Distribuidora Norte Pacasmayo SRL — Res. 19-2021

Mediante Orden de Inspección Nº 1251-2020-SUNAFIL/IRE-LIB, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción Nº 185-2020-SUNAFIL/IRE-LIB (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave a la normativa sociolaboral, y una (1) infracción muy grave a la labor inspectiva.

De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo Nº 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT), la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción Nº 276-2020-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IF, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento

Mediante escrito de fecha 13 de enero de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia Nº 372-2020-SUNAFIL/IR- LL/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia Nº 042-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 24 de marzo de 20212, la Intendencia Regional de La Libertad declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia Nº 372-2020-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, por considerar que:

Mediante escrito de fecha 20 de abril de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de La Libertad el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia Nº 042-2021-SUNAFIL/IRE-LIB.

La Intendencia Regional de La Libertad admitió a trámite el recurso de revisión y a través del mediante MEMORANDUM Nº258-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, remitió los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, siendo recibido por este el 27 de abril de 2021.

Mediante el artículo 1 de la Ley Nº 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, Sunafil), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que para el cumplimiento de sus fines, la Sunafil contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Nº 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo Nº 004-2019- JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo Nº 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de Sunafil, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Nº 042-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/. 22,618.00 por la comisión de las infracciones tipificadas como MUY GRAVES, previstas en el numeral 25.6 del artículo 25 y el numeral 46.7 del artículo 46, ambos del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 29 de marzo de 2021, fecha en que fue notificada la citada resolución8.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las

Mediante escrito de fecha 20 de abril de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Nº 042-2021- SUNAFIL/IRE-LIB, señalando que la Orden de Inspección Nº 1251-2020- SUNAFIL/IRE-LIB, se inició a solicitud de la Federación de Trabajadores del Cemento y Premezclado de Perú – FETRACEPPE, en representación del Sindicato de Trabajadores de la Distribuidora, con el objeto de verificar el cumplimiento del pago de horas en sobretiempo realizadas, supuestamente, por parte de los trabajadores sindicalizados durante los meses de junio y julio de 2020. Que, luego de las actuaciones inspectivas, se notificó una Medida Inspectiva de Requerimiento, a fin de que se cumpla con acreditar el pago de las horas laboradas en sobretiempo de los meses de junio y lulio de 2020, a favor de seis (6) trabajadores sindicalizados.

Sin embargo, la empresa no procedió a pagar importe alguno ya que, argumenta, dichas horas de trabajo realizadas fuera de la jornada laboral, durante los meses de junio y julio de 2020, no calificaban como sobretiempo toda vez que corresponden a la recuperación de las horas dejadas de laborar durante la licencia con goce de haber compensable prevista por el gobierno, en el marco de las medidas de emergencia tomadas para el control de la pandemia COVID-19. Que, se emitió el acta de infracción mediante la cual se propuso sancionar a la empresa por la comisión de infracciones vinculadas al incumplimiento de normas de trabajo en sobretiempo (numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT) y de la medida de requerimiento (numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT).

En esa línea, la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de La Libertad de la Sunafil, (en adelante, la “SIRE”) emitió la Resolución de Sub Intendencia Nº 372-2020-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, con la cual se sanciona a la Empresa por las mismas infracciones propuesta por el órgano instructivo, habiéndose interpuesto recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante Resolución de Intendencia Nº 042-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, que lo declaró infundado.

La recurrente sustenta que el tema de fondo en discusión en el presente procedimiento sancionador, es si las horas laboradas por los (6) trabajadores sindicalizados, fuera de su jornada de trabajo, durante los meses de junio y julio de 2020, son calificadas como horas extras o si corresponden a la recuperación de horas de la licencia con goce de haber otorgada por la empresa, en el marco

Indican que la Intendencia aplicó de forma errónea el numeral 26.2, literal b), del artículo 26 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, ya que consideran que la compensación ejecutada por la empresa de forma unilateral es válida por cuanto desde mayo de 2020 le era aplicable lo dispuesto en el numeral 26.1 del artículo 26 del mismo cuerpo legal. Indican que la empresa no incumplió con presentar los convenios suscritos con cada uno de los trabajadores donde conste el acuerdo de compensación de horas, pues esta normativa dispone expresamente que, a falta de acuerdo corresponde la compensación de horas posterior a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, siendo que la compensación unilateral solo puede efectivizarse una vez culminado el Estado de Emergencia Nacional. Sin embargo, la Intendencia realiza una aplicación aislada e indebida de esta norma, sin tomar en cuenta que, desde que se autorizó la reactivación económica, les resultaba aplicable lo dispuesto en el numeral 26.1 del artículo 26 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020.

