Dirección Nacional de Inteligencia — Res. 877-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de control de asistencia; Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub Materia: Horas extras). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las horas extras, correspondiente al periodo desde noviembre 2016 a noviembre 2019, a favor del ex trabajador, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 11 de setiembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,309.00.

i. Manifiestan que, las Leyes de Presupuesto del Sector Público establecen expresamente que las entidades públicas, con independencia del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas para realizar gastos por concepto de horas extras. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la entidad inspeccionada, las labores en sobretiempo deben ser compensadas con descansos en otros días, previa coordinación entre el trabajador y el titular del órgano al que pertenece. ii. Por otra parte, el reporte de marcaciones generado por el sistema biométrico utilizado por la entidad inspeccionada brinda información sobre la hora de ingreso y salida del personal únicamente en los días en que asistieron a laborar. En ese sentido, el documento que obra en el expediente administrativo consigna los registros correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2016 y el 29 de noviembre de 2019, sin que dicho reporte permita conocer las incidencias producidas durante la jornada de trabajo o fuera de ella. iii. Mediante escrito presentado con fecha 24 de agosto de 2021, se acreditó que, si bien en ciertos días se laboró una jornada mayor a la ordinaria, también se evidencia

2 Notificada a la Procuraduría Pública con fecha 17 de agosto de 2021, véase folio 47 de expediente sancionador. 3 Notificada a la Procuraduría Pública con fecha 14 de diciembre de 2021, véase folio 80 del expediente sancionador.

que en otros días se trabajó menos horas —ya sea por retiro anticipado o por permisos concedidos—. Asimismo, debe considerarse que durante los años 2016 a 2019 se declararon múltiples feriados para el Sector Público, los cuales debían ser compensados mediante una hora adicional de trabajo diario por un número determinado de días. iv. En el escrito de descargos antes aludido se efectuó un detalle mensual, desde 2016 hasta 2019, de las horas laboradas fuera del horario ordinario. Si bien no se adjuntó un documento independiente que consigne la compensación de cada hora en sobretiempo, basta con revisar el referido escrito para advertir que, en el cómputo global, las horas de sobretiempo se compensan con las horas de inasistencia o ausencias justificadas, ya sea por permisos o salidas anticipadas. En tal sentido, no existe obligación pendiente de pago por concepto de horas extras. v. Respecto de la medida inspectiva, debe señalarse que en el mes de setiembre de 2020 las entidades públicas se encontraban en proceso de reincorporación progresiva al trabajo presencial, tras la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, y que muchos trabajadores continuaban laborando de manera remota. En ese contexto, la entidad solo contó con un plazo de dos días hábiles para atender dicha medida inspectiva, lo que afectó su derecho de defensa. Asimismo, se dejó constancia de que, mediante correo electrónico remitido el 16 de septiembre de 2020, el jefe de Recursos Humanos comunicó a SUNAFIL que no era posible efectuar pago alguno por horas extras, en tanto estas ya habían sido compensadas mediante el uso de permisos y feriados compensables. A lo largo del presente procedimiento, se ha solicitado que se valore debidamente el contexto nacional en la referida fecha, así como el cumplimiento del requerimiento mediante la referida comunicación electrónica.

i. Corresponde sostener que, las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público prohíbe a las entidades públicas, independientemente del régimen laboral aplicable, efectuar gastos por concepto de horas extras, dicha restricción no puede interpretarse de forma absoluta frente al derecho constitucional del trabajador a percibir una remuneración equitativa por el tiempo efectivamente laborado en sobretiempo.

4 Conforme al numeral 27.2 del artículo 27° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aun cuando no se hubiera notificado formalmente a la Procuraduría Pública de la impugnante, el hecho de haber interpuesto el recurso de revisión evidencia que tuvo conocimiento oportuno del acto administrativo cuestionado, por lo que, debe tenerse por válidamente notificado.

