Dominion Perú Soluciones y Servicios S.A.C — Res. 536-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Relaciones Laborales: Remuneraciones (Pago de la remuneración – sueldos y salarios). 20555195444 soft 20555195444 soft 20555195444 soft

Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 10 de diciembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, multa ascendente a S/. 33, 884.00.

i. La actuación judicial que se encuentra pendiente, respecto del expediente 15271- 2020-0-1801-JR-LA-77, debe prevalecer sobre la administrativa que ha sido iniciado a través del expediente 24-2021-SUNAFIL/IRE-JUN.

ii. Existiendo un proceso judicial contra la Dirección General de Trabajo, por la cual se cuestiona lo resuelto en el procedimiento de suspensión perfecta de labores iniciado por la empresa, no correspondía proseguir con el procedimiento inspectivo, estando a la espera de lo que se pueda resolver en el proceso judicial y que la medida de requerimiento que sustenta el procedimiento administrativo, no se puede superponer a dicho proceso judicial .

iii. Respecto a la medida de requerimiento, señala que no corresponde la imposición de un mandato de cumplimiento, por ser cuestionado judicialmente el procedimiento de suspensión perfecta de labores. Alega que imponer una sanción por incumplimiento de la medida de requerimiento significaría que los descargos efectuados por la empresa carecerían de valor.

iv. Indica que no ha incurrido en ninguna infracción a la normativa laboral, por estar apegados a los lineamientos legales establecidos, por lo que no corresponde ninguna multa.

2 Notificada a la inspeccionada el 20 de agosto de 2021 (ver folio 73 del expediente sancionador).

i. De acuerdo a la página de Consultas de Expedientes Judiciales del Poder Judicial, se verifica que el expediente signado con número 15271-2020-0-1801-JR-LA-77 sobre nulidad de resolución administrativa, tiene fecha de inicio el 29 de diciembre de 2020, vale decir en fecha posterior a las actuaciones inspectivas; y que a la fecha (18 de agosto de 2021), se encuentra en calificación, es decir aún no cuenta con el auto admisorio.

ii. De la lectura de la Casación Laboral N° 8389-2018-Moquegua, la inhibición de la la autoridad administrativa del conocimiento de un procedimiento administrativa se encuentra supeditado a la existencia de una cuestión litigiosa (judicial) que debía ser resuelta previamente al procedimiento administrativo, y sin el cual no podía ser resuelto en la administración pública; además de la concurrencia de la triple identidad de sujeto, objeto y fundamento.

iii. El proceso judicial, por el cual se declara infundado el recurso de reconsideración contra la Resolución que desaprueba la solicitud de suspensión perfecta de labores, está dirigido a cuestionar lo resuelto por la Administración respecto del periodo comprendido desde el 08 de mayo al 30 de junio de 2020. Los supuestos mencionados, no encajan con el caso que nos ocupa, debido a que según los hechos constatados en el Acta de Infracción, el hecho calificado como infracción materia de sanción, está circunscrito al periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2020 al 07 de mayo de 2020, fechas en las que según las normas emitidas en el marco de la emergencia sanitaria, debe aplicarse la licencia con goce de haber, o trabajo remoto según la naturaleza de las actividades, y en caso de seguir laborando por pertenecer al rubro de las actividades laborales esenciales correspondía el pago de las remuneraciones.

iv. Habiéndose determinado que el incumplimiento del pago de remuneraciones, se limita al periodo anterior al trámite de la suspensión perfecta de labores, y que no se encuentra en conflicto en el proceso judicial, se evidencia que la medida de requerimiento debió ser cumplida en sus términos y en el plazo otorgado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema”.

III.DEL RECURSO DE REVISIÓN

IV.DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE DOMINION PERU SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.C.

