Corporación Mayo S.A.C — Res. 413-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Contratos de Trabajo (primacía de la realidad) PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft Erwin FAU 20555195444 soft 17:58:43-0500 PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo - Decreto Supremo Nº 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por desnaturalizar contratos de trabajo sujetos a modalidad suscritos entre el sujeto inspeccionado y la ex trabajadora Carla Jeannette Durante Nava, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, multa ascendente a S/. 9,337.50.

i. El acto administrativo deberá transmitir las razones que sustentan la decisión de la Autoridad Administrativa, desarrollando los argumentos que a llevaron a resolver el caso, no bastando con afirmaciones genéricas e indicando claramente las razones de hecho. En la resolución apelada no se hace referencia a los alegatos vertidos por la empresa que, contradecían sólidamente la afirmación sobre que la redacción de la causa objetiva fuese genérica e indeterminada, puestos que en los contratos se indicó la obra específica que, al ser de reciente aparición, exigía nuevo personal, describiéndose con especificidad los antecedentes y características de la obra, incurriendo en un supuesto de motivación aparente, al no darse una debida argumentación de los motivos de la decisión del órgano instructor, así como de la base fáctica y jurídica para ello. Asimismo, en la resolución apelada se remite a lo señalado por el órgano instructor en el Informe Final; por lo que, se vulnera la debida motivación, debiéndose declarar la nulidad de la resolución apelada.

ii. La causa objetiva de la contratación de la ex trabajadora Carla Durante viene a ser el requerimiento temporal del personal que evidentemente tiene como origen la suscripción de un contrato para la ejecución del servicio de una obra. Entonces, conforme a la norma, el objeto del contrato de obra determinada es la realización de la obra, no se requiere la presencia de otro elemento o característica para que dicho contrato se encuentre plenamente justificado. Por eso, resulta extraño que, en la resolución apelada, se señale que, en los contratos de trabajo, la primera y segunda clausula no especifica en forma clara e indubitable la causa objetiva de la contratación que justifique la naturaleza temporal de la contratación de la ex trabajadora. Por ello, se estaría exigiendo que se detalle otro elemento o factor distinto a la existencia de una nueva obra y/o servicio específico, creando así un huevo nuevo estándar de evaluación desconocido para la empresa y que no encuentra sustento alguno en la normativa laboral.

iii. Los criterios establecidos en la resolución apelada para determinar la desnaturalización del contrato sujeto a modalidad no forman parte de una sentencia del Tribunal Constitucional; por ello, no son susceptibles de generar efectos jurídicos, y no pueden ser empleados como sustrato argumentativo de una decisión administrativa.

iv. En caso se hubiese cometido una infracción, ésta habría sido subsanada, incluso antes de la emisión del Acta de Infracción, siendo ello acreditado con la modificación de la Constancia de Alta del Trabajador emitida por SUNAT, en la que se ha modificado la modalidad de contratación a plazo indeterminado, y la rectificación de la constancia de presentación laboral correspondiente a los meses de junio y julio de 2018, presentados con el escrito de fecha 20 de setiembre de 2018, revertiendo así los efectos generados a partir de la supuesta calificación fraudulenta de los contratos.

i. De la revisión de todos los actuados obrantes en el expediente de Inspección y en el expediente sancionador, se ha podido determinar que, tanto en la investigación inspectiva como en el procedimiento sancionador, las autoridades administrativas actuaron conforme a Ley, realizando una análisis e investigación en base a hechos

2 Notificada a la inspeccionada el 25 de julio de 2021 (ver folio 144 del expediente sancionador)

y pruebas concretas, recopiladas durante el procedimiento inspectivo, siendo alguna de ellas proporcionadas por la misma inspeccionada, lográndose verificar plenamente que los hechos que sirven de motivo de las decisiones tomadas por las autoridades correspondientes, se basaron en medios probatorios facticos, sustentados en hechos ocurridos, pudiéndose determinar finalmente la responsabilidad de la inspeccionada, quien cometió la conducta constitutiva de infracción sancionable, considerando además las disposiciones normativas sociolaborales. Entonces, contrario a lo alegado por la inspeccionada, la resolución apelada transmite las razones de hecho y derecho que sustentan la decisión de esta Autoridad Administrativa para imponer sanción a la inspeccionada.