ii. Se argumenta que la diferencia remunerativa reconocida no implica un aumento o reajuste salarial, sino un derecho derivado directamente de la prestación de servicios fuera de la jornada ordinaria, cuya satisfacción es exigible conforme al ordenamiento sociolaboral vigente. En tal sentido, el cumplimiento de las obligaciones laborales debe formar parte de la programación presupuestal de la entidad, en tanto titular de un pliego presupuestario, siendo su responsabilidad prever y priorizar estas obligaciones dentro del marco de ejecución del gasto público. iii. Asimismo, cita como sustento la Resolución N° 342-2021-SUNAFIL/TFL, que establece que las limitaciones presupuestarias no constituyen una causal válida para justificar el incumplimiento de obligaciones sociolaborales, ni pueden ser oponibles frente al ejercicio de la función inspectiva. En igual sentido, se invoca jurisprudencia constitucional que ha precisado que la disponibilidad presupuestaria no puede afectar el ejercicio ni la exigibilidad de derechos fundamentales, como la remuneración. iv. Por otro lado, si bien se reconoce que la normativa laboral permite la compensación del trabajo en sobretiempo con descansos sustitutorios —según el artículo 10 del TUO del Decreto Legislativo N° 854—, ello requiere un acuerdo expreso entre el empleador y el trabajador. No obstante, en el presente caso, no se ha acreditado documentalmente la existencia de convenios o pactos individuales que sustenten la compensación alegada, ni se ha proporcionado evidencia fehaciente de su ejecución. v. En consecuencia, la entidad concluye que no resulta jurídicamente válido alegar restricciones presupuestales ni compensaciones no acreditadas como excusa para omitir el pago por las horas laboradas en sobretiempo, tratándose de un derecho constitucional protegido que no puede quedar supeditado a formalismos administrativos ni a la sola voluntad unilateral del empleador. vi. Por otra parte, con respecto a los demás alegatos planteados por la impugnante, es pertinente remitirse a lo ya expuesto en los numerales 26 y 27 del Informe Final, así como al considerando 22 de la resolución apelada, los cuales desarrollan de manera suficiente y motivada las razones por las que corresponde desestimar dichos extremos, habiéndose verificado su debida evaluación en base a la documentación que obra en el expediente. vii. Respecto a la infracción a la labor inspectiva, debe recordarse que el artículo 9° de la LGIT establece la obligación de los empleadores, trabajadores y demás sujetos responsables de colaborar con la inspección del trabajo cuando sean requeridos para ello. En consonancia, el artículo 5° de la LGIT faculta a los inspectores a requerir al sujeto inspeccionado la adopción de medidas correctivas en un plazo determinado, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones sociolaborales. viii. Asimismo, el numeral 18.2 del artículo 18° del RLGIT establece que, ante la verificación de infracciones, la autoridad inspectiva está facultada para requerir formalmente al sujeto responsable que adopte medidas concretas para revertir el incumplimiento detectado, dentro de un plazo específico. ix. En el presente caso, en virtud de las actuaciones inspectivas realizadas, se emitió la medida inspectiva de requerimiento de fecha 11 de septiembre de 2020, concediéndose a la entidad un plazo de dos días hábiles para acreditar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de horas extras. Sin embargo, la inspeccionada no cumplió con lo requerido, conforme se constata en los hechos constatados del Acta de Infracción, lo que configura una inobservancia al deber de colaboración previsto en el artículo 9° de la LGIT. x. En cuanto a lo señalado sobre el contexto de pandemia y al retorno progresivo al trabajo presencial, cabe indicar que la inspeccionada tuvo la oportunidad de presentar la documentación requerida dentro del plazo otorgado, y no lo hizo. Por tanto, no resulta atendible su invocación del derecho de defensa, en tanto no se

evidencia una afectación real ni se configura alguno de los supuestos de eximente de responsabilidad previstos en el artículo 257° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. xi. En consecuencia, corresponde confirmar la comisión de la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, por incumplimiento de una medida inspectiva de requerimiento. Los argumentos del recurso de apelación no desvirtúan los hechos verificados ni las conclusiones de la autoridad sancionadora de primera instancia, por lo que resulta conforme a derecho la confirmación de la sanción impuesta.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

Del Recurso De Revisión

6 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 7 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 8 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 9 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

10 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. 11 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Direccion Nacional De Inteligencia

