Corporación Pesquera Inca S.A.C — Res. 13-2022

Mediante Orden de Inspección N° 493-2019-SUNAFIL/IRE-ANC-ZCHI, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 110-2019-SUNAFIL/IRE-ANC-ZCH (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE, en materia de relaciones laborales.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 086-2020-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 25 de mayo de 2020, notificado a la impugnante junto con el Acta de Infracción el 04 de enero de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral

del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 063-2021-SUNAFIL/IRE-ANC-SIAI, de fecha 11 de febrero de 2021 (en adelante, el Informe Final), a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución N° 212-2021-SUNAFIL/IRE-ANC-SIRE, de fecha 28 de mayo de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 9,450.00 (Nueve mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles) por haber incurrido en:

Con fecha 21 de junio de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 212-2021-SUNAFIL/IRE-ANC-SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 056-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 10 de setiembre de 20212, la Intendencia Regional de Áncash declaró infundada la nulidad planteada en el recurso de apelación interpuesto, por considerar que:

Con fecha 29 de setiembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Áncash, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 056-2021- SUNAFIL/IRE-ANC.

La Intendencia Regional de Áncash admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 825-2021- SUNAFIL/IRE-ANC, recibido el 07 de octubre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de SUNAFIL, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RLGIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN Con fecha 29 de setiembre de 2021, la impugnante presenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 056-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, por los siguientes argumentos:

Previamente a los alegatos que nos ocupan, esta Sala considera pertinente exponer ciertas consideraciones sobre la configuración del acto de hostilidad, y cómo a través de su comisión, se afecta la dignidad del trabajador. Ello, en aras de identificar si -en el presente caso- ha concurrido la infracción que se sanciona.

Sobre el particular, el artículo 9 del TUO del Decreto Legislativo N° 728 "Ley de Productividad y Competitividad Laboral", aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR (en lo sucesivo, TUO LPCL), establece que "Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar

Respecto al ius variandi visto como un componente de la facultad directriz, de orden excepcional, a decir de Moreno Manglano y otros, éste consiste a modo de lista enunciativa en: “(…) y, c) El poder de variación o ius variandi, el cual supone la posibilidad para el empresario de actualizar los contenidos específicos de la prestación laboral de cada trabajador, conforme a las necesidades que impongan las circunstancias de la empresa, del propio puesto de trabajo o de los procedimientos técnicos aplicables; siendo estas características las que lo dotan de un carácter restrictivo8”.

En tal sentido, cuando los límites del ius variandi no son respetados nos encontramos ante un ejercicio abusivo y desnaturalizado del mismo, lo cual incide directamente en los derechos del trabajador, configurándose como actos de hostilidad.

Al respecto, los actos de hostilidad constituyen supuestos donde el empleador se excede en su facultad de dirección, así el artículo 30 del TUO LPCL precisa que constituye un acto de hostilidad equiparable al despido “g) Los actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador”. (El énfasis es añadido).

En ese contexto, el RLGIT establece en el numeral 25.14 de su artículo 25, que los actos de hostilidad, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales, constituye una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, la cual es pasible de sanción económica.

Al respecto, es pertinente tener en cuenta que, si bien toda relación laboral supone para el trabajador el cumplimiento de obligaciones y para el empleador, el derecho a normar reglamentariamente las laborales, dictar las órdenes y sancionar la falta de acatamiento de las mismas, lo cual es traducido como el poder de dirección; empero, esta facultad no es absoluta, sino que debe practicarse de acuerdo a ciertos parámetros, los cuales son: a) la sujeción a la ley (la Constitución, normas jurídicas y reglamentarias) y el b) principio de razonabilidad que lo limita de tomar decisiones arbitrarias.

De esta manera, se advierte que todo acto de hostilidad implica un uso desmedido de la facultad de dirección, al cual se encuentra sujeto el trabajador, por la relación de subordinación-dependencia existente en el contrato laboral.

