Corporación Pesquera Inca S.A.C — Res. 681-2026

Antecedentes

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por impedir el registro del tiempo dedicado al cambio de ropa de trabajo en el registro de control de asistencia de los trabajadores detallados en el Cuadro N° 01 del Acta de Infracción; tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25° del RLGIT.

2 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS. (…). 3 Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Aprueban Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 55.- De los recursos administrativos Los recursos administrativos previstos en el procedimiento sancionador son los siguientes: (…). b) Recurso de apelación: se interpone ante la autoridad que emitió la resolución en primera instancia a fin de que lo eleve a su superior jerárquico, el que resolverá sobre el mismo. El recurso debe indicar los fundamentos de derecho que lo sustenten. El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días hábiles perentorios, (…).

Supremo N° 006-2026-JUS4, a fin de contradecir lo resuelto por la autoridad sancionadora de primera instancia5. El recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido y ante la autoridad que emitió la resolución apelada, la cual procedió a elevarlo a la Intendencia Regional de Áncash para el trámite correspondiente.

4 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS Artículo 209.- Recurso de apelación El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 5 Cabe precisar que las referencias efectuadas en diversos dispositivos normativos al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, deben entenderse efectuadas al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026- JUS. Ello en atención a que los Textos Únicos Ordenados constituyen instrumentos de técnica normativa destinados a compilar, sistematizar y armonizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones legales preexistentes y sus modificatorias, con la finalidad de dotarlas de coherencia interna y facilitar su aplicación; careciendo, por su propia naturaleza, de carácter innovador o interpretativo, así como de aptitud para modificar el contenido, alcance, valor o fuerza normativa de las disposiciones objeto de ordenación. En tal sentido, al tratarse de una labor de sistematización normativa, las remisiones efectuadas al texto único ordenado previamente aprobado conservan su eficacia jurídica y deben ser comprendidas como referidas al texto que integra y ordena dichas disposiciones.

6 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 7 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15.- Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 8 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 9 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 10 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

11 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de marzo de 2024, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 046-2023-SUNAFIL/IRE-MDS, señalando los siguientes alegatos:

i. Dentro del plazo previsto en el artículo 55° del RLGIT y el artículo 13° del Reglamento del Tribunal, se interpone recurso de revisión contra la resolución impugnada, que declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la resolución de primera instancia, mediante la cual se impuso sanción por la comisión de una infracción muy grave en materia de relaciones laborales; en tal sentido, se solicita la elevación de los actuados al superior jerárquico para el correspondiente pronunciamiento. Asimismo, se solicita que, actuando en sede de instancia, se declare la nulidad de la resolución impugnada por vulneración del derecho a la debida motivación y del Principio de Debido Procedimiento y, como consecuencia, se deje sin efecto la sanción impuesta y los intereses generados, disponiéndose el archivo definitivo del expediente sancionador. Finalmente, se requiere la suspensión de la ejecución del acto impugnado hasta la resolución del presente

