Crianza Ecológica Integral S.R.L — Res. 812-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios)); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materias: Registro de trabajadores y otros en la planilla; y, Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades). 2 Véase folio 50 (reverso) del expediente inspectivo. PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro y oportuno de las remuneraciones del periodo comprendido desde julio 2018 a noviembre 2020, a favor de su extrabajadora Alejandra Remuzgo, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 484.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 19 de julio de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,012.00.

i. Refieren que el pago de las remuneraciones de la extrabajadora fue en efectivo y de manera directa, siendo que los únicos pagos bancarizados fueron realizados en diciembre 2020, enero y febrero 2021, por lo que, el hecho de que estos últimos pagos hayan sido realizados a través de una entidad del sistema financiero, no constituye razón suficiente para sostener que los pagos correspondientes al periodo julio 2018 a noviembre 2020 no fueron realizados, máxime si la acreditación del pago de las remuneraciones debe determinarse en base a los indicios razonables expuestos en este procedimiento y de la propia declaración de la extrabajadora, resultando irrazonable y desproporcionado que aun cuando la extrabajadora no haya realizado reclamo alguno o cuestionamiento por falta de pago de remuneraciones, se haya impuesto una sanción e incluso sí así lo hubiera, no se habría determinado cuáles serían los periodos presuntamente pendientes de pago, puesto que hay una declaración por parte de la extrabajadora de haber recibido en efectivo. ii. Alegan que mediante el descargo al Informe Final de Instrucción, su representada, reitero que, de acuerdo con el descargo a la Imputación de Cargos, que en el citado Informe de Actuaciones Inspectivas el inspector actuante señaló que era un hecho constatado que la propia extrabajadora admitió que su remuneración fue cancelada en efectivo, entonces, ¿Por qué la autoridad sancionadora no ha tenido en cuenta la propia manifestación de la extrabajadora, en donde reconoce que el pago de sus

remuneraciones fue en efectivo?, pese a que reconoce que los hechos constatados contenidos en el acta de infracción merecen fe. iii. Por último, precisan que la autoridad sancionadora sostuvo que, en el escrito del 21 de junio de 2021, su representada no sostuvo que no contaba con las constancias que acrediten el pago de las remuneraciones, sino que era muy corto el tiempo para poder encontrarlas, por tal razón no se logró acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, sin embargo, atendiendo a los indicios razonables que permiten colegir que sí se efectuó el pago de las remuneraciones, no resulta congruente que se imponga una sanción por infracción a la labor inspectiva, máxime si durante todo el procedimiento su representada ha informado que los pagos fueron efectuados en forma directa y en efectivo a favor de la extrabajadora, por lo que no cuentan con documentos que permitan verificar su trazabilidad, o en su defecto, debía determinar cuáles serían dichos periodos adeudados.

i. Que, la inspeccionada ha remitido la misma documentación que fue evaluada por el inferior en grado, lo cual no logra acreditar el cumplimiento del pago íntegro de la remuneración desde julio 2018 a noviembre 2020, si bien es cierto, a través de la carta notarial de fecha 22 de junio de 2021 dirigida a la extrabajadora, la inspeccionada indica que hizo entrega de las boletas de pago por dichos periodos, no obstante no cuenta con la firma de la extrabajadora, lo cual no genera convicción sobre el pago íntegro, no pudiéndose pretender que tácitamente está aceptado un pago, tanto más sino existe documento alguno que acredite fehacientemente los pagos de dichas remuneraciones. ii. Si bien las boletas de pago pueden constituir documentos que acrediten el cumplimiento del pago de las remuneraciones y beneficios laborales, como el que se analiza, éstas deben cumplir con lo dispuesto por el artículo 18 del Decreto Supremo N° 001-98-TR: “El pago de la remuneración se acredita con la boleta de pago firmada por el trabajador o con la constancia respectiva, cuando aquel se haga a través de terceros, sin perjuicio de la entrega de la boleta correspondiente dentro del plazo establecido en el artículo siguiente, o mediante el empleo de tecnologías de la información y comunicación. En los casos en que el pago de la remuneración se realice a través de las empresas del sistema financiero, el pago se acredita con la constancia de depósito en la cuenta de ahorros a nombre del trabajador”. iii. Por ende, si el pago se hace en efectivo, la inspeccionada tiene la carga de la prueba respecto del cumplimiento de esta obligación, demostrando que las boletas presentadas se encuentran firmadas por la trabajadora en señal de conformidad del