V.FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Con fecha 09 de setiembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 64-2021-SUNAFIL/IRE-JUNIN, por los siguientes argumentos:

i. No corresponde la imposición de un mandato de cumplimiento como la medida inspectiva de requerimiento de fecha 10 de diciembre de 2020, por estar cuestionado judicialmente el procedimiento de suspensión perfecta de labores. Además, el período que se indica en la resolución no corresponde al pedido de suspensión perfecta ingresado con fecha 13 de abril de 2020 y con HR 42932-2020. Asimismo, el imponer una sanción por el incumplimiento de dicho requerimiento significaría que los descargos efectuados por la empresa carecerían de valor, pues para la autoridad inspectiva y sancionadora, la medida de requerimiento determina la infracción cometida por el administrado y debe ser cumplido sin importar que las normas vigentes establezcan, la facultad del administrado de impugnar tal requerimiento y obtener de esta manera un procedimiento administrativo firme sobre el objeto materia de inspección.

ii. Se ha vulnerado el derecho fundamental de motivación de resoluciones y el derecho constitucional al principio del debido procedimiento contemplado en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, al haberse dispuesto la aplicación de una multa en perjuicio económico de la empresa sin realizar un análisis pormenorizado de los argumentos facticos y jurídicos expuestos por la impugnante en sus escritos que demostrarían la inexistencia de la infracción, así como la interpretación errónea de una norma de derecho laboral.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la competencia de la SUNAFIL ante causas judicializadas

“7.2. DEL CIERRE DE LA ORDEN DE INSPECCIÓN POR CUESTIÓN LITIGIOSA EN SEDE JUDICIAL

Los inspectores deben corroborar la información presentada con el reporte obtenido del Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales del Poder Judicial (CEJ)”.

“75.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.

La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si los hubiere, aun cuando no medie apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es comunicada al Procurador Público correspondiente para que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, se apersone al proceso”.

8 Morón Urbina, J. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (12va edición). Lima: Gaceta Jurídica, 2017, Tomo I, pp. 510-512. 9 https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/detalleform.html

de 27 trabajadores detallados en el cuadro N° 1 del Acta de Infracción y por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 10 de diciembre de 2020.

10 TUO de la LPAG, “Artículo 74.- Carácter inalienable de la competencia administrativa (…) 74.2 Solo por ley o mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa de su competencia.”

Del incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por DOMINION PERU SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.C., contra la Resolución de Intendencia N° 64-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, de fecha 18 de agosto de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Junín dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 24-2021- SUNAFIL/IRE-JUN, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

11 Artículo 48.- Contenido de la resolución 48.1 La resolución que impone una multa debe estar fundamentada, precisándose el motivo de la sanción, la norma legal o convencional incumplida y los trabajadores afectados. 12 Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 64-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, en el extremo referente a la infracción por el incumplimiento de la medida de requerimiento, de fecha 10 de diciembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a DOMINION PERU SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.C. y a la Intendencia Regional de Junín, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Junín.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral –SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Desirée Bianca Orsini Wisotzki Jessica Alexandra Pizarro Delgado

VOTO SINGULAR DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, si bien estoy de acuerdo con el fallo, discrepo de la fundamentación, pues considero que el Tribunal de Fiscalización Laboral no tiene competencia para analizar el pago íntegro de la remuneración y las boletas de pago a favor de los 27 trabajadores, sobre el que versa el expediente administrativo elevado a esta instancia de revisión. En este caso, se ha activado la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral por una infracción calificada como “muy grave a la labor inspectiva”, por no haber cumplido el empleador con la medida de requerimiento, de fecha 10 de diciembre de 2020. Sintetizo el sustento de mi posición —que implica un cambio de criterio, basado en el análisis crítico de las resoluciones de esta Sala— en las siguientes consideraciones: 1. La Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Ley Nº 29981, ha establecido la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral con carácter excepcional, conforme fluye de una lectura atenta del tercer párrafo del artículo 41. A su vez, literal b) del artículo 49 de la norma citada delega en las normas reglamentarias la determinación de las “causales establecidas” para la interposición del recurso de revisión. Es decir, la ley establece un ámbito restringido, pero la configuración de dicho ámbito es delegada a las normas sectoriales.

