Corporación Pesquera Inca S.A.C — Res. 938-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Licencia con goce de haber (Sub materia: Incluye todas)

20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar haber otorgado licencia con goce de haber a los trabajadores afectados y en los periodos señalados en el Cuadro N° 06, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 02/08/2021 cuyo vencimiento fue el 05/08/2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

i. (...) Sobre la no acreditación del acuerdo suscrito con los trabajadores sobre el adelanto de vacaciones durante pandemia (..) en el Acta de Infracción, el inspector a cargo acepta que la empresa otorgó licencias con goce a sus trabajadores; sin embargo, según su interpretación subjetiva, el problema yace en que durante un periodo determinado de la pandemia el empleador otorgó vacaciones adelantadas: (..) Por lo tanto, se concluye que se incumplió el otorgamiento de la licencia con goce de haber, descalificando la entrega de vacaciones adelantadas, e ignorando la situación de fuerza mayor por la pandemia por COVID-19. En efecto, el DS. N° 011-2020-TR facultó a los empleadores aplicar medidas que permitan mitigar el impacto económico producto de la presencia del Covid-19 en territorio Nacional. Tal es así, que dicho decreto "estableció normas complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia No. 038-2020 (medidas para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19)". Que, en ese sentido, al amparo del precitado Decreto Supremo, la administrada otorgó vacaciones a los trabajadores, previa comunicación a través de medios electrónicos (correo electrónico y/o WhatsApp), hechos que fueron debidamente acreditados mediante los pantallazos de las herramientas virtuales por las que se notificaron dichas cartas. (…) Asimismo, rechazan en forma categórica que se haya impuesto el adelanto de las vacaciones ya que reitera que los trabajadores hicieron goce de sus vacaciones, las cuales fueron pagadas conforme a las boletas de

pago, no expresando disconformidad al goce de vacaciones adelantadas cuando le fue enviada la propuesta al administrado; sino que cuestionaron dicha medida luego de meses de su goce; por lo que no se verifica perjuicio ni infracción por parte de la administrada en el otorgamiento de vacaciones adelantadas. (…) En ese orden de ideas, son el Inspector de Trabajo y la Autoridad administrativa quienes pretender romper la naturaleza de estas medidas excepcionales al omitir selectivamente durante su sustento lo siguiente (...) Que, en ese sentido, debió valorarse en conjunto la buena fe del empleador, así como su conducta durante la pandemia y el procedimiento inspectiva, y no aislar la medida de vacaciones adelantadas, con única finalidad de buscar la sanción económica en contra del administrado. ii. Sobre el supuesto incumplimiento de la medida de requerimiento, el Inspector Auxiliar a cargo pretende justificar y sustentar la Medida de Requerimiento desacreditando la entrega de vacaciones adelantadas y estipulando que el administrado estuvo en la obligación de otorgar licencias con goce de haber durante la pandemia. Sin embargo, en el presente recurso hemos brindado razones referidas a la inexistencia de motivación suficiente para la imputación de la infracción sociolaboral, de este modo, al haber quedado desvirtuada esta, la imposición de la multa proveniente del supuesto incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento deviene en nula (...) resultaba completamente irrazonable por parte de los inspectores emitir una medida inspectiva de requerimiento que implicaba "ACREDITAR HABER OTORGADO LICENCIA CON GOCE DE HABER" si ya los inspectores tenían conocimiento de la imposibilidad del administrado de cumplir la medida señalada porque sabían que se había otorgado vacaciones adelantadas durante el periodo requerido, y no licencias con goce. Debe recalcar que el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Resolución N° 601-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, dispuso que: (...) se evidencia la vulneración del principio de razonabilidad, así como la motivación suficiente para la emisión de la medida de requerimiento por los motivos expuestos. iii. De la nulidad del Acta de infracción y el Informe Final por vicios de motivación insuficiente e incongruente, que fueron recogidos por la Resolución de Primera Instancia (…) La Resolución de Primera Instancia vulnera su derecho a obtener una decisión motivada, a la valoración de la prueba y al derecho de defensa (…). En base a las consideraciones planteadas en el presente recurso, se advierte que no se ha determinado correctamente los hechos que fluyen de los medios probatorios aportados al procedimiento administrativo sancionador incurriendo en el vicio de motivación externa del enunciado fáctico, puesto que, mediante prueba documentaria: (...) Asimismo, esto se encuentra estrechamente relacionado con el derecho a la valoración de la prueba, puesto que no se ha valorado medios probatorios admitidos. Esto ha causado perjuicio a la recurrente, puesto que no ha podido demostrar su tesis (hipótesis alternativa) y se le ha impuesto la multa por infracción grave. (..) En efecto en la resolución se ha determinado que se habría cometido infracción relacionado con

actos de hostilidad por no haber cumplido los requerimientos establecidos en el artículo 9 de la LCPL(...) se incurre en vicio de motivación insuficiente (...)