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la República, interpretando los alcances de la Casación N° 505-2012-LIMA, ha manifestado lo siguiente9:

A propósito del concepto de razonabilidad, el Tribunal Constitucional lo ha definido como sigue10:

Se debe precisar que, el menoscabo a la dignidad supone una alteración gravísima en la confianza entre las partes, la cual es indispensable para la existencia de la relación laboral, razón por la cual es susceptible de ser empleada para aducir que dichos actos hostiles encubren un despido arbitrario, que vulnera un derecho fundamental, como es el respeto a la dignidad y permite, por tanto, exigir el pago de las indemnizaciones correspondientes por el daño causado.

Dentro de este contexto normativo, jurisprudencial y doctrinal analizaremos los actos de hostilización atribuidos a la impugnante. Para ello, se analizarán los alcances de la normativa sectorial en el presente caso de autos (Ley sobre límites máximos de captura por embarcación, aprobado por Decreto Legislativo N° 1084, y su reglamento) a la luz de lo actuado en sede inspectiva y en el procedimiento sancionador, a efectos de determinar dicha imputación respecto de los dos (02) trabajadores afectados.

Así, la referida Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación (en adelante, Ley de LMCE) establece como su objeto “el establecer el mecanismo de ordenamiento pesquero aplicable a la extracción de los recursos de anchoveta y anchoveta blanca destinada al Consumo Humano Indirecto, con el fin de mejorar las condiciones para su modernización y eficiencia”, buscando promover el desarrollo sostenible y el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos antes mencionados.11

Uno de los principales cambios que introdujo la citada Ley fue un sistema de cuotas individuales a favor de los armadores12, entendiéndose este enfoque como un “instrumento económico que asigna un derecho de propiedad y, por lo tanto, promueven la eficiencia y la sostenibilidad”, junto con otras características instaladas por el LMCE.13

Así, el artículo 9 de la Ley de LMCE establece que el armador deberá limitar sus actividades extractivas del recurso hasta la suma de los LMCE que le corresponde y que determine PRODUCE (numeral 1). Para este fin – previo al inicio de cada temporada de pesca – el titular del permiso de pesca (entiéndase armador) a quien se ha asignado un PMCE debe nominar y notificar a PRODUCE la relación de embarcaciones a través de las cuales se desarrollarán las actividades extractivas, quedando en suspenso los permisos de pesca de aquellas embarcaciones no incluidas en dicha relación durante la temporada, quedando impedidas de realizar actividades extractivas de anchoveta y anchoveta blanca dentro del territorio nacional. La referida nominación de las embarcaciones puede ser modificada por el armador durante la temporada en función de los requerimientos de su operación, previa notificación a PRODUCE en los plazos y con las formalidades que fije el reglamento de la Ley para tal fin.

La importancia de la nominación de las embarcaciones radica en que el cálculo del LMCE de cada uno de los armadores (o de aquellos que estén asociados) se origina en función al PMCE asignado a cada embarcación y que éste (o estos) nominan ante PRODUCE (artículo 12 del reglamento de la Ley de LMCE).

Además, conforme el Decreto Supremo Nº 021-2008-PRODUCE- Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1084- el PMCE sirve de base para determinar el LMCE14, entendido como el volumen máximo de captura de anchoveta por embarcación en cada temporada de pesca (expresado en toneladas métricas, denominada cuota de pesca). Asimismo, el LMCE también es determinado por PRODUCE multiplicando el PMCE por el Límite Máximo Total de Captura Permisible15 (en adelante, LMTCP), entendido como el total de captura de anchoveta destinada para el Consumo Humano Indirecto, expresado también en toneladas métricas (TM), y autorizadas por PRODUCE como máximo de captura por temporada de pesca, pero añade que “el PMCE otorgado a una E/P, viene a ser el porcentaje que correspondería extraer en cada temporada de pesca a cada uno de sus tripulantes”, citando al último párrafo del artículo 46 del reglamento de la Ley de LMCE16.

En esa línea argumentativa, el Acta de Infracción en su numeral 4.7 al 4.12, al desarrollar el concepto de asociación temporal del PMCE señala que se configura cuando el o los armadores, previo al inicio de cada temporada de pesca, acuerdan transferir temporalmente para tal temporada el PMCE asignado a una E/P no nominada a favor de otra u otras E/P nominadas. Estas últimas pueden extraer en una temporada de pesca – y previo cumplimiento de los requisitos del artículo 18 del reglamento de la Ley de PMCE – el LMCE asignado a la E/P no nominada, quien no realizará actividad extractiva.

Por su parte, la asociación o incorporación definitiva del PMCE, implica que éste sea transferido en forma definitiva a otra E/P, siendo la E/P de origen retirada (dada de baja) de la flota pesquera del armador. En ambos casos, las E/P que recibieron la transferencia

Para el caso de la asociación o incorporación definitiva del PMCE, el Acta de Infracción sostiene que aquellos tripulantes de la E/P dada de baja y que no opten por alguno de los programas de beneficios del artículo 18 de la Ley de LMCE (y decidan permanecer laborando con el armador) estarán sujetos a un sistema de rotación cuando la cantidad de tripulantes no guarden proporción con la flota y los puestos de trabajo disponibles en las embarcaciones de un armador. Este sistema de rotación debe de ser justo, objetivo y equitativo, caso contrario, el tripulante podrá accionar la comisión de un acto de hostilidad conforme al artículo 30 del TUO LPCL.

En el presente caso, se aprecia que los dos (02) tripulantes: Mejía Luna Percy Santiago y Torres Espinoza Isidro Rusbaldo, se desempeñaban en la embarcación INCAMAR III. La cual, se constituye en el 2011 conjuntamente con INCAMAR I e INCAMAR II, a través de la Resolución Directoral Nº 356-2011-PRODUCE/DGEPP, que le otorga los permisos de pesca. Con el objeto de sustituir 06 embarcaciones pesqueras: RIBAR I, RIBAR III, RIBAR VIII, RIBAR XIV, RIBAR XV y la ALEJANDRA, de propiedad de la impugnante. A los cuales se asocia de forma definitiva, por lo que, a su PMCE, se le adiciona estas 06 embarcaciones, al cumplir los requisitos del artículo 16 del Decreto Supremo N° 021-2008-PRODUCE, ya descrito precedentemente.

Mediante Resolución Directoral N° 1645-PRODUCE/DGPCHDI17de fecha 15 de noviembre de 2018, se autoriza a INCAMAR III, para la extracción del recurso de anchoveta, correspondiente a la segunda temporada de pesca 2018, de la zona Norte-Centro. Y en todas las documentales presentadas por la impugnante, específicamente en las declaraciones diarias de zarpe para naves pesqueras18, se aprecia a los dos trabajadores afectados: i) Mejia Luna Percy Santiago y ii) Torres Espinoza Isidro Rusbaldo. Lo que permite evidencia que éstos estuvieron embarcando en INCAMAR III, del 30 de abril de 2018 al 24 de junio de 201819. Así como, del 15 de noviembre de 2018 hasta el 20 de diciembre de 2018. Luego de dicha fecha ya no se aprecia a los trabajadores afectados, en dichos listados20.

Ahora bien, tal como se aprecia de fojas 30 del expediente inspectivo, los tripulantes, de INCAMAR III se conforman por tripulantes de las seis E/P sustituidas (RIBAR I, RIBAR III, RIBAR VIII, RIBAR XIV, RIBAR XV y la ALEJANDRA); no obstante, también lo conforman personal de otras E/P sustituidas; y conforme consta en el acta de infracción, en su numeral

De lo expuesto se concluye, que la tripulación conformada en INCAMAR III, para efectuar la cuota de pesca en la 2º temporada zona norte-centro 2018, era una nueva tripulación, tal como lo refiere el inspector comisionado; por ende, esta se constituía en una primera tripulación. Por tal motivo, no correspondía que la impugnante realice un sistema de rotación respecto de ellos, conforme lo señalado en el numeral 4.17 del Acta de Infracción.

En este punto, resulta importante señalar, además, que la impugnante en ninguna etapa del presente procedimiento ha alegado siquiera a qué E/P, habrían sido “rotados”, los dos trabajadores afectados. A fin de determinarse, si en la nueva embarcación a la que hubieran sido trasladados pudieron cumplir con su cuota de LMCE. Lo que evidencia la conducta contraria al principio de razonabilidad, de la impugnante al haber desembarcado de INCAMAR III a los dos trabajadores afectados, sin permitirle completar su cuota de pesca en otra embarcación o rotarlos a otra. Por tanto, no se evidencia una vulneración del artículo 16 del Decreto Legislativo N° 1084, como lo alega la impugnante; por lo que, sus argumentos dirigidos a cuestionar dicho este aspecto deben ser desestimados.

En efecto, de los actuados se advierte que los dos (02) trabajadores afectados, fueron desembarcados de INCAMAR III, el 22 de diciembre de 2018, sin expresión de causa. Sin cumplir con su cuota de pesca en la 2º temporada zona norte centro 2018, actividad de la cual depende directamente el porcentaje (%) de su remuneración a percibir. Ocupando su lugar, los tripulantes de E/P ANDES 52 y MARU, E/P que pertenecen a la CFC INVESMENT S.A.C., persona jurídica distinta a la impugnante. Tal como consta de los numerales 36 y 467 del Anexo de la Resolución Directoral N° 1645-PRODUCE/DGPCHDI21.

Y si bien, el inspector evaluó el argumento de la inspeccionada referido a que una causa que justificaría su decisión de desembarque de los trabajadores afectados sería la inmovilización judicial al impedimento de Zarpe de las E/P ANDES 52 y MARU. Por lo cual, los tripulantes de éstas pasaron a pescar a INCAMAR III. Tal como consta en el numeral 4.21 del Acta de Infracción, para que los tripulantes de estas embarcaciones puedan pescar, específicamente, en INCAMAR III. La impugnante, previamente a la decisión de desembarcar a sus dos trabajadores afectados, debía de solicitar la asociación o incorporación temporal o definitiva de éstas a INCAMAR III; siguiendo el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo Nº 1084 y su reglamento el Decreto Supremo Nº 021- 2008-PRODUCE. Requisito que no ha cumplido la impugnante.

Nótese que, si bien la embarcación Andes 52 y Maru, se vieron imposibilitados de realizar su faena de pesca por un mandato judicial, lo cierto es que ello no debe ser óbice para que los tripulantes de INCAMAR III, se vean afectados por dicho hecho. De modo tal que, hayan sido desembarcados de dicha embarcación- INCAMAR III. Lo que evidencia el acto de hostilidad en contra de los dos trabajadores: i) Mejía Luna Percy Santiago y ii) Torres Espinoza Isidro Rusbaldo. La impugnante ni siquiera alegó o acreditó que éstos hayan sido rotados a otra embarcación.

Por ello, a consideración de esta Sala, el expediente inspectivo acredita que se ha producido el desembarque de los dos trabajadores afectados, mas no la rotación de la tripulación de distintas E/P, pues los tripulantes que los sustituyeron de la E/P Andes 52 y Maru, no sólo

En ese sentido, de lo revisado y analizado líneas arriba se evidencia la realización de un acto que afecta la dignidad del trabajador, tal como también lo ha advertido el inspector comisionado en el Acta de Infracción y que la resolución de impugnada confirma. Por lo que es correcta la infracción impuesta por el numeral 25.14 del art 25 del RLGIT.

En consecuencia, esta Sala considera que no se ha vulnerado el principio de verdad material, ni el principio de razonabilidad, ni de licitud previstos en el artículo IV y el artículo 248 del TUO de la LPAG, al imponer la sanción. Dado que se ha determinado responsabilidad administrativa en base al tipo infractor previsto en nuestro ordenamiento sociolaboral, por lo que corresponde desestimar el presente alegato expuesto.

