Corporación Peruana de Restaurantes S.A.C — Res. 650-2022

Antecedentes

1 Se dispuso la verificación del cumplimiento sobre las siguientes materias: Participación en las utilidades (pago), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (vacaciones, descanso en días feriados no laborables), Registro de control de asistencia, Bonificación no remunerativa, Remuneraciones (pago de la remuneración, gratificaciones).

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por no haber cumplido la medida inspectiva de requerimiento notificada el 26 de febrero de 2020.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la remuneración vacacional, de los ex trabajadores Vásquez Monteza Marcos Gabriel y Aguilar Tambo Carla Yaneth, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,675.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 26 de febrero de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,675.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la diligencia de comparecencia programada para el día 06 de febrero de 2020, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,675.00.

i. Los trabajadores a tiempo parcial son aquellos que laboran en promedio menos de cuatro (04) horas diarias y/o veinticuatro (24) horas semanales, asimismo, precisa que el artículo 11 del Decreto Supremo N° 012-92-TR, señala que tienen derecho a descanso vacacional el trabajador que cumpla una jornada de trabajo mínima de cuatro (04) horas diarias y/o veinticuatro (24) horas semanales, en ese sentido, los trabajadores a tiempo parcial no tendrían dicho beneficio. De igual manera indica que el Convenio 52 de la OIT que señala que todo trabajador a quien se le aplique dicho convenio tendrá derecho al descanso vacacional, no está recogido por la legislación nacional. ii. Como justificación de la inasistencia a la comparecencia programada para el día 06 de febrero de 2020, se presentó el descanso medido del Sr. Christian Josué Mori Palacios, apoderado de la inspeccionada designado a asistir a la citada comparecencia. iii. Con relación a la medida inspectiva de requerimiento, señala que la infracción por no pagar la remuneración vacacional no tiene sustento fáctico, por lo que, no existe

incumplimiento de la mencionada medida. De igual forma, precisa que la sanción por la citada infracción afecta el Principio del Non bis in ídem.

i. Mediante Resolución Legislativa N° 13284, de fecha 15 de diciembre de 1959, el Estado peruano ha ratificado el Convenio N° 52 de la OIT, sobre las vacaciones pagadas, por lo que, debe aplicarse lo establecido en su artículo 2°, numeral 1, que precisa que a toda persona a la que se le aplique dicho convenio tendrá derecho después de un año de servicio continuo a unas vacaciones anuales pagadas de seis (06) días laborales, por lo menos. ii. El inspector ha dejado constancia de la relación laboral entre los ex trabajadores Vásquez Monteza Marcos Gabriel y Aguilar Tambo Carla Yaneth y la inspeccionada, se evidencia que dichos ex trabajadores laboraron para la inspeccionada en el puesto de team member y repartidor, respectivamente, a tiempo parcial. Por lo expuesto, se aprecia que la inspeccionada no cumplió con lo establecido en el citado Convenio N° 52 de la OIT, por lo que, incurrió en infracción al no pagar las remuneraciones vacacionales en favor dichos extrabajadores. iii. El descanso médico de la apoderada presentado para justificar la inasistencia de la inspeccionada a la comparecencia programada para el día 06 de febrero de 2020, no resulta válido, considerando que la notificación fue efectuada con varios días de anticipación, por lo que, la inspeccionada contaba con el tiempo suficiente para poder tomar las medidas necesarias, máxime, si conforme a lo establecido en el literal b) del numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, la capacidad de obrar en una diligencia inspectiva, se circunscribe también a cualquier representante que se le delegue facultades, en ese sentido, la inspeccionada tenía la posibilidad de delegar poder a favor de otra persona para que en su representación concurra a la comparecencia citada. iv. En el presente caso no se ha transgredido el Principio de Non bis in ídem, dado que no se cumple con el requisito de triple identidad tanto, en sujeto, como en hechos y fundamentos, puesto que la conducta de no haber acreditado el pago de las remuneraciones vacacionales, se encuentra relacionado a incumplir una obligación en materia de relaciones laborales, mientras que las conductas de inasistencia a la comparecencia programada para el 06 de febrero de 2020, y de no acatar la medida inspectiva de requerimiento emitida con fecha 26 de febrero de 2020, se encuentran relacionadas con el incumplimiento de un mandato de los inspectores. Por otra parte, los fundamentos, entendidos como el bien jurídico protegidos por la norma

