Csalud S.A — Res. 404-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gratificaciones, Pago de bonificaciones, Depósito de CTS. PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 03 de mayo de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, ascendente a S/ 9,337.50.

- La resolución apelada indica en su considerando 12 que, si bien el monto adeudado por concepto de CTS más intereses legales está incluido en la liquidación de beneficios sociales del trabajador, esta no se encontraba firmada por el citado trabajador, sin embargo, se adjuntó el depósito judicial donde se abonó en el Banco de la Nación la suma ascendente a S/ 2,875.28 correspondiente a la liquidación de beneficios sociales.

- Se debe aplicar el eximente estipulado en el inciso f) numeral 1 del artículo 257 del Texto Único Ordenando de la Ley 27444, a las infracciones impuestas, toda vez que se ha subsanado voluntariamente el acto u omisión infractor antes que sea notificada el Acta de Infracción que dio inicio al presente procedimiento administrativo sancionador, habiendo una condición eximente de responsabilidad por la infracción sociolaboral y en consecuencia tampoco habría incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.

- Debido a que la SUNAT efectuó procesos de ejecución coactiva, embargos de cuentas y mandatos de retención a terceros para que estos no paguen las deudas adquiridas con la inspeccionada, a raíz de motivos ajenos a su control, pues hubo retrasos en los pagos que debían realizar las compañías de seguros y otros pagos derivados de los planes de salud que no permitieron cumplir con sus obligaciones tributarias, CSALUD S.A. no pudo cumplir con su obligación sociolaboral respecto del trabajador afectado, no tratándose de una negativa sino un retraso, por lo que, al ser una situación calificada como de fuerza mayor corresponde la aplicación del artículo 39 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, no debiéndose considerar como infracción del empleador, pues de lo contrario se estaría vulnerando los derechos y garantías de la inspeccionada reconocidas en todo procedimiento administrativo al imponer de manera arbitraria y contraria a derecho una multa con una cuantiosa suma dinerada.

- Sobre el Expediente N° 08007-2018-0-1801-JP-LA-03, al realizar la ILM la consulta en el sitio web del Poder Judicial, advirtió que el estado de dicho proceso judicial se encuentra en ejecución y no ha sido archivado, estando a la espera de la confirmación de la parte demandante para que informe al juzgado sobre los depósitos realizados por la inspeccionada en cumplimiento de la obligación acordada en observancia del acuerdo conciliatorio arribado por las partes sobre el monto a pagar por la inspeccionada, no pudiendo concluirse, en consecuencia, que la inspeccionada haya subsanado su infracción en materia de relaciones laborales, correspondiendo desestimar lo esgrimido en este extremo. Por lo que, al verificarse el no cumplimiento de pago de la obligación sociolaboral por parte de la Inspeccionada, concluyó la ILM que no corresponde la aplicación de la eximente de responsabilidad establecido en el inciso f) numeral 1 del artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444.

- Con relación al numeral iii) del punto II de la resolución venida en grado, la ILM señala que el artículo 39 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el D.S. N° 003-97-TR, establece lo siguiente: "La inobservancia de las formalidades no esenciales del despido, no inhibe al juez de pronunciarse sobre el fondo del asunto dentro del plazo de ley a fin de determinar la existencia o no de la falta grave", por lo que, es evidente que la normativa invocada por la inspeccionada no guarda relación con el argumento esgrimido, referido a justificar el incumplimiento incurrido; al respecto, cabe indicar que la situación alegada por la inspeccionada no la exime de responsabilidad ni enerva los hechos constatados por el personal inspectivo. Lo anterior se desprende del hecho que cuenta con trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada, el cual se encuentra regulado por el Texto Único Ordenado del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, y como tal, tiene la obligación de otorgar a dichos trabajadores los beneficios sociales correspondientes a dicho régimen, como es la CTS, por ende, la ILM sostiene que carece de sustento lo esgrimido en extremo de la apelación.

2 Notificada a la inspeccionada el 28 de junio de 2021.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CSALUD S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

- Según lo dispuesto en el considerando 6.24 y 6.25 de Resolución N° 067-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador. En aquellos casos en los que el inspector tiene conocimiento de la insubsanabilidad de la conducta o de la imposibilidad del sujeto inspeccionado de cumplirla, su emisión atentaría contra el Principio de Razonabilidad. Dado que ante la Sala se acreditó el estado financiero y la poca capacidad de pago del sujeto inspeccionado correspondería aplicar el mismo criterio de interpretación a efectos de que se garantice el cumplimiento de los principios rectores del procedimiento administrativo.