12 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

recurso, en atención a la existencia objetiva de un vicio de nulidad trascendente, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 216.2 del artículo 216° del TUO de la LPAG, en concordancia con el Principio de Debido Procedimiento. ii. Se sostiene que la Administración carece de competencia para revisar la legalidad del Reglamento Interno de Trabajo ni para inaplicarlo, atribución que corresponde al órgano jurisdiccional competente; no obstante, la resolución impugnada confirma la resolución de primera instancia sobre la base de una interpretación que desnaturaliza las reglas internas válidamente aprobadas, sin analizar su coherencia con el marco normativo vigente. En efecto, se invoca el artículo 1° del Decreto Supremo N° 004-2002-TR y criterios derivados de pronunciamientos judiciales que no constituyen doctrina jurisprudencial, para concluir que el tiempo destinado al cambio de indumentaria debe considerarse como tiempo de trabajo, omitiendo que el centro de trabajo, conforme al Reglamento Interno de Trabajo, es la zona de producción donde se ejecuta la prestación efectiva de servicios, y que los espacios como vestidores, comedores o servicios higiénicos no se encuentran bajo subordinación ni dirección del empleador. En ese sentido, el tiempo previo destinado a actividades personales no configura tiempo de trabajo efectivo, por lo que las conclusiones adoptadas resultan incompatibles con las normas que regulan el registro de asistencia y el pago de horas extras, vulnerándose el Principio de Legalidad y el Principio de Debido Procedimiento. iii. Asimismo, se advierte que la resolución impugnada incurre en una manifiesta falta de motivación al omitir pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación, limitándose a reiterar el contenido de disposiciones generales como el artículo 7° del Decreto Supremo N° 004-2006-TR y a citar criterios no vinculantes ni pertinentes al caso concreto, los cuales no guardan relación con la controversia analizada ni establecen regla alguna sobre el cómputo del tiempo de cambio de indumentaria como tiempo de trabajo. Dicha omisión evidencia una motivación aparente, al no desarrollarse un análisis lógico-jurídico que justifique la decisión adoptada ni desvirtuar los cuestionamientos formulados, lo que determina la vulneración del derecho a la debida motivación de los actos administrativos y del Principio de Debido Procedimiento, afectando la validez de la resolución impugnada. iv. Se sostiene que la Resolución de Sala Plena N° 016-2023-SUNAFIL/TFL no resulta aplicable al caso, en tanto la controversia se circunscribe a la determinación del pago de horas extras, lo que exige verificar la existencia de trabajo efectivo conforme al marco normativo vigente sobre remuneración extraordinaria. En efecto, mientras el numeral 25.6 del artículo 25° del RLGIT regula incumplimientos vinculados a la jornada y al trabajo en sobretiempo, el numeral 25.19 del artículo 25° del mismo cuerpo normativo se refiere específicamente a la obligación de contar con un registro de control de asistencia, tratándose de supuestos infractores distintos. En ese sentido, la imputación se sustenta en la supuesta falta de un registro específico del tiempo destinado al cambio de indumentaria, lo cual no implica, por sí mismo, la acreditación de trabajo efectivo ni habilita la aplicación de criterios desarrollados en el citado precedente, que no establece

reglas sobre remuneración extraordinaria ni sobre el cómputo de dicho tiempo como labor efectiva. v. Asimismo, se advierte que el referido precedente no desarrolla criterios vinculantes respecto al concepto de trabajo efectivo ni respecto a la procedencia del pago de horas extras, limitándose a abordar aspectos relacionados con la jornada y la permanencia en las instalaciones. En tal sentido, considerar el tiempo de cambio de indumentaria como trabajo efectivo, sin un análisis sobre subordinación real o prestación de servicios, resulta incompatible con las normas que establecen que la remuneración constituye contraprestación por servicios efectivamente prestados. La sola permanencia en las instalaciones o la realización de actos previos o posteriores a la prestación principal no configura necesariamente trabajo efectivo, por lo que extender dicha calificación sin sustento normativo desnaturaliza el régimen de remuneración extraordinaria y contraviene el Principio de Legalidad. vi. En esa línea, la resolución impugnada incurre en incongruencia al sustentar la sanción en la aplicación de un precedente que no regula la materia controvertida, omitiendo evaluar si el tiempo cuestionado corresponde a trabajo efectivo susceptible de generar pago por sobretiempo. Del mismo modo, se citan pronunciamientos que no constituyen precedente vinculante ni guardan relación directa con el supuesto analizado, sin justificar su pertinencia ni desvirtuar los argumentos planteados en sede impugnatoria. En consecuencia, no se acredita que el tiempo destinado al cambio de indumentaria constituya trabajo efectivo, ni que corresponda su reconocimiento como horas extras, afectándose el Principio de Debido Procedimiento y la debida motivación de los actos administrativos. vii. Se cuestiona la validez de la Casación Laboral N° 9387-2014-LIMA NORTE y del precedente administrativo que se sustenta en ella, en tanto no constituyen doctrina jurisprudencial ni precedente de observancia obligatoria, careciendo por ello de efectos vinculantes. En efecto, dicha casación no desarrolla una interpretación normativa sobre el tiempo de cambio de indumentaria como trabajo efectivo, ni aborda dicha cuestión como materia controvertida, limitándose a resolver aspectos vinculados a la jornada máxima prevista en el artículo 25° de la Constitución Política del Perú, sin sustento normativo expreso que permita concluir que dicho tiempo constituye labor efectiva. Asimismo, se advierte una motivación aparente al introducir el concepto de “estar a disposición del empleador” sin respaldo en norma legal alguna, omitiéndose la aplicación de disposiciones relevantes como el artículo 18° del Decreto Supremo N° 008-2002-TR y el artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, que establecen que el trabajo en sobretiempo supone prestación efectiva de servicios en beneficio del empleador, lo cual resulta determinante para el reconocimiento de remuneración extraordinaria. viii. En esa línea, las resoluciones administrativas que recogen dichos criterios incurren en la misma deficiencia al utilizar conceptos no previstos en el ordenamiento jurídico, como “estar a disposición efectiva”, sin delimitar su contenido ni justificar su aplicación al caso concreto, generando incertidumbre jurídica y afectando el Principio de Legalidad. No se acredita que el tiempo destinado al cambio de indumentaria constituya prestación efectiva de servicios, más aún cuando el trabajador, sin contar con los equipos de protección personal, no se encuentra apto ni en condiciones de ejecutar labores en beneficio del empleador. En tal sentido, las actividades previas o posteriores a la prestación principal, como el aseo personal o el cambio de ropa, no pueden ser equiparadas a trabajo efectivo ni dar lugar al pago de horas extras, conforme a la normativa vigente y a la lógica del sistema remunerativo. ix. Asimismo, se advierte que la resolución impugnada extiende indebidamente los alcances de criterios no vinculantes para sustentar la configuración de la infracción prevista en el numeral 25.19 del artículo 25° del RLGIT, exigiendo la implementación de registros de control sobre actividades que no constituyen tiempo de labores. Ello desconoce que el

Decreto Supremo N° 004-2006-TR obliga a registrar únicamente el tiempo de labores, así como la validez de las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo, que no han sido cuestionadas judicialmente. En consecuencia, al sustentarse en criterios carentes de motivación suficiente y contrarios al marco normativo aplicable, se configura una vulneración del Principio de Legalidad y del Principio de Competencia, por lo que corresponde declarar la nulidad de la resolución impugnada. x. Se sostiene que el Acta de Infracción y la resolución impugnada vulneran el derecho a obtener una decisión debidamente motivada, en contravención de lo establecido por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 02698-2012-AA/TC y el numeral 3.4 del artículo 3° del TUO de la LPAG, en tanto no se expone de manera suficiente la fundamentación jurídica ni la valoración de los hechos que sustenten la imputación de una infracción muy grave. En efecto, las Actas de Infracción, como actos que dan inicio al procedimiento administrativo sancionador, se encuentran sujetas al deber de motivación, lo que implica no solo la cita de normas, sino la exposición clara y razonada de los hechos, las pruebas y el sustento jurídico que justifique la decisión adoptada. En esa misma línea, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha precisado que la motivación exige desarrollar las razones de hecho y de derecho que sustentan el acto administrativo, así como evaluar los argumentos y medios probatorios aportados, lo cual no se advierte en el presente caso, configurándose una motivación aparente contraria al Principio de Debido Procedimiento. xi. Finalmente, se verifica la vulneración de los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador, conforme al artículo IV del Título Preliminar y el artículo 230° del TUO de la LPAG, en particular el Principio de Legalidad, el Principio de Debido Procedimiento, el Principio de Presunción de Licitud y el Principio de Culpabilidad. Ello se evidencia en la omisión de analizar las normas aplicables al caso, la falta de evaluación integral de los argumentos expuestos y la ausencia de sustento suficiente para desvirtuar la presunción de actuación conforme a derecho del administrado. De igual forma, no se garantiza el derecho a obtener una decisión motivada, fundada en derecho y emitida por autoridad competente, lo que compromete la validez del acto administrativo al no respetarse las garantías mínimas del procedimiento sancionador.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el incumplimiento del Registro de Control de Asistencia

“Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros

de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas. No existe obligación de llevar un registro de control de asistencia para trabajadores de dirección, los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata y los que prestan servicios intermitentes durante el día”. (Énfasis añadido).

• Nombre, denominación o razón social del empleador. • Número de Registro Único de Contribuyentes del empleador. • Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador. • Fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo. • Las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo.

