Corporación Pesquera Inca S.A.C — Res. 498-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre lo siguiente: Discriminación en el trabajo [(En la remuneración), (Cuadro de categorías y funciones y/o política salarial), (Deber de informar sobre la política salarial o remunerativa implementada)]. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar a los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones – por el incumplimiento al Requerimiento de Información de fecha 30/06/2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar a los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones – por el incumplimiento al Requerimiento de Información de fecha 07/07/2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Sobre la supuesta negativa a facilitar a los inspectores de trabajo la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones, en relación al requerimiento de fecha 30/06/2021, se señala que fue respondido solo en parte. Sin embargo, ello es falso en tanto si se ha presentado la documentación solicitada, conforme se puede corroborar de los documentos subidos a la casilla electrónica. En el Acta de Infracción en el punto 4.5 confirman que se ha cumplido con presentar la información respecto al punto 1 y 2 del requerimiento constancia de alta del T- Registro, y en el punto 4.6 confirman que presentaron la información requerida en el punto 3, precisando que no han adjuntado ningún convenio colectivo celebrado con el SUMOPP y tampoco acreditaron que los trabajadores no hayan solicitado su nivelación. Se imputa una infracción por no presentar la prueba que los trabajadores supuestamente afectados “no hubiesen solicitado su nivelación”, requiriendo una prueba de una “falta de solicitud” lo que resulta incongruente e irrazonable. Asimismo, el Acta de Infracción ratifica su posición señalando pruebas presentadas por el sindicato en su denuncia, las cuales no se han adjuntado al acta, generando indefensión pues se les pretende sancionar haciendo referencia a pruebas respecto de las cuales la impugnante no puede analizar ni refutar. Del mismo modo se ignoran los hechos concretos que se describen “la firma del CONVENIO

EXTRAORDINARIO RESPECTO A LA APLICACION DE LA VARIACION DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE PESCA; al respecto, dicho convenio se realizó de forma individual, por lo que carece de sustento que sea el sindicato quien reclame la firma, cuando depende de la voluntad individual de los trabajadores, los cuales se negaron a firmarlo. Además, si se presentó solo un formato fue porque los trabajadores supuestamente afectados no aceptaron firmarlo, resultando irrazonable que se pretenda que se exhiba un documento que corrobore la negativa a firmar del trabajador, observando que no hay motivación suficiente para la infracción.

ii. En cuanto al requerimiento de fecha 07/07/2021, se vuelve a imputar que no han cumplido con presentar la información, porque no se acreditó que los trabajadores no quisieran firmar el convenio mencionado, resultando irrazonable, afectando su derecho de defensa. Asimismo, se alega que no habría falta de colaboración porque no se han señalado las razones de la diferenciación de los trabajadores supuestamente afectados, ignorando lo dispuesto en los informes presentados, siendo que los trabajadores debían firmar un convenio porque, al momento de reestructuración, ellos no formaban parte del sindicato SUMOPP. Asimismo, a pesar de que ya se le había notificado la información respectiva en atención al requerimiento de fecha 30/06/2021, se volvió a reiterar el pedido que el inspector tenía conocimiento que el administrado no contaba.

iii. Concluyen en que el Acta de Infracción, el Informe Final y la Resolución de Sub Intendencia carecen de la motivación debida y congruente, resultando nulo por carecer de los requisitos mínimos propios del procedimiento sancionador y que, si bien el acta de infracción no configura un acto administrativo, ello no lo exime que deba cumplir requisitos mínimos, incluyendo la debida motivación.

i. En relación al requerimiento de fecha 30 de junio de 2021, si bien el inspeccionado presentó parte de la documentación requerida, no presentó el Convenio Colectivo celebrado con el SUMOPP, que pueda acreditar lo que el propio sujeto había señalado en los informes que adjuntó y presentó en respuesta al requerimiento de información; hecho que ha motivado que, al verificar el inspector la documentación concluyera que no estaba completa, recordando al sujeto inspeccionado que, en el procedimiento de fiscalización, lo que se trataba de dilucidar era la denuncia por discriminación remunerativa presentada por el SUMOPP en perjuicio de dos de sus afiliados. Que, el inspector ha emitido un segundo requerimiento de información,

2 Notificada a la impugnante el 20 de febrero de 2023.

habiendo solicitado, en mérito a la respuesta brindada por el propio sujeto inspeccionado en el primer requerimiento, entre otros, el Convenio Colectivo con el SUMOPP que se señala como el sustento para el aumento del porcentaje de pesca, de 20.5 a 22.4.