2 Notificada el 27 de setiembre de 2021, véase folio 58 del expediente sancionador.

sancionadora, tampoco son idénticos: por un lado, la sanción por infracción en materia de relaciones laborales es el de vigilar el cumplimiento de la normativa mientras que, por otro lado, en la labor inspectiva la naturaleza Jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por la inspeccionada de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 15 de octubre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1521-2021-SUNAFIL/ILM, señalando principalmente, los siguientes argumentos:

Inaplicación del artículo 248 del TUO de la LPAG y aplicación indebida del Convenio OIT 52: Vulneración del principio de tipicidad, se multa a la empresa por no cumplir con obligaciones que no tienen sustento jurídico

i. Se inaplica el artículo 248 del TUO de la LPAG, vulnerando el principio de tipicidad, toda vez que se nos sanciona por no otorgar vacaciones pagadas y vacaciones truncas a trabajadores a tiempo parcial, cuando dicha obligación no se desprende de nuestro ordenamiento jurídico vigente. ii. De acuerdo a la normativa interna sobre vacaciones (Decreto Legislativo 713 y su Reglamento), se exige como requisito para el goce, el laborar en promedio más de 4 horas diarias, requisito que los trabajadores a tiempo parcial no cumplen.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

iii. La resolución impugnada fundamenta la decisión de otorgar derecho a vacaciones a los trabajadores a tiempo parcial, en la suscripción por parte del Estado Peruano del Convenio OIT 52 sobre vacaciones pagadas, pues a criterio del inferior en grado, el sólo hecho de suscribir un convenio internacional hace que éste resulte aplicable y exigible como parte del ordenamiento interno, en función a lo señalado en el artículo 55 de la Constitución, el mismo que precisa que: “los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”. iv. Sin embargo, dicha conclusión es absolutamente errada en lo que respecta a los Convenios emitidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales requieren de un proceso de ratificación que incluye una serie de obligaciones para su incorporación al derecho interno, aun así nuestro texto constitucional señala que los tratados celebrados por el Estado forman parte del derecho nacional. v. El Manual sobre procedimientos en materia de Convenios y Recomendaciones internacionales del Trabajo de la OIT, precisa que en virtud al artículo 19, 5), d) de la Constitución de la OIT, con la ratificación de un Convenio OIT, se generan una serie de obligaciones necesarias para su aplicación efectiva, entre estas: incorporar la norma a derecho interno, darle efecto mediante vía legislativa (Ley) y, velar por su aplicación vi. El Manual señala en qué consiste el proceso de incorporación al derecho interno de un Convenio OIT. Pese a que nuestra Constitución señale que los tratados internacionales forman parte del derecho interno, es necesario una serie de requisitos para que el Convenio OIT sea efectivo en el ámbito nacional. Así, indica que deberá eliminarse cualquier contracción entre el Convenio OIT y la legislación interna y que las disposiciones del Convenio internacional deberán encontrarse además en la legislación nacional, con finalidad de salvaguardar la seguridad jurídica de las autoridades y personas interesadas. vii. Suma a lo anterior, que SUNAFIL no está considerando el contexto en el cual se emite el Convenio 52 sobre vacaciones pagadas (24 de junio de 1936), año para el cual trabajadores de muchos países no tenían derecho a vacaciones; es bajo dicha circunstancia que se establece un piso mínimo de vacaciones de 6 días para todos los trabajadores, sin embargo, esto no implica que cada país, en uso de su soberanía pueda regular requisitos distintos para acceder al derecho de vacaciones. viii. SUNAFIL realiza una indebida aplicación del Convenio OIT 52, pues pretende aplicar el mismo en forma automática sin que antes se haya llevado el proceso de adecuación a la normativa interna, conforme dispone la propia OIT; situación que se agrava aún más si consideramos que la normativa nacional vigente sobre la materia contiene disposiciones contrarias y de fecha posterior a las del instrumento internacional que SUNAFIL pretende a aplicar, generando así un escenario de incertidumbre jurídica respecto del cual la Administración Pública se encuentra impedida de sancionar.

