Distribuidora Navarrete SA — Res. 1541-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub grupo materia: Registro de trabajadores y otros en la planilla) y; Seguridad social (Sub grupo materias: Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud y pensiones).

- Una (01) infracción MUY GRAVE, por no registrar en la planilla electrónica a los trabajadores afectados, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 18,900.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE, por no registrar en el sistema de seguridad social en salud a los trabajadores afectados, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 18,900.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE, por no registrar en el sistema de seguridad social en pensiones a los trabajadores afectados, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 18,900.00

- Una (01) infracción MUY GRAVE, por no cumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 07 de noviembre de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

2 Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos. 3 Los recursos administrativos previstos en el procedimiento sancionador son los siguientes: a) Recurso de reconsideración: se interpone ante la autoridad de primera instancia que emitió la resolución objeto de impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. b) Recurso de apelación: se interpone ante la autoridad que emitió la resolución en primera instancia a fin de que lo eleve a su superior jerárquico, el que resolverá sobre el mismo. El recurso debe indicar los fundamentos de derecho que lo sustenten. c) Recurso de revisión: es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia

lo previsto en el artículo 2204 del TUO de la LPAG, a fin de que sean elevados a la instancia correspondiente para su evaluación y pronunciamiento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. Los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso se desarrollan en el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004- 2017-TR. El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días hábiles perentorios, y serán resueltos en el plazo de treinta (30) días hábiles, salvo en el caso del recurso de reconsideración, que será resuelto en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. 4 El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 5 Notificada a la impugnante el 12 de mayo de 2023. 6 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

7“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 8 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 9“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 10“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

11 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR. 12 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Distribuidora Navarrete Sa

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 31 de mayo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 534-2023-SUNAFIL/ILM, en base a los siguientes argumentos:

i. Sobre la inaplicación del inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú: Afirma que, desde sus descargos iniciales, acreditó que únicamente contrata servicios de seguridad interna bajo la modalidad de locación de servicios, sin vínculo laboral, subordinación ni horario, sustentado con recibos por honorarios mostrados al personal inspectivo. Sin embargo, la segunda instancia incurrió en un avocamiento indebido al atribuirle una relación laboral, vulnerando el principio de independencia jurisdiccional previsto en el artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 4, 13 y 51 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-93-JUS. Sostiene que solo el Poder Judicial tiene competencia exclusiva para reconocer relaciones laborales, conforme a la Casación Laboral N° 8389-2018-MOQUEGUA. En consecuencia, considera que la Intendencia excedió sus atribuciones al pronunciarse sobre hechos reservados a la vía judicial, configurando abuso de autoridad y vulneración de los principios de legalidad, razonabilidad y debido procedimiento. Por ello, rechaza las cuatro infracciones imputadas, insistiendo en la inexistencia de vínculo laboral con los mencionados trabajadores. ii. Sobre la inaplicación de los rasgos de laboralidad establecidos por el Tribunal Constitucional frente a los casos de desnaturalización de contratos de locación de servicios y del artículo 1764 y siguientes del Código Civil sobre los contratos de locación de servicios: Sostiene que la Intendencia no aplicó ni analizó los rasgos de laboralidad establecidos por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 03146- 2012-PA/TC, pese a que en el presente caso no se configuró ninguno de ellos. Afirma que la relación con los señores Johany Ortiz y Alejandro Gonzales fue de naturaleza civil, acreditada mediante recibos por honorarios emitidos por servicios prestados de forma independiente, sin horario, sin subordinación, sin uso de herramientas o materiales de la empresa y sin percibir remuneración mensual ni