ii. Es necesario precisar que, conforme a lo establecido en el artículo 53 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando así lo requiera las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar, a excepción de los contratos de trabajo intermitentes o de temporada que por su naturaleza puedan ser permanentes.

iii. En ese sentido, el contrato sujeto a modalidad sólo cabe en determinados supuestos, y requiere para su validez, en concordancia con lo expresado en el artículo 72 del TUO de la LPCL que consigne en forma expresa su duración y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral. Es así que, conforme al artículo 63 del TUO de la LPCL, los contratos de trabajo por obra determinada o servicio específico son celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido y de duración determinada. Su duración será la que resulte necesaria, y podrá ser renovado las veces que fuere necesaria hasta la conclusión de la obra o servicio objeto de la contratación.

iv. Entonces, corresponde precisar lo señalado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente 04209-2011-PA/TC: “Conforme ya lo ha sostenido este Colegiado en la STC N° 00525-2010-PA/TC, si bien de la simple lectura del artículo 63° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, se desprende que para la aplicación de los contratos para obra determinada o servicio específico- modalidad empleada en el caso de autos se requiere únicamente un objeto previamente establecido y una duración determinada en directa relación con la obra o servicio objeto de lo contratación, no puede interpretarse la calificación de

tales requisitos fuero fuera del marco constitucional. En ese sentido, se entiende que esta modalidad contractual no puede ser empleada para labores de naturaleza permanente que podrían ser realizadas por un trabajador estable, sino que se trata más bien de una modalidad contractual que le permite al empleador dar cobertura o aquellas labores estrictamente temporales o especializadas que no forman parte de las labores permanentes de la empresa, y que requieran un plazo determinado, sustentado en razones objetivas, en concordancia con el requisito formal establecido por el artículo 72° de la citada norma, y que puede ser renovado en lo la medida en que las circunstancias así lo ameriten. Lo contrario, es decir, permitir que esta modalidad de contratación “por obra determinada” o “servicio específico” sea utilizada para la contratación de trabajadores que van a realizar labores permanentes o propias del giro principal de la empresa, vulneraría el contenido del derecho al trabajo en su segunda acepción, es decir, afectaría el derecho que tiene el trabajador de mantenerse en su puesto de trabajo” (énfasis añadido).

v. Al respecto, corresponde señalar que, del numeral 4.4 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, se evidencia que, los inspectores comisionados precisaron que, de las actuaciones inspectivas y documentación exhibida por la propia inspeccionada y la ex trabajadora (correos electrónicos, organigrama empresarial, boletas de pago de todo el periodo laborado y Memorándum 001-2018-ADM de fecha 29 de mayo de 2018), se advierte que las labores reales de la ex trabajadora estaban relacionadas con la Coordinación de Gestión de Personas, de toda la empresa de la inspeccionada (aprobación de contrataciones de personal, contratos de seguros y convocatorias de personal). Es decir, la ex trabajadora realizaba labores propias y ordinarias de la inspeccionada. Por ello, considerando las labores mencionadas de la ex trabajadora y el objeto social de la inspeccionada, señalada en el numeral 4.1 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, se tiene que las labores que realizaba la ex trabajadora formaban parte de la actividad principal de la inspeccionada, no cumpliendo así, lo precisado por el Tribunal Constitucional señalado en el párrafo precedente, respecto a que, dicha modalidad contractual no puede ser empleada para labores de naturaleza permanente que podrían ser realizadas por un trabajador estable.

vi. Asimismo, se precisa que, el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N° 1477-2010-PA/TC ha señalado lo siguiente: “(...) Por otro lado, debe precisarse que en los contratos de trabajo referidos no se ha cumplido con la exigencia dispuesta por el artículo 72 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, de precisar en qué consiste, justamente, el servicio para el cual se le contrata, puesto que se ha limitado a decir que se contrata al demandante para desempeñar

determinado cargo carao, es decir, se ha omitido especificar cuáles el servicio concreto que deberá cumplir el demandante como trabajador o cuáles son las funciones que va a desempeñar, ni tampoco ha justificado la temporalidad del contrato, es decir, el contrato de trabajo no está causalizado. pues no se especifica la obro o servicio concreto a cumplir. (...) En consecuencia, habiéndose determinado que entre las partes existía una relación laboral a plazo indeterminado, el demandante sólo podía ser despedido por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral (…)”.

