Cosmos Agencia Marítima S.A.C — Res. 1196-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Sistema de Gestión SST (Sub materia: supervisión eficaz), Formación e información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: incluye todas), Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (sub materia: prevención de riesgos), Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (sub materia: reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, registro de accidente de trabajo e incidentes). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con brindar formación e información anticipada, suficiente, adecuada y efectiva, con relación a los peligros y riesgos del puesto de trabajo y función específica de “marinero de cubierta”; en especial, sobre la tarea de “carga de materiales” en la que se produjo el accidente; y, sobre las medidas de prevención y control efectivas para evitar que se produzcan daños a la integridad física, lo que generó lesiones al trabajador Richard Armando Atoche Valenzuela; tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con la supervisión efectiva de la tarea que realizaba el trabajador accidentado durante la “carga de materiales”, con el fin de vigilar que se realice con seguridad, lo que afectó al trabajador Richard Armando Atoche Valenzuela, en su integridad física causándole lesiones; tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Que, es evidente que la Autoridad de Trabajo ha reducido de forma ilegal el plazo para ejercer su derecho de defensa, a un tercio del mínimo legal, siendo que, el plazo de 5 días hábiles ha sido fijado mediante Decreto Supremo; en consecuencia, al ser evidente que la imputación de cargos ha restringido ilegalmente su derecho de defensa, la única forma de reparar la vulneración a ese derecho fundamental es anulando todo lo actuado en el procedimiento sancionador, y disponer la emisión de una nueva imputación de cargos. ii. Por otra parte, refiere que el acta de infracción es nula, ya que no se ha investigado ni acreditado la responsabilidad subjetiva de su empresa, incumpliendo dicha acta

de infracción con el principio de culpabilidad, pues no ha determinado ni establecido si en el presente caso se ha cumplido o no con este principio. iii. Asimismo, alegan que el Acta de Infracción incumple con el principio de tipicidad ya que la infracción relacionada a la supuesta falta de supervisión a las labores del trabajador ha sido tipificada indebidamente como infracción muy grave, como si estuviera prevista en el art. 28.10 del RLGIT. Sin embargo, la descripción de la conducta típica es sumamente genérica e imprecisa. iv. Que, la imputación de cargos se sustenta en un hecho inexacto, debido a que los documentos ratifican que su empresa, sí capacitó al trabajador en los riesgos específicos de su puesto de trabajo antes del accidente del 27/11/2019 (ANEXO 1D del descargo inicial del procedimiento sancionador), así como su empresa si supervisó las labores del trabajador, incluyendo el día del accidente 27/11/2019 (ANEXO 1E del descargo inicial, hoja de ruta 40357-2021).

i. Respecto a la supuesta vulneración del debido proceso y el derecho de defensa, lo precisado por el inferior en grado en la resolución impugnada, sobre la presentación del escrito de descargo registrado con número 048675 e ingresado el 06 de abril de 2021, evidencia que el sujeto inspeccionado ejerció su derecho de defensa durante todo el procedimiento administrativo sancionador. Por otra parte, de la supuesta ilegalidad en el plazo de los cinco días para emitir escrito de descargo, ciertamente el plazo para que los empleadores realicen sus descargos se redujo de quince (15) a cinco (5) días hábiles, sin embargo, las oportunidades para ejercer su derecho a la defensa efectuada a través de sus descargos se amplió, toda vez que el procedimiento sancionador incluye dos fases: una instructora y otra sancionadora; además, puntualiza que el RLGIT (Decreto Supremo N° 019-2006-TR) es el medio por el cual se desarrollan y complementan en detalle la Ley General de Inspección del Trabajo- Ley N° 28806, a efectos de hacer más eficaz y expedita su aplicación. Por lo tanto, no se evidencia vulneración alguna al principio del debido procedimiento y derecho de defensa. ii. Adicionalmente, refiere que reviso el Acta de Infracción donde aprecia los presupuestos señalados en el artículo 54° del RLGIT y contiene un análisis de las actuaciones de investigación realizadas, así como guarda coherencia entre los hechos verificados y los medios de prueba recabados, detallando las circunstancias que conllevaron a concluir en la comisión de las infracciones administrativas investigadas, así como el análisis jurídico de las normas de orden sociolaboral

