Diez Ases Express S.A.C — Res. 1416-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: contratos de trabajo (sub materia: formalidades), remuneraciones (sub materia: pago de la remuneración (sueldos y salarios)), jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (sub materia: vacaciones), planillas o registros que la sustituyan (sub materia: entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades), MYPES (sub materia: registro) y desnaturalización de la relación laboral (sub materia: incluye todas). remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, en razón a la desnaturalización de los contratos de trabajo modales celebrados entre el sujeto inspeccionado y los trabajadores afectados, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,366.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con subsanar el incumplimiento señalado en la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,366.00.

i. La inspeccionada señala que, la infracción por la que se impuso la multa fue subsanada antes de la emisión de la medida de requerimiento, lo que significa que no existía infracción para la fecha de la emisión de la medida. Además, se menciona que la documentación presentada como prueba nueva no fue debidamente valorada y que los contratos presentados ante la autoridad inspectiva no han sido considerados. En este sentido, la empresa considera que se han vulnerado los principios de la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso, el derecho a la pluralidad de instancias y el derecho a la defensa en cualquier estado del proceso, tal como se establece en la Constitución Política del Perú y en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Resolución de Sub Intendencia N° 172-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ/SISA, por lo cual, modificó el monto de la sanción a S/ 4,504.502, sobre la base de los siguientes principales fundamentos:

i. La autoridad de primera instancia ha podido constatar que, en los contratos modales celebrados con los trabajadores afectados, se usaron fórmulas genéricas al no especificar la causa objetiva del “inicio de actividades”. De la segunda cláusula de los contratos presentados, se observa que la inspeccionada se ha limitado únicamente a citar el artículo que describe el tipo de contrato de carácter temporal, sin proporcionar la causa específica que justifica tal contratación. Asimismo, en el supuesto caso de que esta contratación efectuada, tal como se menciona, haya sido realizada en virtud del inicio de actividades, es importante destacar que desde el comienzo de dichas actividades el 17 de julio de 2014, se ha excedido significativamente el plazo máximo estipulado para la contratación bajo esta modalidad temporal, el cual es de tres años. ii. Por las razones expuestas, y contrariamente a los argumentos alegados por la inspeccionada, la causa invocada al ser genérica no sustenta de los contratos sujetos a modalidad por inicio de actividades, habiendo el inferior en grado motivado suficientemente la resolución objeto de apelación. En consecuencia, se desnaturalizaron los contratos sujetos a modalidad suscritos, vulnerando la normativa relacionada a la contratación sujeta a modalidad dispuesta en el TUO de la LPCL, habida cuenta de la simulación de los requisitos que exige la ley para la celebración de dichos contratos. iii. En el caso del trabajador Cotrina Antolino, presentó el contrato de trabajo indeterminado del mismo sin firma del mencionado trabajador, sin embargo, en el recurso de apelación ha cumplido con regularizar dicha omisión, por lo que debe considerarse subsanada la infracción únicamente respecto del mencionado trabajador, no sucede lo mismo respecto del otro trabajador afectado Acuña Hugo, cuyo cargo es el de conductor, debido a que la inspeccionada no ha presentado documentación alguna que subsane la conducta infractora objeto de sanción, por lo que este despacho concluye que no le correspondería aplicarle la reducción del 30% establecida en el artículo 40° del RLGIT, sino solo la adecuación de la multa por el número de trabajadores afectados. Así también se verifica un error de digitación en el número de trabajadores afectados en materia sociolaboral siendo lo correcto “01” trabajador afectado, mientras que respecto a la infracción por incumplir la medida inspectiva de requerimiento los trabajadores afectados se mantienen en “20”, al ser esta una infracción insubsanable.

