Corporación Pesquera Inca S.A.C — Res. 1366-2025

Antecedentes

1 Mediante escrito de fecha 03 de junio de 2024, la impugnante informa sobre cambio de denominación social, donde las empresas CFG INVESTMENT S.A.C. con RUC N° 20512868046 y CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. con RUC N° 20224748711 concretaron el acuerdo de fusión por absorción mediante el cual CFG INVESTMENT S.A.C. absorbió a CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C., desde el 01 de abril de 2024. Asimismo, CFG INVESTMENT S.A.C. decidió cambiar su denominación social a CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. Dicha información consta en la partida electrónica N° 11862982 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX Sede Lima, Oficina Registral LIMA, siendo la denominación de la empresa “CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINCA”; por tanto, para fines didácticos, se utilizará esta nueva denominación en la presente resolución.

jurídico sociolaboral2, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1371-2021- SUNAFIL/IRE-LIB (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por incumplimiento de registro de control de asistencia; tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiendo una multa de S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por incumplimiento de la entrega de contratos de trabajo; tipificada en el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT. Imponiendo una multa de S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a labor inspectiva, por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiendo una multa de S/ 11,572.00.

i. Como se señaló en nuestros descargos, el registro de asistencia del ex trabajador se realizó mediante un mecanismo digital y no de forma manual. Por consiguiente, al haberse realizado el descargo del archivo desde el sistema digital, este arrojó la data estrictamente requerida en formato Excel, por lo que no presentaba información adicional, como ruc, y razón social. Ello no puede considerarse como un incumplimiento de la información mínima, pues el mecanismo digital permite identificar al trabajador y al empleador para un control efectivo de los ingresos y salidas, escenario distinto sería que el mecanismo digital no permitiese identificar la razón social.

2 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Submaterias: Jornada y horario de trabajo; horas extras); Contratos de trabajo (Submaterias: Formalidades); Registro de control de asistencia.

ii. La resolución de subintendencia pretende descalificar el documento presentado porque contiene información relacionada a “ausencias/presencias” y “observaciones”, por lo que, según fundamento 23: “se puede identificar que resta credibilidad lo argumentado por la inspeccionada, pues se verifica una clara manipulación al registro de control de asistencia al incluir campos en los cuales no están determinados por el sistema digital”, ignorándose que esta información no involucra manipulación respecto de la información ingresada por el ex trabajador, sino tan solo información adicional que permite ejercer un mejor control sobre los tiempos, que es propio de todo sistema digital. Se adjunta el registro de control de marcaciones. iii. Durante las actuaciones inspectivas se cumplió con presentar el contrato del Sr. Rodríguez Bazán, señalándose que este expresamente disponía en su último párrafo que se había extendido en dos ejemplares en la ciudad de Razuri, por lo cual, al encontrarse debidamente firmado por ambos, se corrobora que el trabajador ha aceptado haber recibido copia de su contrato de trabajo. Por tanto, cuestionan en que parte de la normativa se encuentra tipificado la exigencia de una prueba adicional que permita corroborar la entrega del contrato, si este documento puede resultar prueba suficiente. iv. Sobre la presunta comisión de infracciones al ejercicio de la labor inspectiva por no haber cumplido con la medida de requerimiento, la administrada demostró el cumplimiento de la entrega del contrato con la firma de este, lo que evidencia la vulneración del principio de razonabilidad, así como la falta de motivación suficiente. La medida de requerimiento no desarrolla la motivación ni tipificación correspondiente, por lo cual, a priori rechaza como prueba del cumplimiento normativo la presentación del contrato de trabajo debidamente firmado, vulnerando los principios de razonabilidad, de prueba y legalidad. v. La imputación de cargos y el acta de infracción, el informe final y la resolución de subintendencia carecen de motivación suficiente y congruente, por lo cual estos documentos resultan nulos de pleno derecho. En ese sentido, si bien el acta de infracción y el informe final no configuran un acto administrativo, ello no los exime que deban cumplir con requisitos mínimos, incluyéndose la debida motivación.

i. El registro de control de asistencia digital presentado no cuenta con la información mínima, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 004- 2006-TR, no siendo un argumento válido el que se indique que es un registro digital, en atención a la finalidad del mismo.