3 Notificada a la impugnante el 12 de octubre de 2022. Véase folio 68 del expediente sancionador.

pago; caso contrario, tendrá la carga de acreditar con otros medios probatorios que la obligación de pago de las remuneraciones ha quedado extinguida. iv. Que, la inspeccionada manifiesta oponerse al cumplimiento de la medida de requerimiento en tanto no se ha comprobado la afectación a las normas sociolaborales. No obstante, ello, del análisis realizado en la presente resolución, esta Intendencia no comparte dicha conclusión, toda vez que se ha verificado de los medios probatorios aportaros durante las actuaciones inspectivas de investigación y el procedimiento sancionador, el incumplimiento del pago íntegro de la remuneración de la trabajadora afectada por el periodo julio 2018 a noviembre 2020, que no fueron subsanados pese al plazo otorgado por el inspector actuante.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CRIANZA ECOLOGICA INTEGRAL S.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 04 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1655-2022-SUNAFIL/ILM, en términos similares a su recurso de apelación, señalando los siguientes alegatos:

i. Cuestionan las conclusiones arribadas por la Intendente respecto a la infracción en materia de relaciones laborales usada para determinar un presunto incumplimiento en

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

cuanto a la medida de requerimiento dictada, toda vez que, no existe sustento alguno que determine que la extrabajadora no haya percibido sus remuneraciones de forma mensual conforme a ley. ii. Precisan que la Intendencia erróneamente confirma una sanción pese a que han señalado que no existe adeudo por concepto de remuneraciones a favor de la extrabajadora, y que esta misma ha confirmado que recibía sus remuneraciones de forma directa y en efectivo, por lo que resultaba erróneo que se sancione en virtud de una generalidad -no acreditar el pago de remuneraciones por el periodo julio a noviembre de 2018-, sin haber identificado plenamente los supuesto periodos adeudados. iii. Refieren que resulta irrazonable y desproporcionado que se sancione por la falta de acreditación de un adeudo inexistente, pues su postura frente al procedimiento inspectivo y procedimiento sancionador ha sido afirmar categóricamente que las remuneraciones de la extrabajadora han sido pagadas de forma mensual, directa y en efectivo, hecho que fue confirmado por la extrabajadora mediante correo electrónico del 05 de febrero de 2021, remitido desde el e-mail 939600446a@gmail.com, en el marco del procedimiento inspectivo de la Orden de Inspección N° 1531-2021- SUNAFIL/ILM. iv. Señalan que en la Orden de Inspección N° 1531-2021-SUNAFIL/ILM, el inspector actuante emitió su Informe de Actuaciones Inspectivas de Investigación del 22 de febrero de 2021, en el cual se dejó constancia como IV. Hechos Constatados, la manifestación de la extrabajadora que precisa que los pagos fueron en efectivo. v. Alegan que en la resolución materia de impugnación, la Intendente ha omitido pronunciarse respecto a la declaración de la extrabajadora en incluso respecto a los argumentos del Inspector Actuante en el Informe de Actuaciones Inspectivas de Investigación de la Orden de Inspección N° 1531-2021-SUNAFIL/ILM, pese a que acorde con el artículo 47 de la LGIT, los hechos constatados por los servidores de la inspección de trabajo merecen fe. vi. Indican que, la declaración de la extrabajadora y los hechos constatados en la Orden de Inspección N° 1531-2021-SUNAFIL/ILM fueron puestos en conocimiento del inspector actuante en la respuesta a la medida de requerimiento emitida en la Orden de Inspección N° 20267-2021-SUNAFIL/ILM, por lo que, correspondía que se tenga por cumplida la medida de requerimiento o incluso, si hubiera duda respecto al pago de remuneraciones a favor de la extrabajadora, correspondía que el Inspector Actuante determine qué periodos concretos se encontraban pendientes de pago, en razón a que era una hecho constatado que la extrabajadora recibió sus remuneraciones en efectivo, resultando irrazonable que se determine un incumplimiento por el periodo de julio de 2018 a noviembre de 2020. vii. Consideran incongruente que se sancione bajo el argumento de que “ello no varía el monto de la sanción impuesta”, por cuanto aun en el supuesto negado de que existiese algún adeudo por remuneraciones, este debía ser plenamente identificado por la

