Corte Superior de Justicia de Lima Este — Res. 1284-2025

Mediante Orden de Inspección N° 28531-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1114-2020 (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva por inasistencia a un requerimiento de comparecencia de fecha 03 de marzo de 2020, debidamente notificada en fecha el día 26 de febrero de 2020.

Que, mediante Imputación de Cargos N°1187-2022-SUNAFIL/ILM/SINS/AI22, de fecha 23 de junio de 2022, notificada el 30 de junio de 20223, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N°2858-2022-SUNAFIL/ILM/SINS/AI2, de fecha 22de noviembre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción 2 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1059-2023-SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 28 de marzo de 2023, notificada el 30 de marzo de 20234, multó a la impugnante por la suma de S/ 9,675.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 19 de abril de 2023, la impugnante, interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1059-2023-SUNAFIL/ILM/SISA2, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 733-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 12 de junio de 20235, la Intendencia Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 27 de junio y 04 de julio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 733- 2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana elevó el recurso de revisión y los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-002866-2023-SUNAFIL/ILM recibido el 19 de septiembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299816, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299817, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo8 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”11.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 733-2023- SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 9,675.00 por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 15 de junio de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE.

De acuerdo con lo regulado en el numeral 2 del artículo de la LGIT, el principio de Unidad de función y de actuación, aborda lo siguiente:

Así también, el artículo 3 de la LGIT, señala que, corresponde a la Inspección del Trabajo el ejercicio de la función de inspección y de aquellas otras competencias que le encomiende el Ordenamiento Jurídico Sociolaboral, cuyo ejercicio no puede limitar el efectivo cumplimiento de la función de inspección, ni perjudicar la autoridad e imparcialidad de los inspectores del trabajo, estando dentro de las finalidades de la inspección la vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y condiciones contractuales, en el orden sociolaboral, ya se refieran al régimen de común aplicación o a los regímenes especiales, entre otras.

Sobre el particular, el alegato de la impugnada señala que, se infringe el principio de unidad de función y actuación, y también, se infringe la función y finalidad de la inspección del trabajo, por no analizar el deber de colaboración en su conjunto a otras diligencias, pues solo así se podría determinar que existe infracción en consecuencia de un actuar por culpa y el ánimo de incumplimiento. Agrega que no debe de perderse de vista que, si bien las actuaciones inspectivas pueden ser individualizadas y analizadas como tal, cada actuación no tiene un fin en sí mismo.

Respecto al cuestionamiento efectuado, debe aclararse, que el referido principio alude a la función inspectiva realizada por los Inspectores del Trabajo, que se materializan en las diligencias de actuaciones inspectivas, con la finalidad de comprobar las disposiciones vigentes en materia sociolaboral, sin perjuicio de la posible especialización funcional intrínseca a cada Inspector de Trabajo, desenvuelta en el procedimiento de fiscalización, previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

En esa línea, el artículo 5 de la LGIT, precisa que, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para, entre otros, exigir la presencia del empresario o de sus representantes y encargados en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por ellos. Así, en consecuencia en el artículo 36 de la norma inicialmente aludida se determinado que son infracciones a la labor inspectiva contrarias al deber de colaboración, las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, que perjudiquen la labor de los Inspectores del Trabajo, la inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

Por otro parte, cabe traer a colación el fundamento N°9 del Acuerdo Plenario contenido en la Resolución de Sala Plena N°001-2021-SUNAFIL/TFL, de fecha 30 de julio de 202112 de observancia y aplicación obligatoria a todas las entidades conformantes del Sistema de Inspección de Trabajo, que precisa lo siguiente:

Como se advierte de las normas antes glosadas, las actuaciones inspectivas facultan a los Inspectores del Trabajo, la vigilancia y exigencia del cumplimiento de la normativa sociolaboral, que dada la relevancia ostentan la naturaleza jurídica de infracciones de carácter principal e independiente, frente a otras posibles infracciones referentes a aspectos sustantivos.