ii. El sujeto inspeccionado ha hecho mención que el aumento se ha debido a un convenio colectivo firmado con el SUMOPP; sin embargo no ha acreditado dicha versión, debido a que no ha presentado el convenio firmado, documento con el que el sujeto inspeccionado si cuenta, documento que se ha requerido para ver por qué si los trabajadores afectados, VÍCTOR MANUEL CAMPOS SURCA y EDGARD JOHNNY VIVANCO BUSTIOS, han estado afiliados desde el año 2020 al SUMOPP, no se les ha otorgado el mencionado aumento, debiendo estar precisado en el mencionado convenio cuales son los requisitos, o hasta cuando ha sido válido, si solo era aplicable para los trabajadores afiliados en dicha fecha, etc. Dicho hecho no se ha podido corroborar por la negativa del sujeto inspeccionado de colaborar con la acción de fiscalización; en cuanto a las cartas que ha presentado el Sindicato en su denuncia y que, según el sujeto inspeccionado, no han sido anexadas al acta de infracción, se tiene que son documentos en copia que han sido presentados por el sindicado al sujeto inspeccionado, y lo que han presentado solo son los cargos, entendiéndose que el sujeto inspeccionado si tiene conocimiento de las mismas; motivo por el cual, no se le ha vulnerado derecho alguno. Con ello se demuestra que el sujeto inspeccionado ha incurrido en las infracciones a la labor inspectivas determinadas en el Acta de Infracción, sin incurrir en causal de nulidad alguna ni falta de motivación.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.

8 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, artículo 14.

corresponde analizar los argumentos planteados por CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de marzo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 023-2023-SUNAFIL/IRE-HUA, solicitando su nulidad, señalando lo siguiente:

i. El inspector efectuó un requerimiento de información el 30 de junio de 2021. Ante dicho requerimiento, COPEINCA presentó información que fue revisada el 07 de julio de 2022. En atención a las consideraciones expuestas en los numerales 4.5 al 4.9 del Acta de Infracción, se efectuó un nuevo requerimiento el 07 de julio de 2021. Luego de revisar la información entregada, el inspector concluye, en el 4.12 del Acta de Infracción, que no ha cumplido con remitir la información solicitada.

ii. En el numeral 4.13 del Acta de Infracción, el inspector precisó que no se acreditó haber efectuado los reintegros respectivos a los trabajadores denunciantes por la diferenciación de la participación de pesca con sus homólogos en la misma E/P. Sin embargo, no hubo medida inspectiva de requerimiento de pago de reintegros, por lo que dicha información es incompatible con los fundamentos de la sanción.

iii. Bajo dichos argumentos, se emite la resolución de primera instancia que sanciona a la impugnante por la negativa de facilitar la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones. La impugnante presentó recurso de apelación contra la resolución de primera instancia planteando su nulidad señalando que sí se presentó la información solicitada y que, además, se está solicitando una prueba de la falta de solicitud de los afectados, lo que es incongruente e irrazonable, evidenciándose una motivación insuficiente en la resolución apelada. Al respecto, dicho recurso fue declarado infundado por la resolución venida en grado.

iv. En cuanto a los fundamentos del recurso de revisión, la impugnante señala que la intendencia emitió un pronunciamiento sin haber efectuado un análisis coherente con la finalidad de dilucidar si había o no discriminación, lo que hace su fundamentación insuficiente, centrándose en formalismos tendientes solo en verificar si hubo un requerimiento y si se cumplió con el mismo. Así, no se verificó si el requerimiento fue pertinente y adecuado para determinar si hubo o no discriminación remunerativa. De este modo, no se hicieron los requerimientos pertinentes, no se evaluaron los documentos en orden a lograr la finalidad perseguida y no se requirió información mayor al denunciante SUMOPP quien fue la contraparte en la celebración del convenio colectivo cuya no entrega motivó que se impusiera una sanción.

v. COPEINCA celebró un convenio colectivo con el sindicato denunciante donde se estableció el pago de un determinado porcentaje de participación de pesca para los afiliados que tuvieran dicha condición a la celebración del convenio (2017). Luego de varios años SUMOPP presentó la denuncia a fin de que se pagara, a dos de sus miembros, que se afiliaron mucho tiempo después de celebrado el convenio colectivo, igual porcentaje de participación de pesca. El sindicato denunciante no presentó dicho convenio porque no sustentaba ningún derecho de los denunciantes o establecía algún procedimiento para su nivelación.