2 Notificada a la impugnante el 03 de marzo de 2022. Véase a folio 111 del expediente sancionador.

vulneradas en relación al trabajador afectado, la calificación de las infracciones administrativas que comprende la conducta de la inspeccionada y la respectiva propuesta de sanción. iii. Respecto a la tipificación, en el presente caso, el inspector comisionado en el considerando 4.11) constatado del Acta de Infracción, verificó que el sujeto inspeccionado no realizó una supervisión efectiva, dado que, con vista al informe ofrecido por el empleador, se evidenció que los traslados y recepciones de materiales desde el muelle hacia las embarcaciones se realizó sin contar con supervisión y apoyo de otro marinero, exponiéndolo a sobre esfuerzo; debido a que, el accidente de trabajo ocurrido al trabajador Richard Armando Atoche Valenzuela, el 27 de noviembre de 2019, se debió a los factores personales - falta de supervisión efectiva, así como que, dicho hecho le ocasionó un esguince/luxación con parte del cuerpo lesionado (hombro derecho), que requirió de un descanso médico de 340 días, estando dicha conducta infractora debidamente calificada como una infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo y tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. iv. En esa línea, la intendencia argumenta que es coherente señalar que la responsabilidad subjetiva recae sobre el empleador, a título de culpa, imprudencia o negligencia, toda vez que sus omisiones en cuanto al cumplimiento a las normas en seguridad y salud en el trabajo, generaron la causa del accidente de trabajo. v. A su vez, si bien durante la etapa de fiscalización el inspeccionado exhibió dos capacitaciones impartidas al trabajador de fecha 01 de octubre de 2019 respecto a temas “Materiales Peligrosos I” y “Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales-Taller”, empero, no se advierte capacitación específica en el puesto de trabajo y/o peligros y riesgos de la función en la cual se desempeñaba el trabajador (marinero de cubierta), en temas de ergonomía, prevención de accidentes de trabajo, uso de equipos de protección personal, manipulación de carga, etc., antes de la fecha del accidente de trabajo. vi. No se contó con una supervisión efectiva, conducta omisiva que se encuentra como parte causante del accidente de trabajo en el que resultó afectado el trabajador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14 9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 033-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación del inciso c) del artículo 45° de la Ley N°28806, Ley General de Inspección de Trabajo. Considera que, de forma ilegal la autoridad de trabajo ha reducido el plazo para ejercer su derecho de defensa. Asimismo, alega que el plazo para presentar descargo del informe final de instrucción es distinto y adicional al plazo para presentar descargo inicial. Por otra parte, refiere que el Reglamento de la Ley de Inspección de Trabajo no puede prevalecer sobre la Ley N°28806, ya que la norma reglamentaria no puede trasgredir a la propia ley a la cual está reglamentando. ii. Inaplicación del artículo 248.10° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS. Refiere que no ha analizado ni verificado si su empresa ha incurrido en responsabilidad subjetiva (culpabilidad) y, por tanto, no puede aplicarse válidamente sanción alguna sobre su empresa. Expresa que, no se ha analizado si se incurrió en dolo o culpa, si su empresa incurrió o no en culpabilidad en sentido estricto, ya que no determina sí podía exigírsele que actúe de conformidad a lo que el inspector de trabajo considera un comportamiento arreglado al ordenamiento jurídico. La autoridad inspectiva de trabajo no ha investigado ni analizado si han concurrido los elementos de la responsabilidad subjetiva.

iii. Inaplicación del inciso 4 del artículo 255° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°004-2019- JUS. Arguye que la SUNAFIL no ha dispuesto de oficio las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, ni ha recabando los datos e informaciones relevantes para determinar o desvirtuar la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. Por otra parte, señala que presentaron los documentos que acreditan, que si capacito al trabajador en los riesgos específicos de su puesto de trabajo antes del accidente y que si supervisó de forma efectiva las actividades del trabajador el día de este accidente. iv. Finalmente, alega la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento sancionador.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la presunta vulneración del derecho de defensa

“6. Debe recordarse, correlativamente, que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139° de la Constitución y en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de letrado o a la autodefensa; el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros.