i. Bajo este contexto; es de evidenciarse que las normativas que la conciernen son claras, siendo requisitos importantes para el adelanto de vacaciones que exista un "acuerdo previo" y que este acuerdo conste "por escrito", sin embargo; de realizado un estudio de autos, este Despacho determina que no obra documento alguno que acredite que el empleador haya celebrado dicho acuerdo previo para el adelanto de vacaciones, por consiguiente, no se evidencia que lo constatado por el inspector comisionado sea a interpretación subjetiva, conforme lo deja entrever la inspeccionada en su recurso de apelación; sino que esta se encuentra amparada bajo los parámetros de ley que la conciernen, puesto que; si bien, la inspeccionada tenía la facultad de otorgar el adelanto de vacaciones como medidas alternativas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral, la misma norma señala que cuando esta se materialice, se debe cumplir ciertos requisitos, como es que debe constar por escrito, y debe existir un acuerdo "entre el trabajador y empleador, disposición que se encuentra concordado con el art 4 inc. 4.1 del D.S. N° 011-2020-TR. ii. Incluso se desprende del acta de infracción, que la inspeccionada comunica a los trabajadores el otorgamiento de vacaciones, los mismos que adjuntan papeletas de vacaciones sin firma del trabajador y/o cartas de programación de vacaciones, Sin embargo, ello solo acredita que solo comunico, es decir "comunico su decisión" de otorgar el adelanto de vacaciones a cuenta del periodo vacacional que se genere a futuro, "decisión unilateral", puesto que, el comunicar no se asemeja a la concretización de un acuerdo entre los trabajadores y la empresa, que, dicho sea de paso, este acuerdo conste por escrito. En consecuencia, para este Despacho, no queda duda que los inferiores en grado han realizado una correcta valoración, toda vez que existe una clara correspondencia entre los hechos constatados y las normas jurídicas infringidas, así como de la valoración de los documentos aportados por la inspeccionada. iii. Por ende; al no cumplirse con las formalidades establecidas por ley para otorgar el adelanto de vacaciones a cuenta del periodo vacacional que se genere a futuro, el conducto regular habría sido aplicar licencia con goce de haber (el empleador se encuentra obligado al pago de una remuneración sin que exista una labor efectiva por parte del trabajador), si bien ya encontraba regulada en la normativa laboral, cobra mayor relevancia en el contexto de la emergencia sanitaria a consecuencia COVID 19, siendo que por Decreto de Urgencia N° 029- 2020, en su artículo 26 inc. 26.1. iv. Por ende; y en virtud a lo esgrimido en los párrafos precedentes, este Despacho determina que la inspeccionada es responsable de la infracción que se le imputa "por no acreditar haber otorgado licencia con goce de haber a los trabajadores afectados y en los periodos señalados en el Cuadro N° 05 del acta de infracción”. No resulta cierto, que exista prueba documentaria que haya corroborado que la inspeccionada haya brindado licencia con goce sujeta a compensación posterior a sus trabajadores, tampoco que el otorgamiento de las vacaciones adelantadas se encuentre sujeta a norma, dejándose en claro a la inspeccionada que lo argumentado en la página 13 del acta de infracción- último párrafo, cuando el inspector comisionado señala: "el sujeto inspeccionado acredita haber otorgado licencia con goce de haber, conforme a sus boletas de pago de los periodos de marzo a octubre del 2020,con respecto a los

