Crediscotia Financiera S.A — Res. 4-2022

Mediante Orden de Inspección N° 0104-2020-SUNAFIL/IRE-HCA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 007-2021-SUNAFIL/IRE-HCA (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva.

Mediante Imputación de Cargos N° 016-2021-SUNAFIL/IRE-H/SIAI, de fecha 11 de febrero de 2021, y notificada a la impugnante el 15 de febrero de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del inciso 2 del artículo 53 del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 019-2021-SUNAFIL/IRE-SIAI-HVCA, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 038-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-HVCA, de fecha 16 de marzo de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/. 23,144.00, por haber incurrido en:

Con fecha 16 de abril de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 038-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-HVCA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 010-2021-SUNAFIL/IRE-HVCA, de fecha 28 de mayo de 20212, la Intendencia Regional de Huancavelica declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante contra la Resolución de Sub Intendencia N° 038- 2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-HVCA, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 27 de setiembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Huancavelica, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 010- 2021-SUNAFIL/IRE-HVCA.

La Intendencia Regional de Huancavelica admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 280-2021- SUNAFIL/IRE-HVCA, recibido el 12 de octubre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la Sunafil contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, la LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que sean sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” 7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 010-2021- SUNAFIL/IRE-HVCA, emitida por la Intendencia Regional de Huancavelica, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/. 23,144.00 por la comisión de una (01) infracción, tipificada como MUY GRAVE, prevista en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, y una (01) infracción, tipificada como MUY GRAVE, prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del mismo cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 07 de setiembre de 2021, día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.

El caso sometido a análisis presenta una precisión equivocada al citar en el numeral 2.8 de la resolución impugnada el artículo 58 del TUO de la LPCL, el mismo que precisa los contratos temporales por necesidades del mercado.

Es así que observamos que la cita empleada se ha referido a elementos que residen en la aplicación del contrato temporal por necesidades del mercado y no en los contratos de trabajo por incremente de actividad. Por tanto, se observa una remisión indirecta — aunque imperfecta— que, de todos modos, propone la aplicación de postulados exigibles al contrato de trabajo sujeto a modalidad fiscalizado.

Es pertinente recordar que el debido proceso, si bien tiene un valor sustantivo e instrumental, no puede divorciarse de otros valores sustantivos existentes en el Sistema Jurídico. El bloque de legalidad invocable sobre el régimen de los contratos temporales es uno; el principio de causalidad, otro; y junto con ellos, la comprobación de que no existe una afectación tangible al derecho de defensa del administrado.

En ese entendido, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR, “El Tribunal de Fiscalización Laboral al evaluar el fondo del recurso de revisión, está facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas”.

Por lo tanto, corresponde a esta Sala rectificar la Resolución de Intendencia N° 010-2021- SUNAFIL/IRE-HVCA, en la precisión errónea del artículo 58 del TUO de la LPCL, la mismo que contempla los contratos temporales por necesidades del mercado. Debiendo precisar que, en el presente caso, se sanciona a la impugnante por motivo que los contratos de trabajo por incremento de actividad no cuentan con una causa objetiva que justifique la contratación a plazo determinado; es decir, la impugnante no cumplió con precisar de forma expresa las causas objetivas determinantes de la contratación bajo dicha modalidad, conforme al mandato expreso del artículo 72 del TUO de la LPCL, razón por la cual se encuentran desnaturalizados considerándose como contratos de duración indeterminada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del mismo cuerpo normativo.

En principio el funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del Trabajo, así como de los servidores que lo integran, se rigen, entre otros principios ordenadores, por el de legalidad, con sometimiento pleno a la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y demás normas vigentes.

En esa línea, la Inspección del Trabajo, es el servicio público encargado de vigilar el cumplimiento de las normas sociolaborales y exigir las responsabilidades administrativas

Para efectos de interpretar adecuadamente el artículo 72° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, se debe tener presente que para la validez de los contratos sujetos a modalidad, entre otros, del contrato por incremento de actividad, deberá necesariamente constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas, las cuales dependerán de la contratación sujeta a modalidad; además, de contener las demás condiciones de la relación laboral y las formalidades previstas en los artículos 72 y 73 del TUO del Decreto Legislativo N° 728 , Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

La desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad, se ciñen en los siguientes supuestos: a) si el trabajador continua laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, o después de las prórrogas pactadas, si estas exceden del límite máximo permitido; b) cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de concluida la obra materia de contrato, sin haberse operado renovación; c) si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continuare laborando; d) cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley, en observancia de lo prescrito en el artículo 77° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

