DP World Logistics S.R.L — Res. 1369-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub Materia: Horas extras); Registro de Control de Asistencia.

instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no haber atendido el requerimiento de información notificado por casilla electrónica con fecha 30 de setiembre de 2022, otorgándose un plazo de cuatro (04) días hábiles y cuyo plazo de verificación se cumplió el día 06 de octubre de 2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 12,098.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no haber atendido el requerimiento de información notificado por casilla electrónica con fecha 10 de octubre de 2022, otorgándose un plazo de cuatro (04) días hábiles y cuyo plazo de verificación se cumplió el día 14 de octubre de 2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 12,098.00.

i. Se cuestiona la imputación de una infracción por el presunto incumplimiento en la entrega de la información y documentación requerida para el desarrollo de las funciones inspectivas. Con el objetivo de cumplir cabalmente con las obligaciones legales y consolidar la información solicitada en el documento N° 00001529-2022- SUNAFIL/IRE-CAL, correspondiente al periodo comprendido entre mayo de 2018 y marzo de 2022, se presentó oportunamente una solicitud de ampliación de plazo, sustentada en una causa objetiva. ii. Debe señalarse que, conforme a las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, las partes pueden valerse de los recursos, herramientas, aplicaciones, redes y medios disponibles para garantizar el debido desarrollo del procedimiento, especialmente frente a dificultades técnicas o de conexión. En tal sentido, se recurrió reiteradamente al uso de los correos electrónicos corporativos de los inspectores de SUNAFIL para remitir información que no podía ser cargada en la casilla electrónica. De igual forma, se empleó la mesa de partes virtual de SUNAFIL para dar respuesta a los requerimientos de información. iii. Respecto de lo señalado en el considerando 4.1 de la resolución apelada, se niega categóricamente que la solicitud de ampliación haya sido presentada fuera del plazo otorgado. Dicha solicitud fue ingresada el 06 de octubre de 2022, mediante la plataforma de mesa de partes virtual, dentro del periodo establecido en el requerimiento de información. Aun en el supuesto negado de que hubiera existido

algún error en el procedimiento, el inspector contaba con los datos de contacto de la empresa y pudo haber comunicado la improcedencia de la solicitud en esa misma fecha. Resulta ilustrativo que, en el segundo requerimiento emitido el 10 de octubre de 2022, no se hiciera referencia alguna al escrito presentado el 06 de octubre de 2022. iv. Finalmente, no resulta conforme a la verdad material la afirmación contenida en la resolución impugnada en el sentido de que no se presentó la solicitud de ampliación y que se habría omitido entregar la información en dos oportunidades. En efecto, dicha solicitud fue presentada el 21 de octubre de 2022, a través de la plataforma de mesa de partes virtual, cumpliendo con los medios formales previstos para tal fin.

i. El numeral 3.1 del artículo 5° de la LGIT establece que los Inspectores de Trabajo, debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para realizar las diligencias necesarias para comprobar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, incluyendo el requerimiento de información al sujeto inspeccionado o a su personal. ii. De igual modo, el artículo 9° de la LGIT, concordante con el numeral 15.1 del artículo 15° del RLGIT, impone a los empleadores y trabajadores la obligación de colaborar con la Inspección del Trabajo, debiendo facilitar la información y documentación necesarias para el desarrollo de las funciones inspectivas. iii. Conforme a los artículos 16° y 47° de la LGIT, los hechos constatados por los Inspectores de Trabajo, contenidos en el Acta de Infracción y levantados con las formalidades previstas, se presumen ciertos y gozan de fe, sin perjuicio de las pruebas que presente el sujeto inspeccionado en defensa de sus derechos. iv. En el caso concreto, el personal inspectivo remitió el primer requerimiento de información el 30 de setiembre de 2022, otorgando plazo hasta el 06 de octubre de 2022 para presentar la documentación pertinente, bajo apercibimiento de incurrir en infracción a la labor inspectiva. Ante la falta de respuesta, se remitió un segundo requerimiento el 10 de octubre de 2022, con similar advertencia, sin que el empleador cumpliera con remitir la información solicitada. v. Durante las actuaciones inspectivas, el sujeto inspeccionado presentó el 06 de octubre de 2022 una solicitud de ampliación de plazo por diez días hábiles; sin embargo, los lineamientos internos del Sistema Inspectivo no contemplan tal ampliación, debiendo el empleador adoptar medidas internas que aseguren el cumplimiento oportuno de su deber de colaboración. La falta reiterada de entrega de la información solicitada configuró una infracción muy grave contra la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT.

