Disprotextil V&C S.A.C — Res. 346-2021

Mediante Orden de Inspección N° 109-2020-SUNAFIL/IRE-JUN, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 128-2020-SUNAFIL/IRE-JUN (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave a la normativa sociolaboral dos (02) infracciones muy graves en materia de seguridad social y dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva. 1.2 A través de la Imputación de cargos N° 022-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, de fecha 13 de enero de 2021, notificada a la impugnante junto con el Acta de Informe, el 25 de enero de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT), la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 077-2021-SUNAFIL/IRE- JUN/SIAI, (en adelante, el Informe Final), a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 109-2021-SUNAFIL/IRE- JUN/SIRE de fecha 13 de mayo de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 16,555.00 por haber incurrido en:

Con fecha 01 de junio de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 109-2021-SUNAFIL/IRE-JUN/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 49-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, de fecha 08 de julio de 20212, la Intendencia Regional de Junín declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 109-2021-SUNAFIL/IRE- JUN/SIRE, por considerar que:

Con fecha 30 de julio de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Junín el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 49-2021-SUNAFIL/IRE-JUN.

La Intendencia Regional de Junín admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 598-2021-SUNAFIL/IRE-JUNÍN, recibido el 06 de agosto de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de SUNAFIL, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que DISPROTEXTIL V&C S.A.C presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 49-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, emitida por la Intendencia Regional de Junín, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/ 16,555.00 por la comisión de las infracciones tipificadas como MUY GRAVES, previstas en los numerales 25.20 del artículo 25 del RLGIT, numeral 44-B.1 del artículo 44 y numeral 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la notificación de la citada resolución8.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por DISPROTEXTIL V&C S.A.C.

Con, Decreto Supremo N° 015-2010-TR se modificó el Decreto Supremo N° 018-2007-TR, mediante el cual se establecen disposiciones relativas al uso del documento denominado “Planilla Electrónica”, estableciendo en su art. 4-A lo siguiente:

En tal sentido, es obligación del empleador registrar a sus trabajadores en el T-REGISTRO el mismo día de ingreso a prestar el servicio, esto es, en el transcurso de dicho día. En el caso en particular, se verifica del acta de infracción que la señora Yanileth Katiusca Herrera Quintana inició la prestación de sus servicios el día 21 de enero de 2020. Por tanto, la impugnante se encontraba obligada a registrar a dicha personal en el transcurso del mismo día.

Así, es oportuno referir que a folios 45 del expediente inspectivo se verifica la declaración de fecha 27 de enero de 2020, efectuada por la extrabajadora referida, quien refiere: “(…) ingresé a laborar a la empresa el día 21 de enero de 2020 y me estaban enseñando como es el procedimiento de reordenamiento de mercadería y atención al cliente, el cual dejo en constancia que solo trabaje un día”.

En tal sentido, resulta atendible para efectos de materializar la obligación de la impugnante, sobre registro en planilla electrónica, las circunstancias particulares que se realicen en mérito a la prestación de servicios. En el presente caso, resultaba razonable lo expuesto por la impugnante9, referente a que el plazo para proceder al registro culminaba el día 21 de enero de 2020, fecha de inicio de la prestación de servicios, y siendo que la señora Herrera decidió voluntariamente no continuar con la prestación de servicios, dicha obligación se vio restringida, dada la situación particular del caso, no habiendo vencido el plazo para dicho registro.

En tal sentido, no resultaba razonable10 exigir el registro en planilla electrónica, si el mismo no surtiría efectos para las partes involucradas, ya que el alta en el T-Registro permite el registro

En atención a las consideraciones antes expuestas, se extiende dichos efectos a las infracciones imputadas, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT, sobre inscripción en el régimen de seguridad social en pensiones y salud, por lo que corresponde deja sin efecto las sanciones impuestas por dichas infracciones.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que, pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Como se evidencia de las normas acotadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

En tal sentido, corresponde analizar si en uso de dicha facultad, los inspectores comisionados extendieron la medida inspectiva de requerimiento en consideración al presupuesto principal contenido en el artículo 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, referente a la comprobación de la existencia de infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral al momento de emitir dicho requerimiento. De lo contrario, se estaría incurriendo en una violación del principio de legalidad11.

