Csalud S.A — Res. 561-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Certificado de trabajo (submateria: incluye todas); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (submateria: vacaciones); Compensación por tiempo de servicios (submateria: depósito de CTS); y Remuneraciones (submaterias: pago íntegro y oportuno de la remuneración convencional, gratificaciones y pago de bonificaciones). 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las vacaciones no gozadas de: i) Cantaro Bances Sylvia Milagros: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 y truncas del 01.04.2016 al 16.11.2016; ii) Espinoza Cueva Johana: vacaciones no gozadas del 01.10.2015 al 30.09.2016; iii) Canchari Romero Susy Marcosa: vacaciones truncas del 04.07.2016 al 31.12.2016; iv) Rondón Soria Lourdes Joana: vacaciones truncas del 01.07.2016 al 31.12.2016; v) Castillo Polo Elsa Soledad: vacaciones truncas del 01.01.2017 al 22.03.2017; vi) Correa Herrera Miguel Angel: vacaciones truncas del 03.10.2014 al 12.08.2015; vii) Chávez Flores Flavio Arturo Martin: íntegro truncas del 24.12.1015 al 24.11.2016; y, viii) Oncoy Montes Liz Margot: vacaciones no gozadas y truncas del 24.10.2014 al 08.12.2015, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, con sanción ascendente a S/ 7,087.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 13 de julio de 2017, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, con sanción ascendente a S/ 7,087.50.

- La Sub Intendencia determinó que no cumplió con subsanarse el pago de las obligaciones laborales; sin embargo, mediante los anexos 1-D, 1-E, 1-F, 1-G, se acreditó el pago de las remuneraciones de la extrabajadora Susy Marcosa Canchari Romero, mediante los documentos denominados "Egreso de caja" con los comprobantes de pago N° 5600455 del 16/01/2016, por la suma de S/ 932.00; Comprobante de pago N° 5600276 del 18/03/2017 por la suma de S/ 1,017.00; Comprobante N° 5600546 del 6/05/2017 por la suma de S/1,174.00 y Comprobante N° 5600536 del 7/07/2017 por la suma de S/ 1,097.00.

- Respecto a la extrabajadora Lourdes Joana Rondón Soria, mediante la liquidación de beneficios sociales, así como la constancia de "Egreso de caja" del 09 de agosto de 2017, (anexo 1-H) por la suma de S/ 1,770.65; se acreditó el pago de la CTS así como el pago de sus vacaciones truncas.

- Respecto de la extrabajadora Elsa Soledad Castillo Polo, se acreditó el pago de la compensación por tiempo de servicios, vacaciones truncas 2017-2018, y gratificaciones

truncas, mediante liquidación de beneficios sociales suscrita por la extrabajadora, acreditados mediante los anexos 1-I, 1-K, 1-L y 1-M; así como se ha cumplido con el pago de sus remuneraciones.

- La autoridad inspectiva afirma de forma arbitraria que no se acredita el pago de los beneficios laborales de las extrabajadoras señaladas anteriormente, pues sí se ha demostrado el cumplimiento mediante las boletas de pago y fechas de pago con los documentos denominados "pagos de planilla", conforme al principio de presunción de veracidad, más aún cuando está acreditado el cumplimiento de las infracciones detectadas por los Inspectores del Trabajo.

- La resolución apelada cuenta con un vicio de nulidad contenido en el artículo 10 inciso 1 y 2 de la Ley Nº 27444, al imponer una cuantiosa multa que vulnera la garantía del debido proceso, generando la nulidad del acto administrativo por contravenir una norma legal de carácter imperativa.

- De la revisión de la documentación presentada por la inspeccionada consistente en boletas de pagos, constancias de egreso de caja, constancias de depósitos en las cuentas de los extrabajadores, hojas liquidación de beneficios sociales, analizados, se advierte que la inspeccionada cumplió parcialmente con el pago de sus obligaciones laborales, correspondientes a una parte de las extrabajadoras afectadas, siguientes: SUSY MARGOSA CANCHARI ROMERO, ELSA SOLEDAD CASTILLO POLO y LOURDES JOANA RONDÓN SORIA.

- Sobre la eximente de responsabilidad, al verificarse que la inspeccionada si bien acreditó el pago de algunos conceptos laborales en favor de las extrabajadoras Susy Margosa Canchari Romero, Elsa Soledad Castillo Polo y Lourdes Joana Rondón Soria, no cumplió con el pago total de las demás obligaciones laborales de las mencionadas extrabajadoras, salvo respecto de la extrabajadora Lourdes Joana Rondón Soria; además, se advierte que la inspeccionada tampoco ha acreditado el cumplimiento de pago de los conceptos relacionados al pago de gratificaciones legales, bonificación extraordinaria, remuneración vacacional y CTS a favor de los

2 Notificada a la inspeccionada el 19 de julio de 2021. extrabajadores Sylvia Milagros Cántaro Bances, Johanna Espinoza Cueva, Miguel Ángel Correa Herrera, Flavio Arturo Martín Chávez Flores y Liz Margot Oncoy Montes, considerados también como afectados en la resolución apelada; cabe precisar que el cumplimiento de algunos conceptos laborales en el presente caso no genera que la sanción impuesta deba ser modificada por la Intendencia, en tanto tras haber considerado eximentes de responsabilidad los periodos pagados antes de la notificación de la Imputación de Cargos, ello no afecta el monto de la multa impuesta.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.”

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

- Se incurre en vulneración de los principios reconocidos en los incisos 1.1, 1.2, 1.4, 1.11 del artículo IV, así como del numeral 1, 2, 3, 4 y 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG; pues la resolución impugnada, contiene una indebida motivación.

