Crediscotia Financiera S.A — Res. 370-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Hostigamiento y Actos de Hostilidad (otros hostigamientos), incluye todas. soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por los actos de hostilidad, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa sociolaboral, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. La reasignación de los 05 trabajadores resultaba estrictamente necesaria, debido a que la línea de negocio en la que 159 trabajadores prestaban servicios, entre ellos los 05 trabajadores involucrados en la presente inspección, había dejado de existir (área de Microempresa), generándose la necesidad de reasignar a los trabajadores, lógicamente en posiciones que respeten su categoría, por lo que se creó la Unidad de Soluciones Integrales, en la cual las posiciones serían creadas a nivel nacional, quedando claro que no era posible que todos los trabajadores sean reasignados en los lugares donde venían laborando. ii. En este proceso de reasignación de puestos de trabajo, Crediscotia tuvo en cuenta las preferencias de los puestos y regiones que los propios trabajadores indicaron en sus Fichas de Preferencias, donde podían elegir posiciones para su reasignación en orden de prioridad y bajo el mismo criterio podían elegir un lugar de reasignación. iii. A fin de dejar claro la contratación de la UNI para el desarrollo del proceso de reasignación de labores, hemos adjuntado en nuestros escritos anteriores la Propuesta Técnica Económica emitida por la UNI, en la cual se detalla el proceso de evaluación y el método a emplear durante la misma, sumado a ello, se precisan los criterios desde los componentes/factores de evaluación. Posteriormente a la fase de Fichas de Preferencia, se realizaron evaluaciones de perfiles, capacitación e inducción, pruebas de aptitud y conocimientos; y en base a estos resultados objetivos (según puntaje obtenido en el ranking de evaluación, vacantes necesarias en la zona y elección del

puesto y ubicación), se asignaron las posiciones más adecuadas a los perfiles de los colaboradores. iv. Debido a ello, en la medida que los 05 trabajadores comprendidos en la presente inspección culminaron el proceso de reasignación de labores, y no alcanzaron una vacante en el lugar de trabajo donde laboraban previamente, tuvieron que ser trasladados a la región del puesto asignado en función al orden de mérito alcanzado en el ranking elaborado por la UNI. v. Debemos indicar que, sí hemos sido conscientes de los gatos adicionales, por el traslado que le genera a todos los trabajadores involucrados, precisamente por ello, se decidió otorgarles una bonificación por traslado. Si bien no estábamos en la obligación de otorgar esta bonificación extraordinaria, bajo el poder de dirección se decidió la reasignación de labores, que se realizó con el único objetivo de ayudar a los trabajadores a cubrir los gastos adicionales que su traslado a otra provincia podría generar. vi. Es importante señalar que, desde el lado económico, no existe afectación alguna, debido a que los puestos de Asesor de Soluciones Integrales y funcionario de Soluciones Integrales a los que han sido trasladados los trabajadores, tienen la misma categoría laboral y jerárquica que la que tenían previamente como Asesores y funcionarios del Área de Microempresas, en ese sentido, no generan una rebaja remunerativa a los trabajadores. vii. SUNAFIL ha emitido un pronunciamiento favorable con respecto a una denuncia similar donde se concluye la inexistencia de actos de hostilidad, como es el caso de la Orden de Inspección N° 1023-2021-SUNAFIL/IRE-LIB. viii. La multa contraviene abiertamente el principio de concurso de infracciones que implica que se imponga la sanción de mayor gravedad en caso de que a un mismo hecho pueda aplicársele más de una infracción, debido a que se aplica una sanción por incumplir la medida de requerimiento, la misma que versa sobre aspectos que son sancionados ya con la primera infracción imputada, solicitando declarar la nulidad de la resolución impugnada, al haberse vulnerado el derecho al debido procedimiento.

i. Cuando el apelante manifiesta que existió la necesidad de reasignar a los trabajadores, creando posiciones a nivel nacional, afirmando que no se les ha afectado económicamente, ello no se ajusta a la verdad, toda vez que, además de solo haber acreditado la entrega de la mencionada bonificación extraordinaria a dos de los cinco