De las actuaciones realizadas se evidencia que el inspector comisionado emitió la medida de requerimiento de fecha 03 de febrero de 202012, con la finalidad de que la impugnante cumpla con acreditar: i) La inscripción en planillas de pago o planillas electrónicas a favor de la trabajadora Yanileth Herrera desde su fecha de ingreso; ii) La inscripción en el régimen de la seguridad social en salud a favor de la trabajadora Yanileth Herrera desde su fecha de ingreso; iii) La inscripción en el régimen de la seguridad social en pensiones a favor de la trabajadora Yanileth Herrera desde su fecha de ingreso. Para el cumplimiento de la misma, otorgó un plazo de cuatro (04) días hábiles, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva, en caso de incumplimiento.

En el caso en particular, atendiendo a los fundamentos expuesto en los considerandos 6.1 a 6.6 de la presente resolución, la impugnante no habría incurrido en las infracciones imputadas. Asimismo, atendiendo al hecho que no existía vínculo laboral vigente a la fecha de la medida de requerimiento, resultaba materialmente imposible dar cumplimiento a dicha medida. Por lo que, no correspondía emitir la medida inspectiva de requerimiento, habiéndose, con su emisión, vulnera el principio de legalidad13, pues fue emitida en contravención de lo previsto en el artículo 14° de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, al no haberse acreditado fehacientemente la existencia infracción que respalde su emisión, suma al hecho que resulta materialmente imposible su cumplimiento.

Por las consideraciones expuestas, corresponde amparar dicho extremo del recurso de revisión, dejando sin efecto la multa impuesta con la comisión de la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Respecto a la infracción a la labor inspectiva por la inasistencia de la inspeccionada a la diligencia de comparecencia de fecha 10 de febrero de 2020 a las 8:30 horas, resulta pertinente señalar que el artículo 9° de la LGIT establece que: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del

Asimismo, el numeral 3.2 del artículo 5 de la LGIT establece que “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para exigir la presencia del empresario o de sus representantes y encargados, de los trabajadores y de cualesquiera sujetos incluidos en su ámbito de actuación, en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector actuante”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Por su parte, el numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece:

Asimismo, el Deber de Colaboración según la LGIT es conceptuado como: “La obligación de los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, de colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello”, coligiéndose de esta manera como la conducta procedimental que debe mantener todo administrado en las actuaciones inspectivas.

Es preciso tener en cuenta que, la Obstrucción a la Labor Inspectiva es definida como las: “Acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, contrarias al deber de colaboración con la inspección de trabajo”14.

Sobre el particular, se debe considerar que la diligencia de comparecencia referida, se efectúa en consideración a la notificación de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 03 de febrero de 202015, con la finalidad que, en dicha diligencia, se acredite lo solicitado por los inspectores comisionados. Al respecto, como se ha señalado en el fundamento 6.13 de la presente resolución, la emisión de la medida inspectiva de requerimiento vulneró el principio de legalidad, por lo que todo el contenido que de ella se desprende no surte efecto de cumplimiento obligatorio para las partes involucradas. Cabe señalar que, constituye una obligación de todo administrado de participar de las diligencias para las que sea requerida y colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, salvo situación excepcional y debidamente acreditada que imposibilite dicho deber de colaboración, el mismo debe estar debidamente acredita. Así, si bien en el presente caso no ha concurrido un supuesto eximente de responsabilidad, al haberse vulnerado con la emisión de la medida inspectiva de requerimiento el principio de legalidad, se deja sin efecto la misma. Por tanto, corresponde amparar dicho extremo del recurso de revisión interpuesto, dejando sin efecto la sanción impuestas por la comisión de la infracción prevista en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.