Crediscotia Financiera S.A — Res. 705-2023

1. ANTECEDENTES

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones; y, No goce de vacaciones). 2 Véase folio 21 del expediente inspectivo. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el disfrute o pago correspondiente al descanso vacacional anual y el trunco de los periodos detallados en el ítem N° 16 del cuadro N° 01 del Acta de Infracción, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa sociolaboral, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

3 Notificada a la impugnante el 05 de abril de 2022, véase folios 96 del expediente sancionador. 4 Notificada a la impugnante el 10 de agosto de 2022, véase folios 107 del expediente sancionador.

i. Mediante Resolución N° 2, notificada el 02 de diciembre de 2020, el Juez resolvió autorizar la consignación judicial efectuada, por la suma de S/ 5,463.83, por concepto de beneficios sociales y dispuso la entrega del depósito judicial al señor Jesús Moisés Larrea Vargas. ii. De acuerdo a la Resolución N° 269-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, el Tribunal de Fiscalización Laboral declaró nula, precisamente, la primera Resolución de Sub Intendencia por no valorar esta consignación judicial. iii. Por lo expuesto, se concluye primero que el inspector se irrogó facultades inspectivas por periodos (01 de diciembre de 2004 al 17 de enero de 2017) que habían prescrito; segundo, por el periodo que sí tenía facultades (18 de enero de 2017 al 22 de octubre de 2020) para verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales, acreditaron que el trabajador afectado gozó de sus vacaciones, tal como el propio inspector concluyó en el cuadro N° 1, y las vacaciones truncas han sido pagadas a través de una consignación judicial. iv. Por lo tanto, la multa propuesta no tiene sustento fáctico ni jurídico, toda vez que sí cumplieron con acreditar el goce de las vacaciones del trabajador afectado desde el periodo 2016 hasta su cese. Y por los periodos anteriores, el inspector no tenía facultad para verificar el cumplimiento de obligaciones sociolaborales por haber prescrito. v. Siendo así, en aplicación del principio de primacía de la realidad, tampoco se ha configurado una infracción a la labor inspectiva, toda vez que el pago de la liquidación de beneficios sociales se hizo mediante una consignación judicial por falta de colaboración del trabajador afectado.

i. Que, en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1272, se ha modificado el artículo 51 del RLGIT, mediante Decreto Supremo N° 015- 2015-TR, estableciendo que la facultad para determinar infracciones en materia sociolaboral prescribe a los cuatro (4) años y se debe determinar conforme a lo establecido en el artículo 252 del TUO de la LPAG.