vii. Sobre el particular, se debe precisar que, de la revisión de todos los contratos de trabajo celebrados entre la inspeccionada y la ex trabajadora, que obran a folios 6 al 15 del expediente de inspección, se advierte que, no se especifica las funciones o labores que debía desempeñar la ex trabajadora, precisando solo el cargo de “Administradora” o “Jefa de Administración.”

viii. Del mismo modo, es importante señalar que, este Despacho advierte que, los cuestionados contratos de trabajo tampoco han cumplido con la exigencia legal de precisar la causa objetiva que justifique la contratación temporal de la ex trabajadora. En efecto, del examen de la primera y segunda cláusula de los contratos de trabajo exhibidos por la inspeccionada, se determina que, la inspeccionada ha pretendido justificar la celebración del contrato de trabajo modal para obra determinada, señalando únicamente que, los contratos de obras suscritos por la inspeccionada con otras empresas, la habilitan a celebrar contratos a plazo fijo, dada la temporalidad del requerimiento de personal. Sin embargo, esto es una afirmación genérica que no permite entender los motivos de la contratación de la ex trabajadora, más aún si, en los propios contratos no se ha especificado las funciones que debía desarrollar la ex trabajadora, que debían ser de naturaleza temporal. Por el contrario, en el presente caso, de acuerdo a los Hechos Constatados por los inspectores comisionados contemplados en el Acta de Infracción, se ha evidenciado que, la ex trabajadora realizaba labores de Coordinación de Gestión de Personas de toda la empresa; es decir, atendía actividades de naturaleza permanente, propias de la actividad principal de la inspeccionada, lo que en el caso en concreto no puede servir de causa objetiva justificante. Esto en la medida en que no existe razón material para evitar una contratación a tiempo indeterminado que constituye la regla general en las relaciones laborales de naturaleza privada, fundamento que se desprende de la Sentencia recaída en la Casación Laboral N° 24819-2017 emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.

ix. Entonces, conforme a los argumentos antes expuesto sobre este extremo del recurso de apelación de la inspeccionada, este Despacho determina que se encuentra acreditado la desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad celebrados entre la inspeccionada y la ex trabajadora; por lo que, entre ellas existía una relación laboral de naturaleza indeterminada, conforme a lo dispuesto en el literal d) del artículo 77° del TUO de la LPCL.

x. Asimismo, resulta necesario detallar los criterios analizados por los inspectores comisionados precisados en el Acta de Infracción, los mismos que fueron recogidos tanto por la autoridad instructora en el Informe Final, como por la autoridad inferior en grado en la resolución apelada, siendo los siguientes:

a. Especificar la modalidad contractual de que se trata (obra determinada o servicio específico) b. Identificar las circunstancias que determinan su duración. c. Que, la obra o servicio sea autónomo de la actividad principal y habitual de la empresa. d. Identificar y especificar, con precisión y claridad, la obra o servicio que constituye el objeto del contrato en que va a ser empleado el trabajador, y e. Desarrollar la actividad laboral a desarrollar por el trabajador, con el fin de que éste sea ocupado normalmente en la ejecución o en el cumplimiento del contrato y no en tareas distintas.

xi. Entonces, al establecer el objeto del contrato se debe determinar la modalidad contractual, si corresponde a obra determinada o servicio específico.

xii. Por otro lado, el criterio contemplado en el literal b) tiene su sustento en lo dispuesto en el artículo 72 del TUO de la LPCL ya antes acotado, pues dispone como requisito formal para la validez de los contratos modales que éstos deben consignar de forma expresa su duración, las causas objetivas determinantes de la contratación y demás condiciones de la relación laboral. Entonces, al deber establecer las causas objetivas determinantes de la contratación, se determinarán las circunstancias que justifican la duración, pues precisamente la causa objetiva nace de una necesidad temporal o transitoria del empleador.