2. En el literal c) del artículo 55 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, reitera la excepcionalidad del ámbito objetivo en el que la instancia de revisión ejecuta sus competencias. De esa forma, refiere al Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2017-TR como norma que determina los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de revisión.

3. El artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, a su vez, reitera el carácter excepcional de la competencia de la instancia de revisión. En concreto, en el artículo 14, el Reglamento mencionado refiere que el recurso de revisión se interpone contra resoluciones que sancionan infracciones “muy graves”.

4. En el bloque de legalidad que se repasa, se observa que: 1) el Tribunal de Fiscalización Laboral tiene una competencia excepcional, lo que estrictamente se refiere a la competencia material establecida por la norma reglamentaria, por delegación legal; y 2) dicha competencia, excepcionalmente activada, permite que el órgano de revisión ejerza sus funciones, conforme al segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Nº 29981: emitir decisiones que constituyan precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.

5. Conforme con la doctrina administrativista, “la competencia en razón de la materia se refiere a las actividades o tareas que legítimamente puede desempeñar el órgano, es decir, al objeto de los actos y a las situaciones de hecho ante las que puede dictarlos” 13

6. Los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son; sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren casos en los que las imputaciones contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” más algún o algunos más de distinto grado. Habitualmente, en este tipo de casos, el Tribunal de Fiscalización Laboral distingue lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

7. Una excepción a lo distinguido en el numeral anterior es el caso de las infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Existen casos en donde la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral es dudosa, pues los recursos de revisión se tramitan por sanciones impuestas por inejecución de medidas de requerimiento que, en sustancia, versan sobre un comportamiento subsumible en tipos sancionadores calificados por la normativa como infracciones “graves” o hasta “leves”. En tales casos, el análisis de la razón jurídica de las medidas de requerimiento debe limitarse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, sin invadir una competencia

13 Gordillo, A. (2007). Tratado de derecho administrativo: el acto administrativo (Vol. 3). Agustín Gordillo. https://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo8.pdf

administrativa vedada, como son, en efecto, las infracciones calificadas como graves y leves.

8. Del análisis del escrito de revisión no se identifica que la impugnante fundamente su recurso en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal, respecto de la infracción “muy grave” (único objeto de análisis pasible de pronunciamiento por parte del Tribunal). Por el contrario, se observa que los argumentos de defensa de la recurrente implican que esta Sala tome posición sobre la calificación efectuada de la falta administrativa respecto de una materia distinta a infracciones muy graves, cuestión que, como se ha expuesto, excede la competencia que la ley ha otorgado a este Tribunal.

9. En efecto, si bien la recurrente ha impugnado la aplicación de una medida de requerimiento (infracción muy grave), se observa que las alegaciones planteadas recaen sobre aspectos en los cuales la Intendencia competente, como instancia de apelación, se ha pronunciado ya, al tratarse de materia calificada por la norma como infracción grave y/o infracción leve.

10. Entonces, respecto de dicha materia, se ha agotado ya la vía administrativa en la instancia de apelación, y al no presentarse argumentos que cuestionen los fundamentos expuestos por las instancias inferiores sobre la infracción objeto del recurso de revisión (infracción muy grave), se determina que el recurso de revisión no desvirtúa la sanción aplicada respecto de la infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, de fecha 10 de diciembre de 2020, resultando infundado el recurso de revisión que se ha interpuesto.

11. Finalmente, el Tribunal de Fiscalización Laboral podría, sobradamente, ejercer la tutela administrativa a través del efecto unificador que tienen los precedentes de observancia obligatoria incluso sobre casos como este, donde las materias cuyo análisis es indispensable recaen en una materia distinta a la que activa la competencia de la instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO en los términos expuestos.

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas Presidente