limitándose a alcanzar un archivo Excel, con los defectos ya manifestados por el órgano sancionador en el punto 3.4.14.8 de la resolución venida en alzada, lo que derivó en que el inspector

comisionado remita, junto a la medida inspectiva de requerimiento, el anexo de insubsanabilidad, en virtud que el registro de control de asistencia debe efectuarse diariamente, y que en consecuencia no puede ser revertido o corregido haciendo irremediable el perjuicio ocasionado al trabajador. De esta manera, siendo que el sujeto responsable no ha cumplido con acreditar que cuente con un registro de control de asistencia conforme a ley, deviene en infundado su pedido.

vii. En ese sentido, resulta evidente que la conducta infractora tipificada, radica en el incumplimiento de la medida inspectiva, sin tener en cuenta la intencionalidad o no del sujeto responsable, razón por la cual el argumento de no haber actuado de mala fe, no lo exime de responsabilidad.

viii. Dicho esto, y en virtud a todo lo desarrollado en los puntos precedentes se concluye que corresponde la reducción de la multa por haber subsanado la conducta tipificada en el numeral 25.6 del RLGIT al realizar el reintegro de las horas extras que no habían sido pagadas al trabajador; sin embargo, se mantienen el resto de las infracciones señaladas por el órgano sancionador (art. 24.4, art. 23.7 y art. 46.7 del RLGIT).

Del Recurso De Revisión

con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

III. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ECOSAC AGRICOLA S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 01 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 007-2023-SUNAFIL/IRE-PIU, señalando los siguientes alegatos:

i. Respecto de la Resolución N° 00362-2022-SUNAFIL/SIRE/IRE-PIURA, es NULA DE PLENO DERECHO, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG.

5 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

Siendo que la Sub intendencia de Piura, incurrió en causal de NULIDAD al emitir una resolución para la cual no tiene competencia toda vez que declaró la ampliación del plazo de caducidad, que corresponde únicamente a la INTENDENCIA DE PIURA Y NO A LA SUBINTENDENCIA, atentando así contra el debido procedimiento y la imparcialidad de la cual deben gozar todas las resoluciones emitidas por las entidades administrativas. Conforme el artículo 259° del TUO de la LPAG, para declarar la ampliación del plazo de caducidad se deben cumplir tres requisitos indispensables, aunque se haya notificada de manera previa al vencimiento del plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador, pero existe una evidente falta de motivación; y además la Resolución no fue emitida por el órgano competente.

ii. Debe precisar que dicho criterio ha sido utilizado en reiterada Jurisprudencia del Tribunal de Fiscalización Laboral, como la Resolución N° 439-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución N' 473-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, entre otras. POR LO EXPUESTO, solicita la NULIDAD de PLENO DERECHO de la Resolución N° 00362-2022-SUNAFIL/SIRE/IRE-PIURA, por Incurrir en un vicio insubsanable conforme a lo dispuesto en el numeral 10.2 del artículo 10 del TUO DE LA LPAG, y se declare la NULIDAD SENTE EXPEDIENTE.

iii. El presente procedimiento incurre en un vicio grave causal de nulidad, establecido en el numeral 10.2, en virtud a que se pretende imputarles una infracción a la labor inspectiva por no cumplir con la medida de requerimiento (14 de diciembre del 2020), que NUNCA tuvieron conocimiento, por cuanto, en esa fecha NO autorizaron EXPRESAMENTE la notificación electrónica (requisito indispensable para la validez de la notificación electrónica conforme al artículo 20.4 del TUO de la LPAG), ni mucho menos se les remitió alerta alguna (obligación dispuesta en el D.S. 003-2020-TR), siendo este un procedimiento indispensable; toda vez que su casilla electrónica de SUNAFIL la crearon y autorizaron (incluso se consignó y autorizó número y correo de contacto para las alertas de notificación), recién a partir del día 26 de agosto del 2021. No se ha acreditado el cumplimiento de remitir la alerta correspondiente (conforme lo dispuesto por el artículo 6° del D.S. 003-2020-TR.

iv. Del mismo modo, si bien de manera posterior, el mismo artículo 20.4 del D.S. 004-2019- JUS, establece la potestad para la obligatoriedad de asignar casillas electrónicas por parte de un Ministerio, lo cual debe ser con previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de una interpretación literal de la norma, su exposición de motivos y normas complementarias.