2 Notificada a la impugnante el 07 de julio de 2022, véase folio 79 del expediente sancionador.

siguientes trabajadores y periodos: cuadro N"05"; ello no debe ser interpretado erróneamente por la inspeccionada; puesto que dicho argumento y/o afirmación es en relación a los trabajadores y periodos detallados en el cuadro N° 05; más no, es un argumento ○ afirmación para los trabajadores comprendidos como trabajadores afectados y periodos señalados en el cuadro N° 06. v. Para el presente caso en concreto, este Despacho determina que la sanción por el incumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento, se encuentra debidamente motivada, la inspeccionada no ampara su fundamento "de que se le otorgo vacaciones adelantadas a sus trabajadores" , bajo los parámetros de ley; por ende el inspector comisionado requiere que se cumpla con acreditar haber otorgado licencia con goce de haber a los trabajadores afectados y en los periodos señalados en el cuadro N° 06 del acta de infracción; siendo así, se evidencia que no se está vulnerando el principio de razonabilidad o debido procedimiento, puesto que al haberse detectado una vulneración o infracción del ordenamiento jurídico, el inspector otorgó un plazo razonable a fin de que la inspeccionada subsanara su infracción. vi. Por ende, y en virtud a lo esgrimido en los párrafos anteriores, este Despacho determina que la inspeccionada es plenamente responsable de las infracciones que se le imputan, detallado en el numeral1S de la presente Resolución. Siendo así, no se advierte vulneración alguna al derecho de defensa ni al debido procedimiento, principio de legalidad, u otro principio. En ese sentido, se concluye que no resulta cierto, que la Resolución apelada adolezca de una debida motivación, toda vez que existe una clara correspondencia entre los hechos constatados y las normas jurídicas infringidas, menos que se hayan inobservado los principios que rigen la potestad sancionadora, ye que como es de verse, el presente procedimiento sancionador, el interior en grado realizo el cálculo de le multa a imponer basado en el artículo 38 de la LGIT. Se tiene además que el interior en grado, en estricto cumplimiento a los principios ordenadores del derecho, no he dejado en estado de indefensión al inspeccionado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - Sunafil Artículo 16. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Artículo 17. Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 01 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 142-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, señalando lo siguiente:

i. El DS. N° 011-2020-TR facultó a los empleadores aplicar medidas que permitan mitigar el impacto económico producto de la presencia del Covid-19 en territorio Nacional. Tal es así, que dicho decreto "estableció normas complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia No. 038-2020 (medidas para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19)". ii. Que, en ese sentido, al amparo del precitado Decreto Supremo, la administrada otorgó vacaciones a los trabajadores, previa comunicación a través de medios electrónicos (correo electrónico y/o whatsapp), hechos que fueron debidamente acreditados mediante los pantallazos de las herramientas virtuales por las que se notificaron dichas cartas. iii. Asimismo, rechaza en forma categórica que se haya impuesto el adelanto de las vacaciones ya que reitera que los trabajadores hicieron goce de sus vacaciones, las cuales fueron pagadas conforme a las boletas de pago, no expresando disconformidad al goce de vacaciones adelantadas cuando le fue enviada la propuesta al administrado; sino que cuestionaron dicha medida luego de meses de su goce: por lo que no se verifica perjuicio ni infracción por parte de la administrada en el otorgamiento de vacaciones adelantadas. En efecto, solicita declarar nula el Acta de Infracciones por carecer de fundamento suficiente y congruente para la imputación de cargos en contra del administrado. iv. Se ignora que debido a la pandemia originada por el virus COVID-19, la normativa permitió de forma excepcional la posibilidad de otorgar el adelanto de vacaciones a pesar de las restricciones de inmovilización y aislamiento social obligatorio con la finalidad de prevenir, controlar y evitarla propagación del virus, así como mitigar los