3 Notificada a la impugnante el 04 de septiembre de 2023, a folios 75 del expediente administrativo sancionador.

ii. En relación a que se entregó una copia del contrato al ex trabajador afectado, de la denuncia interpuesta por el ex trabajador se verifica que no se condice con lo manifestado por el impugnante; puesto que, el ex trabajador denunció la falta de entrega del contrato de trabajo, y además señaló que, ni siquiera le permitieron tomar una fotografía a dicho documento. En consecuencia, lo alegado por el administrado, adolece de fundamento. iii. Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, se evidencia que las infracciones mencionadas no han sido desvirtuadas por parte de la inspeccionada; por lo tanto, esta Intendencia Regional concuerda con lo señalado por el personal inspectivo en el Acta de Infracción N° 1371—2021-5UNAF|L/IRE— LIB y en la resolución de primera instancia.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa

por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 22 de septiembre de 2023, la impugnante presenta recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 281-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. Se plantea la vulneración al debido procedimiento y el principio de verdad material, por lo que corresponde declarar la nulidad del Acta de Infracción y, en consecuencia, de las resoluciones de Intendencia y Sub Intendencia que sancionaron a la empresa. ii. Respecto al pago de horas extras, la Inspectora, sin que la empresa haya tenido la oportunidad de manifestar su punto de vista emitió a la 16:00 horas del 22 de diciembre de 2021 una medida de requerimiento. Es decir, la Inspectora había determinado la existencia de infracción, pero esta determinación de materializó sin antes haber dado la oportunidad de ejercer derecho de defensa ante las afirmaciones del denunciante y sin efectuar las investigaciones adicionales (principio de verdad material) para desbaratar el derecho de presunción de licitud o de inocencia.

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR..

iii. No era posible establecer infracción por horas extras si el propio Acta reconocía que el registro de asistencia no servía para calcular sobretiempo y que la falta principal era no contar con un registro adecuado, es decir, de acuerdo con las reglas previstas en el artículo 2 del Decreto Supremo No. 004-2006-TR. iv. Luego de haberse notificado la medida de requerimiento, la empresa decidió pagar las horas extras; así se reconoció horas extras y se acreditó autorizaciones de compensación con descanso, pero la Inspectora no investigó si hubo compensación efectiva y consideró indebidamente el tiempo de refrigerio como laborado, concluyendo que no se cumplió el requerimiento. v. La Inspectora no tipificó ni motivó adecuadamente la infracción sobre horas extras, limitándose a señalar “trabajo en sobretiempo” sin mayor sustento jurídico. vi. Sobre la nulidad del Acta de Infracción por la emisión irregular de modificaciones extemporáneas de la medida de requerimiento y por omisión de la infracción de no pago de horas extras; al respecto se debe señalar que si bien la inspectora constató la existencia de infracción por no pago de horas extras, conforme al numeral 4.10 del Acta de Infracción, sin embargo, no precisó en la medida de requerimiento las razones por las cuales el no pago de horas extras no estaba tipificada en el numeral 24.4 de la RLGIT y por qué sí estaba tipificada en el numeral 25.6. vii. Por otro lado, el 22 de diciembre de 2021 la inspectora había emitido la medida de requerimiento; sin embargo, la inspectora no justificó el cálculo de la deuda por horas extras, pues el registro de asistencia había sido declarado inválido y no se realizó investigación suficiente para confirmar la información. La inspectora, el 30 de diciembre de 2021, es decir, luego de haberse vencido el plazo para acreditar el cumplimiento de la medida, notificó a la empresa una (1) constancia de actuación inspectiva modificando la Medida Inspectiva de Requerimiento, señalando en el Acta que se estaba precisado información requerida (ítem 10 del cuadro, punto III del Acta de Infracción). En el ítem 10 del cuadro, punto III del Acta de infracción, se puede verificar que la Inspectora emitió el 30 de diciembre, indebidamente, otra medida de requerimiento sin las formalidades de validez que estableció el artículo 14 de la LGIT. viii. En vista que la norma no ha establecido la posibilidad de modificar la medida de requerimiento ni mucho menos que ella sea notificada el mismo día del vencimiento del plazo para cumplirla, la medida sería ilegal; si la Inspectora determinó que no se había cumplido la medida, coherente y legalmente, debió incorporarse en el Acta de Infracción la infracción por el no pago de horas extras. ix. Respecto de la entrega del contrato de trabajo, según la “modificación” extemporánea del requerimiento, la empresa debía acreditar el envío y la recepción del correo enviado con el contrato de trabajo al trabajador. Debe tomarse en cuenta, además, que este requerimiento es nuevo pues en la medida de requerimiento original no se había señalado que se acredite la entrega en esta forma. Por ello la empresa, de acuerdo al texto literal del requerimiento original envió, el 29 de diciembre de 2021, el contrato a la Inspectora dando por cumplido

el requerimiento. Luego de haberlo hecho no se planteó ninguna objeción de parte de la Inspectora y, por el contrario, el 30 de diciembre, extemporáneamente hizo precisiones sobre la medida de requerimiento original a Inspectora estableciendo una nueva orden para acreditar la entrega. La modificación de dicha medida fue extemporánea. x. Respecto a horas extras, la Inspectora el 30 de diciembre modificó el requerimiento exigiendo entregar un Excel con cálculos, pese a que la empresa ya había acreditado el pago. El Acta sólo consideró incumplimiento respecto al contrato, omitiendo pronunciarse sobre el pago de sobretiempo. xi. Sobre la vulneración de la garantía de la motivación de las resoluciones y el no cumplimiento de la medida de requerimiento, en la Resolución de Sub Intendencia (numerales 33 y 34) y en la de Intendencia (numeral 29) no se han precisado las razones por las cuales se habría configurado la infracción a la labor inspectiva. xii. El registro de asistencia sí cumplía con los requisitos, y la falta de consignación del nombre y RUC no invalidaba su utilidad ni demostraba omisión en el control de refrigerio. En cuanto a las inconsistencias advertidas, el archivo digital entregado incluía la información exigida en formato Excel, siendo irrelevante la ausencia de datos como RUC y razón social, pues la finalidad del registro es verificar el tiempo laborador. xiii. Por ello, calificar la falta como muy grave por la ausencia de nombre y RUC en el reporte vulnera los principios de proporcionalidad, legalidad y tipicidad, dado que el trabajador no resultó afectado en el pago de sus horas extras. Los cuadros adicionales del registro con información de ausencias u observaciones no invalidan el documento, ya que la norma solo exige datos mínimos, sin prohibir información complementaria. Además, no es correcto afirmar que el registro de asistencia tiene como fin que el trabajador identifique para quién labora, como se señala en la resolución. xiv. En cuanto a la entrega del contrato de trabajo, la normativa no obliga a entregar el contrato de trabajo al trabajador, por lo que no puede imponerse sanción por esa causa. xv. En relación a la medida inspectiva de requerimiento, en la Resolución de Intendencia transcribió normas sobre requerimientos sin motivar adecuadamente, y trató la medida como si comprendiera solo la entrega del contrato, cuando en realidad incluía también el pago de horas extras. Respecto a la entrega del contrato de trabajo, La empresa entregó el contrato el 29 de diciembre conforme al requerimiento original. La exigencia posterior de acreditar la recepción fue ilegal y emitida fuera de plazo, además de imposible de cumplir. La modificación del 30 de diciembre constituyó en realidad una nueva medida de requerimiento, ilegalmente emitida un día después del vencimiento, pese a que la empresa ya había cumplido con la orden original.Respecto a las horas extras, estas se pagaron el 30 de diciembre con autorización de la Inspectora. Ese mismo día se modificó el requerimiento exigiendo adicionalmente información en Excel, lo cual excedía el mandato original.La resolución impugnada vulnera el derecho a decisión motivada, a la adecuada valoración probatoria y al derecho de defensa, entre otros principios fundamentales. xvi. Corresponde se suspenda la ejecución del acto impugnado.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.”

10 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023.

correspondiendo pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos o vinculados a las infracciones muy graves impuestas

Sobre el incumplimiento en materia de registro de control de asistencia

“Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas” (énfasis añadido).

“El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. En el lugar del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso”.

“(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003-2022- SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.” 11 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004- 2006-TR. 12 Toyama Miyagusuku, J. & Eguiguren Praeli, A. (2018). Inspección del trabajo, jurisprudencia administrativa más relevante. Gaceta Jurídica S.A., primera edición, 139.

“Que, el sujeto inspeccionado, si bien cuenta con el REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA digital del trabajador Sr. RODRIGUEZ BAZAN GIAN FRANCO (DNI 70815272), correspondiente a su periodo laborado desde el 01 de mayo del 2021 hasta el 22 de julio del 2021, este documento laboral exhibido no cuenta con la siguiente información mínima conforme a lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 004-2006- TR, modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 011-2006-TR:

• Nombre, denominación o razón social del empleador. Se ha verificado que el Registro de Control de Asistencia digital exhibido del trabajador Sr. RODRIGUEZ BAZAN GIAN FRANCO (DNI 70815272), correspondiente a su periodo laborado del 01/05/2021 al 22/07/2021, NO registra la razón social del sujeto inspeccionado, correspondiente a: CFG INVESTMENT SAC

• Número de Registro Único de Contribuyentes del empleador. Se ha verificado que el Registro de Control de Asistencia digital exhibido del trabajador Sr. RODRIGUEZ AZAN GIAN FRANCO (DNI 70815272), correspondiente a su periodo laborado del 01/05/2021 al 22/07/2021, NO consigna el número de Registro Único de Contribuyente (RUC), correspondiente a: 20512868046.