Sin embargo, no se ha podido determinar dicha opinión favorable que avale tal obligatoriedad bajo los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, ni mucho menos esto ha sido acreditado por la autoridad administrativa, con lo cual, se evidencia una clara arbitrariedad, no solo al asignarlas sin consentimiento, sino, además, al pretender multar por su desconocimiento.

v. Indica que, la Autoridad Administrativa está haciendo una interpretación errónea y totalmente contraria a derecho respecto a la autorización expresa de notificaciones electrónicas establecida en el numeral 20.4 del artículo 20" del D.S. 004-2019-JUS, asignando arbitrariamente dicha modalidad de notificación, cuando ello NO es avalado por ninguna norma del ordenamiento jurídico.

vi. Señala que, en el presente caso tampoco hubo alerta a través del correo electrónico. Por lo tanto, solicita se deje sin efecto la sanción impuesta por aquellas infracciones derivadas del incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 14/12/2020 y/o se declare la nulidad de lo actuado.

vii. Su empresa no ha incurrido en ninguna infracción a la labor inspectiva. Tal y conforme, se acreditó anteriormente. Su representada en ningún momento tuvo conocimiento del requerimiento de SUNAFIL y la infracción imputada establecida en el numeral 46.3 del D.S. 019-2006-TR, tipificada como infracción MUY GRAVE en infracciones a la labor inspectiva. Siendo necesario que, previamente se debe conocer el contenido del requerimiento, lo cual NO HA SUCEDIDO.

viii. Estando a que las infracciones materia de sanción se encuentran relacionados a incumplimientos en materia de labor inspectiva (por no cumplir con la medida de requerimiento dentro de un plazo irrazonable) y también de obligaciones económicas de las cuales ya se acreditó su subsanación, es que debe realizarse el cálculo de reducción correspondiente. Sin embargo, la reducción realizada en última instancia es errada; ya que realiza 1ra reducción del 30% y no AL 30% como expresa la norma.

ix. La infracción relacionada con no acreditar el pago de la remuneración vacacional es por el periodo comprendido entre el 13 de marzo de 2018 y el 13 de marzo de 2019 y las vacaciones truncas del periodo 14.03.2020 al 30.06.2020, con los correspondientes intereses legales. Pero, no se ha analizado la boleta de pago de vacaciones por el periodo del 16/12/2018 al 30/12/2018 que está debidamente firmada por el sr. Gilberto Jiménez Carrión identificado con DNI N° 03336646; que acredita el goce de vacaciones del denunciante; quedando sin sustento jurídico y factico respecto de la primera parte de la infracción socio laboral analizada.

x. También se debe tener en cuenta el Decreto de Urgencia N° 026-2020 que estableció diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, cuyo artículo 20° señala que mientras dure la emergencia sanitaria por Coronavirus, el empleador debe otorgar una "licencia con goce de haber sujeta a compensación (artículo 20.2).

xi. Por esa razón el trabajador estuvo sujeto a la suspensión imperfecta de labores. conforme se puede observar en las boletas de pago marzo a junio del 2020 y con el PDT

Plame Formulario R01. Por tanto, dicho periodo no debe ser considerado para el cómputo de los días del récord vacacional conforme al artículo 12 del Dec. Leg. 713 y su Reglamento. En consecuencia, no corresponde que su representada realice el pago de vacaciones truncas del periodo 14/03/2020 al 30/06/2020; como erróneamente señala la Subintendencia.