5 Notificada a la impugnante el 18 de octubre de 2022, véase folios 124 del expediente sancionador.

ii. De igual manera, se tiene la Resolución de Superintendencia N° 110-2019-SUNAFIL de fecha 15 de marzo de 2019 que aprueba los criterios normativos adoptados por el Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo de la Sunafil, entre los cuales se refiere al cómputo del plazo de la prescripción. iii. En efecto, las disposiciones legales referidas merecen su estricta observancia para la determinación de las infracciones en materia sociolaboral, en garantía del debido procedimiento; sin embargo, en el análisis de las normas infringidas de la resolución apelada se determina que el sujeto inspeccionado no acreditó el disfrute o pago correspondiente al descanso vacacional anual y el trunco del último periodo vacacional del trabajador afectado; por lo que, no cabría el análisis de periodos vacacionales anteriores al de la conducta infractora determinada por la autoridad de primera instancia, que merezca la evaluación de la prescripción de infracciones en materia sociolaboral, máxime si el periodo vacacional imputado no habría prescrito tal como lo reconoce el sujeto inspeccionado. iv. Ahora bien, en relación al derecho laboral irrenunciable del trabajador afectado (descanso vacacional), dada su naturaleza el cómputo del plazo debe efectuarse a partir de la fecha en que la infracción se hubiera cometido, es decir, su otorgamiento según lo señalado en los artículos 10 y 23 del Decreto Legislativo N° 713, consumándose la conducta infractora cuando el sujeto inspeccionado incumple con otorgar el descanso vacacional al trabajador afectado en el plazo de ley; asimismo, corresponde observar el récord trunco vacacional que será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computable hubiese laborado, previsto en el artículo 22 del mismo cuerpo legal. v. En tal sentido, la conducta infractora determinada por la autoridad de primera instancia en materia de relaciones laborales en la resolución apelada, se mantiene por la obligación del pago de las vacaciones truncas del récord vacacional del último período (01 de diciembre de 2019 al 28 de setiembre de 2020), regulado en el artículo 22 del Decreto Legislativo N° 713 y, que a la fecha de la emisión y notificación del acto resolutivo de la Sub Intendencia de Sanción, no se encuentra prescrita la facultad para determinar infracciones en materia sociolaboral. vi. Que, de la valoración efectuada a los medios probatorios que acompañan el recurso de apelación, se tiene el Expediente N° 098-2020-0-2111-JP-LA-01, Proceso No Contencioso Laboral, demanda de consignación laboral que contiene el depósito judicial respecto al pago de la liquidación de beneficios sociales del señor Larrea Vargas Jesús Moisés, que en observancia al principio de presunción de veracidad y conforme al criterio normativo adoptado por el “Grupo de Trabajo de Análisis de Criterios en materia legal aplicables al Sistema Inspectivo”, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 233-2017- SUNAFIL, Tema N° 03: La consignación judicial como medios de acreditación de cumplimiento del pago de obligaciones sociolaborales, precisa: “La consignación de beneficios sociales surte los efectos de pago a partir del momento en que cumple el plazo procesal para que el trabajador contradiga la consignación efectuada por el empleador”. vii. En el presente caso, se advierte que tal condición señalada en el criterio se ha cumplido en el mes de diciembre de 2020; sin embargo, la demanda no contenciosa de consignación de beneficios sociales fue presentada en fecha 15 de octubre de 2020; que de la revisión de la hoja de liquidación de beneficios sociales respecto al pago correspondiente al descanso vacacional pendiente, conforme a lo previsto en el artículo 22 del Decreto Legislativo N° 713 del periodo no prescrito, se tiene que el sujeto inspeccionado ha cumplido con la consignación judicial respecto al periodo vacacional trunco, medio probatorio que merece su consideración al momento de la graduación de la sanción en observancia del principio de razonabilidad.

viii. Asimismo, corresponde tener en cuenta el criterio aprobado por Resolución N° 016- 2020-SUNAFIL, que resalta que toda obligación laboral económica puede acreditarse con cualquier medio probatorio; siendo así, en observancia del principio de presunción de veracidad, los medios probatorios alcanzados con el recurso de apelación, se ajustan para el análisis de la graduación de la sanción respecto de la infracción en materia de relaciones laborales, justificando lo previsto en el artículo 40 de la LGIT; en efecto, corresponde la reducción de la multa al treinta por ciento (30%), referente a la conducta infractora en materia de relaciones aborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. ix. Respecto a la medida inspectiva de requerimiento, los periodos de descanso vacacional anual y récord trunco detallados en el cuadro N° 1 del Acta de Infracción, se observa que el mandato de la medida inspectiva de requerimiento de parte del inspector actuante, no ha considerado lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba Medidas Adicionales de Simplificación Administrativa; asimismo, no ha tomado en cuenta lo previsto en el artículo 252 del TUO de la LPAG, respecto a la facultad para determinar infracciones en materia sociolaboral. x. Por otro lado, la medida inspectiva y el Acta de Infracción en este caso, no reflejan el mismo contenido (conclusiones), conforme lo establece el numeral 8.2.6 de la Directiva antes referida, que señala: “El Acta de Infracción no puede contener hechos, fundamentos ni conclusiones distintas a las advertidas en las medidas de actuaciones inspectivas, bajo responsabilidad”; situación que causa indefensión al administrado con relación a la infracción a la labor inspectiva, donde se evidencia la falta de claridad y precisión respecto de los periodos de descanso vacacional adeudados, por lo que, ante la evidente vulneración del dispositivo legal de orden público, no permite mantener la infracción a la labor inspectiva. xi. En consecuencia, al amparo del debido procedimiento corresponde revocar en el extremo de la infracción a la labor inspectiva y confirmar la resolución apelada en los demás extremos que contiene.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Del Recurso De Revisión

6 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 7 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 8 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 9 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 10 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

11 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 09 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 033-2022-SUNAFIL/IRE-PUN, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que se ha interpretado erróneamente el numeral 6 del artículo 25 del RLGIT, ya que el supuesto del no pago de las vacaciones truncas no puede ser tipificado en este artículo, lo que vulnera el principio de tipicidad. ii. Señalan que, respecto a la tipificación de las vacaciones truncas, el Tribunal de Fiscalización Laboral, en la Resolución N° 038-2022-SUNAFIL-Primera Sala, ha señalado que, para tipificar una conducta por infracción del numeral 25.6 del artículo 26 del RLGIT, se debe verificar, primero, que el trabajador haya alcanzado el derecho al descanso vacacional anual y segundo, constatar que pese a haber adquirido dicho derecho, la inspeccionada no haya cumplido con su otorgamiento, supuestos que no se configuran en el presente caso. iii. En el presente caso, la autoridad de intendencia ha tipificado erróneamente la infracción, pues no correspondía tipificar los hechos imputados en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, ya que el trabajador afectado no alcanzó el derecho al descanso vacacional por el periodo trunco comprendido entre el 01 de diciembre de 2019 al 28 de setiembre de 2020, por no contar con un año de servicio. iv. Asimismo, alegan que se aplicó indebidamente el inciso a) del artículo 40 de la LGIT, que regula la aplicación de la reducción de la multa, en tanto que, acreditaron el pago de la liquidación de beneficios sociales, el cual comprende las vacaciones truncas, antes de la emisión del acta de infracción. v. Precisan que la resolución impugnada reconoce que la demanda no contenciosa de consignación de beneficios sociales del trabajador afectado se presentó en octubre de 2020, es decir, antes de la emisión del acta de infracción (diciembre de 2020), incluso, antes de la primera actuación inspectiva; siendo así, no se trata de una subsanación, mucho menos que el pago de las vacaciones truncas se haya realizado después de la notificación del acta de infracción (enero de 2021). vi. Por último, alegan que, lo que corresponde no es una reducción, sino que no corresponde ninguna imputación ni multa alguna, ya que sí cumplieron con el pago de las vacaciones truncas del trabajador afectado mediante una demanda no contenciosa de consignación, la misma que se presentó antes del inicio del procedimiento inspectivo. vii. Por lo expuesto, señalan que, sí se cumplió con el pago de las vacaciones truncas en su liquidación de beneficios sociales, que han sido consignados judicialmente; no tiene

sustento fáctico ni jurídico la imputación y la sanción impuesta por la Intendencia Regional de Puno, por lo que, deberá revocarse la resolución impugnada.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el pago de la remuneración vacacional 6.1 De los actuados se verifica que, el inspector comisionado dejó constancia en el numeral 4.8 de los hechos constatados del Acta de Infracción que la impugnante incurrió en infracción, toda vez que, Larrea Vargas Jesús Moisés no disfrutó o recibió el pago, respectivamente, correspondiente a las vacaciones no gozadas y vacaciones truncas de los periodos consignado en el Cuadro N° 1.

El monto de las remuneraciones indicadas será el que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe el pago.

el trabajador contradiga la consignación efectuada por el empleador”. En tal sentido, se evidencia que la Intendencia Regional de Puno, resolvió que el sujeto inspeccionado habría cumplido con la consignación judicial respecto al periodo vacacional trunco; por tanto, gradúa la sanción respecto de la infracción en materia de relaciones laborales, justificando lo previsto en el artículo 40 de la LGIT; correspondiendo la reducción de la multa al treinta por ciento (30%), referente a la conducta infractora en materia de relaciones aborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

12 TUO de la LPAG Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 13 TUO de la LPAG Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

Sobre la solicitud de informe oral

de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten14 (énfasis añadido).

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre otros)".

“Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

14 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CREDISCOTIA FINANCIERA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 033-2022-SUNAFIL/IRE-PUN, de fecha 14 octubre de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Puno, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 176-2020-SUNAFIL/IRE-PUN, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 106-2022-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, de fecha 08 de agosto de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 033-2022-SUNAFIL/IRE-PUN, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa CUARTO. - Notificar la presente resolución a CREDISCOTIA FINANCIERA S.A., y a la Intendencia Regional de Puno, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230726MCR