2 Para el caso de la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada bajo el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, determinó la sanción en S/ 1,138.50, y en el caso de la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada bajo el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, fijó la sanción en S/ 3,366.00. 1.8. La Intendencia Regional de Cajamarca admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 822-2023- SUNAFIL/IRE-CAJ, recibido el 15 de setiembre de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE DIEZ ASES EXPRESS S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de setiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 084-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando los siguientes alegatos:

i. Se presentó en su debida oportunidad la totalidad de los contratos de trabajo de los trabajadores supuestamente afectados, los cuales fueron modificados en el plazo de vigencia de los referidos contratos, quedando pactado el carácter indeterminado de cada uno de ellos; y dejándose constancia que dichas modificaciones se realizaron en fecha 01 de febrero de 2023 (fecha anterior a la emisión y notificación de la Medida Inspectiva de Requerimiento), lo cual evidencia en definitiva el cumplimiento fiel del deber de colaboración por nuestra parte. Sin embargo, por un error material, se omitió presentar la documentación sobre el trabajador Hugo Acuña, el cual se adjunta. ii. Según el artículo 2° del Decreto Supremo Nº 015-2010-TR se incorporó el artículo 4-A al Decreto Supremo Nº 018-2007-TR, se establece que el registro de información en el T- Registro deberá efectuarse por el empleador dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de haber ocurrido el evento o de la fecha en que el empleador tuvo conocimiento, sin embargo, el cuerpo inspectivo otorgó el plazo de cuatro (04) días hábiles en la medida de requerimiento, lo cual constituye un plazo ilegal y la vuelve pasible de nulidad, al haberse afectado el Principio de Legalidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la desnaturalización del contrato de trabajo sujeto a modalidad

“En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los

requisitos que la presente Ley establece. También puede celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo parcial sin limitación alguna”.

“Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral” (énfasis añadido).

“(…) La Autoridad Administrativa de Trabajo puede ordenar la verificación posterior de la veracidad de los datos consignados en la copia a que se refiere el párrafo precedente, a efectos de lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 77, sin perjuicio de la multa que se puede imponer al empleador por el incumplimiento incurrido” (énfasis añadido).

“Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada: a) Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, o después de las prórrogas pactadas, si estas exceden del límite máximo permitido; b) Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de concluida la obra materia de contrato, sin haberse operado renovación; c) Si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continuare laborando; d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley” (énfasis añadido).

“Contrato por Inicio o Incremento de Actividad Artículo 57.- El contrato temporal por inicio de una nueva actividad es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador originados por el inicio de una nueva actividad empresarial. Su duración máxima es de tres años. Se entiende como nueva actividad, tanto el inicio de la actividad productiva, como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa”.

Figura Nº 01

- No se especifica la causa objetiva de contratación correspondiente al “inicio de actividades”, según se verifica de la cláusula segunda de los contratos presentados por la inspeccionada, mediante los cuales justificó la contratación del personal bajo dicha modalidad incorporando como fundamentación el “artículo 54, inciso a) y 57 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 003-97-TR”, lo cual constituye una formula genérica. - Se superó el plazo máximo para la contratación bajo esta modalidad temporal, según se verifica de la cláusula primera del tipo de contrato analizado, en el cual se señala que las actividades de la empresa iniciaron el 17 de julio de 2014, lo cual, a la fecha de la contratación de los sujetos afectados (precisado e identificados en el numeral 4.4 del acta de infracción), ha superado ampliamente el plazo máximo de tres (03) años de este tipo de contratación temporal.

“6.29 Debe tenerse en cuenta que, considerando el tenor de las normas antes citadas, en el régimen laboral peruano resulta factible la celebración amplia de contratos modales de diferente naturaleza, siendo necesario que en cada supuesto se encuentre plenamente determinada la causa objetiva, que justifique su celebración. Sin embargo, si el inicio de la relación laboral se realizó al amparo de un contrato modal en el que no se haya especificado —o no se ha explicado suficiente ni adecuadamente la causa objetiva que justifique dicha contratación— aquella tendrá naturaleza indeterminada, por lo que, los contratos modales celebrados con posterioridad y de manera continua (renovaciones, prórrogas, adendas o similares), que sí especifiquen una causa objetiva, no podrán cambiar la naturaleza indeterminada de la relación laboral ya existente. 6.30 En la misma línea de lo señalado, la consignación de la causa objetiva de contratación temporal y su explicación adecuada y suficiente en el contrato que se celebra por escrito en estos casos, no pueden ser considerados como meras formalidades de los contratos sujetos a modalidad, pues su inobservancia acarrearía la invalidez de la cláusula referente a la temporalidad de la contratación, lo cual implica ser considerados como contratos a plazo indeterminado. Así, la remisión a la causa objetiva, por la excepcionalidad de esta contratación, no significa que baste con una indicación genérica de la causa, sino que deberá detallarse y explicarse adecuada y suficientemente, por qué la causa señalada motiva una contratación sujeta a modalidad determinada.” (el resaltado es propio).

