Dimexa S.A — Res. 1428-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Submateria: Horas extras), Registro de Control de Asistencia (Submateria: Incluye Todas)

e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo - Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por el incumplimiento de pago de horas extras, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

i. Respecto al incumplimiento de acreditar el pago de horas extras, la apelante argumenta que presentó boletas de pago y contratos de trabajo que acreditan la cancelación de los conceptos cuestionados, los cuales no habrían sido valorados de manera adecuada por la autoridad instructora. ii. Asimismo, sostiene que en lo referido al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, cumplió con remitir la información solicitada mediante sistemas de comunicación electrónica, conforme lo previsto en el artículo 11 de la Ley General de Inspección del Trabajo y el artículo 12.1 del RLGIT, por lo que no resultaría procedente atribuirle responsabilidad. iii. Igualmente, expone que la actuación inspectiva habría vulnerado el principio de legalidad y el debido procedimiento, al no considerarse de manera integral la documentación presentada, generando un escenario de indefensión. iv. De otro lado, refiere que el procedimiento sancionador se encontraría afecto a caducidad, en tanto entre la notificación de la imputación de cargos y la emisión de la resolución apelada habría transcurrido un plazo superior al establecido en el artículo 259 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

2 Notificada a la impugnante el 10 de julio de 2023. 3 La multa fue reformulada mediante la Resolución de Intendencia N° 296-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 15 de octubre de 2023, que redujo el monto inicial de S/ 24,196.00 a S/ 15,727.40, aplicando una reducción del 30% respecto de la infracción en materia de relaciones laborales. 4 Notificada a la impugnante el 18 de setiembre de 2023.

i. Respecto a la caducidad del procedimiento sancionador, la Intendencia verificó que la imputación de cargos N° 1311-2022-SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN-IF fue notificada el 21 de octubre de 2022, iniciándose el cómputo del plazo de nueve (9) meses previsto en el artículo 259 del TUO de la LPAG, cuyo vencimiento correspondía al 21 de julio de 2023. En ese marco, la Resolución de Sub Intendencia N° 775-2023-SUNAFIL/IRE- LIB/SISA fue notificada el 10 de julio de 2023, dentro del plazo legal, por lo que se desestimó el alegato de caducidad formulado por la empresa. ii. En cuanto a la acreditación del pago de horas extras, se constató que, si bien el administrado presentó boletas de pago, estas no estuvieron acompañadas de las constancias de depósito que acrediten la efectiva cancelación a los trabajadores. En consecuencia, no se probó de manera suficiente el cumplimiento de la obligación, configurándose la infracción muy grave en materia de relaciones laborales. iii. En relación con la medida inspectiva de requerimiento, la Intendencia determinó que el sujeto inspeccionado no acreditó el cumplimiento oportuno de la orden emitida por el personal inspectivo, lo que configura infracción muy grave en materia de labor inspectiva. iv. Sobre los principios alegados por la empresa (debido procedimiento, legalidad, razonabilidad y motivación), se concluyó que durante la tramitación del procedimiento se otorgaron todas las garantías, las decisiones fueron debidamente motivadas y la documentación presentada fue valorada, descartándose la vulneración invocada. v. Respecto a la graduación de la sanción, se aplicó la reducción del 30% prevista en el artículo 40 de la Ley General de Inspección del Trabajo, quedando la multa final en S/ 15 727,40, al verificarse infracciones a la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. vi. En consecuencia, la Intendencia declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por DIMEXA S.A., revocando parcialmente la resolución apelada en el extremo referido a la motivación de la sanción impuesta por horas extras, y confirmando en lo demás lo resuelto por la Sub Intendencia, con la imposición de la multa indicada. vii. Acreditación del pago de horas extras. La empresa presentó boletas y constancias de pago correspondientes a los trabajadores afectados, las cuales fueron valoradas por la Intendencia, verificándose que los desembolsos se efectuaron en los periodos correspondientes. En tal sentido, se consideró que la infracción relativa al incumplimiento de pago de horas extraordinarias había sido subsanada, lo que permitió aplicar la reducción de la multa conforme al artículo 40 de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y lo previsto en el Decreto Supremo N° 008- 2020-TR. viii. Incumplimiento de la medida inspectiva. Pese a lo anterior, se determinó que la empresa no acreditó haber cumplido oportunamente con la medida de requerimiento ordenada por el personal inspectivo, configurándose así una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo

46 del RLGIT. La Intendencia precisó que este incumplimiento constituye una conducta autónoma y sancionable, en tanto afecta la eficacia de la función inspectiva. ix. Principios de razonabilidad y proporcionalidad. En aplicación de los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador, se reconoció la subsanación parcial de la infracción laboral, pero también se ratificó la responsabilidad de la empresa respecto al incumplimiento de la medida inspectiva. En consecuencia, se procedió a reformar la sanción, reduciendo el monto de la multa de S/ 24,196.00 a S/ 15,727.40, únicamente por la infracción en materia de relaciones laborales. x. Finalmente, se indicó que contra la Resolución de Intendencia solo procedía la interposición de recurso de revisión ante el Tribunal de Fiscalización Laboral, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8,y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE DIMEXA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de octubre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 296-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes argumentos:

i. Alega que la Resolución de Intendencia incurre en error respecto al extremo vinculado al pago de horas extraordinarias, pues la empresa sí acreditó, mediante la presentación de boletas de pago y constancias de depósito, que los desembolsos

