Corte Superior de Justicia de ICA — Res. 1954-2025

Mediante Orden de Inspección N°2591-2021-SUNAFIL/IRE-ICA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 081-2022-SUNAFIL/IRE-ICA (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N°571-2022-SUNAFIL/SIFN-IRE-ICA, notificada al Procurador Publico en fecha 02 de febrero de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N°93-2023-SUNAFIL/IRE-ICA/SIFN, notificada al Procurador Público el 31 de julio de 2023, que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Ica, la que mediante Resolución de Subintendencia N° 576-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-ICA, notificada al Procurador Publico en fecha 22 de agosto de 2023 multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Conforme a lo antes mencionado, mediante Resolución de Intendencia N°112-2023- SUNAFIL/IRE-ICA, notificada al Procurador Publico en fecha 05 de diciembre de 2023, La Intendencia Regional de Ica declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 03 de enero de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia de Regional de Ica, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N°112- 2023-SUNAFIL/IRE-ICA.

La Intendencia Regional de Ica admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante memorándum, recibido el 08 de enero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese contexto, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esa línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N°112- 2023-SUNAFIL/IRE-ICA, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 06 de diciembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA.

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que, “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente

Del mismo modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece que, “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Cabe señalar que, “las actuaciones inspectivas, son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su Reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad10.

Por su parte, el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT se establece que, “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

De acuerdo a las disposiciones normativas expuestas en los considerandos precedentes, se encuentra debidamente acreditado que la impugnante se encontraba en la obligación legal, en virtud a su deber de colaboración con el inspector de trabajo, de cumplir con con facilitarle la información y documentación necesaria para el desarrollo de las funciones inspectivas, de forma oportuna. (énfasis añadido).

De la revisión de los actuados; se advierte que el inspector de trabajo en base a sus facultades, procedió a emitir segundo Requerimiento de Información11 de fecha 18 de enero del 2022- materia de imputación, (notificado válidamente al administrado vía Casilla Electrónica); mediante el cual se le requirió los siguientes documentos: (énfasis añadido).

Frente a este requerimiento de información, la impugnante decidió no cumplir con la misma, pese a haberse dejado constancia en dicho documento que el no proporcionar información constituirá INFRACCION A LA LABOR INSPECTIVA sancionable con multa según lo dispuesto por los artículos 3612 y 39° de la Ley 28806, Ley General de Inspección

Al respecto, esta sala procedió a realizar un análisis exhaustivo sobre el Requerimiento de Información de fecha de fecha 18 de enero del 2022, habiéndose determinado que el sujeto inspeccionado (ahora impugnante) fue válidamente notificado en su Casilla Electrónica y que incluso se lo alertó oportunamente sobre dicha notificación; conforme se puede acreditar a continuación:

Sobre el particular, es preciso hacer recordar a la impugnante que, a efectos de la modernización de los servicios prestados por la Autoridad Inspectiva de Trabajo, con fecha 14 de enero de 2020 se publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, Denominado “Aprueban el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL”, el cual en su artículo 1 señala lo siguiente: El presente decreto supremo tiene por objeto regular el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica, con miras a efectuar notificaciones, en los procedimientos administrativos y actuaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) a través de su Sistema Informático de Notificación Electrónica.

Es así que, las obligaciones del usuario de la casilla electrónica contenidas en el Decreto Supremo Nº 003-2020-TR14 resultan una norma de carácter imperativo y genera un régimen obligatorio bajo los parámetros convalidados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Presidencia del Consejo de Ministros, conforme con las reglas que la propia Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 a través de su Texto Único Ordenado (aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en

Encima, a la luz de los dispositivos legales antes descritos; y de la figura 01 que se anexan en el numeral 6.9 de la presente resolución, se puede acreditar que el sujeto inspeccionado (ahora impugnante) fue válidamente notificado, con el depósito del documento Requerimiento de Información, en su Casilla Electrónica; así como, que recibió la alerta del Sistema Informático de Notificación Electrónica de SUNAFIL en los correos electrónicos que el propio sujeto inspeccionado (ahora impugnante) declaró y consignó para tal fin. Siendo así, se deja establecido que en la figura 02 “Accesos a Casilla Electrónica”, que el sujeto inspeccionado (ahora impugnante) como usuario de la Casilla Electrónica, tiene como primera fecha de ingreso y/o acceso a la Casilla el 17 de diciembre del 2021, siendo este ingreso previo al requerimiento de información que le fue notificado con fecha 18 de enero del 2022, el cual es objeto del presente procedimiento sancionador; determinándose con ello, que conocía sobre su funcionamiento, por el contrario, no cumplió con su obligación de revisar periódicamente la Casilla Electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifique, pese a su obligación legal; existiendo por ello una responsabilidad administrativa como usuario de la casilla electrónica, no atribuible a SUNAFIL, de lo que se deja constancia. (énfasis añadido)

En efecto, cuando el sujeto inspeccionado (ahora impugnante) no cumpla con la entrega de la información requerida dentro del plazo señalado por el inspector, se sujeta a la calificación del propio inspector actuante, quien podrá o no considerar la documentación remitida en función de la programación de las actuaciones inspectivas que tenga a cargo.

Por cierto, de la revisión y análisis del expediente, se puede apreciar del acta de Infracción que, el inspector de trabajo, luego de un análisis razonable, optó por proponer la sanción basada en los numerales 46.3 del artículo 46° del RLGIT, esto debido a que, la impugnante no cumplió con lo requerido en el segundo requerimiento de información notificado el 18 de enero de 2022,siendo así, queda acreditado la falta al

Entonces, de la revisión de los actuados se verifica que, ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, así como tampoco la resolución impugnada, contravienen a la Constitución, ni a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. En consecuencia, no corresponde acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

El inciso 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG16 reconoce como una condición eximente de la responsabilidad el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada.

Encima, el inciso 1 del artículo 257° del TUO de la LPAG21 reconoce como una condición eximente de la responsabilidad el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. En similar sentido, el punto 7.1.5 de la versión 02 de la Directiva N° 001- 2017-SUNAFIL/INII – “Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 190- 2021-SUNAFIL señala respecto del caso fortuito o fuerza mayor lo siguiente:

La impugnante alega que por “falla con el acceso a internet por labores remotas y fallas posterior por sistema de Sunafil” se encontraba imposibilitada de cumplir con el requerimiento de información, sin embargo, de la revisión de los actuados no se advierte algún medio probatorio idóneo que acredite ser pasible de eximencia de responsabilidad. Por el contrario, la impugnante debió de prever cualquier contingencia que pudiera suscitarse a la fecha anterior al vencimiento del requerimiento de información de fecha 18 de enero de 2022. Por consiguiente, esta sala determina que la impugnante no se encuentra bajo los alcances de eximentes o atenuantes de responsabilidad, dado que, pudo haberse previsto tal situación, además, es responsabilidad de la impugnante revisar periódicamente su casilla electrónica.

Así pues, mencionar que el principio de culpabilidad se encuentra regulado en el numeral 10 del artículo 248° del TUO de la LPAG el mismo establece que: “La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.” A decir de Morón Urbina, la infracción administrativa se caracteriza por ser una acción u omisión típica e imputable a su autor a título de culpa o dolo. El elemento subjetivo formaría parte de la propia infracción. La acción típica sería antijurídica cuando ha sido realizada por su autor de forma culposa o dolosa, sin la intervención de circunstancias que eliminen la responsabilidad. En el presente caso, resulta evidente que fue responsabilidad de la impugnante la previsión para el cumplimiento del deber de colaboración.

En definitiva, al no encontrarse acreditado la existencia de un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que haya impedido a la impugnante cumplir con las obligaciones de colaboración con la labor inspectiva, esta Sala desestima la aplicación de la causal de eximente que invoca la impugnante, por ende, no cabe acoger el presente extremo del recurso de revisión.

Que, la impugnante alega que en el presente caso se inaplico el artículo 13 de la Ley N° 28806 que habilita la posibilidad de ampliación del plazo de las actuaciones inspectivas, toda vez, que el inspector debió de gestionar la ampliación de plazo y así la impugnante hubiera cumplido con remitir la información solicitada.

En ese contexto, es preciso mencionarle a la impugnante que el artículo 13 de la Ley N° 28806, sobre actuaciones inspectivas, permite la ampliación de un plazo por un máximo de treinta (30) días hábiles, una sola vez. Esta ampliación debe ser solicitada formalmente y notificada al sujeto inspeccionado antes del vencimiento del plazo original.

Además, de la revisión de los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13° del RLGIT, esta dispone que el plazo máximo para las actuaciones de investigación o comprobatorias es treinta (30) días hábiles, computándose desde la fecha en que se inicien las actuaciones inspectivas, y que la prórroga del plazo para el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias, autorizada conforme a lo previsto en la Ley, se puede efectuar una sola vez y por el plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

En atención a las disposiciones antes mencionadas, resulta necesario precisarle a la impugnante que el pedido y gestión de la ampliación de plazo de una orden de inspección recaerá en la discrecionalidad del inspector actuante respetando el principio de razonabilidad y la programación de las otras ordenes de inspección que tenga en simultaneo, considerando que, el Sistema de Inspección del Trabajo se rige entre otros por el principio de autonomía técnica y funcional, así como por el principio de eficacia. En virtud de estos principios, los inspectores de trabajo, en el ejercicio de sus competencias, tienen independencia frente a cualquier influencia externa indebida y deben actuar con sujeción a un trabajo programado y en equipo.

Ahora bien, en el presente caso se advierte que la impugnante no cumplió con remitir la información solicitada, pues dicha actitud fue interpretada por el inspector comisionado como una negativa del sujeto inspeccionado (ahora impugnante) para proporcionar la información requerida que, al inspector le resultaba indispensable para continuar las actuaciones inspectivas, lo cual devino en que propusiera sanción por el incumplimiento del requerimiento de información. Por tanto, esta sala coincide con dicha conclusión, dado que el inspector comisionado no se encontraba en la obligación

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería las que corresponden a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.