En efecto, a raíz de la propagación del COVID-19 en el Perú, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM (15/03/2020), el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional, el cual se encuentra vigente desde el 16 de marzo de 2020 y hasta la actualidad, pero ahora de manera focalizada. Esta norma supuso una restricción para la movilidad de las personas, en tanto la regla general era el aislamiento social obligatorio y, permitía desplazarse por la vía pública únicamente a aquellas personas que laboraban en actividades consideradas como esenciales y permitidas expresamente (artículo 4). En consecuencia, limitó la posibilidad de que los trabajadores que laboraban en empresas “no esenciales”, como la Distribuidora, se desplacen a sus centros de trabajo.

Sostiene que, posterior a dicha declaratoria, se aprobó el Decreto de Urgencia Nº 029-2020 (19/03/2020), en cuyo artículo 26° se establecen las medidas aplicables durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional:

En el caso de las actividades no comprendidas en el numeral precedente y, siempre que no se aplique el trabajo remoto, los empleadores otorgan una licencia con goce de haber a los trabajadores y servidores civiles, de acuerdo con lo siguiente: (…)

Por otro lado, por Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM (04/05/2020), se aprueba la “Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación, dando inicio a la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” referida en el numeral precedente, desde mayo del 2020. y se incluye en la misma, por Resolución Ministerial 156-2020-PRODUCE, el Protocolo sanitario para la industria cementera, entre las cuales se encuentra la actividad de la empresa recurrente.

Por otro lado, el Decreto Supremo No. 083-2020-PCM (09/05/2020), modificó el artículo 4.1 del Decreto Supremo 044-2020-PCM e incluye, en la calificación de bienes y servicios esenciales, a los “Servicios para las actividades comprendidas

Por tanto, indica, la recurrente se encontró autorizada a reiniciar su actividad empresarial, la misma que calificó como servicio esencial de acuerdo con el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM modificado por el Decreto Supremo No. 083- 2020-PCM y, por tanto, dejó de encontrarse en el supuesto del artículo 26.2 del Decreto de Urgencia 029-2020 para estar subsumida en el supuesto del artículo 26.1; por lo que, evidentemente no se le aplicaría la limitación de recuperación de la licencia compensable, a falta de acuerdo con los trabajadores, con posterioridad a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, pues se le aplica el supuesto legal contenido en el numeral 26.1.

Por lo tanto, y dado que desde su reanudación de actividades el pasado mes de mayo la Distribuidora desarrolla actividades consideradas como servicios esenciales, las medidas aplicables para ésta durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional en el sector privado, son aquellas que están establecidas en el artículo 26.1° del Decreto de Urgencia Nº 029-2020. Por tanto, considera, la empresa se encuentra en la posibilidad de acordar o no con sus trabajadores, la modalidad de compensación de sus licencias con goce compensable. En caso de no llegar a un acuerdo, se encuentra en potestad de programar su compensación con trabajo efectivo, dentro de los límites generales del poder de dirección establecidos por el artículo 9° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral: razonabilidad y necesidad del dentro de trabajo.

Sostiene, además, que la Intendencia aplicó de forma errónea las normas vinculadas al trabajo en sobretiempo, ya que en el presente caso, las labores realizadas luego de la jornada laboral por los colaboradores sindicalizados no fueron asignadas por nuestra Empresa como sobretiempo, sino como compensación de las horas dejadas de laborar durante la licencia con goce de haber compensable prevista por el Gobierno en el marco de las medidas de emergencia tomadas para el control de la pandemia de la COVID-19. Indica que dicha compensación fue ejecutada desde junio de 2020, en virtud a lo dispuesto en el numeral 26.1 del artículo 26 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, por cuanto, desde mayo de 2020 la actividad de la Distribuidora fue calificada como esencial. Por lo tanto, las labores calificadas como “sobretiempo” no son tales, pues corresponden a la recuperación de horas dejadas de laborar por los colaboradores en el marco del Decreto de Urgencia Nº 029-2020.