xii. Por lo expuesto, habiendo acreditado que no es exigible a su representada el pago de remuneración vacacional del periodo 2018-2019 porque ya fue gozado por el demandante; y no es exigible el pago de vacaciones truncas por el periodo 14/03/2020 al 30/06/2020 porque no hubo trabajo efectivo y por tanto no se computa para el récord laboral; solicita que se proceda a revocar la infracción sociolaboral desarrollada.

xiii. No se ha considerado que No han encontrado entre las planillas de pago BCP, la del pago de los S/ 770.85 soles. Esto se debe a que las vacaciones no se pagan en la planilla masiva de pago de sueldos en quincena y a fin de mes. Las vacaciones se mandan a pagar en una fecha distinta y en un archivo macros independiente que genera un depósito masivo Independiente. Esto quiere decir que, aunque no lo hayan encontrado en las planillas que han adjuntado, se debe tener por pagado en la fecha 20.01.2020, debido a que ello está acreditado con la firma en las dos boletas la mensual y la de vacaciones.

Análisis Del Recurso De Revisión

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo.

3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”6.

a) plazo para resolver b) ampliación excepcional del mismo debidamente sustentada y justificada c) pronunciamiento de la autoridad competente sobre dicha ampliación a través de una resolución d) potestad de ser declarada de oficio o a pedido de parte; y e) la subsistencia de las actuaciones de fiscalización y de determinados medios probatorios luego de la declaración de caducidad, bajo ciertos supuestos.

6 Morón Urbina, J.C. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 14va Ed., Tomo 2, pp. 538 – 539. 7 De conformidad con los “Lineamientos para la atención de solicitudes de Dictámenes Jurídicos, Opiniones Jurídicas e Informes Legales”, aprobado por Resolución Viceministerial N° 003-2021-JUS-VMJ, la DGDNCR emite opinión jurídica respecto de los alcances de una o más normas jurídicas de efectos generales (7.2.1).

a la autoridad u órgano competente y otros alcances vinculados con el pronunciamiento sobre la caducidad. Por tanto, corresponde complementar la postura de esta Sala con dicho pronunciamiento en el análisis del presente procedimiento.

Sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado contra ECOSAC AGRICOLA S.A.C.

“funcionalmente son los órganos de segundo nivel organizacional aquellos que ostentan las competencias inspectivas en el marco del Sistema, son tales órganos de segundo nivel organizacional aquellos competentes para decidir la ampliación del plazo de tramitación del procedimiento administrativo sancionador previo a su caducidad” (fundamento N° 3.4.4.5 de la Resolución N° 137-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala) (énfasis añadido).

Sobre la imparcialidad del órgano que conoce del pedido de ampliación del plazo de caducidad

8 Punto I.11.3.2.1 de la exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 1272.

Sobre la forma y contenido del pronunciamiento que resuelve la ampliación del plazo de caducidad

Sobre la nulidad de oficio de la Resolución de Sub Intendencia N° 362-2022-SUNAFIL/SIRE/IRE- PIURA

9 “TUO de la LPAG, Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”.

nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello.

Sobre el análisis de caducidad administrativa del procedimiento sancionador

Figura N° 01: Línea de Tiempo

Inicio del cómputo de plazo 03.11.2021 (Se notifica la Imputación de cargos y Acta de Infracción) Fin del cómputo del plazo 9 meses 04.08.2022 La caducidad operó (al día siguiente hábil del plazo máximo para resolver) 02.11.2022 Se notifica la Resolución de Sub Intendencia N° 582-2022-SUNAFIL/IRE- PIURA/SIRE (Resolución Sancionadora) 03.08.2022 Culmina el plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General

10 De fecha 28 de junio de 2021.

de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 362-2022-SUNAFIL/SIRE/IRE-PIURA de fecha 20 de julio de 2022, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Piura, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra ECOSAC AGRICOLA S.A.C., recaído en el expediente sancionador N° 493-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, de la Intendencia Regional de Piura, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución, disponiendo su archivo.

TERCERO. – Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Piura, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 5.33 de la presente resolución.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a ECOSAC AGRICOLA S.A.C. y a la Intendencia Regional de Piura, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20240103MLA