Por otra parte, la impugnante sostiene que se ha producido una vulneración a su derecho al debido procedimiento contenido en el artículo 44 de la LGIT, por cuanto la resolución impugnada no contiene una motivación que sustente lo resuelto, vulnerando, además, su derecho a la prueba. Al respecto, se debe indicar que, de su revisión se advierte que ésta contiene un análisis de las disposiciones normativas de la materia en controversia en el presente procedimiento administrativo sancionador, de los hechos y pruebas concretas recopiladas durante el procedimiento inspectivo, así como las proporcionadas por la misma impugnante. Por tales razones, no existe afectación alguna por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo al derecho de defensa de la impugnante, como erróneamente lo asevera, ni a su derecho al debido procedimiento, ni al derecho a la prueba. Por ende, no corresponde acoger sus argumentos dirigidos a la nulidad de la resolución impugnada, al no advertirse vicio alguno que la acarree.

De otro lado, no se puede dejar de observar que la inspeccionada reitera argumentos ya expuestos en su recurso de apelación, referidos a que el presente procedimiento debe ser archivado conforme lo fue el expediente sancionador N° 485-2020-SUNAFIL/IRE-ANC-ZCHI. Al respecto, se debe indicar que la Resolución de Intendencia, ha absuelto dicho cuestionamiento en su numeral 24, desestimando dicho alegato, por cuanto se tratan de procedimientos distintos e independientes. Por lo que, se debe desestimar dicho argumento.

En cuanto a la competencia del Inspector comisionado para conocer los actos de hostilidad materia de inspección. Este argumento de la impugnante debe ser desestimado, pues

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional Peruano ha establecido en distintas resoluciones22 el contenido del principio, señalando en la resolución recaída en el expediente N° 02704-2012-PHC/TC, fundamento 3.3 “El non bis in ídem es un principio que informa la potestad sancionadora del Estado, el cual impide –en su formulación material- que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento”.

Por otro lado, es preciso indicar que, de acuerdo con lo regulado en el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el principio del non bis in ídem, como principio de la potestad sancionadora administrativa, señala que “No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7”.

Entonces, respecto a la vulneración alegada en el caso concreto, se debe concluir lo siguiente:

Como se aprecia no existe identidad de sujetos entre el presente procedimiento sancionador, ya que los trabajadores afectados son distintos, en ese sentido, no se ha producido la vulneración al principio del non bis in ídem. Por las consideraciones antedichas, no cabe acoger este extremo del recurso de revisión.

Debe desestimarse el argumento de la impugnante, cuando afirma que el inspector comisionado no dio respuesta sobre una vulneración al principio non bis in ídem; por cuanto en la constancia de actuaciones inspectivas de folios 150 y 155 del expediente inspectivo, se aprecia que no sólo dio respuesta, sino que además hizo una revisión del mismo, advirtiendo que no existía una triple identidad en ambos procedimientos. Tal como ha sido consignado en el Acta de Infracción. Sobre la suspensión de la ejecución de la Resolución de Intendencia N° 056-2021-SUNAFIL/IRE- ANC 6.40 De conformidad con el inciso 2 del artículo 258 del TUO de la LPAG, una resolución dentro del procedimiento administrativo sancionador será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa, pudiendo la administración adoptar medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia.

En ese sentido, al encontrarse en trámite la impugnación de la resolución materia de autos –vía el recurso extraordinario de revisión– su ejecución se encuentra suspendida hasta que se cumpla lo dispuesto en el numeral precedente, no siendo congruente o necesario el pedido de suspensión de ejecución de la misma, en tanto tales efectos aún no se producen.

Por consiguiente, corresponde declarar improcedente el pedido de suspensión de ejecución de la Resolución de Intendencia N° 056-2021-SUNAFIL/IRE-ANC. POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.