10 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR

se efectuaron en los periodos correspondientes, por lo que no resultaba razonable mantener imputación alguna por este concepto. ii. Señala que en la etapa recursiva la autoridad administrativa no efectuó una adecuada valoración de las pruebas presentadas, consistentes en boletas de pago y constancias de depósito que acreditaban la cancelación de horas extraordinarias. Dichos documentos se encuentran amparados en el principio de presunción de veracidad reconocido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 y en el artículo 30 de la Ley General de Inspección del Trabajo, por lo que correspondía otorgarles plena eficacia probatoria. Al haber sido desestimados sin justificación suficiente, se vulneró el derecho de defensa y la debida motivación de las resoluciones administrativas. iii. Indica que la imputación por incumplimiento de medida de requerimiento no corresponde ser calificada como infracción muy grave, toda vez que la empresa nunca se negó a entregar la información solicitada, sino que esta se encontraba en sede distinta de la inspección, situación que debió ser valorada conforme al principio de razonabilidad. iv. Precisa que, conforme al precedente obligatorio emitido por el Tribunal de Fiscalización Laboral sobre la validez de las notificaciones vía casilla electrónica, la responsabilidad de la empresa debe analizarse en función de la efectiva recepción de los requerimientos, siendo que en este caso no existió ocultamiento ni resistencia, sino dificultades de gestión interna que impidieron remitir la documentación en el plazo conferido. v. Refiere que la imposición de la sanción, consistente en multa ascendente a S/ 15,727.40, resulta desproporcionada si se considera que la infracción laboral fue subsanada y que la información requerida finalmente fue puesta a disposición de la autoridad inspectiva, sin que ello haya generado perjuicio a los trabajadores ni obstaculización real a la labor inspectiva. vi. Finalmente, solicita que, atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen el procedimiento administrativo sancionador, se declare la nulidad de la Resolución de Intendencia N° 296-2023-SUNAFIL/IRE-LIB y, en consecuencia, se archive el procedimiento sancionador seguido en su contra.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción a la medida inspectiva de requerimiento

11 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.” 12 La entonces vigente “Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII – Reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva”, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 039-2016-SUNAFIL establecía lo siguiente: Finalización de las Actuaciones Inspectivas (…) 7.7.2 Medidas Inspectivas (…) 7.7.2.7 En caso se verifiquen infracciones insubsanables no se emitirá medida inspectiva de requerimiento, debiendo dejar constancia del carácter insubsanable de la infracción en la respectiva constancia de actuaciones inspectivas y anexos. La calificación de un incumplimiento como insubsanable debe ser notificada al sujeto inspeccionado durante las actuaciones inspectivas de investigación y deben estar sustentadas en la imposibilidad de revertir los efectos del incumplimiento normativo o de la afectación del derecho, sustento que también debe ser consignado en el Acta de Infracción. La directiva actual (Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020- SUNAFIL) consigna los mismos alcances en el numeral 7.14.8” 13 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (…)” 14 Tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 15 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

16 LGIT, “Artículo 14: “Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”. 17 RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54.

reitera los alegatos ya absueltos en la resolución impugnada. Sin perjuicio de ello, debemos señalar que, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…)” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Sobre el incumplimiento del pago de horas extras

18“C001 - Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (número 1), ratificado por Perú el 8.11.1945 Artículo 2 En todas las empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de aquellas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana, salvo las excepciones previstas a continuación: (a) las disposiciones del presente Convenio no son aplicables a las personas que ocupen un puesto de inspección o de dirección o un puesto de confianza;

Constitución Política del Perú19, los precedentes vinculantes que sobre el particular emita el Tribunal Constitucional y la norma especial sobre la materia.

(…) (c) cuando los trabajos se efectúen por equipos, la duración del trabajo podrá sobrepasar de ocho horas al día, y de cuarenta y ocho por semana, siempre que el promedio de horas de trabajo, calculado para un período de tres semanas, o un período más corto, no exceda de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho por semana.” 19 “Constitución Política de 1993. Artículo 25°. - La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio.”

Información Adicional

20 “Dictan disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada”, publicado el 06 de abril de 2006 en el diario oficial El Peruano. 21 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación

Relaciones laborales El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con trabajo en sobretiempo (horas extras).

Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

Labor inspectiva No cumplir oportunamente con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 17 de agosto de 2022.

Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por DIMEXA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 296-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 963-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 296-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, en todos sus extremos.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a DIMEXA S.A., y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251015RVSP – HR: 43271-2023