- Contrariamente a lo afirmado por la Autoridad Administrativa, sí cumplió con acreditar la subsanación de las conductas calificadas como infractoras, conforme se puede apreciar del escrito de apelación y los escritos de descargos que obran en autos, y de los medios probatorios que se acompañaron al mismo.

- Mediante escrito de apelación presentado el 10 de junio de 2019 señala que cumplió con acreditar el pago de CTS a favor del señor Julio Idilio Cabello Rivas, para lo cual presentamos como medio de prueba la hoja de liquidación de beneficios sociales, el depósito judicial consignado a Julio Idilio Cabello Rivas, copia de la demanda presentada por el señor Julio, y la contestación de demanda presentada por nuestra empresa ante el 3° Juzgado de Paz Letrado - Laboral de Lima.

- Lo resuelto por la Autoridad Administrativa mediante Resolución de Intendencia vulnera el debido procedimiento, toda vez que en el punto 3.2. de la resolución materia de revisión señala que el depósito judicial presentado por nuestra empresa no es un medio idóneo ni les genera certeza para acreditar el pago de CTS a favor del señor Julio, pese a que en el punto 3.1. de la resolución de intendencia señala que efectivamente existe una demanda laboral iniciada por el señor Julio contra la empresa, y que posterior a ello nuestra empresa contestó dicha demanda adjuntando un depósito judicial - el cual obra en autos y que fue presentado por la empresa - por el mismo monto descrito en la Liquidación de Beneficios Sociales.

8 Iniciándose el plazo el 30 de junio de 2021.

- Las autoridades administrativas deben actuar dentro del marco de la Constitución, la ley y al derecho, así como de conformidad a las facultades que le son atribuidas y de acuerdo para los fines para los que le fueron conferidas, quedando claro que existe un quebrantamiento o desacato con las formalidades requeridas por la Ley, ya que al no sustentar de manera fehaciente las supuestas normas infringidas y de manera arbitraria imponer una cuantiosa multa solo con el fin de perjudicar económicamente al administrado, encontrándonos en un vicio, por lo cual deviene la nulidad de la Resolución de Intendencia N° 1014-2021- SUNAFIL/ILM.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

9 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.” 10 RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54. 11 La entonces vigente “Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII – Reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva”, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 039-2016-SUNAFIL establecía lo siguiente: Finalización de las Actuaciones Inspectivas (…) 7.7.2 Medidas Inspectivas (…) 7.7.2.7 En caso se verifiquen infracciones insubsanables no se emitirá medida inspectiva de requerimiento, debiendo dejar constancia del carácter insubsanable de la infracción en la respectiva constancia de actuaciones inspectivas y anexos. La calificación de un incumplimiento como insubsanable debe ser notificada al sujeto inspeccionado durante las actuaciones inspectivas de investigación y deben estar sustentadas en la imposibilidad de revertir los efectos del incumplimiento normativo o de la afectación del derecho, sustento que también debe ser consignado en el Acta de Infracción. La directiva actual (Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020- SUNAFIL) consigna los mismos alcances en el numeral 7.14.8” 12 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (…)” 13 Tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 14 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…)

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CSALUD S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1014-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 25 de junio de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1573-2018-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 1014-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la sanción impuesta por el incumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 03 de mayo de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dejando sin efecto la multa impuesta por dicha infracción.

18 TUO de la LPAG,” Artículo 218. Recursos administrativos (…) 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días. 19 TUO de la LPAG, “Artículo 151.- Efectos del vencimiento del plazo 151.1 El plazo vence el último momento del día hábil fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido. 151.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto, notificando la decisión. 151.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo. 151.4 La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deba asegurárselas tratamiento paritario”. 20 TUO de la LPAG, “Artículo 154.- Responsabilidad por incumplimiento de plazos 154.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.”

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a CSALUD S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas Luz Imelda Pacheco Zerga

Presidente

Documento firmado digitalmente Luis Gabriel Paredes Morales