2 Notificada a la impugnante el 03 de noviembre de 2021.

trabajadores afectados, el traslado al centro de trabajo va a afectar económicamente de forma mensual a los trabajadores, y no por única vez al desplazarse al nuevo lugar de trabajo, así como no se tomó en cuenta la afectación familiar que les ocasionaría por residir en Lambayeque, considerando la responsabilidad afectiva y económica respecto de sus familiares, afectando la institución de la familia, así como su salud emocional y física, teniendo en cuenta que el traslado se efectúa estando en un contexto de pandemia por la COVID-19, además de pertenecer dos de ellos a grupo de riesgo por edad.

ii. Resulta importante resaltar que el ius variandi que detenta el empleador como dueño del centro laboral. Le otorga el poder de modificar y realizar las acciones pertinentes, así como establecer directrices necesarias para el correcto y adecuado funcionamiento del centro laboral; sin embargo, no es una facultad que puede ejercerse arbitrariamente sino un derecho que genera obligaciones y tiene límites para así evitar el abuso del derecho. Entre dichos límites se encuentra la razonabilidad que implica guardar el debido respecto a la dignidad del trabajador y la indemnidad del trabajador; es decir, que no le cause menoscabo patrimonial o moral, límites que no se han respetado en el presente caso, motivo por el cual se han configurado los actos hostiles en contra de los 05 trabajadores afectados.

iii. Sobre el concurso de infracciones, estipulado en el artículo 248 del TUO de la LPAG, se indica que “la potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 6. Concurso de infracciones. Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes”.

iv. En ese sentido, el concurso de infracciones se aplica cuando una misma conducta o acción constituya más de una infracción prevista en el RLGIT, no cumpliéndose dicha situación en el presente caso, toda vez que se trata de diferentes acciones o conductas referidas a los actos de hostilidad en perjuicio de cinco trabajadores afectados, y por otro lado, el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento emitida por los inspectores a cargo de la orden de inspección que dio origen al presente procedimiento administrativo sancionador.

v. De la valoración de todo lo actuado, se verifica que se ha venido respetando el debido procedimiento, tanto en la etapa de actuación inspectiva como en el procedimiento administrativo sancionador, al habérsele notificado debidamente para que efectúe sus descargos dentro de los plazos legalmente establecidos, así como habiéndosele notificado debidamente todas las actuaciones correspondientes al presente caso, otorgándosele la oportunidad conforme a su derecho, de presentar sus argumentos de defensa, así como de adjuntar los medios probatorios que considere pertinentes para sustentar su teoría del caso y estrategia de defensa.

vi. Mediante Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, se modificó el Cronograma de Implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL, siendo de aplicación a partir del 31 de agosto de 2020, para las resoluciones de primera y segunda instancia que se expidan en el procedimiento administrativo sancionador, debiendo tener en cuenta que la casilla

electrónica se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de las resoluciones emitidas en el marco del procedimiento administrativo sancionador o de ejecución coactiva, entre otro que emita la SUNAFIL, en cumplimiento de sus funciones y competencias.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de noviembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 203-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, señalando lo siguiente:

Se ha vulnerado el debido procedimiento i. Previamente, es necesario acotar que contrario a lo que pretende señalar la Resolución de Sub Intendencia, el Acta de Infracción es un acto administrativo impugnable. En efecto, el numeral 217.2 del artículo 217 del TUO de la LPAG establece que: sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión”.

ii. Según lo dispuesto en el literal 44.a del artículo 44 de la LGIT, el derecho al debido procedimiento administrativo es una garantía inherente al procedimiento sancionador, ya que permite exponer los argumentos de defensa, ser inspeccionado por personas con facultades para ello, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundad en hecho y derecho.

iii. Pese a lo que implica este derecho, la Intendencia no ha tomado en consideración los vicios que oportunamente advertimos, sin mayor sustento fáctico ni legal, ha validado un Acta de Infracción, y un Informe Final cuya nulidad resulta evidente.

Se ha vulnerado el principio non bis in ídem

iv. En el presente caso, la SUNAFIL mediante su Autoridad Instructora y Sancionadora pertenecientes a la Intendencia Regional de Lambayeque, imputó y sanciono a la empresa, en dos procedimientos administrativos sancionadores por las mismas infracciones, productos de 2 inspecciones realizadas por el inspector Dick Harry Crosby Robiños, en el centro de trabajo de la empresa ubicado en Chiclayo. Asimismo, las actuaciones inspectivas se realizaron en torno a la reubicación de 159 trabajadores en diferentes zonas del país debido al cierre del área del Microempresa. Esto se evidencia de las propias Actas de Infracción, en las que la materia y el centro de trabajo, son los mismos.