De folios 72 a 171 del expediente inspectivo, obran los contratos de trabajo denominados sujeto a modalidad por incremento de actividad y las prórrogas del contrato de trabajo sujeto a modalidad, suscritos entre las partes, de los cuales se advierte de la cláusula “SEGUNDO.- CAUSA OBJETIVA DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL” y “PRIMERA”, en el caso de la trabajadora Izarra Martínez Cristina Aparicio, y “CUARTO: DE LA CAUSAL DE CONTRATACIÓN SUJETA A MODALIDAD” y “PRIMERA”, en el caso de la trabajadora Huamán Yovera Yoselin Mariel; es la misma en ambos contratos sujetos a modalidad, pese a que el puesto o cargo que desempeñan las trabajadoras son distintos.

Asimismo, en los contratos primigenios de trabajo y respectivas prórrogas de ambas trabajadoras, de la causa objetiva de contratación se ilustra la siguiente información:

Conforme a los indicadores descritos en la causa objetiva de contratación, se tiene que la impugnante ha recurrido a indicaciones porcentuales correspondiente a los años 2014,

Asimismo, a la fecha de contratación de la trabajadora Izarra Martínez Cristina Aparicia, 06 de agosto de 2018, y de la trabajadora Huamán Yovera Yoselin Marial, 04 de noviembre de 2019, la impugnante ya contaba con datos e indicadores concretos y reales respecto al año 2017 y 2018; siendo determinantes para que se pueda configurar o no, la contratación modal, pues ante la ausencia de esta información en los contratos modales y respectivas prórrogas, no es posible determinar si se mantuvieron, incrementaron o disminuyeron las actividades propias del giro del negocio, tales como: desembolsos por concepto de préstamos personales, tarjetas de crédito, captación de clientes, ingresos por intereses, etc.

Por último, en la causa objetiva de los contratos modales de las trabajadoras afectadas, se consigna lo siguiente: “La financiera viene experimentando un crecimiento de sus actividades de manera coyuntural, circunstancial y no permanente en las áreas vinculadas a la colocación, evaluación y aprobación de préstamos personales y tarjetas de crédito”. Pues bien, el precisar que se está experimentando un crecimiento de las actividades de manera no permanente, no es concordante con lo posteriormente argumentado como causa objetiva, constatando, por el contrario; conforme a lo ilustrado en la Tabla 3, que se advierte un incremento sostenido y no temporal, correspondiendo en ese sentido que, las trabajadoras sean contratadas a plazo indeterminado y no bajo la modalidad temporal.

De lo anotado, se infiere que la contratación de las trabajadores, bajo la modalidad por incremento de actividad, no tiene el debido sustento objetivo, pues esta situación denota que en realidad el empleador utiliza la mencionada modalidad contractual como una fórmula vacía, con el único propósito de simular labores de naturaleza permanente como si fueran temporales, incurriéndose de este modo en el supuesto de desnaturalización del contrato, previsto en el inciso d) del artículo 77 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, lo que acarrea que el contrato de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividad de las trabajadoras se haya convertido en uno de duración indeterminada.

Sobre la temporalidad del servicio que presta para la impugnante, aspecto con el que se pretende sustentar la naturaleza temporal del contrato de trabajo materia de análisis, en el considerando 2.7 de la resolución impugnada, el inferior en grado ha señalado que, la contratación sujeta a modalidad solo podrá celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la

A mayor abundamiento, acorde con lo establecido en el fundamento 4 de la sentencia recaída en el Exp. N° 1477-2010-PA/TC, el Tribunal Constitucional ha señalado que no se cumple con la exigencia del artículo 72 de la Ley de Productividad y Competitividad8 Laboral cuando se contrata mediante un contrato de trabajo de servicio específico y en éste se limita a señalar que se contrata “para desempeñar determinado cargo, es decir, se ha omitido especificar cuál es el servicio concreto que deberá cumplir el demandante como trabajador o cuáles son las funciones que va a desempeñar, ni tampoco ha justificado la temporalidad del contrato, es decir, el contrato de trabajo no está causalizado, pues no se especifica la obra o servicio concreto a cumplir”.

En atención a lo antes expuesto, no se puede sostener que la impugnante haya cumplido con las formalidades que se requieren para el uso del contrato sujeto a modalidad por incremento de actividad, pues como ha tenido ocasión de observar la autoridad de segunda instancia en el considerando 2.9 de su pronunciamiento, en los contratos sujetos a modalidad debe consignarse en forma expresa las causas objetivas determinante de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral; en razón de que en dichos contratos y prorrogas a plazo determinado se ha recurrido a indicadores porcentuales correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016 y en el caso del 2017, a solo estimaciones y proyecciones, para amparar la contratación bajo modalidad temporal de las trabajadoras; muy por el contrario, verificándose de los cuadros e indicadores porcentuales ilustrados que, tal crecimiento es sostenido y no temporal, correspondiendo que las trabajadoras afectadas sean contratadas a plazo indeterminado.

Siendo así, se encuentra acreditado que el contrato por incremento de actividad, antes mencionado, se encuentra desnaturalizado por el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 77 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, respecto a la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley, incurriendo en una infracción muy grave en materia de relaciones laborales en perjuicio de las dos trabajadoras afectadas, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 73 del TUO de la LPCL que señala: “La Autoridad Administrativa de Trabajo podrás ordenar la verificación de los requisitos formales a que se refiere el artículo precedente, a efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 77, sin perjuicio de la multa que se puede imponer al empleador por el incumplimiento incurrido”.

En ese orden de ideas, considerando la presunción legal prevista en los artículos 16 y 47 de la LGIT, por el que los hechos constatados por los Inspectores de Trabajo que se formalicen en Actas de Infracción, observándose los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos y merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos e intereses puedan aportar los interesados; se aprecia que el inferior en grado ha motivado su decisión de sancionar a la impugnante por las infracciones que fueron imputadas en el Acta de Infracción, no sólo en base a las conclusiones arribadas por el personal inspectivo, sino evaluando nuevamente el material probatorio que se tuvo a la

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no sólo existe base

Sobre el particular, se observa que en la medida de requerimiento de información de fecha 18 de enero de 2021, obrante a folios 348 de la Orden de Inspección N° 0104-2021- SUNAFIL/IRE-HCA, el inspector comisionado solicitó la remisión de la documentación, a través de sistemas de comunicación electrónica (correo electrónico: vsuarez@sunafil.gob.pe); referida a las trabajadoras afectadas, precisado en el mismo apartado. Concediéndole un plazo de seis (06) días hábiles para su cumplimiento, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva, en caso de incumplimiento.

Asimismo, mediante correo electrónico Pedro.Curay_Personal Externo@crediscotia.com.pe, la impugnante remitió la información respecto a la Medida Inspectiva de Requerimiento; dejándose constancia que no acreditó el cumplimiento oportuno en su totalidad de la medida inspectiva de requerimiento, debidamente notificada el 18 de enero de 2021, siendo las trabajadoras afectadas Yoselin Mariel Huamán Yovera y Cristina Aparicia Izarra Martínez.

Tal y como se observa, no es coherente lo sustentado por la impugnante, aduciendo inobservancia al principio del debido procedimiento, toda vez que fue debidamente notificada con cada una de las actuaciones y solicitudes por parte del inspector de trabajo, así como de las autoridades durante el procedimiento administrativo sancionador, y las conductas a las cuales la impugnante se encontraba obligada a cumplir, se encuentran claramente establecidas e identificadas por la normativa vigente de la materia, y que fue claramente especificada por el inspector de trabajo en el Acta de Infracción.

En ese sentido, no se identifica una pretendida vulneración del derecho al debido procedimiento, en tanto no sólo se ha garantizado la debida notificación y motivación de las actuaciones y documentos emitidos por la autoridad competente, sino que se ha valorado y merituado cada uno de los argumentos de defensa y la información remitida, evidenciándose que se confirma sanción por la omisión proscrita (énfasis añadido).

Por tanto, corresponde a esta sala desestimar el recurso en este extremo.

Respecto a la inaplicación del Protocolo N° 003-20216-SUNAFIL/INII “Protocolo para la fiscalización de contratos de trabajo sujetos a modalidad”. Es necesario precisar el numeral 7.1 del apartado 7 “Trámite de las Actuaciones Inspectivas de Investigación o Comprobatorias sobre los Contratos de Trabajo Sujetos a Modalidad”, el mismo que establece:

En ese entendido, las actuaciones inspectivas, son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”.9 En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe

Por las consideraciones antedichas, no resulta amparable dicho extremo del recurso de revisión presentado por la impugnante.