Corporación Pesquera Inca S.A.C — Res. 530-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Desnaturalización de la relación laboral, Planilla o registros que la sustituyan (Registro trabajadores y otros en la planilla), Discriminación en el trabajo (otras discriminaciones). 20555195444 soft 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una infracción MUY GRAVE a las relaciones laborales, por realizar actos de discriminación, conforme al numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT, sanción ascendente a S/ 283,500.00, por una sobre tasa del 50%.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar a la inspectora de trabajo la información o documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones, requerida el 2 de agosto de 2019, conforme al numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, sanción ascendente a S/ 9,450.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 28 de agosto de 2019, conforme al numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, sanción ascendente a S/ 9,450.00.

- Sostiene que los puestos de trabajo de los trabajadores investigados tienen funciones distintas, si bien realizan algunas labores comunes. Añade que la diferencia de la remuneración también se debe a otras razones objetivas tales como la antigüedad y la preparación o formación de los trabajadores.

- Respecto a la supuesta obstrucción a la labor inspectiva, por negativa de colaborar con el inspector en el desarrollo de las actuaciones inspectivas, es importante señalar que el 20 de agosto de 2019, el Sr. Edgar Sandoval Chero en representación de la empresa se apersonó a la comparecencia, con carta poder firmada, que le otorgaron facultades especiales de para representar a la empresa; sin embargo, la autoridad inspectiva no lo reconoció como tal, aduciendo que no contaba con cargo especifico requerido para brindar la información solicitada, lo que resulta una interpretación subjetiva de la normativa que vulneraria los principios de legalidad y objetividad, principios ordenadores que rigen el Sistema de Inspección de Trabajo, ya que la finalidad de la norma es que la empresa coopere con los inspectores, siendo irrelevante el cargo de representante que se cuestiona.

- Que la resolución de Subintendencia demuestra motivación insuficiente para determinar la responsabilidad administrativa de la empresa, al ignorar los descargos respecto a la asistencia del Sr. Edgar Sandoval Chero, a la diligencia de fecha 20 de agosto de 2019, tipificando de manera errónea los hechos, al estipular que la tipificación de la infracción se debe a “no haber comparecido el representante legal y/o jefe de

RRHH” y no por una supuesta falta de documentación; además, se señala como supuesta tipificación no haber cumplido con exhibir toda la documentación en la diligencia de fecha 28 de agosto de 2019, hechos respecto de los cuales pretenderían sancionar a la administrada mediante imputación de infracción a labor inspectiva con una propuesta de multa de S/ 9,450.00, con lo que se evidenciaría una afectación al principio de non bis in ídem, ya que se estaría multando dos veces por el mismo hecho.

- Finalmente, con respecto a acreditar el reintegro de remuneraciones básicas la Sr. Murgeyto Cornejo, no resulta razonable toda vez que no ha existido discriminación alguna al respecto, en ese sentido no resulta razonable exigir el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, ya que la empresa cumplió con pagar la remuneración correspondiente al trabajador y no existiendo acto de discriminación.

- Que, la Subintendencia de Resolución, con Requerimiento de pago N°0276-2021- SUNAFIL/IRE-LIB/SIAD, requiere el pago de una multa ascendente S/316,156.84, como consecuencia de la supuesta culminación del procedimiento sancionador. - Que, pese haber cumplido con presentar el recurso de apelación de acuerdo a ley, se nos notificó el requerimiento de pago, como consecuencia de la supuesta culminación del procedimiento sancionador, otorgándonos un plazo de 5 días para cumplir con dicho pago, cuando ni siquiera se ha emitido la Resolución de Intendencia correspondiente al recurso de apelación presentado. - Por lo que, se evidencia las deficiencias demostradas durante el procedimiento sancionador que han concluido en la vulneración del derecho de defensa de la administrada, por lo que se solicita la nulidad de lo actuado por la presencia de vicios en el procedimiento sancionador, caso contrario se procederá ante la vía judicial.

Sobre la discriminación salarial y su cumplimiento como infracción a las normas sociolaborales

2 Notificada el 06 de setiembre de 2021.

- Si bien es cierto que el cargo que ostentaba inicialmente el Sr. Murgueytio Cornejo era de operador de absorbentes, con fecha 05.12.217, lo transfieren a ayudante de motorista, de lo cual la jefa de recursos humanos iba a regularizar su situación a los dos meses de transferido; pero ya transcurrieron como 2 años y sigue percibiendo el sueldo de su puesto anterior, cuando está realizando labores como ayudante de motorista a lado de Javier Lulichac, quien percibe un sueldo superior, pese a que los dos realizan las mismas labores, hecho corroborado por la autoridad inspectiva, en mérito al principio de primacía de la realidad, por lo que el personal inspectivo en su análisis de la discriminación remunerativa en perjuicio del denunciante, evidenció que efectivamente hay una diferencia salarial, que no cuenta con criterios objetivos que lo sustenten o justifiquen.

De la negativa a brindar información a la labor inspectiva

- Que, el deber de colaboración con el personal inspectivo comisionado es una obligación legal y que en el caso de autos se notifica a la inspeccionada, a efectos de exhibir documentación que acredite el cumplimiento de las materias señalas por la orden de inspección, de lo cual en la primera y segunda comparecencia solo exhibe documento “Estructura Chicama”, limitándose a señalar que todos los trabajadores eran obreros y que la diferencia entre ellos recae en la remuneración; verificándose de esa manera, el incumplimiento con el deber de colaboración por parte de la inspeccionada.