El artículo 9 de la LGIT, establece que los empleadores y sus representantes, están obligados a colaborar con los inspectores del trabajo cuando sean requeridos para ello. Asimismo, precisa en su literal c)13 , corroborado con lo dispuesto en el numeral 15.1 del artículo 1514 del RLGIT, exigencia y obligatoriedad que emerge de mandato legal colaboración que debe efectuarla en las visitas u otras actuaciones inspectivas, tanto por los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, prestarán la colaboración que precisen los inspectores de trabajo para el adecuado ejercicio de sus funciones.

Sobre el particular, el artículo 11 de la LGIT respecto a las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante i) visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, ii) requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante, y iii) comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público. (resaltado nuestro); acorde con lo dispuestos, en el literal b) del numeral 12.1 del artículo 12 del reglamento15, sabemos que mediante la comparecencia se exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada casi y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes.

En el presente caso, la impugnante fue sancionada con una multa de S/ 9,675.00 por no haber asistido a la comparecencia programada para el 03 de marzo de 2020 a las 10:00 horas, conforme en la resolución impugnada, incurriendo en una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

Sobre el particular, el alegato de la impugnante, cuestiona que se habría inaplicando el artículo 17 de la LGIT en la visita inspectiva de fecha 26 de febrero de 2020, al no comunicar o solicitar la presencia del sujeto inspeccionado, y realizar funciones inspectivas solo ante los trabajadores que se encontraban en el centro laboral inspeccionado; en ese contexto, debió procederse a notificar el requerimiento de comparecencia en el domicilio donde el representante ejerce funciones; el mismo que es diferente al lugar de la inspección – centro de trabajo – realizada en fecha 26 de febrero de 2020. Considerando lo expuesto, si bien el trabajador Sarmiento cumplió con su deber de colaboración, no se encontraba habilitado para recibir una notificación dirigida para el representante de la Inspeccionada.

En el presente caso, el inspector de trabajo dejó señalado, en los numerales tercero y cuarto del Acta de Infracción, que se notificó válidamente al inspeccionado, en la visita inspectiva de fecha 26 de febrero de 2020, un Requerimiento de Comparecencia para el día 03 de marzo de 2020, a horas 10:00, conforme se observa a continuación:

De la lectura de dicho requerimiento, se advierte que, el inspector del trabajo realizo la notificación del citatorio en el centro de trabajo de la inspeccionada, con una persona que se identificó como encargado de mesa de partes, consignando, por lo tanto, sus datos de identificación, firma y relación con la inspeccionada, en virtud de lo dispuesto en el punto 21.4 del artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del procedimiento administrativo general, aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS16 ( en adelante, TUO de la LAPG), estableciendo por lo tanto, la idoneidad de dicha notificación a través de la constancia de actuaciones inspectivas y la línea comprobada de comunicación entre quien recibe la notificación en el centro de trabajo y la inspeccionada.

En ese sentido, cabe acotar que conforme lo establecido en el artículo 4 de la LGIT la función inspectiva, la actuación de la Inspección del Trabajo se extiende a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales, ya sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y se ejerce en los centros de trabajo y, en general, los lugares en que se ejecute la prestación laboral; asimismo, que conforme el artículo 20 del TUO de la LPAG, se puede efectuar la notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio.

Además, la Resolución de Superintendencia N° 237-2019-SUNAFIL, de fecha 24 de julio de 2019, que aprobó criterios normativos adoptados por el “Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL”, en su tema 3, señala: “Se considera validadme notificados el requerimiento de comparecencia al sujeto inspeccionado, cuando este es realizado en el domicilio del administrado (…)” (énfasis añadido). Por tanto, no se advierte que se haya vulnerado el debido procedimiento al realizar el acto de administración de notificación en el centro de trabajo.

Por otro lado, cabe aclarar que, el uso obligatorio de la casilla electrónica se establecido mediante el Decreto Supremo N°003-2020-TR, y asimismo, la Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL que aprobó el cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación, la cual fue modificada mediante Resolución de Superintendencia N°114-2020-SUNAFIL, estableciéndose como fecha de implementación del uso obligatorio de la casilla electrónica, el 31 de diciembre de 2020. En ese contexto, se puede advertir que, en fecha 03 de marzo de 2020, cuando se realizó el requerimiento de comparecencia, el carácter obligatorio de empleo de la casilla electrónica

Respecto a los alegatos de la inspeccionada, que señalan que el propio Inspector del Trabajo ha imposibilitado la revisión y verificación de las materias objeto de inspección, debido a una situación de estado de salud; por lo tanto, corresponde aplicar la reducción del 90 % de la sanción propuesta.