efectos económicos causados a los trabajadores y EMPLEADORES, por lo que no resulta congruente pretender sancionar a la administrada por aparentemente "romper la naturaleza de las vacaciones", cuando actuó conforme a las medidas extraordinarias promulgadas en el contexto de la emergencia sanitaria para resguardar la salud de sus colaboradores. v. Para la Autoridad Administrativa la comunicación de vacaciones adelantadas configuro como decisión unilateral; no habiéndose tomado en cuenta que: - El periodo de inspección es sobre las vacaciones de marzo a octubre 2020, al respecto resulta importante señalar que la empresa comunicó a los trabajadores sobre las vacaciones adelantadas antes de hacerse efectivas. - Los trabajadores gozaron efectivamente de sus vacaciones adelantadas. - Es recién en el mes de junio de 2021 que se denuncia la supuesta afectación por las vacaciones adelantadas. - Esto es, luego de meses de haber gozado efectivamente estas vacaciones adelantadas y sin haberse rechazado la medida implementada. - Que, para el presente caso, existe una aceptación tácita de los trabajadores sobre las vacaciones adelantadas, pues no hubo una negativa sobre el goce y pago respectivo de estas. vi. En ese sentido, la comunicación no fue una decisión "unilateral" de la empresa, sino que la misma se ejecutó en tanto no hubo negativa ni rechazo de los trabajadores, los cuales efectivizaron esta medida. vii. A respecto, el inspector Auxiliar a cargo pretende justificar y sustentar la Medida de Requerimiento desacreditando la entrega de vacaciones adelantadas y estipulando que el administrado estuvo en la obligación de otorgar licencias con goce de haber durante la pandemia. viii. Sin embargo, en el presente recuso han brindado razones referidas a la inexistencia de motivación suficiente para la imputación de la infracción sociolaboral, de este modo, al haber quedado desvirtuada esta, la imposición de la multa proveniente del supuesto incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento deviene en nula. ix. Sostiene que, los documentos entregados durante las actuaciones inspectivas resultan medios de prueba idóneos para demostrar el cumplimiento de la normativa por parte de la administrada, esto es, la entrega legitima de vacaciones adelantadas, por lo que resulta irrazonable que se pretenda sancionar al administrado por un supuesto incumplimiento de medida de requerimiento que carece de legalidad. x. Señala que, resultaba completamente irrazonable por parte de los inspectores emitir una medida inspectiva de requerimiento que implicaba "acreditar haber otorgado licencia con goce de haber" si ya los inspectores tenían conocimiento de la imposibilidad del administrado de cumplir la medida señalada porque sabían que se había otorgado vacaciones adelantadas durante el periodo requerido, y no licencias con goce.

xi. Cabe precisar que esta motivación insuficiente e incongruente no ha sido advertida por la Autoridad Instructora en el Informe Final, ni por la Autoridad Sancionadora de Segunda Instancia en la resolución impugnada, que a su vez concluye que habiéndose realizado el análisis de los hechos imputados y la valoración de los elementos de prueba del expediente inspectivo determina la existencia de la conducta infractora por parte del administrado. xii. Por consiguiente, correspondía a la Autoridad Sancionadora de Segunda Instancia no acoger la Imputación de Cargos contra el administrado, indistintamente de los descargos de fondo realizados en virtud de su derecho de defensa. xiii. Sin embargo, contrario a la expectativa procedimental y en una abierta separación de los lineamientos establecidos, la mencionada Autoridad Administrativa dispuso sancionar al administrado, afectando su derecho de defensa y al debido procedimiento. xiv. Considera que, la decisión de imponer sanción carece de motivación suficiente, resultando nulo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10° de la Ley 27444. En efecto, la multa impuesta carece de la validez necesaria por no contener motivación suficiente, entendiéndose como tal, su justificación necesaria, en tanto que como administrado y en base al derecho a la defensa no se la podría imponer une multa sin le justificación debida, sin estar fundamentada en norma legal.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…)

2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse

a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador 6.14. En el presente caso, se advierte que, en el Acta de infracción y Resolución de Sub Resolución de Sub Intendencia N° 320-2022-SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, respecto a la conducta infractora imputada a la impugnante se establece lo siguiente:

Acta de infraccion

Resolución de Sub Intendencia N° 320-2022-SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM

económicas, salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o cuando éstas favorezcan al trabajador. En el numeral 20.2 del artículo 20 de dicho cuerpo legal, se estableció que cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto, y mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior.

- El numeral 26.1, donde se faculta al empleador a adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de garantizar la adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales.

- El numeral 26.2, donde el legislador establece que, si no se trata de una actividad esencial y siempre que no se aplique el trabajo remoto, corresponde al empleador otorgar una licencia con goce de haber a los trabajadores, estableciendo para el sector privado que la compensación se dará de la siguiente manera:

1.- Acuerdo entre las partes.

2.- A falta de acuerdo, corresponde la compensación de horas posterior a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional.

a) Otorgar el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce, b) Acordar mediante soporte físico o virtual, el adelanto del descanso vacacional a cuenta del periodo vacacional que se genere a futuro. (…)

9 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.”

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. Nº 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. Nº 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La

motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues

precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14” (énfasis agregado).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR,

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C., y en consecuencia NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 320-2022- SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, de fecha 17 de mayo de 2022, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lima, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 605-2021- SUNAFIL/IRE-LIM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 320-2022- SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, de fecha 17 de mayo de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. – Notificar la presente resolución a CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C., y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes. CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lima, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.39 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230928MLA