xiii. Entonces, tal y como se puede advertir de lo antes expuesto por este Despacho, los criterios analizados por los inspectores comisionados, en el numeral 4.7 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, y que sirvieron para concluir que los contratos de trabajo celebrados entre la inspeccionada y la ex trabajadora, sujetos a modalidad, habían sido desnaturalizados, los mismos que fueron recogidos por

la autoridad instructora y la autoridad inferior en grado, obedecen en estricto a lo dispuesto en el TUO de la LPCL (artículos 63° y 72°) y a las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional en sus sentencias. Por lo tanto, lo alegado por la inspeccionada carece de sustento legal.

xiv. Por otro lado, en el numeral 4.8 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, los inspectores comisionados dejaron constancia de la no emisión de la medida inspectiva de requerimiento, en virtud a que, la infracción imputada a la inspeccionada, resulta ser de carácter insubsanable en el tiempo, por cuanto los efectos no pueden ser revertidos, en atención a lo expuesto en el numeral 2 del artículo 49 del RLGIT que señala: “(…) Las infracciones son subsanables siempre que los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación, puedan ser revertidos. (…)”

xv. Al respecto se debe precisar que, a la fecha de efectuar la modificación del tipo de relación laboral de plazo determinado a plazo indeterminado, la ex trabajadora ya se encontraba cesada, y esto por decisión propia de la inspeccionada al no renovarle el contrato, situación que trae como consecuencia que, los efectos del incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado no puedan ser revertidos. Por tanto, la modificación de la planilla en cuanto al tipo de contrato a plazo indeterminado resulta ser meramente formal, pues no se demuestra que se haya revertido el daño o perjuicio causado a la ex trabajadora, esto es, continuar con el vínculo laboral, precisamente porque el 30 de junio de 2018, la ex trabajadora ceso, por decisión propia de la inspeccionada de no renovarle el contrato. Por tanto, de acuerdo a los argumentos antes expuestos, lo alegado por la inspeccionada carece de sustento factico y legal, no siendo posible aplicar el eximente de responsabilidad por subsanación de las infracciones imputadas contemplado en el literal f) del artículo 2579 del TUO de la LPAG.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 4 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 5“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 6“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que sean sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RLGIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR CORPORACIÓN MAYO S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

− Interpretación errónea del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, al darle un sentido que no tiene.

En el considerando 15 de la resolución impugnada se ha concluido que el contrato de trabajo a plazo fijo celebrado entre la ex trabajadora Carla Durante y la impugnante se habría desnaturalizado convirtiéndose en un contrato de trabajo a plazo indeterminado por la falta de un requisito formal señalado en el artículo 72 del TUO de la LPCL, específicamente al no consignarse la causa objetiva determinante de la contratación a plazo fijo. Ahora bien, para efectos de comprender en toda su extensión a la cláusula segunda del contrato es preciso extraer lo siguiente: “(…) Asimismo, EL EMPLEADOR suscribe un contrato con el proyecto especial del Ministerio de Transporte y Comunicaciones Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL para la

coordinación y ejecución del proyecto “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP.PE-3N (LA CIMA) – CONOCANCHA – EMP. PE-22 (CHINCHAN)”, en adelante EL SERVICIO, quien requiere los servicios del EL TRABAJADOR en forma temporal. Lo antes señalado habilita a EL EMPLEADOR a celebrar con sus trabajadores contratos de trabajo a plazo fijo para obra determinada, dada la temporalidad del requerimiento de personal”, de esta manera la causa objetiva de la contratación de la ex trabajadora viene a ser el requerimiento temporal de personal que, evidentemente, tiene como origen la suscripción de un contrato para la ejecución del servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles del Corredor Vial existente entre la Cima y Chinchán, con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones por medio de Provías Nacional.

De otro lado, el contrato suscrito entre la ex trabajadora y la impugnante se encuentra regulado en el artículo 63 del TUO de la LPCL, pues de lo establecido en dicho artículo el objeto de este tipo de contrato modal vendría a ser la realización de una obra o servicio, del cual no se requiere de la presencia de otro elemento o característica para que el contrato se encuentre plenamente justificado, estando a ello, resulta extraño que en la resolución impugnada señale que en el contrato no especifica en forma clara e indubitable la causa objetiva de la contratación, señalando además que en dicho contrato la redacción es simple, es decir, genérica e indeterminada, que de cierta forma la Autoridad Inspectiva estaría exigiendo que se detalle otro elemento o factor distinto a la existencia de una nueva obra y/o servicio específico, lo cual de por si basta de conformidad con lo señalado en el artículo 63 del TUO de la LPCL, creando así un nuevo estándar de evaluación desconocido para la empresa y que no encuentra sustento alguno en la normativa laboral.

Asimismo, en el considerando 3.14 de la resolución impugnada se hace referencia a una serie de criterios de análisis que permite a la autoridad inspectiva determinar un caso de desnaturalización, cuyo origen de dichos criterios seria el Tribunal Constitucional; sin embargo, no especifica cual sería el pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución que establecería y desarrollaría dichos criterios, no obstante, en el Acta de Infracción se citó como fuente de estos criterios la Sentencia recaída en el Expediente N° 1477-2010-PA/TC, pero de la revisión de dicha sentencia no se pudo detectar la presencia de dichos criterios; sin embargo, en el fundamento del voto del magistrado Eto Cruz, quien suscribió la fundamentación y el fallo de la sentencia, se encuentran los criterios empleados por la Autoridad Inspectiva. Sin perjuicio de ello, no todo pronunciamiento del Tribunal Constitucional o de alguno de sus miembros es susceptible de ser

considerado como una sentencia, dado que de acuerdo a lo señalado en el artículo 10 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, únicamente aquellos pronunciamientos en los que se cuenta con la mayoría simple de los votos emitidos son susceptibles de considerarse decisiones del Tribunal Constitucional, es así que, los fundamentos del voto de Eto Cruz, referente a los criterios para determinar la desnaturalización del contrato modal no forman parte de la sentencia del Tribunal Constitucional, por tanto, no son susceptibles de generar efectos jurídicos

La propia Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral emitió el Protocolo N° 003-2016-SUNAFIL/INII “Protocolo para la fiscalización de contratos de trabajo sujeto a modalidad”, documento técnico normativo que establece las pautas para determinar el uso adecuado o inadecuado de los contratos de trabajo sujetos a modalidad, del cual señala que la Autoridad Inspectiva deberá requerir la documentación que acredite la existencia de la causa objetiva de la contratación a plazo fijo, algo que no ha sido realizado por el órgano instructor, quien se limitó a analizar lo señalado en el texto del contrato de trabajo suscito con la ex trabajadora.

− Inaplicación del literal f) del artículo 257 del TUO de la LPAG y el artículo 49 del RLGIT establece que constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por haber subsanado la infracción antes de la notificación de la imputación de cargos

Mediante escrito de fecha 20 de setiembre de 2018, la empresa comunicó la subsanación indicando haber cumplido con precisar el tiempo de contratación de la ex trabajadora Carla Jeannette Durante Nava, acreditando ello con la modificación de la constancia de alta del trabajador emitida por SUNAT, señalando que la contratación laboral había sido a plazo indeterminado, rectificación de la constancia de presentación laboral correspondiente a los meses de junio y julio de 2018; sin embargo, esto fue rechazado por la autoridad inspectiva y la Intendencia tal como puede observarse en el considerando 17 de la resolución impugnada indica que dicha infracción fue declarada insubsanable, en tanto la modificación de la planilla realizada por la impugnante no habría revertido el daño o perjuicio ocasionado a la ex trabajadora, por el contrario, de haberse revertido el efecto de la hipotética falta, se continuaría con el vínculo laboral.

En la Resolución de Sub Intendencia N° 797-2018-SUNAFIL/ILM en el procedimiento inspectivo, el Inspector verificó que el registro de alta de los trabajadores de la empresa inspeccionada en la planilla, se realizó fuera del plazo establecido por el artículo 4-A del Decreto Supremo N° 018-2007-TR, el cual dispone que el empleador se encuentra obligado a registrar a sus trabajadores

dentro del día en que se produce el ingreso a prestar sus servicios, en adición a ello, situación similar a lo desarrollado en la presente Acta de Infracción, el Inspector señaló que el registro de los trabajadores en la planilla fuera de plazo constituye infracción de carácter insubsanable, por la naturaleza del bien afectado y debido a que la afectación resulta irreparable e irreversible; sin embargo, la Intendencia determinó que, de conformidad con el artículo 49 del RLGIT, la conducta infractora realizada por el administrado tiene carácter subsanable, pues que al registrar en su planilla a un trabajador en una fecha distinta a la de su fecha de ingreso es una afectación del derecho que puede ser revertida, en vista que, el empleador bien puede subsanar la omisión consignando en la planilla electrónica la fecha correcta del inicio de la relación laboral. En tal sentido, la calificación del carácter insubsanable de la infracción realizada por el Inspector resulta errónea.

Asimismo, señala que la Intendencia en el año 2014, a través de Resolución, concluyó que la inspeccionada, ya había cumplido con registrar en planilla a los trabajadores desde su fecha de ingreso; y que, si bien, dicha inscripción fue extemporánea, al concluir las actuaciones de investigación, el Inspector de Trabajo debía advertir al empleador para que no vuelva a incurrir en inconducta, de esta manera, señala que el Inspector del Trabajo no debió extender el Acta de Infracción, considerando que ya no existía un perjuicio directo para el trabajador, pues con ello se ha subsanado la falta en los términos señalados en el artículo 49 del RLGIT y el literal f) del artículo 257 del TUO de la LPAG, correspondiendo eximir de responsabilidad administrativo a la empresa respecto de este hecho.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la interpretación errónea del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, al darle un sentido que no tiene.

como si fueran temporales, incurriéndose de este modo en el supuesto de desnaturalización del contrato, previsto en el inciso d) del artículo 77º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, lo que acarrea que el contrato de trabajo por obra determinada de la ex trabajadora se haya convertido en uno de duración indeterminada.

7 “Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral”.

justificado la temporalidad del contrato, es decir, el contrato de trabajo no está causalizado, pues no se especifica la obra o servicio concreto a cumplir”.

8 Artículo 16.- Actas de Infracción. “(…) Los hechos constatados por los Inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando lo requisitos que se establezcan, se presume ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor y fuerza probatoria tendrán los hechos comprobados por la Inspección de Trabajo que se reflejen en los informes, así como en los documentos en que se formalicen las medidas inspectivas que se adopten” 9 Artículo 47.- Carácter de las Actas de Infracción. Los hechos constatados por los servidores de la Inspección de Trabajo que se formalicen en Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables en defensa de sus respectivos derechos e intereses.

pronunciamiento venido en alzada haya utilizado argumentos errados para determinar sanción. Por tanto, corresponde a esta sala desestimar el recurso en este extremo.

Sobre el cuestionamiento respecto de la cita que hace el inspector de trabajo en la imputación contenida en el acta de infracción

Supuestos cuyo incumplimiento acreditan el fraude en el uso del contrato para obra o determinada o servicio específico, según el voto singular en la Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. Nº 1744-2010-PA/TC) Jurisprudencia constitucional sobre elementos del contrato para obra determinada o servicio específico a) Especificar la modalidad contractual de que se trató (obra determinada o servicio específico); “Se aprecia del tenor del contrato que tanto en el título como en la introducción y en la cláusula tercera se denomina al contrato que se celebra con el nombre de contrato “para obra determinada o servicio específico”, sin embargo, no se precisa si el trabajador habrá de realizar una obra determinada o prestar un servicio específico, supuestos, evidentemente, distintos (…)”.

Fundamento jurídico 4 de la Sentencia del 3 de setiembre de 2009, Exp. 2326-2007-PA/TC b) Identificar las circunstancias que determinan su duración; “(…) por otro lado, asumiendo la versión de la parte emplazada, en el sentido que contrató al recurrente para que le preste un servicio específico, no ha cumplido la exigencia legal de precisar en qué consiste, justamente, el servicio para el cual se lo contrata, puesto que se ha limitado a decir que se contrata al demandante como Auxiliar A para desempeñarse “(...) en cualquier sector del ámbito del Proyecto cuando así se le requiera, (...)”; esto es, se ha omitido especificar cuál es el servicio concreto que deberá cumplir el trabajador. Esta situación denota que en realidad el empleador utiliza la mencionada modalidad contractual como una fórmula vacía, con el único propósito de simular labores de naturaleza permanente como si fueran temporales, incurriéndose de este modo en el supuesto de desnaturalización del contrato, previsto en el inciso d) del artículo 77º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, lo que

acarrea que el contrato del demandante se haya convertido en uno de duración indeteminada”.

Fundamento jurídico 4 de la Sentencia del 3 de setiembre de 2009, Exp. 2326-2007-PA/TC c) Que, la obra o servicio sean autónomos de la actividad principal y habitual de la empresa; “Así, se entiende, que esta modalidad contractual no puede ser empleada para labores de naturaleza permanente que podrían ser realizadas por un trabajador estable, sino que se trata más bien de una modalidad contractual que le permite al empleador dar cobertura a aquellas labores temporales o estrictamente especializadas, que no forman parte de las labores permanentes de la empresa, y que requieran un plazo determinado, sustentado en razones objetiva, que puede ser renovado en la medida que las circunstancias así lo ameriten. Lo contrario, es decir, permitir que esta modalidad de contratación "por obra determinada" o servicio específico" sea usada para la contratación de trabajadores que van a realizar labores permanentes o del giro principal de la empresa, vulneraría el contenido del derecho al trabajo en su segunda acepción”.

Fundamento jurídico 10 de la Sentencia del 3 de setiembre de 2009, Exp. 2326-2007-PA/TC. d) Identificar y especificar, con precisión y claridad, la obra o servicio que constituye el objeto del contrato, en que va ser empleado el trabajador “Al respecto, este Colegiado considera que, además de no especificar si era un contrato para obra determinada o de servicio específico, igualmente la entidad demandada no cumplió con expresar la causa objetiva determinante de la contratación o de la necesidad perfectamente delimitada a satisfacerse mediante una contratación temporal, sino que, por el contrario, la mención genérica del puesto de trabajo del recurrente pone de manifiesto la existencia de una necesidad permanente del

empleador, que requiere la contratación de un trabajador a plazo indeterminado, al cual perfectamente podía encomendársele la labor de vigilancia en las obras a ser ejecutadas por la entidad municipal emplazada”.

Fundamento jurídico 3.3.3 de la Sentencia del 6 de marzo de 2013, Exp. 4110-2012-PA/TC. e) Desarrollar la actividad laboral a desarrollar por el trabajador, con el fin de que éste sea ocupado normalmente en la ejecución de aquella o en el cumplimiento del contrato y no en tareas distintas. “Esta imprecisión se manifiesta también en la segunda cláusula de ambos contratos, cuando se expresa que el trabajador debe “(...) desarrollar las labores específicas que señale su jefatura respectiva.”; y se corrobora con el hecho que se contrata al demandante para que preste servicios en el Área de Comercialización Catastro y Medición, no obstante lo cual, su empleadora le asigna labores en el Área de Atención al Cliente y Venta de Conexiones y, posteriormente, en el Área de Facturación y Cobranzas; por consiguiente, la emplazada contrató realmente al demandante para que realice labores de naturaleza permanente; sin embargo, simuló la prestación de un servicio específico inexistente”.

Fundamento jurídico 5 de la Sentencia del 25 de setiembre de 2009, Exp. 1409-2009-PA/TC.

absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa” (punto b del mismo fundamento citado).

Al punto que coincide con lo tratado en el protocolo de fiscalización de contratos temporales de 2016, en el acápite 9.3.1.2.

con ellos, la comprobación de que no existe una afectación tangible al derecho de defensa del administrado.

Sobre inaplicación del literal f) del artículo 257 del TUO de la LPAG y el artículo 49 del RLGIT establece que constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por haber subsanado la infracción antes de la notificación de la imputación de cargos.

i) Que se realice de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador. ii) Que se produzca de manera voluntaria. iii) Que se acredite la subsanación de la conducta infractora12.

“TUO DE LA LPAG Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: (…) f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 255”. Con relación a la subsanación voluntaria, debe señalarse de manera referencial que “(…) no solo consiste en el cese de la conducta infractora, sino que, cuando corresponda, la subsanación implica la reparación de las consecuencias o efectos dañinos al bien jurídico protegido derivados de la conducta infractora (…)”. Ministerio de Justicia (2017). Guía Práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Segunda edición. Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002- 2017-JUS/DGDOJ, p. 47.

13 César Abraham Neyra Cruzado, La subsanación voluntaria en los procedimientos administrativos sancionadores iniciados por infracciones ambientales detectadas en los sectores extractivos y productivos, Revista Derecho & Sociedad (2020): 82. 14 “RGLIT Artículo 15.- Deberes de colaboración con los inspectores del trabajo 15.1 Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, por mayoría, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CORPORACIÓN MAYO S.A.C. en contra de la Resolución de Intendencia N° 981-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 23 de junio de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 686-2019- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 981-2021-SUNAFIL/ILM en todos sus extremos.

15 Ello incluye naturalmente a la infracción leve descrita en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT, relativa a la no entrega de la constancia de cese de la relación laboral.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CORPORACIÓN MAYO S.A.C. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Devolver los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Luz Imelda Pacheco Zerga Presidente

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo jurídicamente de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante en el extremo en el cual se analiza la aplicación obligatoria y -cuanto menos- falsa de un voto singular que no conforma una Sentencia del Tribunal Constitucional, por parte de las autoridades del sistema de inspección del trabajo.

Considero que, con el mayor aprecio, la mayoría del Tribunal no ha convenido en la necesidad de analizar jurídicamente una situación previa que supone -a mi parecer- no solo la vulneración de garantías mínimas del debido procedimiento administrativo sino también, sientan un precedente que definitivamente apertura espacios de arbitrariedad en la actuación de las instancias del Sistema de Inspección del Trabajo que el Tribunal no puede convalidar.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

1. Sobre la interpretación errónea del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, al darle un sentido que no tiene.

16 “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”

“(…) Tribunal Constitucional en el Exp. N° 1477-2010-PA/TC, hace una distinción entre el contrato por obra determinada^, y el servicio específico^; señalando los elementos que el empleador debe apreciar, sistemáticamente, al momento de contratar o uno persona bajo lo modalidad de servicio específico u obro determinada; caso contrario se produciría, en estricto, un fraude o la ley, haciendo pasar un contrato de trabajo de duración indeterminada como uno de obra o servicio específico

Dichos elementos son los siguientes: a) Especificar la modalidad contractual de que se trató (obra determinada o servicio específico); b) Identificar las circunstancias que determinan su duración; c) Que, la obra o servicio sean autónomos de la actividad principal y habitual de la empresa; d) Identificar y especificar, con precisión y claridad, la obra o servicio que constituye el objeto del contrato, en que va ser empleado el trabajador; y; e) Desarrollar la actividad laboral a desarrollar por el trabajador, con el fin de que éste sea ocupado normalmente en la ejecución de aquella o en el cumplimiento del contrato y no en tareas distintas.

En caso de no cumplir, con estos supuestos al momento de contratar al trabajador, o de no verificarse su realización en la actividad laboral, se puede producir, en estricto, un fraude a la ley laboral, haciendo pasar un contrato de trabajo de duración indeterminada como uno de obra o servicio específico”.

2. II. Sobre la presunta vulneración a la garantía de la motivación de las resoluciones

a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para

17 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo”. (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto” (énfasis añadido).

“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican” (énfasis añadido).

18 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 19 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348.

expediente- para pronunciarse respecto de si se encontraría inmerso en el inciso d) del artículo 77° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

3. RESULTADO DEL ANÁLISIS REALIZADO

20Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 20019-JUS Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos: (…) 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. (…)

Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo.

Documento Firmado Digitalmente Luis Gabriel Paredes Morales