Derrama Magisterial — Res. 723-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro de trabajadores y otros en la planilla; alta, modificación y baja en el T-Registro); Seguridad social (Sub materia: Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en pensiones y salud). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20168999926 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega de la constancia de alta o modificación y/o actualización de datos del T- Registro, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,118.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con la medida inspectiva de requerimiento notificada en fecha 28 de diciembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. Que, la impugnante aduce que sí cumplió con atender la información requerida respecto a la entrega de las constancias de alta, modificación y baja del T- Registro correspondientes, quedando desvirtuada la imputación de infracción realizada. ii. Que, al sancionar el incumplimiento de la medida de requerimiento se estaría ante un supuesto de doble imposición de multa, puesto que la primera sanción establece el no cumplimiento de entrega de las constancias de alta de dos de ocho trabajadores, así la segunda sanción corresponde al incumplimiento de la medida de requerimiento de entrega de dichas constancias; existiendo identidad de sujeto, hecho y fundamento; por lo tanto, se está vulnerado el principio del non bis in ídem así como el debido procedimiento, razón por la cual solicita se deje sin efecto y se declare nula la multa impuesta contra la labor inspectiva.

i. Puntualiza que, de la revisión de la documentación obrante en el expediente que fue debidamente verificada por la Inspectora actuante, se tiene que la impugnante acreditó la entrega de las constancias de alta o modificación y/o actualización de datos en el T-Registro de seis, de los ocho trabajadores comprendidos en la inspección, no habiendo remitido ningún otro medio de prueba que denote la entrega de éstas a los

2 Notificada a la impugnante el 30 de mayo de 2022, véase folio 52 del expediente sancionador.

dos trabajadores faltantes Tomas Caracela Quispe y Cesar Horacio Farfán Cárdenas, omisión que acredita la conducta infractora pasible de sanción. Por lo tanto, conforme fue esgrimido, de la documentación presentada por la impugnante, no se ha acreditado el cumplimiento de su obligación de entrega de las constancias de alta o modificación y/o actualización de datos en el T-Registro de los dos trabajadores mencionados; así considerando la persistencia en el incumplimiento pese a el otorgamiento de la oportunidad para la subsanación de dicha omisión detectada; es que se ratifica la incursión de la infracción leve en materia de relaciones laborales determinada por la autoridad de primera instancia. ii. Asimismo, en cuanto a la alegación por vulneración del principio del non bis in ídem así como el debido procedimiento, precisa que, el numeral 11 del artículo 248° del T.U.O. de la LPAG preceptúa que “por el principio non bis in ídem, no se puede imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7”. iii. De ahí que, es claro que la Inspectora propuso dos infracciones en un mismo procedimiento inspectivo apreciándose una identidad de sujeto; no obstante, no se observa una similitud entre los hechos verificados y los consecuentes fundamentos, debido a que la conducta infractora en relaciones laborales detectada resulta por la no entrega de las constancias de alta o modificación y/o actualización de datos en el T-Registro de los dos trabajadores; y la conducta infractora contra la labor inspectiva se deriva del incumplimiento de un requerimiento de la autoridad inspectiva; así se sustenta la propia naturaleza de cada infracción, correspondiendo una de ellas al incumplimiento de la normativa sociolaboral y la otra a la falta de colaboración con la Inspección del Trabajo; por lo que, lo alegado por la impugnante carece de sustento fáctico jurídico. iv. Asimismo, considera que al quedar acreditada la obligación de entrega de las constancias de modificación actualización de los datos en el T-Registro a los trabajadores Tomas Caracela Quispe y Cesar Horacio Farfán Cárdenas, las alegaciones formuladas por la impugnante carecen de sustento, no siendo convalidable su falta al deber de colaboración con el personal inspectivo frente al incumplimiento de sus obligaciones laborales consignadas en la medida inspectiva de requerimiento, subsistiendo por ende la infracción muy grave a la labor Inspectiva incurrida de conformidad con el numeral 46.7 del artículo 46° del Reglamento. v. De esta manera, en atención a lo analizado en los puntos precedentes, se ratifica que la impugnante incurrió en una (1) infracción en materia de relaciones laborales y una (1) infracción contra la labor inspectiva, persistiendo la sanción impuesta conforme fue determinado por la Sub Intendencia de Resolución.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Derrama Magisterial

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 16 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 151-2022-SUNAFIL/IRE-AQP en términos similares a su recurso de apelación, señalando los siguientes alegatos:

i. Precisa que, con relación a la primera conducta infractora imputada de no acreditar la entrega de alta o modificación y/o actualización de datos del T-Registro, que si cumplió con acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento. ii. Sobre la segunda conducta infractora de no haber cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada el 28 de diciembre de 2020, refiere que se le ha sancionado por haber cumplido parcialmente la medida emitida; sin embargo, se está interpretando erróneamente y confundiendo el concepto y los alcances del deber de colaboración. iii. Considera que el solicitarle las mismas constancias, es sancionarles doblemente por un mismo hecho, independiente de que se quiera tipificar como no acreditación de la entrega de la constancia de alta o modificación y/o actualización de datos del T- Registro, por una parte y por otra, como no haber cumplido con la medida inspectiva de requerimiento, violándose el principio non bis in ídem puesto que existe identidad en sujeto, hecho y fundamento. iv. Finalmente, alega que se ha vulnerado sus derechos constitucionales y procesales al debido procedimiento establecidos en el numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, en el artículo 43° y en el inciso a) del artículo 44° de la Ley N°28806, y en los numerales 2 y 11 del artículo 248° del TUO de la Ley N°27444.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción leve

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que

sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…)

- La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados.

- Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que si son iguales, no procederá la doble punición (…)”9 (énfasis añadido).

Sobre el derecho a la motivación y debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

9 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

N°28806, y en el numeral 2 del artículo 248° del TUO de la Ley N°27444, invocados por la impugnante. 6.18. Por lo tanto, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, no evidenciándose vulneración alguna al deber de motivación. En tal sentido, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No acreditar la entrega de la constancia de alta o modificación y/o actualización de datos del T-Registro. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT LEVE Labor inspectiva No cumplir oportunamente con la medida inspectiva de requerimiento notificada en fecha 28 de diciembre de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL,

aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por DERRAMA MAGISTERIAL en contra de la Resolución de Intendencia N º 151-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 27 de mayo de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N º 308-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N º 151-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a la infracción muy grave, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a DERRAMA MAGISTERIAL y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20230802JCR