Crediscotia Financiera S.A — Res. 269-2022

1. ANTECEDENTES

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones y no goce de vacaciones).

PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el disfrute o pago correspondiente al descanso vacacional anual y el trunco de los periodos detallados en el ítem Nº 16 del cuadro Nº 01 del Acta de Infracción, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. El inspector de trabajo solo tiene facultad de iniciar un procedimiento inspectivo para verificar el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales siempre que no tengan una antigüedad mayor a cuatro años desde el inicio del procedimiento. Pese a ello, se ha investigado el cumplimiento del goce del descanso vacacional desde el 2004 al 2020. Por lo que, el periodo que comprende del 01 de diciembre de 2004 al 21 de octubre de 2016, se encuentra prescrito.

ii. La Resolución de Subintendencia, erróneamente, concluyó que la infracción imputada se mantiene, pese a que el periodo verificado desde el 01 de diciembre de 2004 al 21 de octubre de 2016 estaba prescrito.

iii. Si bien el pago de la liquidación de beneficio sociales, presentada no contiene la firma del ex trabajador, ello no es responsabilidad de la apelante. En efecto, ante la negativa del trabajador afectado, la impugnante consignó judicialmente en un proceso no contencioso, ante el juzgado de Paz Letrado Laboral, zona norte, sede Juliaca.

iv. La impugnante interpuso una demanda de consignación por incumplimiento por despido arbitrario y beneficios sociales recaída en el expediente Nº 0098-2020-0-2111- JO-LA-01. En esa demanda se adjuntó no solo la liquidación de beneficios sociales, autorizando la consignación judicial efectuada, por la suma de S/ 5,463.83 soles por concepto de beneficios sociales y dispuso la entrega del depósito judicial al señor Jesús Moisés Larrea Vargas.

v. Por lo que, no corresponde la aplicación de multas, menos por una medida inspectiva de requerimiento, cuando la impugnante cumplió con sus obligaciones laborales en materia de descanso vacacional. Por ende, no cabe la imposición de una sanción.

i. Respecto al plazo de prescripción, existe un periodo que comprende del 01 de diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2015, no es posible determinar la infracción, por haber concurrido más de cuatro años desde el momento de la consumación de la Infracción. En cuanto al periodo que comprende del 01 de diciembre de 2015 al periodo del 30 de noviembre de 2016 y, del 01 de diciembre de 2019 al 28 de setiembre de 2020, sí se encuentra dentro del plazo para la determinación de la infracción, pues estos periodos no se encuentran prescritos.

ii. Sobre el proceso judicial iniciado en el expediente Nº 1098-2020-0-2111-JP-LA-01. Habiéndose procedido a la revisión de la hoja de liquidación de beneficios sociales respecto al cálculo y pago correspondiente al descanso vacacional según su oportunidad previstos en los artículos 10, 22 y 23 del Decreto Legislativo Nº 713 de los periodos no prescritos, se tiene que el sujeto inspeccionado no ha cumplido con arreglo a Ley, considerando que no ha comprendido en dicha liquidación los conceptos regulados en el artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 713, referentes al periodo de descanso vacacional del 01 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2017 no gozada en su totalidad, correspondiente al récord vacacional 01 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2016, consumándose la infracción a partir del 01 de diciembre de 2017, encontrándose dentro del plazo legal para determinar la infracción. Si bien se acredita el periodo trunco señalado; sin embargo, la conducta infractora determinada por la autoridad de primera instancia alcanza a la acreditación del disfrute anual respecto de los periodos no prescritos, la que no se sustenta en los documentos presentados y adjuntos a su recurso de revisión.

iii. En consecuencia, se advierte la responsabilidad del sujeto inspeccionado con relación a la comisión de las conductas infractoras, estando el acto administrativo que sanciona al sujeto inspeccionado bajo la estricta observancia del principio de legalidad y debidamente motivado las razones que conllevaron a la decisión de multar al administrado.

2 Notificada a la impugnante el 21 de octubre de 2021.

2. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

3. DEL RECURSO DE REVISIÓN

con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

4. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.