Sobre la infracción por incumplimiento de la medida de requerimiento

“1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento.- No se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene – en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…).” (énfasis agregado)

“Artículo 258.- Resolución 258.1 En la resolución que ponga fin al procedimiento no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. 258.2 La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. La administración podrá adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia, en tanto no sea ejecutiva. 258.3 Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado.” (el resaltado es propio). 6.22. La fuente precedente, contiene lo que la doctrina ha denominado el Principio Reformatio In Peius, el cual encuentra sustento constitucional en el numeral 3 del

9 “Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.”

artículo 139 de la Constitución Política del Perú10 y además ha sido reconocido en diversas sentencias del Tribunal Constitucional11.

«… tiene lugar cuando el recurrente, en virtud de su propio recurso, ve empeorada o agravada la situación creada o declarada en la resolución impugnada, de modo que lo obtenido con la resolución que decide el recurso es un efecto contrario al perseguido por el recurrente, que era, precisamente, eliminar o aminorar el gravamen sufrido con la resolución objeto de impugnación14.»

10 Constitución Política del Perú «Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (…)». 11 Sentencias emitidas en los procesos tramitados en los expedientes números 1231-2002-HC/TC, 1553-2003-HC/TC, 1918-2002-HC/TC, 03762-2010-HC/TC. 12 “La reformatio in melius extendida al plano penal, avala y garantiza la operancia del sistema acusatorio, debido a que el ad quem únicamente está facultado para resolver a favor del condenado de ser posible dentro del marco de la legalidad y el debido proceso. (…) Con la prohibición de la reformatio in peius y la aplicación de su antípoda, la reformatio in melius, se pretende adecuar los recursos impugnativos a los principios constitucionales que garantizan la doble instancia bajo una efectiva tutela jurisdiccional y un debido proceso de acuerdo a las nuevas tendencias garantistas del proceso penal (…).” Al respecto, véase SANDOVAL, Otto. El reformatio in peius y el reformatio in melius dentro del proceso penal guatemalteco. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2006. 13 ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000, pp. 454-455. 14 STC 9/1998 de 13 de enero, fundamento jurídico 2; STC 196/1999, de 25 de octubre, fundamento jurídico 3. la obligación sustantiva asciende a dieciocho (18) de sus trabajadores.

15 “1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas (…).” 16 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.”

planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos. Del mismo modo, la conducta de la Administración debe ser objetiva y clara en cuanto a la determinación de los hechos.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.” (énfasis agregado)

17 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549. 18 “Artículo 13.- Alcances de la nulidad (…)

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales La desnaturalización de los contratos de trabajo modales celebrados. Numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por DIEZ ASES EXPRESS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 084-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 22 de agosto de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 085-2023- SUNAFIL/IRE-CAJ, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Intendencia N° 084-2023- SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 22 de agosto de 2023, y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 085-2023- SUNAFIL/IRE-CAJ, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Intendencia N° 084-2023-SUNAFIL/IRE- CAJ, de fecha 22 de agosto de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución. CUARTO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 084-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT. QUINTO. - Declarar agotada la vía administrativa, respecto a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en la materia de su competencia. SEXTO. - Remitir los actuados a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.41 de la presente resolución. SEPTIMO. - Notificar la presente resolución a DIEZ ASES EXPRESS S.A.C., y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes. OCTAVO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251015RLSH - HR: 216355-2022