Sostiene, además, que la Intendencia inaplicó los artículos 248.6 del TUO-LPAG y 48-A del RLGIT, vulnerando el principio de concurso de infracción, estableciéndose que las dos (2) infracciones materia del presente procedimiento, se sustentan en una sola conducta: el presunto incumplimiento por no acreditar el pago de horas extras por los meses de junio y julio de 2020, a favor de 6 trabajadores. Que, por tanto, a criterio de la recurrente, ello está prohibido por el principio de concurso de infracciones previsto en el artículo 248.67 del TUO-LPAG y en el artículo 48-A del Reglamento de la LGIT, los cuales establecen que, cuando una misma conducta califica como más de una infracción, se aplicará la de mayor gravedad. En este caso, ese principio no se cumplió, pese a que las infracciones imputadas corresponden a una misma conducta.

Además, la Intendencia inaplicó el artículo 248.11 del TUO-LPAG, vulnerando el principio non bis in idem, el cual establece que no se pueden imponer 2 sanciones administrativas por el mismo hecho en caso se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento (también denominado la triple identidad).

En este caso, sostiene, se cumple justamente esa triple identidad, tal indica a continuación:

Finalmente, sostienes que se han inaplicado las normas referentes al debido procedimiento en el procedimiento inspectivo. Indica que en aplicación del artículo 14 y 17 del RTFL, y del artículo 44 de la LGIT, permiten que el ámbito de actuación del Tribunal no se restrinja solamente a las normas sustantivas de derecho laboral, sino también a las referidas a la Seguridad y Salud en el Trabajo y a las normas referidas al debido procedimiento en general en tanto estas últimas son transversales a todos los procedimientos sancionadores. Por tanto, sería imposible que el Tribunal analice solo el fondo de los procedimientos sancionadores, sin tomar en cuenta los posibles incumplimientos del debido procedimiento, en tanto este es el marco general sin el cual no se podría entender un procedimiento sancionador. Por tanto, el Tribunal debe observar que la Resolución de Intendencia no fue debidamente motivada, ya que se determinó la comisión de una infracción en virtud de la

En similar sentido, el artículo V del referido Título, establece como fuentes del procedimiento administrativo, a las siguientes:

Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado. 2.5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así como los de alcance institucional o provenientes de los sistemas administrativos. 2.6. Las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores. 2.7. La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten disposiciones administrativas. 2.8. Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Estas decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede. 2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas. 2.10. Los principios generales del derecho administrativo. 3. Las fuentes señaladas en los numerales 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 sirven para interpretar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento positivo al cual se refieren.”

En esta línea argumentativa, este Tribunal considera, en concordancia con el desarrollo de los fundamentos 13 y siguientes de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 4635-2004-AA/TC, que los alcances referidos a la jornada de trabajo, el horario y el trabajo en sobretiempo deben entenderse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 del Convenio Nº 1 de la OIT9, el artículo 25 de la Constitución Política del Perú10, los precedentes vinculantes que sobre el particular emita el Tribunal Constitucional y la norma especial sobre la materia; por lo que, según el fundamento 15 de la sentencia citada, sobre el particular se debe tener presente que:

Teniéndose establecidos estos alcances, corresponde analizar las presuntas interpretaciones efectuadas por la Intendencia Regional de La Libertad, según lo expuesto por la impugnante, a la luz de los expedientes administrativos (inspectivo y sancionador) y el recurso de revisión interpuesto contra la resolución impugnada.

Que, en el recurso de revisión, DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL, indica que el tema de fondo es si las horas laboradas por los seis (6) trabajadores sindicalizados fuera de su jornada de trabajo, durante los meses de junio y julio de 2020, son calificadas como horas extras o si corresponden a la recuperación de horas de la licencia con goce de haber otorgada por la empresa, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 029-2020.