derechos laborales. Por tanto, considera que la Intendencia excedió sus competencias al declarar la existencia de una relación laboral inexistente, emitiendo conclusiones falsas y forzadas, como la supuesta exclusividad o dependencia. Señala además que el Tribunal de Fiscalización Laboral debe coincidir en que no se acredita subordinación ni prestación personal, y que fundamentar una relación laboral únicamente en la existencia de recibos por honorarios resulta jurídicamente improcedente e ilegal. iii. Asimismo, argumenta que la autoridad administrativa inobservó la regulación del contrato de locación de servicios prevista en los artículos 1764 y siguientes del Código Civil, que amparan este tipo de vínculo civil. Indica que el Acta de Infracción no contiene elementos suficientes para calificar una relación laboral ni corresponde al personal inspectivo declararla, más aún cuando el Tribunal Constitucional ha precisado que los recibos por honorarios solo acreditan la retribución por un servicio profesional independiente. Reitera que los servicios fueron prestados por horas, con plena libertad y sin subordinación, y que los señores Ortiz y Gonzales actuaron como asesores externos. En consecuencia, califica las imputaciones de la Intendencia como abusivas, arbitrarias e ilegales. iv. Sobre la inaplicación de los principios de legalidad, razonabilidad, presunción de veracidad y verdad material: Se ha desconocido la eficacia de sus argumentos cuando visiblemente se ha sustentado que la empresa no mantuvo vínculo laboral con los señores Johany Ortiz y Alejandro Gonzales; por lo que, no corresponde sancionarla por las infracciones imputadas. Por tanto, queda claro que el fundamento de la resolución impugnada tiene solo un fin sancionador y recaudador, pues ha forzado la descalificación de sus argumentos, basándose sólo en una mera apreciación subjetiva, sin ningún sustento o respaldo legal, dando mayor relevancia al Acta de Infracción. Asimismo, se incurre en un avocamiento indebido, puesto que se exceden las atribuciones administrativas y se pretende reconocer una relación laboral cuando dicha facultad solo la tiene el Poder Judicial. Por tanto, no resulta razonable ni congruente que se descalifique sus argumentos con el solo propósito de multar a la empresa. v. Siendo así, corresponde el apartamiento de la fundamentación de la resolución impugnada por no ajustarse a la verdad e incurrir en falta de debida motivación administrativa, debido a los siguientes puntos: a) Se vulnera el principio de legalidad por exceder los límites normativos que regulan las facultades y competencias de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, acarreando un claro abuso de autoridad, b) Se vulnera el principio de razonabilidad por no ser razonable atribuir la comisión de cuatro (04) infracciones y se imponga multa, pese a que se acreditó que la única relación existente es la de carácter civil pero no una laboral, c) Se vulnera el principio de presunción de veracidad porque de los recibos por honorarios –vistos por el personal inspectivo– se concluye que la relación fue de carácter civil y, d) Se vulnera el principio de debido procedimiento, dado que la Sub Intendencia debió valorar sus argumentos de defensa, situación que conlleva a una indebida motivación de la resolución impugnada.

vi. En consecuencia, constituye un claro despropósito que la Intendencia haya optado por desconocer y tergiversar el sentido de la documentación y forzar incumplimientos e inaplicar los principios administrativos, con el fin de confirmar la sanción, pese a que la empresa cumplió con desvirtuar cada una de las imputaciones, que incluso es ajeno al sistema de inspección laboral, cuyos objetivos y fines no es el de inventar infracciones y multar a los administrados, sino de procurar el adecuado cumplimiento de la normativa laboral, conforme el artículo 1 de la LGIT. vii. Sobre la inaplicación del literal f) del inciso 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG: Sostiene que acreditó con argumentos válidos y legales la inexistencia de infracciones, al no haber mantenido vínculo laboral con los señores Johany Ortiz y Alejandro Gonzales; sin embargo, la Intendencia omitió valorar adecuadamente dicha prueba y no aplicó la eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria. Precisa que, conforme al numeral 17.3 del artículo 17 del RLGIT, la subsanación realizada después del vencimiento de la medida inspectiva y antes de la imputación de cargos debe ser considerada por la autoridad instructora, lo que no ocurrió en el presente caso. Además, advierte que la Intendencia incurrió en error al no aplicar lo dispuesto en el numeral 3.19 del Informe N.° 013-2018- SUNAFIL/INII, que prevé la posibilidad de eximir de sanción una vez determinada la eximencia de responsabilidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…)

2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –

en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones 6.8. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre los presuntos vicios en el procedimiento administrativo sancionador