vi. La resolución apelada, en el numeral 4.2.6 establece que es responsabilidad de la impugnante cumplir con el deber de colaboración, resaltándose que dicho documento fue mencionado en los escritos presentados durante las actuaciones inspectivas. Sin embargo, no existía obligación de entregar al inspector de trabajo ni el convenio colectivo ni los convenios individuales, ello en atención que se le mencionó que el convenio colectivo no les era aplicable a quienes se afiliaron en fecha posterior a su celebración; del mismo modo se les indicó que tampoco podía presentarse convenios individuales pues los afectados no habían aceptado celebrar convenios sobre ajuste de participación. Por tanto, no era pertinente presentar el convenio colectivo porque este instrumento no generó ninguna diferencia salarial y tampoco era pertinente presentar el convenio individual porque el mismo nunca había sido firmado por los afectados.

vii. Los denunciantes se afiliaron en fecha posterior a la fecha de celebración del convenio colectivo, por lo tanto, no tenían derecho a percibir un porcentaje igual pues ellos estaban sujetos a un convenio colectivo con otro sindicato (Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos - SPCHA) al cual renunciaron para afiliarse a SUMOPP (según consta en los documentos entregados al Inspector). Tal como puede verificarse, COPEINCA presentó documentos que acreditan que los afectados estuvieron afiliados a otro Sindicato en la fecha que se celebró convenio colectivo con SUMOPP y que se afiliaron en diciembre del año 2020, razón por la cual no se podían aplicar las condiciones económicas establecidas en un convenio colectivo al cual se afiliaron tres años después.

viii. Por otro lado, se evidencia el que no se ha precisado con claridad el requerimiento de entrega de información del 30 de junio de 2021. Así, se advierte que se solicitó el “Convenio de Estructuración Salarial 2017” (documento 4 del requerimiento). Sin embargo, al no haberse precisado la fecha de dicho convenio, su naturaleza individual o colectiva, ni con quien se había celebrado, resultaba imposible determinar a qué documento se refería el requerimiento. Si bien en el numeral 4.7 del Acta de Infracción se precisó que era el convenio colectivo, no se precisó con claridad, la fecha, las partes y fecha de celebración, resultando imposible afirmar qué se ha incumplido.

ix. En relación con el extremo donde se requiere se informe sobre la existencia de diferenciación remunerativa (documento 5 del requerimiento) y se indique si dicha diferenciación tiene origen en algún convenio colectivo, ya se indicó que no hubo convenio colectivo que haya generado la diferenciación remunerativa. Los dos denunciantes estuvieron afiliados en el sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos - SPCHA y en la fecha de afiliación a SUMOPP, en vista de su procedencia de otro sindicato, mantenían sus condiciones de origen, no siendo aplicable entonces el convenio colectivo celebrado con SUMOPP. Estas condiciones eran inferiores a las pactadas con SUMOPP por ello, COPEINCA, celebraba un convenio individual con cada trabajador para nivelar las participaciones. En este caso, los denunciantes no aceptaron celebrar el convenio individual. Pese a la no claridad de los requerimientos de entrega

de información, COPEINCA ha intentado colaborar con la labor inspectiva, no habiendo negativa.

x. Debe considerarse que, en la fecha, los denunciantes ya están percibiendo el mismo porcentaje pues, de acuerdo con las reglas derivadas de las negociaciones colectivas vigentes, en la actualidad se busca nivelar remuneraciones y pactar condiciones diferentes con cada sindicato en función a los términos de la negociación que se plantea con cada uno de ellos.

xi. Pese a lo señalado, que se vuelva a requerir por una segunda vez (07 de julio de 2021) que se entregue el convenio colectivo o convenio individual, demuestra que no se había comprendido las razones por las cuales los dos afiliados a SUMOPP no percibían el mismo porcentaje que percibían los otros afiliados a SUMOPP. Por ello, carecía de sustento la entrega de información y documentos precisados en el punto [1] del requerimiento de dicha fecha. En el Acta de Infracción, numeral 4.6, se dejó indicado que, a través de un Informe, se precisó las razones de la diferenciación: i) los denunciantes no estuvieron afiliados a SUMOPP en la fecha en que se celebró el convenio y, por ello, no les era aplicable; ii) debido a ello, para percibir igual porcentaje, debían celebrar convenio individual, que los denunciantes se negaron a hacer.