La decisión de traslado de 5 trabajadores ha sido efectuada válidamente

v. Para la asignación de los trabajadores se llevó a cabo el proceso de reasignación de labores, el cual tomó en cuenta sus preferencias en cuanto a puestos y regiones. No obstante, al ser puestos a nivel nacional, no era posible que todos los trabajadores dentro del proceso fueran reasignados en los lugares donde laboraban previamente, conforme les fue informado a los 159 trabajadores, antes del inicio del proceso. Para ello, consideramos necesario que la asignación de las plazas fuera efectuada en base a criterios, objetivos y técnicos, para lo cual se contrató a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), conforme se evidencia del documento emitido “Análisis y evaluación de personal en base a perfiles de puestos de trabajo y capacitación de personal”. De lo observado se concluye que la UNI estuvo a cargo de i) la evaluación, validación y/o modificación de la propuesta realizada por la financiera; ii) el diseño de las evaluaciones del perfil y competencias de los trabajadores; iii) la determinación de la malla curricular para las capacitaciones en función a las nuevas posiciones; y iv) la certificación de las nuevas posiciones. Es en base a los resultados objetivos y según el puntaje obtenido, vacantes necesarias en la zona y elección de Hub de ubicación que la UNI asignó las posiciones más adecuadas a los perfiles de los colaboradores; esto se evidencia con las fichas técnicas de evaluación.

vi. Dicho proceso de reasignación resultaba estrictamente necesario, pues al haber cerrado el área de Microempresas donde estos trabajadores laboraban, era imposible que se mantuvieran en un área que ya no existía en la Financiera: por tanto, resultaba evidente que en ningún momento tuvimos como objetivo perjudicar a los señores, o afectarlos en su dignidad; razón por la cual no se han configurado los actos de hostilidad advertidos por los inspectores y validados por las instancias posteriores. Además, el traslado, no le generaría ninguna afectación económica pues los puestos a los que los trabajadores han sido trasladados, tienen la misma categoría laboral y

jerarquía que la que tenían previamente en el área de Microempresas; en ese sentido, no generan una rebaja remunerativa a los trabajadores.

Inaplicación de la debida motivación

vii. Tal y como hemos señalado, el Acta de Infracción adolece de una debida motivación al haberse configurado el supuesto de motivación insuficiente. No se ha señalado ni justificado por qué consideraban que el proceso de reasignación de labores no sería suficiente para sustentar objetivamente la razonabilidad de estos cambios y el válido ejercicio del poder de ius variandi que tiene como empleadora. La inspectora se ha limitado en verificar la existencia del cambio de puesto y centro de trabajo de los señores en cuestión y a considerar los supuestos perjuicios alegados por los trabajadores.

Vulneración al principio de licitud y verdad material

viii. En la medida que se sanciona a una persona en tanto su responsabilidad sobre el hecho imputado haya sido debidamente acreditada, más allá de toda duda razonable. Por otro lado, respecto al principio de veracidad, conforme hemos venido señalando, esta reasignación resultaba inminente en la medida que el área de negocio de Microempresas había dejado de existir. A fin de demostrarlo, en primer lugar, presentamos el organigrama de la Financiera y la comunicación remitida el 19 de octubre de 2020 a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en la que se comunica el cierre del área de Microempresa. En segundo lugar, presentamos la Propuesta Técnico-Económica “Análisis y evaluación de personal en base a perfiles de puesto de trabajo y capacitación de personal” de la UNI.

Inobservancia al principio de legalidad

ix. Lo requerido en la medida de requerimiento, responde a la percepción errónea que tiene este de que se habría incurrido en actos de hostilidad, y no lo que sucedió en realidad: la reubicación de los trabajadores, debido a la eliminación del área en que se desempeñan. Es evidente, que no ha habido incumplimiento alguno a la normativa sociolaboral, por lo que, no debió emitirse la medida de requerimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza del Acta de Infracción y la supuesta vulneración al debido procedimiento

perjuicio de las pruebas que en su defensa de sus respectivos derechos e intereses pueden aportar los interesados” (énfasis añadido).

“Aquellos actos intermedios que ora impidan a los sujetos afectados adquirir la condición de interesados (piénsese, por ejemplo, en la negativa de la Administración a admitir la personación del titular de un interés legítimo vinculado al objeto del procedimiento), ora liquiden o limiten el ejercicio de los poderes instrumentales que a los mismos asisten en el seno del iter administrativo (impidiendo el acceso a un determinado documento, reduciendo el plazo previsto para la presentación de alegaciones, rechazando la práctica de una prueba, omitiendo el trámite de audiencia, entre otras hipótesis)”12.

“Lo relevante para determinar el carácter impugnable o inimpugnable de manera separada de un acto de trámite no se deriva de su situación en el procedimiento administrativo, sino exclusivamente de la magnitud de sus efectos perjudiciales

9 Sobre el particular, la Resolución de Intendencia N° 085-2015-SUNAFIL/ILM del 30 de marzo de 2015, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, señala en el fundamento 8 que “…la naturaleza de las Actas de Infracción no es la de un acto administrativo, por el contrario, son actos de administración, consistentes en manifestaciones o declaraciones, expresiones intelectivas de voluntad, conocimiento, opinión recomendación, juicio, deseo, etc., formando gran parte de las piezas procesales de los expedientes administrativos, considerándose actos no productores de efectos jurídicos directos, pudiendo ser medidas de prueba que la administración produzca durante el procedimiento: Pericias, declaraciones testimoniales, producción de pruebas, actas documentales o instrumentales, etc.”. 10 Similar posición se planeta, por ejemplo, en los fundamentos 6 al 12 del precedente administrativo sobre nulidad de oficio de actos administrativos emitidos dentro de un procedimiento administrativo disciplinario, en el marco de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, aprobado por Resolución de Sala Plena N° 002-2019-SERVIR/TSC y publicada el 8 de septiembre en el diario oficial El Peruano. 11 MORÓN URBINA, Juan Carlos. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica Editores. Tomo I. Página 202. 12 CIERCO SEIRA, César. “La participación de los interesados en el procedimiento administrativo” EN: Publicaciones del Real Colegio de España. Bolonia; citado por DANÓS ORDOÑEZ (2007).

que pueda producir en alguno de los participantes en el citado procedimiento (…) un acto administrativo de trámite puede tener dimensiones diferentes según se enjuicie desde la perspectiva de uno u otro destinatario”13.

13 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. (2007). “La impugnación de los Actos Administrativos de Trámite en el Procedimiento Administrativo y la Queja”. EN: Revista Derecho y Sociedad, N° 28, 267 - 271. 14 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL

de Inspección Laboral o las Autoridades Administrativas que hagan sus veces, aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título I y Capítulo I del Título III de la Ley N° 27444, en lo que resulte aplicable”. El capítulo II está referido a la nulidad de los actos administrativos (y sus causales), y el capítulo I del Título III a las disposiciones generales del procedimiento administrativo; una causal de nulidad, a la luz del artículo 10 del TUO de la LPAG, contenido en el capítulo II del Título Primero, es precisamente la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma” (énfasis añadido).

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (fundamento 69) (énfasis añadido).

N° 888-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, el inspector de trabajo solicitó la remisión de la documentación, referida a los trabajadores afectados, precisados en el mismo apartado.

Sobre el principio non bis in ídem 6.16 Debemos precisar que el principio de non bis in ídem se encuentra regulado en el numeral 11 del artículo 248° del TUO de la LPAG, mediante la cual el Estado se encuentra impedido de imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

a. Identidad Subjetiva.- Para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos. b. Identidad Objetiva.- Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos. c. Identidad causal o de fundamento.- Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

15 Fund. Jur. N°. 3.3. 16 Fund. Jur. N°. 19. 17 Moron Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2011, pp.729-730.

159 trabajadores en diferentes zonas del país, debido al cierre del área de Microempresa. Sin embargo, de la revisión de la Orden de Inspección N° 900-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, se verifica que la trabajadora afectada fue la señora Mijahuanca; mientras que los trabajadores afectados en la Orden de Inspección N° 888-2021-SUNAFIL/IRE-LAM son: Benito Esteban Caicedo Deggola, César Augusto Cornejo Farroñan, Marco Luis López Castillo, Milton Percy Gonzáles Bautista y Rosa Vilma Cumpa de Arriola. Conforme se aprecia no existe identidad subjetiva entre los procedimientos sancionadores.

De los elementos constitutivos de los actos de hostilidad, y la supuesta inaplicación del principio de culpabilidad, debida motivación, y legalidad 6.25 Previamente a los alegatos que nos ocupan, esta Sala considera pertinente exponer ciertas consideraciones sobre la configuración del acto de hostilidad, y cómo, a través de su comisión, se afecta la dignidad del trabajador. Ello, en aras de identificar si - en el presente caso- han concurrido las infracciones que se sancionan.

18 LGIT Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5. Adoptar, en su caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, cualesquiera de las siguientes medidas: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.

“a) El poder de dirección, el cual contiene las facultades de organización (que versan sobre las órdenes e instrucciones generales o particulares, mediante las cuales se instrumenta la implementación de los recursos empresariales en orden a la consecución de sus objetivos) y de control de los trabajadores (que supone el empleo de los medios necesarios para comprobar que el trabajador ha cumplido sus obligaciones); b) El poder disciplinario (que se refiere a la facultad de sancionar, en caso de incumplimiento de obligaciones laborales, la cual se constituye como una especie de corolario de las facultades de organización y control); y, c) El poder de variación o ius variandi, el cual supone la posibilidad para el empresario de actualizar los contenidos específicos de la prestación laboral de cada trabajador, conforme a las necesidades que impongan las circunstancias de la empresa, del propio puesto de trabajo o de los procedimientos técnicos aplicables; siendo estas características las que lo dotan de un carácter restrictivo19”.

19 Cfr. MOLERO MANGLANO, Carlos; SÁNCHEZ-CERVERA VALDÉS, José Manuel y otros. Manual de Derecho del Trabajo. 5ta. Edición. Navarra. Editorial Aranzadi. 2005, pp. 270-273.

“Se ha establecido sobre el elemento subjetivo del cese de acto de hostilidad invocado, “propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador”, que se satisface ofreciendo los indicios y medios de prueba idóneos que permitan advertir que el ejercicio de la facultad de dirección o ius variandi por parte del empleador no se ha sujetado a los límites que impone el principio de razonabilidad, sino que por el contrario haciendo uso abusivo del mismo menoscaban y denigran los derechos fundamentales de los trabajadores; lo que justifica la necesidad de exigir la acreditación de dicha” (énfasis añadido).

"Por virtud del principio de razonabilidad se exige que la medida restrictiva se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de un derecho fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional” (énfasis añadido).

20 Casación Laboral N° 25294-2018 LIMA NORTE. 21 Exp. 2235-2004-AA/TC, Fundamento 6, segundo párrafo.

necesaria a fin de asignar una ocupación efectiva a los trabajadores, debido a que el área donde trabajaban dejó de funcionar. De ser ese el caso, el traslado no se habría efectuado con el propósito de ocasionar perjuicio a los mencionados trabajadores y la medida se encontraría dentro de los límites de razonabilidad que limitan el poder de directriz del empleador.

22 TUO de la LPAG Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 23 TUO de la LPAG Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

verificar plenamente los hechos que constituyen o motivan sus actos, lo cual resulta de especial relevancia dentro de la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores, cuyas consecuencias imponen multas u obligaciones a los administrados.

Sobre la solicitud de informe oral

24 De acuerdo al numeral 4.11 del Acta de Infracción, se imputó la comisión de efectuar actos de hostilidad en contra de los recurrentes Benito Esteban Caicedo Deggola, César Augusto Cornejo Farroñan, Marco Luis López Castillo, Milton Percy Gonzáles Bautista y Rosa Vilma Cumpa de Arriola, al reasignarles nuevos puestos de trabajo y trasladarlos de centro de trabajo, ocasionándoles un perjuicio económico, familiar y moral.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”. 6.53 Por consiguiente, esta Sala considera que cuenta con elementos suficientes para resolver el caso, pudiendo prescindir del Informe Oral.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CREDISCOTIA FINANCIERA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 203-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 27 de octubre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente

sancionador N° 255-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 203-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, en todos sus extremos, dejando sin efecto las multas impuestas.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CREDISCOTIA FINANCIERA S.A., y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lambayeque.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral –SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente LUZ IMELDA PACHECO ZERGA