De la infracción a la labor inspectiva y la obligación de colaboración del sujeto inspeccionado. - Que, el artículo 9 de la LGIT establece que la obligación de los empleadores del deber de colaboración con los inspectores de trabajo (en sus 3 niveles), debiendo entonces haber comparecido el representante legal y/o jefe de RRHH, a efectos de brindar la información necesaria para el desarrollo de sus funciones, con relevancia en las actuaciones inspectivas, ya que mediante la comparecencia se exige la presencia del inspeccionado ante el inspector de trabajo, con el fin de que pueda aportar documentación que se requiera en el caso para poder efectuar las aclaraciones pertinentes.

De la infracción a labor inspectiva por incumplimiento de la mediada de requerimiento - Que, el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, establece como infracción muy grave a la labor inspectiva, la conducta de referida a no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas de orden al cumplimiento de la normativa sociolaboral, en ese sentido la inspeccionada al no presentar los documentos solicitados por la autoridad inspectiva, ni acreditar de manera objetiva la diferenciación de las remuneraciones entre los trabajadores, que realizan la misma actividad laboral, incurre en la infracción mencionada.

De la multa al amparo del Decreto Supremo N°001-2018-TR

- En cuanto al multa impuesta, al haberse verificado la constatación de las faltas administrativas, el mes de setiembre de 2019, corresponde como bien se determinó en primera instancia aplicar la tabla establecida por Decreto supremo N° 001-2018-TR.

De los criterios de gradualidad

- De acuerdo al artículo 38 de la LGIT, las sanciones a imponer por la comisión de infracciones, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios (i) gravedad de la falta cometida, y (ii) número de trabajadores afectados. Adicionalmente, el mismo dispositivo establece otros criterios especiales para la graduación de las sanciones, tales como los antecedentes del sujeto infractor, el respeto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, entre otros; sin embargo, estos supuestos o bien llamados criterios no pueden ser aplicables al presente caso, ya que la instancia inferior realizo la determinación de la sanción conforme a ley.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de setiembre de 2021 la impugnante presentó recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 119-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, argumentando lo siguiente:

i. Sobre la discriminación remunerativa, los inspectores han aplicado erróneamente los alcances del numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT, ya que no solo debieron investigar si existió una diferencia salarial sino si esta diferenciación, entre los dos trabajadores revela una motivación discriminatoria fundada en raza, religión, sexo, afiliación sindical, etc. De igual manera se tiene que, el fundamento de pagar remuneraciones distintas a los trabajadores se encuentran en el principio de libertad de empresa establecido en el artículo 56 de la Constitución y en la facultad de dirección y organización del empleador prevista en el artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

ii. Se reitera el argumento, de que en la comparecencia de fecha 20 de agosto de 2019, se presentó el señor Edgar Sandoval Chero, debidamente apersonado mediante carta poder; apersonándose posteriormente la Jefa de Gestión Humana, la señora Margot Roncal Ezeta, por lo que se corrobora la cooperación con los inspectores por parte de la impugnante.

iii. El presente caso, se encuentra relacionado con la vulneración del derecho a la valoración de la prueba, puesto que no se ha valorado idóneamente las pruebas que COPEINCA ha entregado al inspector en la investigación, causando perjuicio a la empresa y la vulneración del principio de debido procedimiento, debido a la carencia de motivación para imputar una infracción grave y al no contar con elementos fehacientes para imputarlos.

iv. Finalmente, respecto de la medida de requerimiento de pago, sostiene que “corresponde a nuestra parte dejar constancia que con relación a la Medida de Requerimiento formulada por el inspector, que no resulta razonable toda vez que como hemos señalado anteriormente, no ha existido discriminación salarial alguna” y que los hechos fueron verificados por los inspectores el 02 de agosto de 2021, por lo que no era necesario se requiera información sobre lo ya solicitado.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador 6.1. En el procedimiento administrativo sancionador ha operado la caducidad, pues desde el 13 de enero de 2020, fecha en la que se notificó el inicio del procedimiento, transcurrieron más de 9 meses sin que el procedimiento administrativo sancionador se haya resuelto. Al respecto, debemos señalar lo siguiente:

- El 13 de enero de 2020, inició el procedimiento con la notificación a la impugnante de la imputación de Cargos N° 383-2019-SUNAFIL/IRE-LIBRE-IC 8.

- El 21 de enero de 2021, se emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 012-2021- SUNAFIL/IR-LL/SIRE, siendo notificada el 25 de enero de 20219.

8 Véase folio 07 del expediente sancionador. 9 Véase folio 57 del expediente sancionador.

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador” (énfasis añadido).

10 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12a Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2017.

Libertad solo podía sancionar a la impugnante por la existencia de una infracción antes del vencimiento del plazo de caducidad.

Sobre la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos durante el Estado de Emergencia

“Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia” (énfasis añadido).

11 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.”

POR TANTO:

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 012-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 21 de enero de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de La Libertad, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. recaído en el expediente sancionador N° 206-2019- SUNAFIL/IRE-LIB de la Intendencia Regional de La Libertad, disponiéndose su ARCHIVO.

TERCERO.- Devolver los actuados a la Intendencia Regional de La Libertad, con la finalidad que proceda conforme a lo establecido en el numeral 259.4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias. Además de lo señalado en el fundamento 6.20 de la presente resolución. CUARTO.- Notificar la presente resolución a CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Jessica Alexandra Pizarro Delgado