xii. Sobre la necesidad de la entrega del convenio colectivo y del convenio individual y efectos en la continuación de la investigación, solo en el supuesto que se afirme que la diferenciación se había originado en el Convenio Colectivo, correspondía entregar una copia del convenio colectivo. Sin embargo, el mismo no era aplicable, no era la causa de la diferencia de remuneraciones y, por ello, no era necesario presentarlo pues era impertinente. Si bien el numeral 4.2.6 de la impugnada señala que se hace mención al convenio colectivo firmado con el SUMOPP, no se dijo que fuera la causa de una diferencia en el pago, ya que este convenio no les resultaba aplicables; los beneficios se otorgaron solo a quienes estaban afiliados en la fecha de celebración, tal como se establece de manera típica en los convenios colectivos que otorgan beneficios económicos.

xiii. Sobre la existencia de un exceso de punición, afectando el principio de razonabilidad, se revela que la sanción ha sido impuesta pese a la entrega de información por parte de la impugnante. La doble sanción por no entregar el convenio colectivo celebrado con SUMOPP demuestra el afán del inspector de sancionar de manera desproporcionada. No había razón para emitir un segundo requerimiento considerando que se entregó la información necesaria para que el inspector continuara con la investigación y se logre cumplir con el objeto de la inspección. Dicho principio de razonabilidad se encuentra recogido en la Resolución N° 311-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, donde se establece que este limita la discrecionalidad de la administración en el ejercicio de la potestad sancionadora. Al respecto, no tiene sentido seguir un procedimiento para archivar la

investigación por supuesta falta de información y comunicarles a los denunciantes que pueden defender sus derechos en la vía que corresponda.

xiv. Se ha requerido la entrega de información imposible, es decir, se solicitó una prueba que acredite que los denunciantes no aceptaron celebrar el convenio individual de nivelación. El inspector, en el punto 4.6 del Acta de Infracción, señala que tampoco se acreditó que los trabajadores no hayan solicitado su nivelación, lo que implica que se está requiriendo una prueba de una falta de solicitud, lo que resulta incongruente e irrazonable, ya que no es posible probar la falta de voluntad del trabajador de firmar un convenio para la nivelación. La resolución de intendencia obvia ese asunto y se omite, sin motivación, hacer mención a la entrega del convenio individual y la presentación del documento que acredite que los trabajadores se negaron a firmar el mismo, centrándose en la no entrega del convenio colectivo. La intendencia se aleja de lo señalado por el inspector y la sub intendencia y, aceptando la posición de la impugnante, omitió pronunciarse sobre la entrega del convenio individual y sobre la acreditación de la no voluntad de firmar de los denunciantes.

xv. La resolución impugnada vulnera el derecho a obtener una decisión motivada y al debido procedimiento, ello considerando que la resolución de sub intendencia, en el numeral 33, señala que el incumplimiento no radica en la negativa de probar una falta de solicitud, pues el sindicato presentó solicitudes efectuadas y cartas notariales enviadas por los trabajadores afectados en el cual solicitan la igualdad de remuneración por igual trabajo. Sin embargo, si bien las comunicaciones del SUMOPP fueron enviadas, el hecho que haya habido un reclamo no supone que se tenga derecho a ello pues, para que se tuviera derecho a la nivelación, debían celebrar un convenio individual.

xvi. Se ha afectado el derecho de defensa considerando que el inspector no entregó los documentos que SUMOPP había presentado para sustentar su denuncia. Si bien la resolución impugnada señala, en el numeral 4.2.6, que los documentos presentados son cargos de los cuales la inspeccionada tiene conocimiento, se debió establecer si las copias eran auténticas.

xvii. Por ello, tanto en el Informe Final, en la Resolución de Sub Intendencia como en la Resolución de Intendencia, se acogió la motivación insuficiente contenida en el acta de infracción, ignorándose los informes y documentos presentados y determinándose, sin motivación suficiente, que el administrado debe ser sancionado por la supuesta falta de colaboración con la labor inspectiva por no entregar en dos oportunidades, ante dos requerimientos y con una doble sanción. Por consiguiente, resulta atentatorio no solo del principio de razonabilidad (por exceso de punición) sino del debido procedimiento, al no haber entregado a COPEINCA información relevante contenida en la denuncia y por no motivar debidamente la emisión del segundo requerimiento pidiendo la entrega en dos ocasiones del mismo documento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva

sociolaborales. Asimismo, la función inspectiva es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo9. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad.10

“3.1 Requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado.” (énfasis añadido).

9 LGIT, artículo 1. 10 TUO de la LPAG, Título Preliminar “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

“d) Requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica: la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), como autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo, regula mediante resolución de superintendencia los mecanismos de implementación correspondientes.”