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 04 de noviembre de 2022, la DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1662-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Respecto al pago de las horas extras, la impugnante al ser una entidad pública y para ejecutar su presupuesto debe hacerlo de acuerdo a las disposiciones que anualmente se dan en las leyes de presupuesto del sector público. Dichas leyes señalan expresamente que las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras; en tal sentido, las horas trabajadas en sobretiempo son compensadas en otros días, de acuerdo a la coordinación realizada entre el trabajador y el titular del órgano en el que labora. ii. Estando a ello, se advierte una contradicción, pues no se ha tomado en cuenta que el pago de las horas extras atenta contra los dispositivos legales mencionados y que acarrea responsabilidad administrativa y económica. Más aún, cuando no se cuenta con disponibilidad presupuestaria. iii. Por otra parte, tal como consta en autos, no existe ningún documento expedido por su jefe inmediato que lo autorice a cumplir con sus labores en horas extras o que se le encomiende la realización de alguna actividad laboral extraordinaria fuera del horario de trabajo. Tampoco se ha evaluado de que el ex trabajador se quedaba en su centro de trabajo fuera de la jornada porque estaba compensando permisos o feriados no laborables. iv. Asimismo, no se ha tomado en cuenta las medidas restrictivas, por las cuales, en el mes de setiembre de 2020, las entidades públicas se encontraban retornando a sus labores por la cuarentena; por lo que, resulta desproporcionado que se nos ponga multa, como si las condiciones en el mes de setiembre eran normales.

v. De igual manera, el jefe de recursos humanos envió en fecha 16 de septiembre de 2020, un correo manifestando que no era posible el pago, porque habían sido compensados a través de permisos o feriados. Y que el plazo de dos días hábiles, era un plazo reducido, lo cual atenta el derecho de defensa. vi. Finalmente, invoca como eximente de responsabilidad administrativa el establecido en el numeral 1 del artículo 257° del TUO de la LPAG, por caso fortuito o fuerza mayor amparado por el COVID19.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas”.

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (énfasis añadido).

“(…) 5. Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho. (énfasis añadido).

“(…). 4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las

personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (énfasis añadido).

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

12 Ley N° 30372, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2016 Artículo 8. Medidas en materia de personal (…) 8.5. Las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras. Ley N° 30518, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2017 Artículo 8. Medidas en materia de personal (…) 8.6. Las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras. Ley N° 30693, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018 Artículo 8. Medidas en materia de personal (…) 8.7. Las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras. Ley N° 30879, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 Artículo 8. Medidas en materia de personal (…) 8.7. Las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras.

“III. CONCLUSIONES 3.1. El numeral 8.7 del artículo 8° de la LPSP 2019 señala que las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras. Por tanto, corresponde a las entidades, regular las horas laboradas en exceso por los servidores y su forma de compensación a través de documentos de gestión interna, con sujeción a lo dispuesto en la Ley. 3.2. De conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 28561, en concordancia con el artículo 11 de su Reglamento, la programación de horas extras se hará teniendo en cuenta las necesidades del servicio y la aceptación voluntaria del trabajador, siendo que para los trabajadores del sector público, independientemente del régimen laboral al cual pertenecen, se tomará en cuenta las restricciones presupuestables vigentes, con lo cual al trabajo realizado en sobretiempo será compensado mediante descanso sustitutorio”. (énfasis añadido).

“III. CONCLUSIONES (…). 3.3 En general, en el sector público, de producirse trabajo en sobretiempo o en horas extras, considerado como aquel prestado en forma efectiva en beneficio del empleador fuera de la jornada ordinaria diaria o semanal vigente en el centro de trabajo, este podría ser compensado con períodos equivalentes de descanso físico. Las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras. Asimismo, corresponde a las entidades de la Administración Pública regular el procedimiento para el otorgamiento de la compensación con descanso físico, respecto de la prestación de servicios en exceso o en días no laborables, con sujeción a lo dispuesto en la Ley”. (Énfasis añadido)

planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.° 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.° 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o

13 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…) c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…) d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada (…) e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. (…)”. (énfasis añadido).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14”. (énfasis añadido).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 1261- 2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 07 de diciembre de 2021, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 5585-2020-SUNAFIL/ILM , por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el que se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 1261-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 07 de diciembre de 2021, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. – Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.34 de la presente resolución.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a la DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250716MABJ – HR: 11746-2020