“6.10 La jurisprudencia constitucional ha enfatizado que la obligación de registro del control de asistencia implica que los empleadores observen la debida diligencia13 en su manejo, pues la normativa invocada no solo prevé que se habilite el registro físico o digital del control de asistencia, sino también que se realice las acciones necesarias para que el mismo cumpla su finalidad, pues constituye un deber de la inspeccionada en su implementación, el adecuado llevado, control y supervisión continua del registro del control de asistencia. 6.11 En tal sentido, cuando sea que los empleadores realicen el registro de asistencia de su personal de manera física, deberán poner a disposición de sus trabajadores dicho registro, así como asegurar, bajo responsabilidad, que sus trabajadores cumplan con el registro de su asistencia al centro de labores. Lo mismo ocurre en caso se implemente un registro virtual o biométrico u otro, de similar naturaleza. En cualquier escenario, cuando se evidencie la ausencia del registro de asistencia de uno o más trabajadores, el empleador debe actuar con la debida diligencia para garantizar su adecuada implementación.

trabajo, lo cual constituye un aspecto distinto al cumplimiento de la obligación formal de llevar el registro de control de asistencia. Tal deficiencia en la subsunción vulnera el Principio de Tipicidad, recogido en el numeral 4 del artículo 230° del TUO de la LPAG13, en tanto la conducta imputada no se adecua de manera estricta al supuesto normativo aplicado, afectando el derecho de defensa del administrado y comprometiendo la validez de la sanción impuesta.

“6.16 La impugnante, en efecto, expresamente alude a ello en el numeral 4 del artículo 5 de su Reglamento Interno de Trabajo (en adelante, el RIT): el tiempo que conllevaba que los trabajadores puedan ponerse su vestimenta de trabajo no sería considerado dentro de su horario de trabajo. Se aprecia, pues, que el RIT dispone un comportamiento (“vestir el uniforme de trabajo”) como condición para el registro del ingreso y la salida del centro de trabajo, pero esta prescripción contradice al hecho de que, al emitirse la orden de usar la indumentaria laboral, se está generando, precisamente, la puesta a disposición de la fuerza de trabajo. En efecto, a criterio de esta Sala, no se trata de un acto preparatorio para la puesta a disposición, sino un acto comprendido dentro de los márgenes del poder de dirección y de la subordinación jurídica. Así, puede apreciarse que los trabajadores obligados a cumplir esta prescripción ya se encontraban dentro del centro laboral y en disposición de ejecutar las prescripciones del empleador, denotándose así a la facultad directriz del poder de dirección. Asimismo, conforme con las normas privadas reseñadas, el que un trabajador registrase su ingreso o salida sin vestir el uniforme de trabajo facultaría al empleador a ejercer la potestad

13 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…). 4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

