Corporación Pesquera Inca S.A.C — Res. 1034-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Discriminación en el trabajo (Sub materia: En la remuneración). soft 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por la discriminación directa en materia de retribución del trabajador Oscar Leoncio Zúñiga Campos, al no haber nivelado su remuneración básica a partir de julio del 2018 a la fecha de la inspección, conforme al haber básico que perciben sus homólogos Rómulo Hugo Castillo Guevara y Joaquín Enrique Arroyo Asencio, tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 283,500.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

i. Si bien existe una diferencia salarial esta no implica un acto de discriminación, sino que el señor Oscar Leoncio Zúñiga Campos recibió un aumento correspondiente a lo acordado mediante convenio colectivo con su propio sindicato, quienes ejercían la representatividad del trabajador, indicando que por ello la diferencia salarial existente es legal y razonable de conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto Supremo N° 002-2018-TR, Reglamento de la Ley N° 30709, en base a ello señala que no toda diferencia salarial puede ser calificada como discriminación. ii. Pone de manifiesto lo señalado en el fundamento 44 de la Resolución de Sub Intendencia, indicado que todo trabajador tiene la libertad de pactar la reducción de ciertos derechos siempre y cuando ello no vulnere el principio de irrenunciabilidad de derechos, por lo que precisa que cuestionar la validez del mencionado convenio es una función y deber del Poder Judicial, señalando por ende que resulta contrario al principio de legalidad, ya que a pesar de que la norma dispone la existencia de criterios razonables que justifiquen una diferencia remunerativa, se le pretende multar por una supuesta discriminación salarial inexistente. iii. La Sub Intendencia de Resolución de manera errónea señala que se habría vulnerado el derecho de igualdad del mencionado trabajador por recibir una remuneración menor

2 Notificada a la impugnante el 04 de octubre de 2021, conforme consta a folio 57 del expediente sancionador.

comparada a la de sus compañeros de trabajo, por ende se habrían cometido actos de discriminación en su contra, haciendo mención lo señalado por el Tribunal Constitucional en el expediente N° 008-2005-PI/TC, en su fundamento 23, así como en el fundamento 6 del expediente N° 02437-2013-PA/TC, lo señalado en el expediente N° 2510-2002-AA/TC, indicando que en base a ello no está proscrita la existencia de trato diferenciado en materia laboral siempre y cuando se encuentre debidamente sustentada en forma razonable y objetiva; señalando que en el presente caso no habría discriminación alguna, toda vez que la diferencia salarial se deriva estrictamente del incremento salarial pactado mediante convenio colectivo con el sindicato, y sus compañeros no están dentro del sindicato. iv. En virtud de lo señalado en este último expediente y del D.S. N° 002-2018-TR, existiría justificación objetiva y razonable, por ende, no existiría afectación alguna al derecho de igualdad, ni al de discriminación salarial, supuesto alguno de discriminación salarial, ya que no se cumple con los requisitos exigidos para la existencia de igualdad, encontrándose con un criterio objetivo que justifica la mencionada diferencia. v. No debía obligarse arbitrariamente a que la empresa nivele el salario del señor Oscar Leoncio Zúñiga Campos al de sus compañeros, pues la diferencia existente no estaba en ningún supuesto de discriminación salarial, precisando que ello lo han sustentado en su descargo pero que no se ha calificado ni se ha tenido en cuenta al momento de resolver. vi. En la aplicación de la potestad sancionadora deben respetarse los principios correspondientes como el de legalidad, el debido procedimiento y la razonabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo 248 del TUO de la LPAG, aplicándose supletoriamente lo establecido en el artículo 247.2 de la norma antes citada, así como lo dispuesto en el artículo 47.3 del RLGIT, que precisa que respecto al principio de legalidad debe tenerse en cuenta el numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto Supremo N° 002-108- TR, Reglamento de la Ley N° 30709, respecto al principio de razonabilidad indica que deben tenerse en cuenta los criterios que se señalan para la graduación o anulación de la sanción, señalando que dichos criterios no se han tomado en cuenta al momento de imputar la infracción laboral y que se habrían vulnerado al aplicar una multa. vii. No se han respetado los criterios necesarios para el cumplimiento del principio de razonabilidad que justifique la aplicación de la potestad sancionadora administrativa, por lo que no habría existido ninguna razonabilidad para imputar y/o aplicar una sanción, señala que en base a dicho principio cuando se creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, estas deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se deban tutelar, con la finalidad de que respondan estrictamente a lo necesario para la satisfacción de lo cometido, indicando que en base a lo expuesto, el Acta de Infracción, Informe Final y Resolución de Sub Intendencia carecen de motivación, requiriendo por ello su nulidad en atención al artículo 10.1 y 10.2 de la precitada normativa legal.

viii. Teniendo en cuenta lo señalado, la medida de requerimiento carecería de fundamento jurídico, razonabilidad y congruencia, por lo que debe tenerse en cuenta lo señalado en el literal g) del artículo 54 del RLGIT, indicando que, si bien el Acta de Infracción no configura un acto administrativo, ello no exime que deba cumplir con una serie de requisitos mínimos, incluyendo principalmente la debida motivación, hace referencia para ello lo señalado por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 02698-2012- AA/TC, precisando que no debió acogerse la imputación de infracciones del Acta de Infracción, en tanto que la misma carecía de sustento fáctico, resultando nulo de pleno derecho, señalando que la Resolución de Sub Intendencia presenta vicios que involucran su nulidad, esto es por la falta de motivación debida y suficiente para impulsar la supuesta comisión de actos de infracción sociolaboral.

i. Debe recalcarse que no se está cuestionando la validez del convenio colectivo pactado entre el sindicato al cual pertenece el señor Zúñiga y la administrada; sin embargo, sí se tiene en cuenta su existencia, al hacer un análisis de lo indicado por Copeinca, en relación a que no habría discriminación porque la diferencia salarial se deriva del “incremento salarial” pactado mediante convenio colectivo, así tendríamos que, a pesar de dicho “incremento salarial” la remuneración básica del señor Zúñiga se encontraría por debajo de la de sus homólogos comparados, conforme se aprecia en el cuadro N° 02 del Acta de Infracción; situación que ya fue advertida por el inferior en grado al señalar que “Copeinca no justificó las razones por la cual, los trabajadores homólogos percibían una remuneración superior a la remuneración que percibía el señor Zúñiga, máxime si en su Política Remunerativa, Copeinca consideró para el puesto de Asistente de Acopio, parámetros relativos al nivel educativo, experiencia laboral y conocimientos”. ii. Al respecto, es claro colegir que los diversos criterios aludidos, que pueden sustentar o justificar una diferenciación válida y por tanto la inexistencia de discriminación, suponen necesariamente una diferenciación remunerativa positiva a favor de los destinatarios de dichos criterios, en el entendido que la antigüedad, trayectoria, nivel académico, y convenios colectivos suponen necesariamente una mayor remuneración, y no como en el presente caso una remuneración básica menor. En el presente caso, el administrado no ha acreditado una justificación objetiva y razonable para la diferencia remunerativa verificada. iii. De la revisión del Acta de Infracción se advierte que, el personal inspectivo dejó constancia que el proceder de Copeinca vulnera el derecho fundamental contemplado en el artículo 24 de la Constitución, por cuanto siendo una diferenciación remunerativa, constituye un acto administrativo según lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Constitución; así mismo se advierte que, la conducta cometida por la recurrente al no encontrarse justificada en una razón objetiva y razonable, se trata de una desigualdad de trato tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT, por lo que no resulta arbitraria si se encuentra proscrita por el Principio de Tipicidad. iv. Debe hacerse presente que, respecto a los principios de la potestad sancionadora mencionados por la accionante, estos se han venido cumpliendo, es por ello que el monto de la multa impuesta por la autoridad de primera instancia se ha determinado con estricta observancia al Principio de Razonabilidad y de Proporcionalidad, por cuanto se hizo en cumplimiento y respecto a lo establecido por Ley, y que correspondía a las conductas imputadas, adicionalmente, atendiendo a los criterios especiales para la

3 Notificada a la impugnante el 07 de febrero de 2022, véase folio 76 del expediente sancionador.

graduación de las sanciones, dispuestos en el artículo 47 del RLGIT, estando acorde a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, precisando que la sanción impuesta esta en función de la tabla predeterminada, señalada en el RLGIT. v. Conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG, referido al debido procedimiento, y teniendo en cuenta que se notificó correctamente la Imputación de Cargos, el Acta de Infracción y el Informe Final, materia del presente expediente sancionador, y teniendo en cuenta lo manifestado, consideramos que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, expresando en su contenido los fundamentos de hecho, así como las normas legales que la sustentan, por lo que queda desvirtuado lo alegado en este extremo. vi. Debe tenerse en cuenta que, conforme a lo esbozado en los considerandos precedentes, la accionante se encontraba en la obligación de dar cumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento de fecha 04 de noviembre de 2019; sin embargo, en el día y hora otorgado, el inspector comisionado llevó a cabo la diligencia en donde, el sujeto inspeccionado no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento dispuesta, cabe mencionar que en dicha medida se señalaba que el incumplimiento de la misma constituiría infracción a la labor inspectiva; por lo que, al no acreditar el cumplimiento de la medida de requerimiento, se configuró la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017- TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 28 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 018-2022-SUNAFIL-IRE-ANC, señalando lo siguiente:

