Corporación Mayo S.A.C — Res. 652-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre lo siguiente: Remuneraciones( Sub materia: Remuneración mínima vital, pago de bonificaciones y pago de la remuneración( sueldos y salarios), Seguridad social (Sub materia: Inscripción en la seguridad), Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro trabajadores y otros en planilla, Alta, modificación y baja en el T-Registro y Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades) y Verificación de regímenes especiales y grupos específicos (Sub materia: Construcción civil) soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

de requerimiento de fecha 24 de diciembre de 2019; en mérito al Operativo denominado “NORMAS SOCIOLABORALES DEL SECTOR CONSTRUCCION ANDAHUAYLAS 2019”.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por el sujeto inspeccionado no cumplió con el pago de la remuneración correspondiente del periodo del periodo octubre 2018 – diciembre 2018, a favor de la trabajadora Alarcón Francisco Janeth Sandra, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28,350.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con la medida de requerimiento de fecha 24 de diciembre de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 51,030.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por el sujeto inspeccionado no cumplió con el pago de la remuneración correspondiente del periodo del periodo octubre 2018 – diciembre 2018, a favor de la trabajadora Alarcón Francisco Janeth Sandra, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28,350.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con la medida de requerimiento de fecha 24 de diciembre de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 51,030.00.

i. La resolución reincide en el error de no incluir en el procedimiento inspectivo a todos los presuntos sujetos responsables de las infracciones (…) en el presente procedimiento inspectivo podemos observar sólo se ha incluido a las empresas que conforman el consorcio Conservación Andahuaylas, toda vez que es el mismo quien contrataba a los trabajadores (…) por tanto resulta especial relevancia que el consorcio en si forme parte del presente procedimiento inspectivo. ii. Corporación Mayo no tiene responsabilidad en las supuestas infracciones. (…) se ha decidido imputar la responsabilidad única de cualquier infracción a su representada, vulnerando así el contenido del artículo 447 de la LGS (…) la norma invocada establece dos reglas (i) la empresa consorciada responde individualmente por los derechos, obligaciones y responsabilidades adquiridas en el marco de la actividad que le corresponde en el consorcio (ii) la responsabilidad solamente será solidaria si se pacta así en el contrato o lo dispone la Ley (…) de esta manera se ha vulnerado abiertamente el principio de legalidad.

iii. Corporación mayo no tiene responsabilidad en las supuestas infracciones, no se ha establecido en forma concreta como es que se concluye que los 102 trabajadores objeto de la inspección pertenecen a Corporación Mayo. (…) iv. La empresa no se encuentra en capacidad de defenderse, su representada no puede ser encausada como presunta infractora en el procedimiento administrativo sancionador toda vez que la responsabilidad le corresponde al consorcio y no a la empresa, en consecuencia, nuestra representada tampoco está en condiciones de poder defenderse satisfactoriamente de las imputaciones realizadas por la Autoridad Inspectiva.

i. En ese sentido en el presente caso, se advierte que la empresa CORPORACION MAYO S.A.C. forma parte del CONSORCIO CONSERVACION ANDAHUAYLAS en la ejecución del “SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL ANDAHUAYLAS (EMPALME PE -3S)- PAMPACHIRI- NEGROMAYO (EMPALME PE-30º), en ese sentido El Sub Director de Inspección de Trabajo de la Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo Chanka emitió la Orden de Inspección para la verificación de la normativa sociolaboral. ii. En conclusión, quedan desvirtuados los argumentos formulados por la impugnante, habiéndose desarrollado la investigación inspectiva y el procedimiento sancionador dentro de los lineamientos de la legalidad y observando las garantías correspondientes, en ese sentido corresponde desestimar lo señalado en su recurso. iii. Con relación a lo alegado en el punto iii) del resumen de la apelación es preciso señalar que, en la visita realizada por los inspectores de trabajo Nilton Adrián Durand Torres y Sebero Jan Checya Alata quienes se constituyen en el lugar de trabajo por lo que fueron atendidos por el Sr. Mirosaki Ramirez Paredes (Administrador encargado del centro de trabajo) con quien realizaron la visita en cada frente de trabajo entrevistándose con cada uno de los trabajadores, así mismo les proporciono la relación de personal. iv. Por consiguiente, la impugnante no ha cumplido con acreditar el pago íntegro y oportuno de la remuneración de acuerdo a la tabla salarial de Construcción Civil en detrimento de los 102 trabajadores detallados en el cuadro 02 de la Resolución venida en grado y considerando la persistencia en el incumplimiento pese al otorgamiento de la oportunidad para la subsanación de dicha omisión detectada; es que se ratifica la comisión de una infracción grave en materia de relaciones laborales determinada por la autoridad de primera instancia.

2 Notificada a la impugnante el 28 de noviembre de 2022, véase folio 356 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CORPORACION MAYO S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de diciembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 103-2022-SUNAFIL/IRE-APU, señalando los siguientes alegatos:

i. En ese sentido, el único supuesto en el que Corporación Mayo debería responder por las obligaciones contraídas por el Consorcio o por alguna de las empresas que lo conforman es el de responsabilidad solidaria, el cual como hemos visto, solamente surge cuando se contrata con terceros y cuando así lo disponga expresamente el contrato o la ley. ii. Sin embargo, dicha responsabilidad solidario no ha sido objeto de la inspección y, por tanto, no se ha cumplido con la observancia del debido proceso, de la debida motivación, ni del derecho de defensa de los administrados. iii. Por otro lado, como las mismas normas señalan, el contrato consorcio implica la asociación de dos empresas para un determinado fin económico, manteniendo ambas su autonomía, diferenciándose así de una fusión. iv. En efecto, en un esquema organizativo de consorcio varias empresas se unen para realizar tareas acotadas, respondiendo únicamente por estas. No, obstante, la Autoridad Inspectiva no ha verificado que Corporación Mayo sea la empresa responsable de verificar el régimen especial de los trabajadores y remunerarlos acorde a dicho régimen, Por el contrario, se ha aferrado a un hecho accidental, la presencia de personal de Corporación Mayo en la diligencia inspectiva, para deducir, indebidamente, que ello seria prueba irrefutable de una relación laboral directa. v. Corporación Mayo no tiene la obligación, en el marco del contrato de consorcio, de la contratación de los trabajadores y, por ende, mucho menos de llevar a cabo las

obligaciones inherentes a los empleadores (remunerar), como erradamente sostiene la Autoridad Inspectiva- vi. En consecuencia, Corporación Mayo no es el empleador de los trabajadores incluidos en la Orden de Inspección y, por tanto, no era su obligación el contratar el SCTR y/o realizar los EMOS, y mucho menos cumplir con la medida de requerimiento, debiendo ser estas obligaciones respecto de su verdadero empleador, salvo que exista una declaración (a partir de un debido procedimiento) que señale lo contario; sin embargo, ello no ha ocurrido. vii. Finalmente, debe reiterar que a lo largo del presente procedimiento no se ha realizado mención alguna a que las sanciones impuestas no son respecto a trabajadores de nuestra representada, sino sobre trabajadores del Consorcio Conservación Andahuaylas, el mismo que se conformó en conjunto con la empresa Constructora MPM S.A. a efectos de poder participaren la licitación y ejecución del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional. viii. Conforme se desprende de la norma citada, cuando una obligación corresponda a varios sujetos, estos responderán por las infracciones forma solidaria. En ese sentido, se tiene que la ley ha determinado que podrá imponerse la responsabilidad solidaria siempre y cuando pueda determinarse que una obligación corresponda a varios sujetos. ix. No obstante, debe considerarse que, en caso no pueda determinarse que dicha obligación corresponda a una pluralidad de sujetos, no podrá imponerse la responsabilidad solidaria. En efecto, pese a que esta es una interpretación que, a simple lógica, se deduce, de la propia norma, la Autoridad ha omitido tomar ello en cuenta y ha decidido sancionar a nuestra empresa pese a que no ha demostrado de alguna forma que, en efecto, sea su obligación remunerar a los trabajadores acorde a su régimen laboral especial. x. Por el contrario, dado que nos encontramos bajo un contrato de consorcio, las obligaciones han sido asumidas por el Consorcio Conservación Andahuaylas, el mismo que operaba de forma independiente y, por ende, es este (y no su representada) quien tenía la obligación de cumplir con todas estas obligaciones. xi. Ahora bien, la interpretación antes realizada no solo se condice con la literalidad de la norma que venimos comentando, sino que además es acorde al resto de nuestro ordenamiento jurídico. Y es que, conforme señala el propio artículo 1183° del Código Civil, '"La solidaridad no se presume. Sólo la ley o el título de la obligación la establecen en forma expresa." xii. Así, a tenor de dicho artículo, para poder asumir una responsabilidad bajo el carácter solidario, deberá primero acreditarse que se haya pactado tal solidaridad - ya sea vía convencional o por disposición legal que disponga ello-. Una interpretación contraria implicará contravenir directamente una disposición legal como la prescrita por el artículo 1183° del Código Civil. xiii. De esta manera, si la propia Ley General de Inspección del Trabajo señala que, puede imponerse la responsabilidad solidaria siempre y cuando pueda determinarse que una obligación corresponde a varios sujetos, no podrá aplicarse a supuestos como el presente, en el que no se ha demostrado que las obligaciones señaladas correspondan a una pluralidad de sujetos distintos del Consorcio xiv. Efectivamente, pretender hacer lo que viene haciendo la Autoridad es presumir la solidaridad, cuestión que incluso es contraria a lo dispuesto por el Código Civil, norma que dispone explícitamente que la solidaridad no puede presumirse xv. Por lo expuesto, queda en evidencia que se ha inaplicado el numeral 42.1 del artículo 42° del RLGIT toda vez que nuestra representada no puede asumir la responsabilidad solidaria del pago de las remuneraciones de los trabajadores que se encuentran dentro del régimen de construcción civil, máxime cuando nosotros no han sido quienes los contrataron.

xvi. En dicha medida se requirió a Corporación Mayo adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, otorgándose un plazo determinado para tal fin. xvii. Sobre el particular, en los acápites anteriores hemos evidenciado que nuestra empresa no ha incurrido en infracción alguna contra la normativa sociolaboral, pues quien tenía directamente la obligación de acreditar haber remunerado a los trabajadores acorde al régimen especial en el que se encontraban era el Consorcio y no, bajo concepto alguno, la empresa. xviii. En ese sentido, al no haber infracción sustantiva alguna, carece de lógica que su representada sea sancionada por incumplir con el requerimiento que ordenaba la subsanación de dicha falta. xix. En ese sentido, al no haber infracción sustantiva alguna, carece de lógica que nuestra representada sea sancionada por incumplir con el requerimiento que ordenaba la subsanación de dicha falta. xx. Puesto en otras palabras, la medida inspectiva de requerimiento ordenaba a su representada el subsanar una situación que, según el inspector de trabajo que la emitió, resultaba contraria a la normativa sociolaboral aplicable. Dicha situación era acreditar el pago integro y oportuno de acuerdo a la tabla salarial de Construcción Civil. Sin embargo, reitera que dicha obligación le correspondía acreditar al Consorcio, puesto que nuestra empresa no ha contratado a los trabajadores involucrados, ni mucho menos contaba con documentos laborales de alguna índole de estos mismos, De esta manera, la referida situación se constituye en un presupuesto de la medida inspectiva de requerimiento, al punto que, si esta no existe, carece de sentido que se cumpla con la misma, en tanto no hay infracción que subsanar. xxi. De esta manera, Ia finalidad última de toda medida de requerimiento es garantizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, por lo que, si hay una situación en la que se contraviene esta, el inspector ordenará la toma de acciones que reviertan dicha situación. Sin embargo, si es que se invocara y determinara que no existe infracción alguna, la medida inspectiva de requerimiento no puede cumplir con la finalidad que le otorga la norma glosada, deviniendo en ilegal.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento convencional, a saber:

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida

resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

Acta de infraccion

Resolución de Sub Intendencia N° 263-2022-SUNAFIL/IRE-APU/SIRE

Resolución de Intendencia N° 103-2022-SUNAFIL/IRE-APU

9 Ley N° 26887: Articulo 438 de la Ley General de Sociedades

10 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.”

derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos. Del mismo modo, la conducta de la Administración debe ser objetiva y clara en cuanto a la determinación de los hechos.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. Nº 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. Nº 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en

este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal

incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14” (énfasis agregado).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CORPORACION MAYO S.A.C., y en consecuencia NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 263-2022-SUNAFIL/IRE- APU/SISA, de fecha 02 de septiembre de 2022, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Apurímac, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 033-2019- SUNAFIL/IRE-APU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 263-2022-SUNAFIL/IRE- APU/SISA, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. – Notificar la presente resolución a CORPORACION MAYO S.A.C., y a la Intendencia Regional de Apurímac, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. -. Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Apurímac, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.39 de la presente resolución.

QUINTO - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240710MLA – HR: 53994-2022