vi. Cabe precisar que el procedimiento sancionador no se refiere a infracciones en materia de relaciones laborales, sino a la afectación del deber de colaboración frente a la Inspección del Trabajo. La entrega de documentación después de concluida la etapa de investigación no subsana el incumplimiento, pues la información requerida tenía por finalidad verificar en su momento el cumplimiento de las materias objeto de inspección. vii. La omisión de remitir oportunamente la documentación requerida impidió la adecuada fiscalización de las materias vinculadas a horas extras y registro de control de asistencia, frustrando la labor inspectiva y afectando el bien jurídico protegido: la eficacia del Sistema de Inspección del Trabajo. viii. En atención al Principio de Tipicidad y Legalidad, la infracción determinada se ajusta al tipo legal aplicable, encontrándose debidamente motivada la decisión adoptada en primera instancia. Se respetaron las garantías del Principio de Debido Procedimiento y el derecho de defensa del administrado, quien ejerció tal derecho a través de sus escritos. ix. En consecuencia, los argumentos expuestos en la apelación no desvirtúan los fundamentos de la sanción impuesta, resultando procedente confirmar la resolución apelada en todos sus extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 4 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 5 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 6 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

Del Recurso De Revisión

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE DP WORLD LOGISTICS S.R.L.

7 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SUNAFIL/IRE-CAL, que confirmó la sanción impuesta de S/. 24,196.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 31 de agosto de 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de setiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 213-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos:

i. Se solicita que se deje sin efecto la sanción impuesta, por haberse realizado una errónea interpretación del artículo 25° del Decreto de Urgencia N° 029-2020, del literal a) del artículo 257° del TUO de la LPAG, del literal 47-A del artículo 47° del RLGIT y del numeral 2 del artículo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2002-TR. Asimismo, la actuación inspectiva no se ajustó a las formalidades previstas en el considerando 15 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, que resulta de observancia obligatoria. ii. El 21 de octubre de 2022 presentó, a través de la mesa de partes virtual, un escrito aportando la documentación e información solicitada. iii. Por otra parte, solicitó la ampliación del plazo para atender el requerimiento de información. Sin embargo, el inspector no emitió pronunciamiento alguno sobre dicho pedido y continuó con las actuaciones inspectivas, notificando posteriormente un segundo requerimiento de información a través de la casilla electrónica. Esta circunstancia demuestra que no existió obstaculización alguna por parte de la empresa, pues el procedimiento continuó su curso normal, sin que la falta de pronunciamiento afectara el desarrollo de las diligencias. iv. Debe resaltarse que la empresa cumplió con presentar los documentos solicitados, por lo que corresponde la aplicación del Principio de Presunción de Veracidad. En tal sentido, la Autoridad debió adoptar acciones preventivas respecto al cumplimiento del requerimiento, en lugar de omitir un pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación presentada oportunamente, lo cual generó confusión respecto al plazo para la entrega de la información. v. No existió negativa a cumplir con las medidas de requerimientos de información, ya que el inspector continuó con el desarrollo de las investigaciones, sin atender ni responder al

pedido de ampliación, dejando en un error procedimental la oportunidad para presentar la documentación requerida. vi. En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la multa impuesta, al amparo de lo establecido en el literal a) del artículo 257° del TUO de la LPAG y en el numeral 47-A del artículo 47° del RLGIT, al no haberse configurado la infracción atribuida ni haberse respetado las garantías procedimentales mínimas.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

como lo establece el numeral 5.4 del artículo 5° del TUO de la LPAG, el contenido del acto administrativo, como requisito de validez, debe comprender todas las cuestiones de hecho y de derecho planteadas por los administrados, a fin de garantizar una resolución completa, coherente y ajustada al debido procedimiento.

sobre obligaciones sustantivas en materia de relaciones laborales, sino sobre el incumplimiento del deber de colaboración previsto en la LGIT y en su reglamento. En tal sentido, no se advierte interpretación errónea de las normas invocadas por la impugnante, pues éstas no constituyen el fundamento directo de la sanción impuesta, la cual se sustenta en la omisión de atender los requerimientos de información durante el procedimiento inspectivo.

Sobre el uso de la casilla electrónica

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1°). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación (primer párrafo del artículo 6°). c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (segundo párrafo del artículo 6°). d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (numeral 8.1 del artículo 8°). e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9°). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (numeral 11.1 del artículo 11°)

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”9.

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

8 Consúltese en el enlace alojado en la cuenta de YouTube de SUNAFIL: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, del 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s 9 Paniagua Corazao, V. (1987). La publicidad y publicación de las normas del Estado: El caso de los decretos supremos no publicados. Themis: Revista de Derecho, (6), 18.

“28. Ahora bien, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios garantizan presupuestos materiales que todo procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como constitucional”.

Sobre los requerimientos de información

10 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Título Preliminar Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…).

inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público”. (Énfasis añadido).

11 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Título Preliminar Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. 12 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (14.ª ed., Tomo II, p. 421). Lima: Gaceta Jurídica.

• Obra en el expediente digital, los documentos denominados “Requerimiento de información para las actuaciones inspectivas de investigación” de fechas 30 de setiembre de 2022 y 10 de octubre de 2022, ambos notificados en las mismas fechas de su emisión a la casilla electrónica de la parte impugnante. Mediante dichos requerimientos, se otorgó el plazo máximo de cuatro (04) días hábiles respectivamente para la presentación de la siguiente documentación e información, bajo apercibimiento de imposición de sanción en caso de incumplimiento.

Figura N° 01 Requerimiento de información de fecha 30 de setiembre de 2022

Figura N° 02 Requerimiento de información de fecha 10 de octubre de 2022

Figura N° 03 Constancia de notificación del Requerimiento de Información de fecha 30 de setiembre de 2022

Figura N° 04 Constancia de notificación del Requerimiento de Información de fecha 10 de octubre de 2022

• Conforme se verifica en los numerales 4.2 al 4.6 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, el personal inspectivo dejó constancia de que la parte impugnante no cumplió con remitir la documentación e información solicitada, a pesar de haber sido notificada conforme a ley. Estas omisiones fueron corroboradas mediante las verificaciones realizadas en el Sistema Informático de Inspecciones del Trabajo (SIIT) los días 10 de octubre de 2022 y 17 de octubre de 2022, en relación con los requerimientos de información notificados el 30 de setiembre de 2022 y 10 de octubre de 2022, respectivamente. Como consecuencia de dichos incumplimientos, resultó imposible verificar el cumplimiento de las materias objeto de inspección.

13 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.

Figura N° 05 y 06 Acceso a la casilla electrónica

(…)

Figura N° 07 Datos de contacto

Figura N° 08 Visualización de los requerimientos de información

14 Cabe precisar que dichas alertas fueron remitidas a los correos electrónicos registrados por la propia impugnante en el sistema. Estos correos fueron incorporados el 28 de junio de 2021, 20 de setiembre de 2021, 22 de octubre de 2021 y 06 de octubre de 2022, respectivamente. Los tres primeros permanecieron activos durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas y fueron dados de baja el 25 de febrero de 2025, 26 de octubre de 2024, 06 de octubre de 2022, respectivamente; mientras que el último correo registrado permanece activo a la fecha.

Figura N° 09 Alerta remitida al requerimiento de información de fecha 30 de setiembre de 2022

Figura N° 10 Alerta remitida al requerimiento de información de fecha 10 de octubre de 2022

15 Cabe precisar que, conforme al segundo párrafo del artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-2020-TR que aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, indica que la SUNAFIL comunica al usuario cada vez que le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería. En tal sentido, la norma faculta a la Administración a utilizar cualquiera de estos medios de forma alternativa, sin requerirse su empleo simultáneo.

administrativos de observancia obligatoria. En tal sentido, se destacan los siguientes criterios:

“6.19 Esto quiere decir que, los plazos para la investigación inspectiva se estructuran dentro de una programación, toda vez que los Inspectores de trabajo cumplen con diversas actividades que están referidas a varias órdenes de inspección en simultáneo, todas con plazos bien determinados y cuyo efecto es relevante para el interés público. Así, la ordenación de plazos para la entrega de información de un empleador en concreto no recae en la arbitrariedad de un servidor público, sino en una previa planificación que faculta a los inspectores a cumplir con la investigación por lo que, el cumplimiento de las prestaciones de colaboración, de no ser oportuno, puede frustrar la finalidad de las órdenes de inspección correspondientes, las mismas que recaen sobre contenido documentario cuyo llevado es de exigibilidad ordinaria a los empleadores. 6.20 Sin embargo, no escapa a la realidad que, muchas veces estos plazos otorgados resultan difíciles de cumplir para los administrados, sea por la complejidad, la cantidad o la antigüedad de la información requerida. Ante esta perspectiva, si bien resulta razonable que los inspectores de trabajo establezcan la oportunidad concreta de la entrega de información dentro de los límites de la razonabilidad, considerando su propia programación y los plazos perentorios de las órdenes de inspección que les han sido asignadas, también resulta tutelable el interés del sujeto inspeccionado de que tales requerimientos de entrega de información correspondan en sentido material con el principio de buena fe procedimental. Este Tribunal recuerda que a través de este principio se espera que tanto la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados realicen los respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. 6.21 En tal sentido, para que un pedido de ampliación de plazo formulado oportunamente por el sujeto inspeccionado sea valorado adecuadamente por el inspector actuante, la justificación que motiva este pedido no debe consistir en una mera alegación de parte. Por el contrario, en estricto cumplimiento del principio de buena fe procedimental, el administrado debería presentar los elementos justificativos con relación a la demora que hace necesario el plazo adicional. Es decir, con arreglo al citado principio, los servidores del Sistema de Inspección del Trabajo deben considerar que resultará exigible al sujeto inspeccionado que solicite un plazo adicional para cumplir un requerimiento informativo que proceda con cuidados significativos, conforme a la casuística general: (i) Que explique sustentadamente y acredite los hechos que impedirían cumplir con la entrega de toda o parte de la información requerida por el inspector de trabajo dentro del plazo establecido. (ii) Que otorgue medios verificables para determinar si, efectivamente, el objeto del requerimiento informativo reviste de complejidad especial. (iii) Que se pueda demostrar que la cantidad de la información, su antigüedad, u otro criterio análogo motiva a flexibilizar el plazo originalmente interpuesto. (iv) Además de los siguientes criterios ejemplificadores, que pueden acontecer singular o combinadamente, los servidores del Sistema de Inspección del Trabajo deberán además considerar si el administrado ha establecido en su petición cuánto es el tiempo que le tardará integrar la información y/o documentación faltante. 6.22 Por otro lado, los servidores del Sistema de Inspección del Trabajo que examinen semejantes peticiones deberán valorar si esta petición se formula -bajo un criterio de

razonabilidad temporal- con inmediatez tras la notificación del requerimiento informativo. En particular, este Tribunal de Fiscalización Laboral recuerda que los inspectores de trabajo tienen autonomía funcional, por lo que ellos podrán calificar la seriedad y consistencia de un pedido de este tipo o si, en cambio, opera una práctica contraria al deber de buena fe procedimental. 6.23 Igualmente, los servidores del Sistema de Inspección del Trabajo deberán establecer si, en el expediente de fiscalización, el sujeto inspeccionado puso a disposición la información requerida a la fecha del requerimiento. Con arreglo al deber de prevención, el administrado debería poder presentar esta información ante el personal inspectivo lo más pronto posible, ello con la finalidad de coadyuvar con la labor de investigación. En esta medida, si la petición de un mayor plazo no ofrece información alguna o si la alcanzada no es relevante para la materia investigada, el inspector de trabajo podrá promover el procedimiento sancionador levantando el acta de infracción correspondiente, basándose en que es el empleador quién está obligado a conservar y sistematizar la documentación diversa sobre las relaciones laborales con sus trabajadores. 6.24 En consecuencia, recaerá en la discrecionalidad del inspector actuante el evaluar estos pedidos de ampliación de plazos, y conceder aquellos que cumplan estos estándares, respetando el principio de razonabilidad y la programación de las otras ordenes de inspección que tenga en simultaneo, descartando de plano aquellos pedidos sin contenido alguno o aquellos donde sea evidente que tienen como único objetivo dilatar las labores inspectivas (como sucede, por ejemplo, cuando se requiere una y otra ampliación, pero finalmente no se presenta la información y/o documentación requerida). 6.25 Como se mencionó previamente, en el expediente analizado se observa que la impugnante presentó hasta tres (3) pedidos de ampliación de plazos para cumplir con la información requerida por los Inspectores comisionados. Así, se tiene que, respecto al primer pedido de ampliación de plazos presentado ante el requerimiento de información del 12 de marzo de 2021, se aprecia que sí tiene cierto sustento, ya que la información requerida presentaba complejidad sobre todo por la cantidad de trabajadores (4560) de los cuales se solicitaba la entrega de boletas de pago respecto de un periodo que comprendía a los meses de enero 2019 a marzo 2020. Este hecho fue debidamente sustentado por la impugnante y por lo cual, los Inspectores comisionados no propusieron sanción ante su incumplimiento e incluso solicitaron ampliar el plazo de las actuaciones inspectivas. 6.26 Ahora, respecto a los requerimientos de información posteriores, formulados el 26 y 30 de abril de 2021, se tiene que la información solicitada se redujo significativamente, en comparación con el primer pedido, ya que este solo consistía en entregar: i) Una relación de trabajadores afiliados a la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud que laboran dentro de la Provincia de Lima con el detalle de la ocupación, categoría, remuneración, fecha de ingreso al 28 de febrero de 2021, y ii) Un informe detallando si los bonos denominados “no remunerativos” (bono de productividad, bonificación por prestaciones económicas y alta responsabilidad, bono extraordinario y bono especialidad /especialización) se vienen pagando de manera continua, con regularidad mensual, si son de libre disposición y si han tenido incidencia alguna en el cálculo y pago de los beneficios sociales de los trabajadores afiliados a la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud que laboran dentro de la Provincia de Lima, del 01.01.2019 al 28.02.2021. 6.27 No obstante, la impugnante no entregó la información solicitada y optó por pedir una nueva ampliación de plazos utilizando la misma justificación del primer pedido, es decir, nuevamente argumentó que, por la cantidad de trabajadores afiliados a la FED CUT la información era compleja de conseguir. Además, el sujeto inspeccionado precisó que se estaba priorizando otras funciones por la ocurrencia de la pandemia, aun cuando la información solicitada no revestía de complejidad aparente. Incluso, este Tribunal administrativo subraya que, para facilitar la obtención de dicha información, los Inspectores habían remitido al sujeto inspeccionado, junto con los requerimientos de información, una lista de los trabajadores afiliados a la FED CUT. A pesar de este facilitamiento -que no es exigible a la inspección del trabajo- la impugnante no presentó ni siquiera una parte de la información requerida.