“4.16 Que, durante las actuaciones inspectivas se ha verificado que los siguientes locadores, realizan una prestación personal, perciben una remuneración mediante la emisión de los recibos por honorarios, y se encuentran subordinados a la inspeccionada (…), por lo que entre ambos existe una relación de naturaleza laboral (…) En el documento de 04 folios, presentados por la inspeccionada el 13/11/2019, la inspeccionada indica que la totalidad el servicio fue por un promedio de dos (02) a cuatro (04) horas a la semana en unos casos, mientras que en otros casos de una (01)

vez por semana, reconociendo por lo tanto la subordinación del recurrente hacia la empresa. (…) (énfasis añadido) (…) 4.18 Del texto de este artículo se pueden observar los tres elementos esenciales y concurrentes de un contrato de naturaleza laboral, como son la prestación personal de un servicio, la remuneración y la subordinación, los cuales además permiten presumir que su duración es a plazo indeterminado (…), concurren los tres elementos de una relación de naturaleza laboral, como son: 1. PRESTACIÓN PERSONAL Y DIRECTA DE UN SERVICIO (…) De lo actuado se ha verificado que los trabajadores (…), brindan su servicio para la inspeccionada (…), de manera personal, no pudiéndose valer de auxiliares o sustitutos. 2. EL PAGO DE UNA REMUNERACIÓN (…) perciben una remuneración mensual como contraprestación por el trabajo realizado, conforme se evidencia de los recibos por honorarios electrónicos (…) 4.21 De la revisión de los recibos por honorarios de los recurrentes (…), se evidencia la realización de un servicio, que, si bien no es la actividad principal de la inspeccionada, es un servicio complementario y necesario para la inspeccionada. (énfasis añadido) (…) 4.29 Que, respecto a los descargos presentados por la inspeccionada en la verificación de cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, se debe dejar constancia de lo siguiente: (…) 4.29.2 Tampoco existe medio probatorio alguno que demuestre que nuestra empresa contrató a estos dos (02) señores para desempeñar un cargo que haya formado parte de la estructura organización de la empresa; al respecto es preciso señalar que el servicio de seguridad forma parte de la estructura organizacional, tal como se evidencia del TREGISTRO, donde la inspeccionada declarar contar con vigilante, y al encontrarse el servicio de “seguridad interna” vinculado con el de vigilancia, se entiende que dicho servicio forma parte de la estructura organizacional de la empresa.(…)” (énfasis añadido)

“6.19. En tal sentido, el principio de primacía de realidad tiene la virtud de proporcionar al órgano administrativo, dentro de un procedimiento sancionador, una importante herramienta conceptual, orientada a superar formalidades con las que eventualmente se hubiere revestido un acto jurídico laboral para encontrar el trasfondo de la verdadera naturaleza de la relación laboral entre el sujeto inspeccionado y el trabajador o trabajadores afectados; descartando de esta manera las actitudes que en fraude a la ley hubieren podido consumarse, incluso con aceptación del trabajador. (…). 6.23 Por lo anotado, en caso de discordancia entre los hechos constatados en la fiscalización y los documentos o acuerdos formales establecidos por el sujeto inspeccionado, debe darse preferencia a los primeros. Como se recuerda, el artículo 16 de la Ley N° 28806, establece la presunción de certeza de los hechos constatados por los inspectores en las fiscalizaciones realizadas, por lo que la determinación de prevalencia de los hechos se sostiene en tal comprobación y en el hecho de que cualquier contraprueba que pudiera presentarse durante los descargos, al ser examinada, no desvirtúe la imputación 6.24. Debe precisarse que la aplicación del principio de primacía de la realidad, por parte de la autoridad administrativa, debe estar debidamente motivado y sustentado en lo actuado en el procedimiento fiscalizador y en el procedimiento administrativo sancionador. En cada ámbito, se debe analizar si existe un correcto examen de los hechos y de su verificación; toda vez que la invocación”.

porque, si bien el personal inspectivo –en el desarrollo del Acta de Infracción– invoca el principio de primacía de la realidad y la importancia que esta reviste, dicha aplicación no se encuentra debidamente motivada, al no haberse realizado un análisis explícito que explique de manera articulada cómo los hechos descritos demuestran subordinación, conforme el punto 6.19 y 6.24 de la Resolución de Sala Plena N° 006-2022-SUNAFIL/TFL.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso,

o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión

está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis añadido)

Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…)

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis añadido)

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

13 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la DISTRIBUIDORA NAVARRETE SA, y, en consecuencia, NULA la Resolución de Subintendencia N° 695-2023-SUNAFIL/ILM/SISA4, de fecha 22 de febrero de 2023, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3180-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Subintendencia N° 695-2023- SUNAFIL/ILM/SISA4, de fecha 22 de febrero de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.33 de la presente resolución.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la DISTRIBUIDORA NAVARRETE SA, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251028SPDC - HR: 105384-2023