7. Con respecto del derecho de defensa este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo. En ambos casos se garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa preliminar. Así, las garantías mínimas que se exigen en el proceso penal son extrapolables, con matices atendiendo a las propias circunstancias de cada caso, al proceso administrativo sancionador, sobre todo en lo que respecta al derecho de defensa (cfr. STC 2050-2002-AA/TC, fundamento 12)” (énfasis añadido).

la ley para que la impugnante pueda presentar sus descargos, pues en principio tiene 5 días hábiles para hacer sus descargos a la Imputación de Cargos, y posteriormente 10 días hábiles para hacer sus descargos al Informe Final de Instrucción, con la acotación de que puede solicitar una ampliación de tres días hábiles. De esta forma, no se evidencia una afectación a su derecho a la defensa, en la medida que tomó conocimiento de las infracciones imputadas desde la notificación de la Imputación de cargos N° 0082-2021- SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IC, el 15 de marzo de 2021. Asimismo, se advierte que se ha registrado los siguientes escritos de descargos: i) escrito de descargo registrado con número 40357 e ingresado el 22 de marzo de 2021, ii) escrito de descargo registrado con número 048675 e ingresado el 06 de mayo de 2021, luego de la notificación de Informe Final de Instrucción N° 173-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IF.

Sobre los alcances del Accidente de Trabajo

10 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18. 11 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p.238-239.

presente caso, consideraremos al accidente mortal, entendiéndolo como aquel suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Sobre las causas que dan origen al accidente de trabajo

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:

- Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador.

- Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares.

- Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente.

- Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente” (énfasis añadido).

Sobre la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

12 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD. 13 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.

consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar, tanto de los trabajadores, así como de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo14.

14 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

protección colectiva e individual; f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores”.

“(…) la obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

i) El daño. - Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual).

ii) Conducta antijuricidad. - Es el hecho contrario a la Ley al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es

15 Concepto desarrollado por esta Sala en reiterados pronunciamientos, contenidos en la Resolución 066 -2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución 046 -2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución 033 -2022- SUNAFIL/TFL- Primera Sala. 16 Casación N° 18190-2016 Lima

por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores”17.

iii) La relación de causalidad. - Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”.

En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección) que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo.

iv) Factor de atribución. - Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores de atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo18.

i) Teoría de la Responsabilidad Contractual. - Según esta teoría el empleador como consecuencia del contrato de trabajo es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo todo accidente laboral que esta sufra siempre le será atribuible, pues existe una presunción de culpa patronal.

ii) Teoría del dolo o culpa. – Esta teoría parte del principio que quien por dolo o culpa causa un daño debe responder por el daño ocasionado. De acuerdo con esta teoría, el trabajador para tener derecho a una indemnización debe probar la culpa de su empleador por el accidente sufrido, la cual puede derivarse de acciones u omisiones, o el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por tanto, en base a esta teoría, para poder tener derecho a indemnización en caso sufrir un accidente de trabajo es necesario demostrar que la causa del accidente es una actuación negligente del empleador. Asimismo, concluye que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo si previamente no se ha probado la existencia de negligencia por parte del empleador en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sobre lo propuesta por esta teoría, la Corte Suprema mediante Casación 18190-2016-LIMA contempla al deber de prevención como una

17 Casación N° 4321-2015 Callao 18 Casación Laboral N° 4258-2016-Lima

obligación de medios, pues la sola ocurrencia del Accidente de Trabajo no determinará la atribución automática de la responsabilidad del empleador. En tal sentido, para que ello ocurra, deberá demostrarse que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de una obligación de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del empleador y el accidente de trabajo. En otras palabras, deberá acreditarse que el incumplimiento del empleador es consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional.

iii) Teoría del Riesgo Social. - Esta teoría parte de la premisa que los accidentes de trabajo mayormente no son responsabilidad del empleador ni del trabajador, porque las consecuencias de estas deben recaer sobre la colectividad y no sobre determinada empresa. Esta teoría constituye la base de los sistemas de seguro obligatorio mediante los cuales, producido el daño al trabajador, la colectividad debe buscar su reparación, distribuyéndola entre toda la sociedad, garantizando al afectado a percibir ingresos suficientes que sustituyan los dejados de percibir a consecuencia del daño sufrido.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con brindar formación e información anticipada, suficiente, adecuada y efectiva, con relación a los peligros y riesgos del puesto de trabajo y función específica de “marinero de cubierta”; en especial, sobre la tarea de “carga de materiales” en la que se produjo el accidente; y, sobre las medidas de prevención y control efectivas para evitar que se produzcan daños a la integridad Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

física, lo que generó lesiones al trabajador Richard Armando Atoche Valenzuela Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con la supervisión efectiva de la tarea que realizaba el trabajador accidentado durante la “carga de materiales”, con el fin de vigilar que se realice con seguridad, lo que afectó al trabajador Richard Armando Atoche Valenzuela. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por COSMOS AGENCIA MARÍTIMA S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 033-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 025-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 033-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a COSMOS AGENCIA MARÍTIMA S.A.C., y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20221221JCR