5. DE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN

i. Se debe declarar la nulidad del presente proceso, por vulnerar su derecho al debido procedimiento, contenido en el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG.

ii. Se ha realizado una interpretación errónea del artículo 252 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 51 del RLGIT, así como la Resolución de Superintendencia Nº 218-2017-SUNAFIL, en el presente procedimiento el inspector de trabajo verificó el cumplimiento del goce del descanso vacacional desde el 2004 al 2020; sin valorar que solo tenía facultades para inspeccionar del 18 de enero de 2017 al 22 de octubre de 2020.

iii. Si bien el pago de los beneficios sociales no contiene la firma del trabajador. No obstante, ello no obedece a una responsabilidad de la impugnante, sino a que el trabajador afectado no colaboró para su entrega ni recepción. Por ello, se interpuso la demanda de consignación por indemnización por despido arbitrario y pago de beneficios sociales en el expediente Nº 98-2020-0-2111-JP-LA-01, en la que se adjuntó no solo la liquidación de los beneficios sociales, sino también el certificado de depósito judicial que acredita el pago de esa liquidación. Por lo que, acreditó el goce del descanso vacacional, conforme el cuadro efectuado por el inspector y de las vacaciones truncas pagadas en la consignación judicial. En ese sentido, la multa impuesta no tiene sustento jurídico.

6. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado”.

8 https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/03741-2004-AA.pdf 9 “Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos: (…) 4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 5. Procedimiento regular. - Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación”

exprese el razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. Esta motivación, no puede ser ligera o aparente, sino que constituye en una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos. 6.7 Como se puede apreciar, de la Resolución de Intendencia N° 049-2021-SUNAFIL/IRE-PUN que confirma en sus propios términos, la Resolución de Sub Intendencia N° 124-2021- SUNAFIL/IRE-PUN/SIRE que establece que la inspeccionada, incurre en dos conductas infractoras tipificadas como muy graves: una a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento; y, otra en materia de relaciones laborales por no cumplir con acreditar el pago o goce del descanso vacacional anual y trunco; conforme se aprecia de sus argumentos expuestos en su considerando III de la Resolución de Intendencia, materia de revisión.

Figura Nº 01:

Figura Nº 02:

Figura Nº 03

“(…) habiéndose procedido a la revisión de la hoja de liquidación de beneficios sociales respecto al cálculo y pago correspondiente al descanso vacacional según su oportunidad previstos en los artículos 10, 22 y 23 del Decreto Legislativo Nº 713 de los periodos no prescritos, se tiene que el sujeto inspeccionado no ha cumplido con arreglo a Ley, considerando que no ha comprendido en dicha liquidación los conceptos regulados en el artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 713, referentes al periodo de descanso vacacional del 01.12.2016 al 30.11.2017 no gozada en su totalidad, correspondiente al récord vacacional 01.12.2015 al 30.11.2016, consumándose la infracción a partir del 01.12.2017 (…)”.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

10 Artículo 10.- Causales de nulidad “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14”.

materia sociolaboral -tanto adjetiva como sustantiva- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos de las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo. Por tanto, al apreciar la vulneración de principios del procedimiento administrativo, según fue invocado por la impugnante, el Tribunal se encuentra en la obligación de revisar el cumplimiento de esta normativa adjetiva en materia sociolaboral. Cabe resaltar, que la normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujeto del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo.

Sobre la solicitud de informe oral

11 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. y en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 124-2021- SUNAFIL/IRE-PUN/SIRE, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Puno, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 176-2020-SUNAFIL/IRE-PUN, ordenándose RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - Devolver el presente expediente a la Intendencia Regional de Puno, para que proceda de acuerdo con sus atribuciones y conforme a lo señalado en el considerando 6.20.

exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

TERCERO. - Notificar la presente resolución a CREDISCOTIA FINANCIERA S.A., y a la Intendencia Regional de Puno, para sus efectos y fines pertinentes. CUARTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA