Correos del Perú S.A — Res. 435-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de Control de asistencia (Sub materia: Incluye Todas); Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y Salarios); Gratificaciones); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro trabajadores y otros en la planilla). 20555195444 soft 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas de los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, siempre que no esté tipificados como infracciones muy graves, tal como el requerimiento de información notificado el 08 de octubre de 20202; en perjuicio de los trabajadores consignados en el numeral 4.11 del acta de infracción, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,537.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no registrar trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal contratado bajo modalidades formativas laborales, personal de terceros o derechohabientes en las planillas de pago o planillas electrónicas a que se refiere el Decreto Supremo N° 018- 2007-TR y sus modificatorias, o no registrar trabajadores y prestadores de servicios en el registro de trabajadores y prestadores de servicios, en el plazo y con los requisitos previstos, incurriéndose en una infracción por cada trabajador, pensionista, prestador de servicios, personal en formación – Modalidad Formativa Laboral y otros, personal de terceros o derechohabiente, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 19,866.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no contar con el registro de control de asistencia o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo, en la visita inspectiva del día 08 de octubre de 2020; en perjuicio de los trabajadores consignados en el numeral 4.11 del acta de infracción, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 4,257.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, de fecha 21 de octubre de 2020; en perjuicio de los trabajadores consignados en el numeral 4.11 del acta de infracción, tipificada en el

2 Corregido el error material por el considerando 3.32 de la Resolución de Intendencia N° 050-2022-SUNAFIL/IRE-ICA.

numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 4,257.00.

i. Que se ha registrado a los trabajadores que han trabajado en la empresa, sin embargo, respecto a los señores Huaripaucar Morón Carlos Alberto, Ramos Espinoza Mónica Janin y Alvarado Ramos Jennifer, indican que no corresponde registrarlos al no ser sus trabajadores y haber brindado servicios esporádicos donde no se cumplió con demostrar cumplir con los requisitos de desnaturalización. ii. Asimismo, se ha afectado el principio de presunción de inocencia que tiene rango constitucional, pues durante toda la etapa de investigación no se ha comprobado de manera objetiva y certera, los incumplimientos a los que supuestamente habría incurrido, pues no han sido merituados de manera certera y válida los documentos exhibidos en todas y cada una de las comparecencias inspectivas. iii. Por último, sostiene que no contaban con personal activo en sus establecimientos, siendo que el personal que se encontraba en ese momento no pertenece a su empresa, ya que en dicho lugar no son la única empresa que funciona allí.

i. Que, se observa en los hechos constatados del acta de infracción, que los trabajadores afectados manifestaron en la visita inspectiva del día 08 de octubre de 2020, que, por las labores realizadas recibían una remuneración por parte de la inspeccionada; acreditándose con ello que frente a la labor subordinada existía un pago de remuneraciones. ii. Indica que en el procedimiento ha quedado demostrada la existencia de un contrato de trabajo al ser este último un acuerdo de voluntades entre un trabajador/a, necesariamente una persona natural, y un empleador que puede ser una persona natural o jurídica, quien obliga al primero a poner a disposición del segundo su propio trabajo, a cambio de una remuneración; en efecto, queda evidenciado en el caso de autos, que, sí existió una relación laboral de "trabajador subordinado" y no una relación civil de “locador independiente y no subordinado”.

3 Mediante Resolución de Trámite N° 140-2022-SUNAFIL/IRE-ICA-SIRE, de fecha 01 de febrero de 2022, la Sub Intendencia de Resolución encauza el recurso de reconsideración interpuesto como recurso de apelación. 4 Notificada a la impugnante el 03 de mayo de 2022, véase folio 57 del expediente sancionador.

iii. Finalmente, la Autoridad del Trabajo indica que tiene por dilucidado que los inspectores comisionados determinaron correctamente las infracciones impuestas, habiendo advertido incumplimiento en las normas sociolaborales, utilizando para ello el Principio de Primacía de la Realidad, conjuntamente con lo prescrito en los hechos constatados del acta de infracción, de tal modo que no advierte trasgresión al Principio de Legalidad y/o al Debido procedimiento como equívocamente lo aduce la inspeccionada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 10 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CORREOS DEL PERÚ S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 24 de mayo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 050-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, señalando los siguientes alegatos:

i. Observa que, en uno de los fundamentos de la resolución impugnada, se señala que los escritorios y computadoras que observaron en la constatación inspectiva realizada son de su pertenencia; sin embargo, se precisó e hizo de su conocimiento que dichos bienes no son su propiedad e inclusive pertenecen a otra empresa de mensajería; puesto que en dicha oficina ubicada en Calle Ayacucho Nº 620, Provincia y Región de lca, operaban más de tres empresas. ii. Indica que el pago que se realizaba era un pago por prestación de servicios, mas no de remuneraciones, lo cual, se demuestra al no haber acreditado en la etapa de instrucción que se realizaban abonos iguales, e incluso ni similares y mensuales. Por lo que, los trabajadores tenían total independencia para su realización. iii. Afirma que la resolución impugnada no ha tomado en consideración sus fundamentos del recurso de apelación (motivación aparente). Asimismo, que la Intendencia no se ha pronunciado sobre la extemporaneidad de la aplicación de la sanción, al haber transcurrido más de dos años. iv. Finalmente, que, de los requerimientos realizados a la empresa, apreciaron que el inspector solicitaba documentos de vacaciones, CTS, contrato de trabajo, entre otros documentos pertenecientes a una relación laboral. Por lo que, al ser los trabajadores en cuestión parte de una relación de carácter civil, no contaban con la documentación requerida.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

- El 22 de abril de 2021 inició el procedimiento sancionador con la notificación del acta de infracción y de la Imputación de cargos N° 195-2020-SUNAFIL/IRE-SIAI-ICA11. - El 31 de diciembre de 2021 se emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 345-2021- SUNAFIL/IRE-SIRE-ICA, siendo notificada el 04 de enero de 202212.

“1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este.

11 Véase folios 12-15 del expediente sancionador. 12 Véase folio 40 del expediente sancionador.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

13 Morón Urbina, J.C. (2017). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12va ed., Lima: Gaceta Jurídica.

notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún14.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

14 Morón Urbina, J.C. (2017). Ibídem, p. 529.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del

debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

partir de los fundamentos 3.21 establece los extremos referentes al deber de colaboración de la impugnante con la función inspectiva. En tal sentido, se advierte que, en la resolución impugnada, se ha absuelto todos los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No registrar trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal contratado bajo modalidades formativas laborales, personal de terceros o derechohabientes en las planillas de pago o planillas electrónicas a que se refiere el Decreto Supremo N° 018-2007-TR y sus modificatorias, o no registrar trabajadores y prestadores de servicios en el registro de trabajadores y prestadores de servicios, en el plazo y con los requisitos previstos, incurriéndose en una infracción por cada trabajador, pensionista, prestador de servicios, personal en formación – Modalidad Formativa Laboral y otros, personal de terceros o derechohabiente. Numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Relaciones Laborales No contar con el registro de control asistencia o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo, en la visita inspectiva del día 08 de octubre de Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

2020; en perjuicio de los trabajadores consignados en el numeral 4.11 del acta de infracción. Labor Inspectiva Acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas de los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, siempre que no esté tipificados como infracciones muy graves, tal como el requerimiento de información notificado el 08 de octubre de 2020; en perjuicio de los trabajadores consignados en el numeral 4.11 del acta de infracción Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, de fecha 21 de octubre de 2020; en perjuicio de los trabajadores consignados en el numeral 4.11 del acta de infracción. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CORREOS DEL PERÚ S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 050-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, emitida por la Intendencia Regional de Ica, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 137-2020-SUNAFIL/IRE-ICA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 050-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, en los extremos referentes a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales y a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 25.19 y 25.20 del artículo 25, y numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, respectivamente. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a CORREOS DEL PERÚ S.A. y a la Intendencia Regional de Ica, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20230510CEC