disciplinaria, también componente del poder de dirección. En consecuencia, el tiempo de muda de la vestimenta de la indumentaria laboral no constituye un lapso irrelevante en la configuración de la puesta a disposición de los trabajadores con relación a la empresa investigada. (…). 6.20 De esta manera, en consideración de esta Sala, queda claro que el cambio de vestimenta para usar (y dejar de usar) el uniforme de trabajo, cuando este sea exigido por el empleador y/o por las normas sectoriales aplicables, debe entenderse como una prestación exigible a los trabajadores en lapsos razonables, arreglados a los usos y costumbres en cada sector económico donde ello aplique. Estas prestaciones se vinculan al cumplimiento del objeto del contrato de trabajo, satisfaciendo así la puesta a disposición a su empleador de forma actual y concreta. Bajo tales consideraciones, el tiempo utilizado por los trabajadores para ponerse y quitarse la vestimenta de trabajo en la fiscalización analizada forma parte integrante de la jornada laboral. Ello debido a que el desempeño de sus funciones requería indispensablemente la utilización de dichos uniformes, conforme con lo dispuesto por el empleador desde su poder de dirección (en este caso: a través de obligaciones contenidas en el RIT del sujeto inspeccionado). 6.21 Adicionalmente, es pertinente recordar que el artículo 7 del Decreto Supremo N° 004- 2006-TR es claro al establecer que el ingreso previo como la permanencia en el centro de trabajo presuntivamente se debe considerar como una adición al tiempo de trabajo pactado, tal y como lo ha dejado sentado esta Sala, entre otros casos, por ejemplo, en la Resolución N° 403-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. Así, en este caso se acredita una puesta a disposición en favor de la impugnante, sin visos de excepcionalidad. Así, de forma concurrente, el lapso es adicional al tiempo en que el trabajador se encuentra operando, vestido ya con el uniforme, en seguimiento de las prescripciones dadas del empleador. Por tal motivo, no se puede restar esa esencia laboral a este tiempo, ni bajo una disposición privada unilateral, como la contemplada en las normas del RIT examinado. (…). 6.23 Ahora bien, en el presente caso, se observa que los trabajadores invertían tiempo en ponerse y quitarse el uniforme de trabajo, para poder recién registrar su ingreso y salida diaria, cuando correspondía que los trabajadores consignen su hora de ingreso al momento de llegar a su centro laboral, puesto que, los mismos ya se encontraban dentro de las instalaciones de la empresa y cumpliendo obligaciones impartidas por éste (y, además, bajo pena de sanción). Por tanto, resulta claro que estos lapsos corresponden a la disposición efectiva en favor de su empleador. Del mismo modo, los trabajadores debían registrar su salida apenas culminen sus actividades laborales. En ese sentido, este periodo se considera como tiempo efectivo de labores. Sin embargo, la impugnante no ha cumplido con ello, al desconocer el efecto de su propio poder normativo sobre el comportamiento de sus empleados. 6.24 En vista del razonamiento expuesto, esta Sala considera que el tiempo utilizado para el cambio de uniforme de trabajo y/o ponerse los elementos de seguridad, en general, requeridos para el cumplimiento de sus funciones y que realizan en el centro laboral, formarían parte de la jornada de trabajo cuando constituyan una obligación para el trabajador, en virtud de alguna o algunas de las siguientes causas: a) Que el uso de tales implementos obedezca a una obligación consignada en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa, política escrita o a través de una orden verbalmente impartida. b) Que el uso del uniforme de trabajo sea exigido por el empleador por razones de imagen corporativa, atención al público, requerimiento de clientes, etc. c) Que se puedan desplegar medidas disciplinarias con relación al comportamiento consistente en registrar el tiempo de trabajo ya portando el uniforme de trabajo. 6.25 En este caso, se evidencia que los trabajadores afectados requerían forzosamente el uso del uniforme para el desempeño de sus funciones, asimismo, que dicha obligación se encontraba contenida en el RIT de la impugnante. Por tanto, el tiempo invertido por los trabajadores para el cambio de la vestimenta de trabajo, tanto para registrar su ingreso y salida del centro laboral debía ser considerado como parte de su jornada de trabajo. Aunado a ello, la necesidad de ponerse la indumentaria de trabajo deriva de la propia

naturaleza de las funciones desarrolladas por los trabajadores. Adicionalmente, esta actividad de ponerse el uniforme de trabajo —como quitárselo— es una obligación íntimamente ligada a la organización del personal en el desarrollo del proceso productivo de la empresa y a la respectiva prestación de servicios. 6.26 Por consiguiente, tal actividad constituye una acción preparatoria o final que permiten dar inicio o concluir el respectivo proceso productivo y la prestación de servicios del trabajador. En ese sentido, el cambio de vestuario y/o el uso de elementos de seguridad, son actividades inherentes a la función específica desempeñada por los trabajadores, formando parte integrante de ésta, hecho que permite sostener que durante el desarrollo de tales acciones existe una efectiva prestación de servicios por parte de los trabajadores afectados. Por ello, se puede concluir que el ponerse la vestimenta de trabajo es una actividad necesaria para la ejecución de la prestación efectiva de servicios, según requerimiento del empleador, lo cual permite inferir que, respecto al tiempo utilizado por el trabajador para ello, éste ya se encontraría prestando servicios efectivos y, por ende, que dicho lapso forma parte integrante de su jornada de trabajo. 6.27 En ese orden de ideas, el tiempo utilizado en las actividades de cambio de vestuario y/o uso de elementos de seguridad debe ser calificado como parte de la jornada de trabajo para los efectos del análisis que la inspección del trabajo efectúa en este caso, como casos semejantes”. (Énfasis añadido).

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 046-2023- SUNAFIL/IRE-MDS, notificada el 21 de febrero de 2024, emitida por la Intendencia Regional de Madre de Dios, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 584-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 408-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA, notificada el 21 de julio de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 046-2023-SUNAFIL/IRE-MDS, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en la materia de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a la CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C., y a la Intendencia Regional de Madre de Dios, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20260506MABJ – HR: 47795-2024