efecto la sanción impuesta, esta Sala considera que no se configuran los supuestos de eximentes de responsabilidad previstos en las normas invocadas. Ello debido a que los requerimientos de información emitidos por el personal inspectivo fueron claros y precisos respecto de su contenido y del plazo otorgado para la entrega de la documentación e información solicitada, incluyendo el apercibimiento expreso de la sanción correspondiente ante su incumplimiento. Si bien la impugnante presentó una solicitud de ampliación de plazo, esta no cumplió con las formalidades ni fue presentada en la oportunidad prevista, conforme lo señalado en la Resolución de Sala Plena N° 023- 2023-SUNAFIL/TFL; por tanto, no puede considerarse que la Administración haya inducido en error al administrado ni que se haya generado en este la convicción de que su conducta era lícita. Asimismo, no se advierte que la empresa haya remitido la información requerida dentro de los plazos establecidos ni que haya acreditado un impedimento objetivo que justificara el incumplimiento. Cabe señalar que los plazos fijados responden a la necesidad de garantizar el interés público mediante el cumplimiento oportuno de las funciones inspectivas, por lo que no resultan arbitrarios ni irrazonables. En consecuencia, no son amparables los extremos alegados por la impugnante.

“9. En la misma medida, cuando el inspeccionado no cumpla con la entrega de la información requerida dentro del plazo señalado por el inspector, se sujeta a la calificación del propio inspector actuante, quien podrá o no considerar la documentación remitida en función de la programación de las actuaciones inspectivas que tenga a cargo. En tal supuesto, debe atenderse a que el retraso en la entrega puede producir el efecto de la subsanación o puede imposibilitar la revisión integral de lo solicitado, por lo que se atenderá a la descripción del inspector de trabajo para establecer si tal supuesto constituye un supuesto de aplicación del artículo 46.3 del RLGIT. (…) 11. Por ello, cuando los inspeccionados conocen de antemano el plazo otorgado para las actuaciones inspectivas (por ejemplo, por la notificación de la extensión del plazo de las actuaciones inspectivas), la entrega de la documentación solicitada durante el último día de etapa fiscalizadora y que por el volumen o complejidad de la misma no le permite a la autoridad fiscalizadora el analizar y adoptar decisiones en base a dicho contenido, colisionando con el principio de buena fe al frustrar la inspección del trabajo. 12. Finalmente, toda remisión de la información solicitada por los inspectores actuantes, en momentos posteriores al cierre de la orden de inspección constituye un supuesto de aplicación del artículo 46.3 del RLGIT”. (Énfasis añadido).

octubre de 2022 a través de la mesa de partes virtual— no puede ser considerada para enervar la infracción, pues la entrega extemporánea de información y documentación luego del cierre de las actuaciones inspectivas no cumple la finalidad de colaborar con la fiscalización.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva El sujeto inspeccionado no ha atendido al requerimiento de información notificado por casilla electrónica con fecha 30 de setiembre de 2022, otorgándose un plazo de 04 días hábiles y cuyo plazo de verificación se cumplió el día 06 de octubre de 2022. Numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE Labor inspectiva El sujeto inspeccionado no ha atendido al requerimiento de información notificado por casilla electrónica con fecha de octubre de 2022, otorgándose un plazo de 04 días hábiles y cuyo plazo de verificación se cumplió el día 14 de octubre de 2022. Numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por DP WORLD LOGISTICS S.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 213-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 442-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 213-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a DP WORLD LOGISTICS S.R.L., y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251007MABJ – HR: 183671-2023