• Las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo. Se ha verificado que el Registro de Control de Asistencia digital exhibido del trabajador Sr. RODRIGUEZ BAZAN CIAN FRANCO (DNI 70815272), correspondiente a su periodo laborado del 01/05/2021 al 22/07/2021, NO registra las horas y minutos de permanencia fuera de su jornada de trabajo, registrando únicamente la fecha, horas y minutos de ingreso y de salida de su jornada de trabajo, verificando labores continuas. Este incumplimiento no permite verificar el tiempo otorgado para el refrigerio del trabajador en mención, lo cual de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del TUO de la Ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo, aprobado por D.S N* 007-2002-TR, no podrá ser inferior a cuarenta y cinco (45) minutos, precisando que este tiempo no forma parte de la jornada ni horario de trabajo; sin embargo, al no registrarse este tiempo de refrigerio, se presume que el trabajador ha realizado labores continuas sin descanso, desde su ingreso hasta su salida, de acuerdo a lo registrado en este documento, lo cual sería contabilizado en su totalidad, como trabajo en sobretiempo (horas extras) debido a superar las ocho (8) horas diarias de la jornada ordinaria”.

efectuado la determinación del incumplimiento se corresponde del 01 de mayo del 2021 hasta el 22 de julio del 2021. (énfasis añadido).

“25.19. No contar con el registro de control de asistencia, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo”.

i. La ausencia del mecanismo de control del tiempo de trabajo que la ley laboral ordena al empleador a implementar y llevar con diligencia; ii. Los comportamientos fraudulentos y abusivos por los que se afecta la veracidad del tiempo de trabajo inscrito jornada tras jornada, en la que un ejercicio desviado del poder privado afecta la verdad material en un registro privado de suma importancia (resaltado y subrayado agregado).

13 Texto vigente en la fecha de las actuaciones inspectivas.

responsabilidad de la impugnante debió sustentar la aplicación del tipo señalada por el inspector de trabajo y confirmadas por las instancias previas en el procedimiento sancionador, lo que no se advierte en el presente caso.

14 De folio 70 a 78 del expediente de actuaciones inspectivas de investigación.

de forma suficiente las razones por las cuales se desvirtúan los principios de licitud y veracidad que amparaban el registro presentado (registro de control de asistencia) y, en consecuencia, se habría fundamentado debidamente el reproche administrativo. Tal desarrollo argumentativo no se advierte en el presente caso.

15 TUO de la LPAG Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 16 TUO de la LPAG Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene – en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

17 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

probatorios obrantes en el expediente inspectivo para la asignación de responsabilidades hacia la impugnante, según lo indicado en los considerandos precedentes.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC (…) ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión (…)

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. (…).

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. (…).” (énfasis agregado)

Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)

18 Artículo 14° del TUO de la LPAG. 19 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC.

20 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tom0 V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549. 21 Artículo 13.- Alcances de la nulidad (…) 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. 22 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

23 Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. 24 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

Sobre el incumplimiento de la entrega de contratos de trabajo

Que, respecto al CONTRATO DE TRABAJO del trabajador (…), correspondiente a su periodo laborado del 01/05/2021 al 22/07/2021, el sujeto inspeccionado exhibió un Contrato de trabajo sujeto a modalidad por servicio específico suscrito entre ambas partes el 01/05/2021 por el periodo del 01/05/2021 al 22/07/2021, consignando los datos laborales tales como: Cargo de AUXILIAR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE PLANTA, remuneración mensual de S/ 2,300.00 soles, jornada de trabajo de 48 horas semanales "de acuerdo con los turnos de trabajo establecidos”, además de la autorización del envío de documentación laboral a través de medios tecnológicos: celular: (..) y correo electrónico: (…), con los anexos de recomendaciones SST; sin embargo, a pesar que este documento presenta la firma de suscripción del trabajador, se le indicó a la inspeccionada que esta firma no acredita su entrega, pese a ello, NO ACREDITÓ la entrega ni la recepción del trabajador

(medios físicos o digitales); por lo tanto, no se dio cumplimiento a la MEDIDA INSPECTIVA DE REQUERIMIENTO emitida”.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura N° 1 Numeral 7.15.5 de la V.2 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

Figura N° 2

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el

trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

25 RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54.

transgreda lo dispuesto por el artículo 14 de la LPAG y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT.

luego de la valoración presentada en la fase inspectiva y sancionadora; correspondía al sujeto inspeccionado, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, presentar los medios documentales que sustenten su alegato; sin embargo, no se aprecia el mismo. Siendo que, de los actuados, se advierte el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, la cual constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales Por incumplimiento de la entrega de contratos de trabajo Numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 281-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 31 de agosto de 2023, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 141-2022- SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 990- 2022-SUNAFIL/IR-LL/SISA, de fecha 20 de setiembre de 2022 y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 141-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 990-2022- SUNAFIL/IR-LL/SISA, de fecha 20 de setiembre de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia Nº 281-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT y a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

QUINTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia, respecto a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT y a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

SEXTO. – Remitir los actuados a la Intendencia Regional de La Libertad, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.52 de la presente resolución.

SEPTIMO. - Notificar la presente resolución a la CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C., y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

OCTAVO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251007RZR - HR: 180027-2021