Al respecto, debemos indicar que el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 007-2002- TR, prescribe que “El tiempo trabajado que exceda a la jornada diaria o semanal se considera sobretiempo y se abona con un recargo a convenir, que para las dos primeras horas no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) por hora

Sin embargo, cabe indicar que el gobierno peruano con el fin de prevenir la propagación del COVID-19, dictó el Decreto de Urgencia Nº 026-2020 publicado el 15 de marzo de 2020, que en su artículo 18 describe las obligaciones, tanto del empleador como del trabajador, siendo importante destacar que, en el numeral 18.1 de dicho artículo, el legislador haya priorizado el que el empleador tiene la obligación de no afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración, y demás condiciones económicas, salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o cuando éstas favorezcan al trabajador. En el numeral 20.2 del artículo 20 de dicho cuerpo legal, el legislador ha dejado establecido que, cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto, y mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior.

Posterior a dicha norma, el 20 de marzo del 2020, el gobierno publicó el Decreto de Urgencia Nº 029-2020, a través del cual el estado peruano dictó medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana. El artículo 25 de dicha norma establece que el empleador, tanto del sector público como del sector privado queda autorizado, durante el plazo de vigencia de la emergencia sanitaria, a poder modificar y establecer, de manera escalonada, los turnos y horarios de trabajo de sus trabajadores y servidores civiles como medida preventiva frente al riesgo de propagación del COVID-19, sin menoscabo del derecho al descanso semanal obligatorio.

Dicho artículo 26, regula las medidas aplicables durante la vigencia del estado de emergencia nacional en el sector público y sector privado. Resulta importante dicho artículo porque, de su lectura, se entiende claramente que el legislador buscó regular dos supuestos distintos, estableciendo regulaciones particulares para cada caso. De esta manera, si bien el artículo 26 establece las medidas aplicables durante la vigencia del estado de emergencia nacional en el sector público y sector privado, éste recoge dos supuestos:

Por ello cuando se otorgó la licencia con goce de haber en los meses de marzo y abril 2020, se hizo al amparo del numeral 26.2 del artículo 26 del citado Decreto de Urgencia como medida excepcional y temporal con el objeto de prevenir la propagación del Coronavirus (COVID 19) en territorio nacional.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, del 04 de mayo de 2020, se aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. Dicha reanudación de actividades consta de 4 fases para su implementación, dando inicio a la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” desde mayo del 2020.

Por otro lado, el Decreto Supremo No. 083-2020-PCM, de fecha 09 de mayo de 2020, modificó el artículo 4.1 del Decreto Supremo 044-2020-PCM e incluye, en la calificación de bienes y servicios esenciales, a los “Servicios para las actividades comprendidas en las cuatro fases de la estrategia de ‘Reanudación de actividades’, aprobada por Decreto Supremo 080-2020-PCM, conforme a su implementación”. Con dicha reanudación, la actividad de la recurrente pasó a ser considerada actividad esencial.

Posteriormente, se aprueba la Resolución Ministerial 156-2020-PRODUCE, que aprueba los Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción, para el inicio gradual e incremental de las siguientes actividades industriales, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, que incluye a las Industria metalmecánica e Industria de cemento.

En ese sentido, de lo señalado en el cuarto Hecho Verificado del expediente inspectivo, ha quedado acreditado que los trabajadores afiliados y detallados en el mismo considerando, realizaron labores en sobre tiempo durante los meses de junio y julio de 2020. La empresa recurrente, respecto a ello, considera que dichas labores no constituyen trabajo en sobre tiempo sino que forman parte de la compensación de las horas dejadas de trabajar durante el Estado de Emergencia Nacional, considerando que no se requiere presentar un convenio con los trabajadores tomando en cuenta que la empresa ha establecido la metodología de compensar, de forma unilateral, la cual resulta válida por cuanto desde mayo de 2020 le era aplicable lo dispuesto en el numeral 26.1 del artículo 26 del mismo cuerpo legal.

Así, si bien cuando la empresa otorgó dichas licencias, la norma que regulaba las mismas la obligaba a establecer un acuerdo con sus trabajadores, y en caso no llegarse al mismo a realizar la compensación correspondiente con posteriorioridad a la vigencia de la emergencia sanitaria, la norma aplicable y vigente en los meses de junio y julio en que se prestaron las labores en sobre tiempo, facultaba a la empresa a adoptar las medidas que garanticen la adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales, lo cual conlleva a pensar que el empleador podía disponer la compensación de manera unilateral.

A fin de determinar la norma aplicable, debemos tener en cuenta que, las disposiciones normativas deben interpretarse teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico en su conjunto, especialmente los principios del derecho administrativo sancionador.

Sobre el particular, es importante tener en consideración que con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, adquirió un carácter vinculante con respecto a todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales, no pudiéndose imponer “…condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley” 13; así, el criterio de supletoriedad que caracterizaba la redacción inicial de la Ley N° 27444 fue dejado de lado por el legislador, a favor de un criterio unificador o regulador, encontrándose los procedimientos especiales sujetos a los alcances de esta Ley, y a los principios que ésta contiene, establecidos en el artículo IV del Título Preliminar.

En esa misma línea argumentativa es importante tener en cuenta también que según el numeral 2º del artículo 247 del TUO de la LPAG14, las disposiciones allí contenidas15 son aplicables con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales y por ende, al procedimiento sancionador laboral.

En el presente caso cobra relevancia el principio de razonabilidad16, cuyo contenido se encuentra vinculado directamente con el principio de proporcionalidad, esto es,

Cabe precisar que mediante la modificación dispuesta por el artículo 2 del Decreto Legislativo 1272 se eliminó el orden de prelación existente para la aplicación de los criterios de graduación precitados, de tal manera que actualmente estos pueden ser aplicados de manera indistinta.

En ese orden de ideas, debemos considerar que la norma se emitió al amparo del Decreto de Urgencia 008-2020-SA, el cual declaró el Estado de Emergencia en territorio nacional por 90 días calendarios. Es en ese contexto que, con el fin de salvaguardar el financiamiento de las MYPES e impedir la propagación del virus, se permite a las empresas otorgar licencias con goce de haber compensables a aquellos trabajadores que no puedan desempeñar sus labores de manera remota. Ello a fin de proteger el vínculo laboral de dichos trabajadores y de no privarlos de ingresos mientras no pudieran realizar labor efectiva. No se previó en ese entonces que el avance del COVID-19 obligaría a emitir sucesivas prórrogas del Estado de Emergencia, el cual a la fecha se viene manteniendo en la práctica de manera indefinida.

Ello, sumado a que no se aprecia un daño ni al interés público ni al bien jurídicamente protegido, dado que los trabajadores gozaron de licencia con goce de haber otorgada con carácter de compensable desde un inicio, hace que aplicar una sanción por compensar dichas horas una vez reanudadas las actividades resulte en un exceso de punición.

Por lo antes expuesto, este Tribunal ha considerado amparar este extremo de la revisión.

En cuanto a la medida de requerimiento, en el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a éstas, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece:

Como se evidencia de la norma acotada, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

Así, al no ser exigible la conducta requerida, el requerimiento deviene nulo por infringir el principio de legalidad18.

Por ello, carece de objeto pronunciarse sobre la alegada vulneración del principio ne bis in idem.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten19. (el énfasis es nuestro).

Al respecto, el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el expediente Nº 01147-2012-PA/TC, en sus fundamentos décimo sexto y décimo octavo señala que:

En similar sentido, el Tribunal Constitucional en la resolución recaída en el Expediente N° 00789-2018-PHC/TC, en el literal d) del fundamento 9 señala que:

Ahora bien, los informes orales se sujetan a las particularidades de cada expediente, esto es, “cuando corresponda”, sin que ello implique una denegatoria arbitraria, sino que se analice cuáles son los posibles efectos de la aplicación de la oralidad en el mismo, esto es si pueden agilizar el procedimiento o facilitar el entendimiento del caso debido a su complejidad, entre otras razones.

Así tenemos que, el Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya vulneración de derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.

En ese entendido, este colegiado considera que cuenta con elementos de juicio suficientes para poder resolver el presente recurso, por lo que no considera pertinente llevar a cabo el informe oral solicitado por la impugnante.