Corresponde precisar que, de la revisión del presente recurso, así como de los actuados en el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, no se observa que la inspeccionada haya brindado facilidades para dilucidar la materia objeto de inspección: Actos de hostilidad y modificación unilateral de condiciones de trabajo, tal es así que, frente a una posterior visita de inspección en fecha 12 de marzo de 2020, en el centro de trabajo, sito en Av. Wiesse cuadra 38 SN (frente a la estación Santa Rosa del Tren Eléctrico), la trabajadora que atendió la diligencia inspectiva en calidad de administradora de la inspeccionada, manifestó no contar los documentos solicitados, emitiéndose una actuación inspectiva posterior.

Con relación a ello, cabe precisar que el numeral 17.3 del artículo 17 del RLGIT, modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº014-2021-TR3 establece: “Cuando el sujeto inspeccionado subsane las infracciones en el plazo otorgado por el inspector del trabajo en la medida de requerimiento, se emite el informe correspondiente dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones fiscalizadas, sin perjuicio de la emisión de las recomendaciones o advertencias que correspondan, dando fin a la etapa de fiscalización. Cuando la subsanación se produzca después del vencimiento del plazo de la medida de requerimiento y antes de la notificación de imputación de cargos, aquélla será calificada por la autoridad instructora del procedimiento sancionador. Las sanciones por infracciones a la labor inspectiva previstas en los numerales 46.6 y 46.10 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, tendrán una reducción del 90%, siempre que el sujeto inspeccionado acredite haber subsanado todas las infracciones advertidas antes de la expedición del acta de infracción o cuando no se adviertan infracciones”

En este punto, debemos tener en cuenta lo previsto en la Resolución de Sala Plena N°012- 2023-SUNAFIL/TFL, publicada el 24 de septiembre de 2023 que en sus fundamentos 18 y 20 establece:

Por lo tanto, se puede advertir que la conducta realizada por la inspeccionada no se subsume en los supuestos de hecho que otorgan esta atenuante de responsabilidad, no siendo atendible el pedido de reducción debido a que no se ajusta a lo establecido por Ley.

De acuerdo a las definiciones contempladas en el artículo 1 de la LGIT, la función inspectiva es la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. En esa línea, el numeral 5.517 del artículo 5 de la LGIT señala que los inspectores de trabajo adoptan, entre otras medidas según sea el caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, el inicio del procedimiento administrativo sancionador mediante la extensión del Acta de Infracción.

Tomando en cuenta lo antes expuesto, se debe precisar que, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT señala: “Las medidas a que se refiere el numeral 5 del artículo 5 de la Ley se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13”.

Conforme los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del RLGIT, esta dispone que el plazo máximo para las actuaciones de investigación o comprobatorias en treinta (30) días hábiles, computándose desde la fecha en que se inicien las actuaciones inspectivas, y que la prórroga del plazo para el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias, autorizada conforme a lo previsto en la Ley, se puede efectuar una sola vez y por el plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

En ese contexto, a fojas 01 del expediente de inspección, obra la Orden de Inspección N°28531-2019-SUNAFIL/ILM que dio origen al inicio de las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias a la impugnante, y de la misma se evidencia que, el plazo para el desarrollo de las actuaciones inspectivas fue de 30 días hábiles, no existiendo documento alguno que acredite la ampliación del plazo para el desarrollo de las actuaciones inspectivas.

En virtud a ello, corresponde precisar que en el presente caso las actuaciones inspectivas se desarrollaron del 20 de febrero al 08 de julio de 2020; es decir, las actuaciones inspectivas se realizaron dentro de los 30 días hábiles de plazo otorgados en la Orden de Inspección 28531-

Por lo tanto, en aplicación la suspensión de plazos procedimentales descritos en el considerando precedente, de la revisión de los actuados se evidencia que el procedimiento inspectivo se ha realizado dentro del plazo establecido por Ley.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 1059-2023-SUNAFIL/ILM/SISA2, como la Resolución de Intendencia N° 733-2023-SUNAFIL/ILM, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 08 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger -los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.