Distribuidora Navarrete SA — Res. 871-2025

Antecedentes

1 Se deja constancia que dicha denominación figura en la Partida Electrónica N° 01162705 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, motivo por el cual será empleada en adelante en la presente resolución. Esta información puede ser vista a través del portal web: https://www.sunarp.gob.pe/bus-personas-juridicas.asp. 2 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub Materia: Gratificaciones); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub Materia: Vacaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub Materia: Depósito de CTS); Certificado de trabajo; Bonificación no remunerativa; Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub Materia: No goce de vacaciones); Remuneraciones (Sub Materia: Pago de la remuneración (sueldos y salarios)). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

15 20-2020-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago y goce vacacional, y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración vacacional a favor de los ex trabajadores, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 9,675.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios a favor de los ex trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,805.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la gratificación legal a favor de los ex trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,805.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación extraordinaria a favor de los ex trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,805.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración convencional a favor de los ex trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,805.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento adoptada el 02 de marzo de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 9,675.00.

i. La Sub Intendencia incurre en error al señalar que la empresa no habría cumplido con el pago de los beneficios sociales a los ex trabajadores involucrados en la presente investigación. Tal afirmación es incorrecta, dado que la empresa sí acreditó de manera idónea el pago total de dichos conceptos, mediante la presentación de boletas de pago y hojas de liquidación firmadas por los ex trabajadores en señal de reconocimiento, conformidad y aceptación del pago efectuado en forma oportuna. Asimismo, se informó que los pagos fueron realizados en efectivo, siendo las hojas de liquidación y las boletas firmadas el comprobante materialmente disponible en estos casos. En observancia del principio de verdad material, el personal inspectivo pudo verificar esta información directamente mediante los medios de contacto proporcionados por los propios ex trabajadores. En consecuencia, resulta falsa, arbitraria e ilegal la afirmación de que dichos documentos no constituyen medio probatorio suficiente para acreditar el pago de beneficios sociales. ii. La resolución apelada vulnera el principio al debido procedimiento, al incurrir en falta de motivación suficiente. De la lectura de los considerandos 38, 39 y 40 se advierte que la Sub Intendencia se limita a reproducir lo señalado en el Informe Final, sin realizar un análisis autónomo ni congruente con los medios probatorios ofrecidos. Además, invoca normativa no aplicable al caso concreto, como el Decreto Legislativo N° 1499, publicado el 10 de mayo de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, cuando los períodos materia de verificación corresponden a los años 2018 y 2019. Esta situación revela una intención sancionadora sin base legal ni fáctica suficiente, lo cual vulnera gravemente los principios de legalidad, razonabilidad y debido procedimiento. iii. Por otra parte, se aprecia un rechazo injustificado de los medios probatorios presentados, como las tomas fotográficas que acreditan la existencia del área de caja de la empresa, evidencia que podría ser corroborada por cualquier trabajador actual. Conforme al numeral 20.2 del artículo 20° del Decreto Legislativo N° 1499, se admite prueba en contrario respecto de pagos realizados fuera del sistema financiero, lo cual no fue valorado adecuadamente. La fundamentación jurídica y fáctica de la resolución resulta aparente e insuficiente, afectando los principios de presunción de veracidad, licitud y razonabilidad. iv. Habiéndose acreditado con documentación idónea la inexistencia de infracción sociolaboral, la Sub Intendencia incurre en nuevo error al omitir la aplicación del literal f) del artículo 255° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, que establece un supuesto de eximente de responsabilidad. Asimismo, de conformidad con el numeral 17.3 del artículo 17° del RLGIT, manifiesta que subsanó la infracción con

posterioridad al vencimiento del plazo de la medida de requerimiento, pero antes de la notificación de la imputación de cargos, dicha conducta debía ser valorada como una actuación diligente, lo cual no ha sido considerado en la resolución impugnada, configurándose así una grave vulneración al principio de razonabilidad. v. Finalmente, respecto al presunto incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 21 de agosto de 2019, la Sub Intendencia omitió valorar lo dispuesto en el numeral 3.19 del Informe N° 013-2018-SUNAFIL/INII, el cual establece que no corresponde imponer sanción por dicho incumplimiento cuando se haya determinado una causa de eximente de responsabilidad.

i. Corresponde precisar que, se advierte que la autoridad de primera instancia emitió pronunciamiento fundado en los hechos verificados en el Acta de Infracción, el análisis contenido en el Informe Final y los medios presentados por la parte inspeccionada. En ese marco, se determinó la existencia de infracciones en materia de relaciones laborales, debido al incumplimiento de obligaciones vinculadas al pago de vacaciones, compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, bonificación extraordinaria y remuneraciones convencionales, en perjuicio de los ex trabajadores. ii. Ahora, si bien, el administrado sostiene haber cumplido con dichas obligaciones, presentando como sustento boletas de pago y liquidaciones de beneficios sociales suscritas por los extrabajadores, las cuales supuestamente acreditarían el pago y la conformidad por parte de los beneficiarios. No obstante, del análisis integral de la documentación presentada, se evidencia que dichas liquidaciones de beneficios sociales no fueron suscritas por la empresa, lo cual afecta su valor probatorio respecto del consentimiento bilateral y la validez formal del documento. Por otra parte, no se adjuntaron comprobantes de pago, tales como constancias de depósitos bancarios u otro medio de acreditación objetiva del desembolso correspondiente a los conceptos reclamados. Y las boletas de pago presentadas no consignan de forma desagregada ni verificable los conceptos materia de imputación, lo que impide considerar que estos hayan sido efectivamente cumplidos. iii. En tal sentido, no se ha acreditado de manera fehaciente el pago de los beneficios sociales y remuneraciones observadas por la autoridad inspectiva, por lo que se mantiene la infracción imputada. Cabe recordar que, conforme al artículo 24° de la Constitución Política del Perú, el pago de remuneraciones y beneficios sociales tiene carácter prioritario frente a cualquier otra obligación del empleador. iv. Adicionalmente, conforme a los artículos 16° y 47° del RLGIT, los hechos constatados por los inspectores y formalizados en el Acta de Infracción gozan de presunción de veracidad, sin perjuicio del derecho del administrado a presentar pruebas en contrario. En el presente caso, al no haberse presentado medios probatorios suficientes que desvirtúen los hechos verificados por la autoridad inspectiva, corresponde ratificar los fundamentos de la resolución apelada y mantener la sanción impuesta. v. Por otra parte, se advierte que la autoridad de primera instancia sí ha motivado adecuadamente su decisión, en cumplimiento del principio de debida motivación previsto en el numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, así como el artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. En efecto, en el considerando 38 de la resolución apelada, se señala que los argumentos planteados en el escrito de descargo fueron previamente analizados y desvirtuados en el

Informe Final, cuyos fundamentos son compartidos por la autoridad decisora. Asimismo, en el considerando 39 de la resolución apelada, se hace referencia al numeral 20.1 del artículo 20° del Decreto Legislativo N° 1499, a fin de sustentar la obligación del empleador de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales. En cuanto a los medios probatorios ofrecidos —específicamente las fotografías del área de caja—, estos fueron valorados expresamente en el considerando 40, concluyéndose que no acreditan el pago efectivo de los beneficios sociales reclamados, y por tanto no desvirtúan los hechos constitutivos de la infracción. vi. De acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 001-98-TR, corresponde al empleador la carga de la prueba respecto del cumplimiento de sus obligaciones laborales. En este caso, la inspeccionada no presentó medios probatorios fehacientes que acrediten los pagos materia de imputación (como constancias de depósito u otros medios de verificación objetiva), por lo que no corresponde sostener que exista una falta de motivación o vulneración del debido procedimiento. Adicionalmente, conforme al criterio del Tribunal Constitucional (Expediente N.° 268-2012-PHC/TC), la motivación no exige una extensión determinada, sino que debe: a) contener fundamentación jurídica, b) mostrar congruencia entre lo solicitado y lo resuelto, y c) ofrecer una justificación razonable de la decisión. vii. En este caso, la resolución apelada cumple con dichos requisitos, pues analiza los hechos, las pruebas aportadas y los argumentos de defensa, concluyendo con una decisión debidamente razonada y conforme a derecho. Finalmente, el Acta de Infracción cumple con los requisitos de validez establecidos en la LGIT y en el RLGIT, por lo que constituye un instrumento válido para sustentar el procedimiento sancionador. En consecuencia, no se configura ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, ni se acredita afectación a los principios invocados por la inspeccionada. viii. Por otra parte, se advierte que el administrado no ha acreditado fehacientemente el cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales, al no presentar medios probatorios objetivos que respalden el pago de los beneficios observados, ni haber subsanado las infracciones antes de la notificación de cargos. En ese sentido, no corresponde aplicar eximentes ni atenuantes de responsabilidad, conforme al artículo 255° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 y el artículo 17° del RLGIT, por lo que debe mantenerse la sanción impuesta. ix. De igual modo, cabe precisar que, los inspectores de trabajo están facultados para emitir medidas inspectivas de requerimiento como mecanismos correctivos destinados a garantizar el cumplimiento del ordenamiento sociolaboral, conforme a lo establecido en el artículo 14° de la LGIT y el numeral 17.2 del artículo 17° de su reglamento. En ese sentido, la medida de requerimiento emitida el 02 de marzo de

2020 tuvo como finalidad que la inspeccionada acredite, dentro del plazo otorgado, el cumplimiento de sus obligaciones laborales, lo cual no fue debidamente atendido. x. Según consta en el Acta de Infracción, la inspeccionada no cumplió íntegramente con lo requerido en el plazo establecido, ni durante el procedimiento sancionador presentó documentación idónea que acredite dicho cumplimiento. Cabe recordar que, conforme al primer precedente de observancia obligatoria aprobado mediante la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, las infracciones contra la labor inspectiva son autónomas y no dependen de la verificación de infracciones sustantivas, por lo que su configuración no se encuentra supeditada a la comisión de otras infracciones materiales. xi. En consecuencia, al haberse constatado el incumplimiento de la medida de requerimiento y ante la falta de elementos probatorios que desvirtúen lo verificado por la autoridad inspectiva, corresponde confirmar la existencia de la infracción por afectación a la labor inspectiva, desestimando los argumentos de la inspeccionada y ratificando la resolución apelada en este extremo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 5 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 6 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Distribuidora Navarrete Sa

8 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. 9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT, y de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° de la norma antes acotada; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 18 de octubre de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 02 de noviembre de 2022, DISTRIBUIDORA NAVARRETE SA fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 166 8-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Solicita que se revoque y/o anule, declarando fundado el recurso, y se reconozca que sí cumplió con acreditar de forma idónea, integra e indubitable el pago por concepto de beneficios sociales en favor de sus ex trabajadores, subsanando todas las infracciones atribuidas. ii. Se ha inaplicado lo regulado en el artículo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley de CTS aprobado por el Decreto Supremo N° 001-97-TR, así como el artículo 18° del Decreto Supremo N° 001-98-TR. iii. Se ha inaplicado los principios de legalidad, razonabilidad, presunción de veracidad y verdad material del TUO de la LPAG, puesto que se desconoce la eficacia probatoria de las pruebas ofrecidas, tales como las hojas de liquidación de beneficios sociales, boletas de pago suscritas. Asimismo, la Intendencia tiene un fin recaudador, y es evidente que una persona no firmaría una boleta de pago o la hoja de liquidación de beneficios sociales, si es que no estuviera conforme. iv. Se ha inaplicado el literal f) del numeral 1 del artículo 257° del TUO de la LPAG. v. Respecto al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, se omite la valoración y pronunciamiento del numeral 3.19 del Informe N° 013-2018-SUNAFIL/INII, por el cual, establece que se podrá eximir dicha sanción, una vez determinado el eximente.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

que para su interposición debe estar expresamente facultada por ley o decreto legislativo. En ese marco, la LGIT, como norma especial aplicable, contempla dicha facultad en su artículo 49°:

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el

razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre la infracción al numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT

10 Constitución Política del Perú de 1993 Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…). 22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Artículo 25.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio.

encuentra regulada por ley o convenio. Más aún, toda persona tiene derecho después de un año de prestación de servicios continuos, a unas vacaciones anuales pagadas.

remuneración vacacional devengada. Siendo así, durante el procedimiento inspectivo, el inspeccionado no presentó documentación que acredite fehacientemente dicho pago, siendo posteriormente ratificada por instancias previas al procedimiento administrativo sancionador. En efecto, se verificó que varios ex trabajadores no recibieron el abono correspondiente a dichos conceptos, sin que se haya acreditado la existencia de compensaciones válidas ni la suscripción de acuerdos o convenios que justifiquen el incumplimiento.

De la vulneración al principio del debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas”.

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

“(…) 5. Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)”. (Énfasis añadido).

“(…). 4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de

la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (Énfasis añadido).

11 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.° 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.° 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del

proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…) c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…) d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada (…) e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. (…)”. (Énfasis añadido).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14”. (Énfasis añadido).

los ex trabajadores, es decir, se le imputa a la Inspeccionada una infracción laboral por no cumplir con el pago de dichos conceptos.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

12 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. (…)”.

13 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo general aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse. (…)”.

14 Normativa vigente al momento de la realización de las actuaciones inspectivas efectuadas en mérito a la Orden de Inspección N° 855-2020-SUNAFIL/ILM.

a la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, conforme al siguiente detalle:

“6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

Así como a la luz de los alcances establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023- SUNAFIL/TFL, el cual dispone que:

“6.26 La medida La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”15, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fi n de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

15 Artículo 2° del Decreto Supremo N° 004-2006-TR.

que: “los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”. Por lo tanto, su configuración se realiza de manera independiente a las infracciones detectadas en relación con el ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

FIGURA N° 01

16 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

considerada válida, conforme al marco normativo vigente y los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios, a favor de los ex trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago de la gratificación legal, a favor de los ex trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE

Relaciones laborales No acreditar el pago de la bonificación extraordinaria, a favor de los ex trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago de la remuneración convencional, a favor de los ex trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por DISTRIBUIDORA NAVARRETE SA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 1668-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 6697-2020- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 1241-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 06 de diciembre de 2021 y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 6697- 2020-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT.

TERCERO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 1241-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 06 de diciembre de 2021, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1241-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 1668- 2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 de octubre de 2022, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

QUINTO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, respecto al extremo de la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

SEXTO. – Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.40 de la presente resolución.

SÉPTIMO. – Notificar la presente resolución a DISTRIBUIDORA NAVARRETE SA, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

OCTAVO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250716MABJ – HR: 143316-2019