11 TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8.

Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, denominada “DIRECTIVA SOBRE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INSPECTIVA”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 031- 2020-SUNAFIL, del 3 de febrero de 202012, se dispone que: “si el sujeto inspeccionado no cumple con proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en infracción a la labor inspectiva, según los previsto por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, siempre que haya sido válidamente notificado según lo establecido en el TUO de la LPAG”.

“(…) Por consiguiente, en tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo. (…)” (énfasis añadido).

12 Vigente a la fecha de las actuaciones inspectivas de investigación. 13 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 08 de agosto de 2021.

facilitar la información y documentación necesaria; no una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada. Así, corresponde analizar el cumplimiento del principio de tipicidad14. Sobre el particular, recuerda la doctrina que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”15.

- A folios 10 y 11 del expediente inspectivo se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 30 de junio de 2021; y, a folio 12, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en el 01 de julio de 2021 a la Casilla Electrónica de la impugnante, con lo cual se deja constancia del depósito del documento denominado “Requerimiento de Información”, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura Nº 01:

14 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 15 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421. 16 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

- A folios 114 y 115 del expediente inspectivo se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 07 de julio de 2021; y, a folio 116, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada el 07 de julio de 2021 a la Casilla Electrónica de la impugnante, con lo cual se deja constancia del depósito del documento denominado “Requerimiento de Información”, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura Nº 02:

Figura Nº 03:

Figura Nº 04:

Figura Nº 05:

Figura Nº 06:

Figura Nº 07:

Figura Nº 08:

trabajadores no han solicitado suscribir dicho convenio, razón por la cual no se ha procedido a su nivelación.

de actuación inspectiva y del procedimiento sancionador, no se ha encontrado documento alguno que corrobore dicha afirmación, por lo que debe ser desestimada al constituir un dicho de parte sin medio probatorio alguno que lo sustente. En dicho sentido, se encuentra acreditado la falta de colaboración de la impugnante en relación al requerimiento de información de fecha 30 de junio de 2021.

“39. En ese entendido, en el ejercicio de sus funciones, los inspectores comisionados, deben procurar que la información solicitada en los requerimientos de información se encuentre orientada a las materias objeto de inspección y/o a propiciar el cumplimiento de las actuaciones inspectivas. Así, resulta importante que busquen determinar de manera clara y precisa la

documentación y/o información requerida, evaluando para dicho fin, los documentos y alegatos que vayan presentado los administrados durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, para la emisión de los requerimientos de información posterior. Por ejemplo, si como respuesta a un primer requerimiento de información, en el marco de las investigaciones llevadas a cabo en mérito a una orden de inspección que tiene como una de sus materias “registro en planilla”, la inspeccionada señala que no puede cumplir con presentar el contrato de trabajo porque el trabajador supuestamente afectado era formalmente un locador de servicio, no resulta pertinente que el comisionado requiera nuevamente la presentación de los contratos de trabajo, debiendo, en todo caso, evaluar de manera razonable las circunstancias y de ser el caso adoptar las acciones necesarias a fin de poder verificar, solicitando otro tipo de documentación y empleando otras herramientas de investigación, las materias objeto de fiscalización.

40. Resulta importante, para el regular el desarrollo de las actuaciones inspectivas, que el rol de los inspectores comisionados permita viabilizar las actuaciones, coadyuvando positivamente al deber de colaboración de los inspeccionados, por lo que el contenido de los requerimientos de información debe permitir a las inspeccionadas tener la certeza de lo requerido y la forma de cumplimiento. En ese entendido, los inspectores comisionados deben efectuar sus requerimientos de información de forma pertinente, en consideración con las materias determinadas en la orden de inspección, evaluando las circunstancias en cada caso, evitando efectuar requerimientos reiterativos pese al conocimiento certero de la ausencia o inexistencia de la documentación requerida, y adoptando acciones alternativas para lograr los fines de la fiscalización” (énfasis añadido)

en grado o en las actuaciones desarrolladas, por lo que corresponde desestimar dicha pretensión de la impugnante.

Información Adicional

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor inspectiva No remitir vía casilla electrónica la información y documentación requerida por el inspector comisionado, para el día 30/06/2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE Labor inspectiva No remitir vía casilla electrónica la información y documentación requerida por el inspector comisionado, para el día 07/07/2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 023-2023-SUNAFIL/IRE-HUA, emitida por la Intendencia Regional de Huánuco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 182-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 023-2023-SUNAFIL/IRE-HUA en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C., y a la Intendencia Regional de Huánuco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20250514RZR HR: 82046-2021