- La impugnante sí cumplió con acreditar la subsanación de las conductas calificadas como infractoras, conforme se puede apreciar del escrito de apelación y los escritos de descargos que obran en autos, y de los medios probatorios que se acompañaron al mismo, como las boletas de pago y los comprobantes de transferencias bancarias de las cuentas de CSALUD S.A. con destino a las cuentas de los trabajadores involucrados para mayor certeza del cumplimiento de los hechos imputados.

- De acuerdo a lo resuelto por la Primera Sala en la Resolución Nº 067-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, y en aplicación del principio de razonabilidad se considera que no era razonable emitir una medida inspectiva de requerimiento de pago, si el inspector ya tenía conocimiento de los incumplimientos generados por la impugnante ante la falta de pago de las obligaciones laborales; lo que evidencia la

8 Iniciándose el plazo el 20 de julio de 2021.

vulneración al principio de razonabilidad, puesto que la medida de requerimiento fue impuesta habiéndose acreditado la crisis económica por la que atraviesa la impugnante desde el 2016, por ello, resulta irracional y desproporcionada. Por tanto, se debe desestimar la multa impuesta en este extremo y ordenar la nulidad del acto administrativo por contravenir una norma de carácter legal, conforme al numeral 1 del artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la vulneración a los principios del procedimiento administrativo sancionador

9 “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir LGIT, precisa que este principio garantiza a las partes todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho.

pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” 10 STC recaída en el Expediente N° 01412-2007-PA/TC, que señala: “Como ya lo ha expresado el Tribunal Constitucional en abundante sostenida jurisprudencia el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, en cuyo seno se alberga los actos administrativos, a fin de que las personas estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda afectarlos. Queda claro, entonces, que la cláusula fundamental contenida en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, no es “patrimonio” exclusivo de los procesos jurisdiccionales, sino que el respeto del contenido del debido proceso se hace extensivo a los procesos administrativos públicos (como es el caso de autos) o privados”. (Fundamento 8). – “Dentro de la misma línea de razonamiento este Colegiado ha precisado que dentro de aquel conjunto de garantías mínimas que subyacen al debido proceso se encuentra el derecho a la motivación de las resoluciones, que adquiere vital preponderancia en el caso que nos ocupa, pues es este el derecho que el demandante reclama como vulnerado y por el cual acude a esta instancia en pos de tutela. Por su parte, la doctrina considera que la motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la administración” (Fundamento 10). – “En consecuencia debemos afirmar que el derecho a la motivación de las decisiones administrativas si bien no tiene un sustento constitucional directo, no es menos cierto que forma parte de aquella parcela de los derechos fundamentales innominados que integra la construcción constitucional del Estado que permite apartarse de toda aquella visión absoluta o autoritaria” (Fundamento 11). – “Hablar de un Estado Constitucional significa hablar de un modelo estatal en el que sus acciones están regidas por el Derecho, lo que trae como correlato que la actuación de la administración deberá dar cuenta de esta sujeción para alejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la administración deberán contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso”. (Fundamento 12). – “Cuando en el considerando precedente se ha hecho referencia al término adecuada motivación, esta debe ser entendida como aquella que genera consecuencias positivas en un Estado de Derecho en el que la protección de los derechos fundamentales se rige como uno de sus principales pilares. Así, por un lado, tenemos que una resolución debidamente motivada brinda seguridad jurídica a los administrados, y por otro, sirve como elemento de certeza a la autoridad administrativa que decide el procedimiento”. (Fundamento 13).

manifestación de ambos. No obstante, este carácter fundamental del derecho a probar tiene reconocimiento constitucional, jurisprudencial y doctrinal en el derecho comparado”.11

11 http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15713/16149 infracción; toda vez que, de la revisión de la liquidación de beneficios sociales, se ha verificado que por ejemplo de las ex trabajadoras Susy Marcosa Canchari Romero y Elsa Soledad Castillo Polo, no han presentado medio probatorio alguno que acredite el goce y pago de la remuneración vacacional; concluyendo que la inspeccionada ha incurrido en la infracción muy grave por no pago de la remuneración vacacional y vacaciones truncas. Entonces, no se ha vulnerado el principio al debido procedimiento, derecho de defensa, legalidad, razonabilidad, verdad material, presunción de licitud, y tampoco se ha incurrido en abuso de autoridad por parte de la autoridad administrativa de trabajo.

Sobre la Medida Inspectiva de Requerimiento 6.14 Sobre el particular, en el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Por lo que, pueden adoptar acciones orientadas a la misma, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

12 Tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 13 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:(…) 1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

14 Cartas evidenciadas y verificadas en la Resolución N° 195-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala recaída en el expediente sancionador 2834-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4. 15 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 3. Razonabilidad. – Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado. e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 6.21 En ese sentido, en el caso materia de autos correspondía únicamente determinar las conductas infractoras y proponer las sanciones por tales conductas. A consideración de esta Sala, el emitir una medida de requerimiento teniendo conocimiento de la imposibilidad de su cumplimiento por parte del investigado desnaturaliza la finalidad de la misma y vulnera el principio de culpabilidad16 y razonabilidad.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CSALUD S.A., contra la Resolución de Intendencia N° 1184-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 16 de julio de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 1074-2017-SUNAFIL/ILM/SIRE2, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 1184-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la sanción impuesta por el incumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dejando sin efecto la multa impuesta por dicha infracción.

TERCERO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1184-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la sanción impuesta por la infracción en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

QUINTO.- Notificar la presente resolución a CSALUD S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO.- Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

16 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.

SÉPTIMO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente

Luz Imelda Pacheco Zerga