i. Si bien existe una diferencia salarial entre el señor Oscar Leoncio Zúñiga Campos y sus compañeros de trabajo, ello no implica per se que esta diferencia sea un acto de discriminación, por lo que corresponde analizar que, el trabajador recibió una aumento salarial de conformidad a lo estrictamente pactado en el convenio colectivo del sindicato al cual este pertenece, organización que ejercía la representatividad del trabajador al momento de velar por sus intereses (incluido el incremento salarial) durante la negociación colectiva con el administrado. En ese sentido, al haberse unido a su sindicato, lo cual involucra la aceptación del trabajador respecto de todo acuerdo que realice el sindicato; en consecuencia, su remuneración al momento de las actuaciones inspectivas fue resultado directo de la negociación colectiva entre su sindicato y el administrado. ii. En efecto, la diferencia salarial entre el trabajador y sus compañeros resulta legal y razonable, de conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto Supremo N° 002-2018-TR, Reglamento de la Ley N° 30709, bajo dicho tenor, no toda diferencia salarial puede ser calificada como discriminación, ya que mientras existan razones objetivas que fundamenten esta diferencia, la empresa habría procedido de conformidad a la norma, operando legalmente. iii. Respecto al fundamento 44 de la Resolución de Sub Intendencia, resulta importante recordar que todo trabajador tiene la libertad de pactar la reducción de ciertos derechos siempre y cuando ello no vulnere el principio de irrenunciabilidad de derechos, en ese sentido, ¿Cómo puede el inspector y la autoridad administrativa cuestionar un acuerdo de voluntades expreso entre el empleador y el sindicato que representa al trabajador, sobre todo si ello involucró una mejora respecto de su propio supuesto en ese momento?. Cuestionar la validez del mencionado convenio es una función y deber del Poder Judicial, por lo cual, al cuestionarse el convenio colectivo pactado, libre y voluntariamente entre las partes, el inspector y la Autoridad Administrativa se adjudican funciones que se alejan de las suyas, por ende, resulta contrario al principio de legalidad, a pesar de que la norma dispone la existencia de criterios razonables que justifiquen una diferencia remunerativa, que se le pretenda multar por una supuesta discriminación salarial inexistente. iv. En efecto, la Resolución de Intendencia, erróneamente, señala que se habría vulnerado el derecho de igualdad del mencionado trabajador por recibir una remuneración menor comparada a la de sus compañeros de trabajo, por ende se habrían cometido actos de discriminación en su contra, ante lo cual, resulta importante que se tengan presente los siguientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional: Expediente N° 008-2005-PI/TC, en su fundamento 23, así como en el fundamento 6 del Expediente N° 02437-2013- PA/TC, y por último, lo señalado en el Expediente N° 2510-2002-AA/TC, al respecto, la igualdad se configura como un derecho fundamental de la persona a no sufrir discriminación jurídica alguna; esto es, a no ser tratado de manera dispar respecto a quienes se encuentren en una misma situación, salvo que exista una justificación objetiva y razonable para esa diferencia de trato. Como se puede interpretar, no está proscrita la existencia de trato diferenciado en materia laboral siempre y cuando se encuentre debidamente sustentada en forma razonable y objetiva. En consecuencia, no

habría discriminación alguna, toda vez que la diferencia salarial se deriva estrictamente del incremento salarial pactado mediante convenio colectivo con el sindicato, y sus compañeros no están dentro del sindicato. v. En virtud de lo señalado en el Expediente N° 2510-2002-AA/TC, y el Decreto Supremo N° 002-2018-TR, existiría justificación objetiva y razonable, por ende, no existiría afectación alguna al derecho de igualdad del trabajador, ni al de discriminación salarial, ya que no se cumplen con los requisitos exigidos para la existencia de igualdad, encontrándose con un criterio objetivo que justifica la mencionada diferencia. vi. En ese sentido, no debía obligarse arbitrariamente a que la empresa nivele el salario del señor Oscar Leoncio Zúñiga Campos al de sus compañeros de trabajo, pues la diferencia existente no consistía supuesto de discriminación salarial, hecho que ha sido acreditado mediante sus descargos; sin embargo, no se ha calificado ni se ha tenido en cuenta al momento de resolver. vii. Para la aplicación de la potestad sancionadora deben respetarse los principios correspondientes como el de legalidad, el debido procedimiento y la razonabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo 248 del TUO de la LPAG, aplicándose supletoriamente lo establecido en el artículo 247.2 de la norma antes citada, así como lo dispuesto en el artículo 47.3 del RLGIT. viii. Respecto al principio de legalidad debe tenerse en cuenta el numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto Supremo N° 002-108-TR, Reglamento de la Ley N° 30709, establece que por excepción los trabajadores pertenecientes a una misma categoría pueden percibir remuneraciones diferentes, cuando dichas diferencias se encuentren justificadas en criterios objetivos como la negociación colectiva. ix. Respecto al principio de razonabilidad, las autoridades deben tener en cuenta los criterios que se señalan para la graduación o anulación de la sanción, como son: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) El perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (01) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción; f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. x. Por tanto, hubiera resultado incoherente que cumplan con la medida inspectiva de requerimiento ilegal, pues han demostrado que no existió discriminación salarial. En ese sentido, consideran que no existe sustento para concluir que se ha cometido infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. xi. No obstante, ello, la empresa ha actualizado el salario del señor Oscar Zúñiga, corroborándose que no se tenía como finalidad la discriminación salarial de este trabajador. Cabe precisar que el Tribunal de Fiscalización Laboral, en la Resolución N° 063-2021-SUNAFIL/TFL, ha señalado en el considerando 6.35 que “el administrado tiene

derecho a resistirse a un requerimiento cuando viole el artículo 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT”. xii. Respecto a la vulneración al derecho al debido procedimiento, debido a que en el presente caso no se ha cumplido con lo dispuesto en el numeral 53.4.2 del artículo 53 del RGLIT, en razón que la Imputación de Cargos fue notificada con fecha 08 de marzo de 2021; sin embargo, durante el procedimiento administrativo sancionador no se cumplió con notificar la resolución de ampliación del procedimiento dentro de los 9 meses desde notificada la Imputación de Cargos. En consecuencia, se ha incumplido el trámite del procedimiento sancionador, por lo que debe declararse la nulidad de la Resolución de Intendencia, así como el archivamiento del presente expediente sancionador. xiii. De acuerdo al criterio señalado por el Tribunal de Fiscalización Laboral, en la Resolución N° 103-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, numeral 6.32, en este caso, existe una ausencia de elementos que permiten determinar fehacientemente que, para la emisión de la medida de requerimiento, los inspectores comisionados realizaron un análisis pormenorizado de los hechos, a fin de acreditar la existencia de la infracción imputada. Por lo tanto, en consideración a lo señalado en la Resolución N° 021-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, numeral 6.8, si no hubiera elementos convincentes de la responsabilidad del empleador, no deberá emitirse la medida de requerimiento. Por tanto, Copeinca no se encontraba obligada a cumplir la medida de requerimiento porque no respetaba el principio de legalidad, pues de acuerdo a los hechos y medios probatorios, no habría incurrido en la infracción muy grave ni mucho menos infracción a la labor inspectiva.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los actos de discriminación laboral

10 Constitución Política del Perú Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho: (…) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. (…) “Artículo 26.- Principios que regulan la relación laboral En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.” (…) Disposición Final y Transitoria de la Constitución Cuarta. - Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

Sobre el caso en concreto

11 Exp. N° 048-2004 PI/TC, fundamento 62.

Figura N°: 01

Figura N°: 02

Figura N°: 03

12 Véase folios 73 al 78 del expediente inspectivo. 13 Véase folios 30 al 72 del expediente inspectivo.

14 Véase folios 84 al 88 del expediente inspectivo.

las que se funda la conducta infractora, citando y exponiendo para ello el numeral f) y g) del artículo 2 del Decreto Supremo N° 002-2018-TR – “Reglamento de la Ley Nº 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres”.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos

laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

15 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….) 16 Véase folio 91 al 97 del expediente inspectivo.

de la medida inspectiva de requerimiento que, la inspectora fundamentó la medida de acuerdo a los hechos constatados específicos, de acuerdo a la aplicación de la legislación vigente y a las conclusiones arribadas. Por tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

17TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8.) 18LGIT: Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva: Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2. El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

Intendencia N° 018-2022-SUNAFIL-IRE-ANC, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a

ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”19.

ACTUACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN Inicio Imputación de Cargos N° 353-2020-SUNAFIL/IRE-ANC 08/03/2021 Fin Resolución de Sub Intendencia N° 416-2021- SUNAFIL/IRE-ANC/SIRE 04/10/2021

19 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539.

electrónica el 04 de octubre de 2021. En tal sentido, se advierte que la resolución apelada fue emitida dentro del plazo de nueve meses.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales Discriminación directa en materia de retribución del trabajador Oscar Leoncio Zúñiga Campos, al no haber nivelado su remuneración básica a partir de julio del 2018 a la fecha de la inspección, conforme al haber básico que perciben sus homólogos Rómulo Hugo Castillo Guevara y Joaquín Enrique Arroyo Asencio. Numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir oportunamente con la medida inspectiva de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 018-2022-SUNAFIL-IRE-ANC, emitida por la Intendencia Regional de Áncash, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 621-2020-SUNAFIL/IRE-ANC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 018-2022-SUNAFIL-IRE-ANC, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a por CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C., y a la Intendencia Regional de Áncash, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

20221108MCR