Autoridad Inspectiva en el Acta de Infracción, situación que no ha sucedido en el presente caso, lo que transgrede el Principio de Tipicidad, en la medida de que a través de dicho principio se constriñe a la Actuación Pública a que, desde el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, en la construcción de la imputación sea posible comprobar la correcta subsunción de una conducta del administrado con el hecho infractor tipificado como sancionable. viii. Asimismo, aducen que la actuación de la administración ha transgredido el Principio de Causalidad al sancionar por el presunto incumplimiento respecto al periodo de julio de 2018 a noviembre de 2020, cuando correspondía que en primer lugar se determinen los periodos adeudados y, a partir de ello, se acredite la comisión de la infracción. ix. Agregan que, se ha sancionado en mérito a una generalidad sin acreditar la existencia de adeudos por concepto de remuneraciones y los periodos exactos presuntamente adeudados, lo que transgrede el principio de presunción de licitud, toda vez que los pagos fueron efectuados de manera directa y en efectivo, conforme la extrabajadora ha manifestado. x. Señalan que, en la respuesta al requerimiento de información, notificado el 16 de junio de 2021, indicaron respecto al requerimiento de constancias que acrediten el pago de remuneraciones que “no ha sido posible encontrar las constancias de pago suscritas por los extrabajadores debido al corto tiempo para atender el requerimiento efectuado por SUNAFIL (…)”. xi. Al respecto, advierten que, luego de realizar una búsqueda exhaustiva de documentación que acredite el pago de remuneraciones a favor de la extrabajadora, han encontrado constancia de pago debidamente suscritas por la indicada extrabajadora, lo que acredita que lo declarado por la extrabajadora y constatado por el inspector actuante en la Orden de Inspección N° 1531-2021-SUNAFIL/ILM, resulta ser cierto, esto es, que los pagos de remuneraciones fueron realizados de forma directa y en efectivo. xii. Manifiestan que, si bien es cierto, no han podido ubicar todas las constancias de pago por todo el periodo cuestionado, acreditan de forma fehaciente el argumento de que la extrabajadora recibía el pago de sus remuneraciones de forma directa y en efectivo. Agregan que, esta situación permite sustentar que la Autoridad Inspectiva debía determinar qué periodos supuestamente se encontraban pendientes de pago para efectuar su requerimiento de información o para emitir un Acta de Infracción respecto a incumplimientos debidamente verificados que generen el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, lo que no ha sucedido en el presente caso evidenciándose una clara transgresión al debido procedimiento, pues se ha sancionado en virtud a imputaciones genéricas frente a la falta de certeza respecto a los presuntos incumplimientos detectados.

VI. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

criterios establecidos por el TUO de la LPAG (interpretación de modo expreso y con carácter general), obligatorio para las entidades del Sistema de Inspección del Trabajo cuando así se precise expresamente, y siempre que una norma con rango de ley o decreto supremo no establezca lo contrario, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo que el Tribunal expresamente disponga su vigencia diferida.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de

efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Cabe precisar que se dispuso la entrada en vigencia de este a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

Figuras 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 02:

favor de la extrabajadora, y que esta misma ha confirmado que recibía sus remuneraciones de forma mensual, directa y en efectivo, hecho que fue confirmado por la extrabajadora mediante correo electrónico del 05 de febrero de 2021, remitido desde el e-mail 939600446a@gmail.com, en el marco del procedimiento inspectivo de la Orden de Inspección N° 1531-2021-SUNAFIL/ILM; por lo que resultaba erróneo que se sancione en virtud de una generalidad -no acreditar el pago de remuneraciones por el periodo julio a noviembre de 2018-, sin haber identificado plenamente los supuestos periodos adeudados, lo que resulta irrazonable y desproporcionado.

requerimiento, el sujeto inspeccionado no logra acreditar del pago íntegro y oportuno de las remuneraciones del periodo comprendido desde julio 2018 a noviembre 2020.

11 Véase folio 72 al 80 del expediente sancionador.

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación 6.26 Al respecto, la impugnante alega que, se ha transgredido el debido procedimiento, pues se ha sancionado en virtud de imputaciones genéricas frente a la falta de certeza respecto a los presuntos incumplimientos detectados. Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro y oportuno de las remuneraciones del periodo comprendido desde julio 2018 a noviembre 2020, a favor de su extrabajadora Alejandra Ramuzgo. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 19 de julio de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CRIANZA ECOLOGICA INTEGRAL S.R.L., en contra la Resolución de Intendencia N° 1655-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 10 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1443-2021- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1655-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CRIANZA ECOLOGICA INTEGRAL S.R.L., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250709MCR - HR 293083-2020