Aplicación incorrecta del Decreto Legislativo 713 sobre descansos remunerados: Vulneración al principio de tipicidad.

ix. El Convenio OIT 52 regula el derecho a vacaciones después de un año continuo de servicios, pero no regula el derecho a vacaciones truncas por periodos menores, obligación contenida únicamente en la normativa nacional, la cual no resulta aplicable a trabajadores part time, al estar orientada exclusivamente a trabajadores que laboren en promedio más de 4 horas diarias. x. Tanto la resolución de primera instancia como la resolución impugnada deben ser declaradas nulas, pues ambas sustentan la sanción impuesta referida a vacaciones en una norma que no resulta aplicable a los trabajadores a tiempo parcial, concretamente por exigimos el cumplimiento del Decreto Legislativo 713 y su Reglamento, los cuales no resultan aplicables a los trabajadores a tiempo parcial.

Aplicación indebida del artículo 14 de la LGIT: La medida de requerimiento es ilegal al sustentarse en obligaciones sin sustento normativo.

xi. Considerando que estamos frente a una aplicación indebida del Convenio OIT 52 y del Decreto Legislativo 713, corresponde dejar sin efecto la multa por no cumplir con la medida de requerimiento, pues dicha medida inspectiva contiene obligaciones carentes de asidero jurídico, al no existir norma alguna que regule el derecho a vacaciones o vacaciones por periodos truncos para el personal a tiempo parcial.

Inaplicación de los principios de verdad material y presunción de veracidad: se desestima el certificado médico presentado por la empresa bajo argumentos absurdos y sin verificar.

xii. Se vulnera los principios de presunción de veracidad y verdad material; toda vez que SUNAFIL rechaza bajo argumentos absurdos, un certificado médico presentado por la empresa, con el cual se justifica la inasistencia de nuestro representante a la diligencia de comparecencia de fecha 6 de febrero de 2020. xiii. Conforme se verifica del certificado médico, la contingencia de nuestro representante designado ocurre el mismo día de la diligencia de comparecencia; siendo esto así, resulta evidente que era materialmente imposible poder prever tal caso fortuito y disponer la presencia de otro representante en forma inmediata; siendo indistinto la fecha en la que se haya notificado la citación a la diligencia de comparecencia. xiv. SUNAFIL no acredita la posibilidad de prevenir la contingencia médica ocurrida a nuestro representante ni la disponibilidad del resto de representantes de la compañía el día de la comparecencia, únicamente lo supuso, cuando estaba obligada a verificar la existencia de los hechos que sustenta sus decisiones y las sanciones que se nos impone. xv. Suma a lo anterior, el hecho de que la vulneración al principio de verdad material inicia durante las actuaciones inspectivas, pues en el presente caso el certificado médico fue presentado al inspector comisionado, estando éste obligado a pronunciarse sobre tal documento y, en caso éste no le genere certeza, realizar las actuaciones inspectivas que fueran necesarias para desvirtuarlo, empero se-limita imputar la infracción por la inasistencia a la comparecencia sin desvirtuar de modo alguno el valor probatorio del certificado médico presentado por la empresa.

Inaplicación del artículo 17.3 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo; Debe aplicarse la reducción del 90% a la multa por inasistencia a la comparecencia del 6 de febrero de 2020.

xvi. En el supuesto negado que vuestro Despacho desestime el certificado médico presentado por la empresa, solicitamos la aplicación de reducción de dicha multa al 90%, pues hemos demostrado que en el presente caso no existe infracción laboral alguna, dado que la empresa no debió ser sancionada por no otorgar vacaciones a trabajadores a tiempo parcial, al no existir sustento legal para tal infracción y, en atención a ello, nunca debió emitirse la medida de requerimiento cuyo incumplimiento se nos imputa, pues esta contiene una obligación que no posee sustento normativo. xvii. Al amparo de lo establecido en el numeral 1.2 del artículo IV de la LPAG y el artículo 177 del mismo dispositivo normativo, mediante el presente escrito solicitamos que se nos conceda el uso de la palabra, a efectos ejercer nuestro derecho de defensa dentro de los parámetros establecidos legalmente.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho universal a gozar de vacaciones

9 Constitución Política del Perú, “Artículo 25.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio”. 10 Mediante Resolución Legislativa N° 13284 11 De acuerdo a los Informes N° 133-2016-MTPE/2/14.1 y N° 136-2018-MTPE/2/14.1

febrero de 1960, respecto de los periodos vencidos 2018-2019 y periodo trunco 2019-2020, a favor de Marcos Gabriel Vásquez Monteza, y del periodo vencido 2018-2019, a favor Carla Yaneth Aguilar Tambo. No habiéndose desvirtuado este hecho, no corresponde acoger lo alegado por la impugnante.

Respecto a la medida inspectiva de requerimiento

“(…) Por consiguiente, en tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo. (…)” (énfasis añadido).

12 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 08 de agosto de 2021.

Figuras Nos 01 y 02 Medida Inspectiva de requerimiento de fecha 26 de febrero de 2020

embargo, como ya se ha dilucidado en los fundamentos 6.1 al 6.11, la impugnante si se encontraba en la obligación legal de pagar las remuneraciones vacacionales y vacaciones truncas a los extrabajadores Marcos Gabriel Vásquez Monteza y Carla Yaneth Aguilar Tambo.

Respecto a la inasistencia a la diligencia de comparecencia

13 TUO de la LPAG, “Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción. d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 255.”

estar referidas a hechos producidos antes de la primera actuación inspectiva en la cual participe el administrado, debiendo ser acreditados con documentos públicos de fecha cierta, salvo que sean hechos de conocimiento público. ii. Respecto del literal b), que la disposición esté contenida expresamente en una norma con rango de Ley. iii. Respecto del literal d), que la orden de la autoridad competente esté materializada en el acto administrativo o resolución correspondiente y se encuentre vinculada estrictamente con la imposibilidad de cumplir con la obligación objeto de fiscalización. iv. Respecto del literal e), que el administrado, antes del inicio de las actuaciones inspectivas, debe estar comprendido en los alcances de la disposición administrativa que origina o contiene el error alegado”.

14 Neyra Cruzado, C. (2018). Las condiciones eximentes de responsabilidad administrativa en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y su incidencia en la legislación ambiental. Lima: Derecho PUCP N° 80, pg. 336 15 La Superintendencia Nacional de Salud ha emitido un precedente vinculante administrativo sobre el caso fortuito y la fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad por infracciones administrativas, en el que se refiere a la declaratoria de cuarentena general como consecuencia del Covid-19 como “…un evento excepcional en nuestro país y extraordinario. No se trata de un «evento frecuente o repetitivo» (Casación Nº 1764-2015, Lima) que hubiere permitido a las partes adoptar algún mecanismo para prevenir tal escenario. Finalmente, sus consecuencias, debido al mandato gubernamental, devienen en irresistibles, pues no pueden ser contrarrestados, lo que «imposibilita absolutamente el cumplimiento de la prestación» (Casación Nº 1693-2014, Lima)”. Y, más adelante, concluye que dicha “cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno en nuestro país debido a la Covid-19, constituye un evento de fuerza mayor porque estamos ante una situación imposible de resistir y que impide el cumplimiento de la prestación”. En similar sentido se ha pronunciado la OIT al afirmar que el “brote de la pandemia del coronavirus (COVID-19) es una situación mundial sin precedentes”. Y, entre las medidas que recomienda a los empleadores observar se encuentra la de “revisar o elaborar un plan de continuidad de las actividades que sea compatible con las directrices proporcionadas por las autoridades nacionales y locales con miras a aumentar la capacidad de recuperación de las empresas y apoyar a los trabajadores y sus familias”. 16 Vidal Ramos, R. (2014). La responsabilidad civil por daño ambiental en el sistema peruano. Lima: Lex & Iuris.pg. 142

asignado para asistir a la diligencia de comparecencia programada para el dia 06 de febrero de 2020, tuvo una contusión cervical y para acreditar lo dicho, adjuntó copia de un certificado médico, suscrito por el médico tratante Armando Lucar Torres, con Registro CMP N° 11627, cuyo diagnóstico fue: Contusión Cervical, conforme se aprecia a continuación:

Figura N° 03 Certificado médico de fecha 06 de febrero de 2020

17 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.”

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido

presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

Información Adicional

N° Materia Presunta conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No pagar la remuneración vacacional, de los extrabajadores Vásquez Monteza Marcos Gabriel y Aguilar Tambo Carla Yaneth. Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 26 de febrero de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1521-2021- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 962-2020- SUNAFIL/ILM/SIRE2, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 1521-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave, por la inasistencia a la diligencia de comparecencia programada para el día 06 de febrero de 2020, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dejando sin efecto la multa impuesta por dicha infracción. CONFIRMAR dicha Resolución

en los extremos referentes a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, y en el numeral 46.7 del artículo 46 del citado cuerpo normativo.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente