Corporación Lindley S.A — Res. 97-2021

Antecedentes

N° Infracción Base Legal Conducta

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (subgrupos Registro de Accidentes de Trabajo e Incidentes, y Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia), Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPERC) (todos), Accidente de trabajo que cause muerte o invalidez permanente total o parcial (todos). PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

Muy grave 28.10 del RLGIT El incumplimiento de las disposiciones relacionadas a condiciones de seguridad, de conformidad con el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT se califica como una infracción grave; sin embargo, dado que dicho incumplimiento es causa del accidente de trabajo, corresponde calificarlo como una infracción Muy grave. Muy grave 28.10 del RLGIT El incumplimiento de las disposiciones relacionadas en materia de identificación de peligros y evaluación de riesgos, de conformidad con el numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT se califica como infracción grave; sin embargo, dado que dicho incumplimiento es causa del accidente de trabajo, corresponde calificarlo como una infracción Muy grave. Muy grave 28.10 del RLGIT El incumplimiento de las disposiciones relacionadas en materia de supervisión, calificada como una infracción grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT se califica como una infracción grave; sin embargo, dado que dicho incumplimiento es causa del accidente de trabajo, corresponde calificarlo como una infracción Muy grave. Muy Grave 28.10 del RLGIT El incumplimiento de las disposiciones relacionadas a formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, es calificada como una infracción grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT; sin embargo, dado que dicho incumplimiento es causa del accidente de trabajo, corresponde calificarlo como una infracción Muy grave.

a la impugnante el Acta de Infracción y dio inicio al procedimiento sancionador, otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles para la formulación de los descargos que estimen pertinentes.

- Una infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con garantizar las condiciones de seguridad en la línea 132 a la fecha del accidente ocurrido al señor Roberto Espejo Pasión, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole la multa de 5 UIT = S/ 19,750.00 soles (reduciéndose ésta al 35% del monto: equivalente a S/ 6,912.50)

- MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no garantizar una supervisión efectiva de las labores desarrolladas en el proceso de la actividad productiva “cambio de formato”, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole la multa de 5 UIT = S/ 19,750.00 soles (reduciéndose ésta al 35% del monto: equivalente a S/ 6,912.50)

i. La resolución de Sub Intendencia contraviene los principios de Legalidad, Jerarquía y Probidad: convalidó un procedimiento inspectivo donde se carecía de competencia material.

ii. La resolución de Sub Intendencia contraviene el principio de legalidad al convalidar un procedimiento donde se carecía de competencia funcional.

diligencias complementarias a fin de verificar, entre otros, si la causa del accidente de trabajo causó la invalidez permanente del trabajador afectado.

“No se puede establecer si el accidente de trabajo ocurrido al señor Roberto Espejo Pasión el día 10.12.2012, en el centro de trabajo de la empresa Corporación Lindley S.A., le ocasionó invalidez permanente parcial o total y si el accidente de trabajo originó más de treinta (30) días naturales de incapacidad para el trabajo”

Recogiéndose los detalles del referido informe en el proveído de fecha 16 de enero de 2017, emitido por la Sub Intendencia de Resolución 3 y notificado a la impugnante así como al trabajador afectado.

Tomando en consideración los datos contenidos el “Informe de Actuaciones y Diligencias Complementarias” y discrepando de las conclusiones del mismo, por considerar que los descansos médicos reseñados advierten de la real condición del trabajador afectado.

i. Señala irregularidades en el Acta de Infracción que la Sub Intendencia pasó por alto, afectando el debido procedimiento.

ii. Reitera el pedido de la falta de competencia material, señala que la resolución de Sub Intendencia, así como el Acta de Infracción contravienen los principios de Legalidad, Jerarquía y Probidad

iii. Señala nuevamente que la inspección carece de competencia funcional, añadiendo que la resolución de Sub Intendencia contravino el principio de Legalidad la convalidar las actuaciones de una inspectora auxiliar sin competencia.

iv. Argumenta que las actuaciones complementarias realizadas afecta el debido procedimiento, al incluirse hechos ajenos al Acta de Infracción, emitiéndose un proveído de manera irregular y adoptándose un criterio pese a una conclusión distinta presentada por los inspectores de trabajo.

v. Finalmente, señala que se imputa la comisión de la infracción tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, pese a que los inspectores de trabajo, en el informe de actuaciones complementarias, concluyen que no se puede acreditar el supuesto de hecho de dicha infracción.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 Notificada a la inspeccionada el 30 de abril de 2021, ver fojas 238 del tomo II del expediente sancionador. 3 Ver fojas 240 y siguientes del tomo II del expediente sancionador 4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR CORPORACIÓN LINDLEY S.A.

SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/ 21,900.00 por la comisión de tres (03) infracciones, tipificadas como MUY GRAVES en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 03 de mayo de 2021, el primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

− Inaplicación de las normas referentes a la prescripción de infracciones, contenidas en el artículo 51 del RLGIT y el artículo 252 del TUO de la LPAG.

− Inaplicación de las normas referentes a la caducidad para la resolución de los procedimientos sancionadores, de acuerdo con el artículo 53.4.2 del RLGIT y el artículo 259 del TUO de la LPAG.

− Aplicación errónea del artículo 28.10 del RLGIT, en base a las conclusiones del “Informe de Actuaciones y Diligencias Complementarias” elaboradas por los Inspectores de Trabajo.

− Inaplicación de las normas referentes al debido procedimiento en el procedimiento inspectivo y sancionador, al convalidarse la falta de competencia material de la inspección de trabajo, así como la falta de competencia funcional de la inspección de trabajo, e incluirse hechos ajenos al Acta de Infracción.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta inaplicación de la normativa referida a la prescripción de infracciones y al debido procedimiento por parte de la resolución impugnada

9 Página 8 del recurso de revisión.

Proveído s/n de fecha 29 de marzo de 2016— se dio recién el 31 de marzo de 2016, cuando se remitieron a la impugnante los documentos antes mencionados, emitiéndose la sanción a través de la Resolución de Sub Intendencia N° 147-2016- SUNAFIL/ILM/SIRE3 del 22 de junio de 2016 (notificada a la impugnante el 21 de julio de 2016).

10 “Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo”, publicado el 06 de agosto de 2017 en el diario oficial El Peruano. 11 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS Artículo 252.- Prescripción 252.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los 06.01.2016 (Orden de inspección)

“El plazo de prescripción de cuatro (4) años para determinar la existencia de infracciones en materia sociolaboral, es aplicable para todos los hechos constitutivos de infracción, incluso si ocurrieron antes del 16 de marzo de 2017.”

(…) a efectos de determinar el dies a quo, es fundamental efectuar un análisis caso por caso para distinguir las diversas clases de infracción, para lo cual será necesario acudir a la norma que prevé la conducta infractora y examinar la acción o acciones concretas que se tipifican como ilícito administrativo, para precisar en qué momento se consuma la infracción y se inicia el cómputo de la prescripción:

efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. 252.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes. EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 255, inciso 3. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado. 252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia.

1) La infracción instantánea se consuma con la conducta misma, sin que la situación ilícita sea permanente o duradera en el tiempo. Por lo tanto, el plazo de prescripción empieza a computarse desde la consumación de la infracción, esto es, desde la realización de la conducta infractora. (…) ”

12 Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (Covid-19) en el territorio nacional, publicado el 15 de marzo de 2020 en el diario oficial El Peruano. 13 Dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del Covid-19 en la economía peruana, publicado el 20 de marzo de 2020 en el diario oficial El Peruano. 14 Decreto de Urgencia que otorga un bono extraordinario al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del programa nacional de centros juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por el Covid-19, y dicta otras disposiciones, publicada el 05 de mayo de 2020 en el diario oficial El Peruano. 15 Decreto Supremo que dispone la prórroga de la suspensión del cómputo de plazos regulada en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del D.U. Nº 026-2020, ampliado por el Decreto Supremo Nº 076-2020-PCM y de lo dispuesto en

el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, ampliado por el Decreto de Urgencia Nº 053-2020, publicado el 20 de mayo de 2020 en el diario oficial El Peruano. 16 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS Artículo 252.- Prescripción 252.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. 252.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes. EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 255, inciso 3. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado. 252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia.

de la versión 02 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII – “Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 190-2021-SUNAFIL:

Sobre la solicitud de informe oral

17 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175- 2007-HC/TC, entre otros)". (…) “Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente."

“…no resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe…”

acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la Sunafil, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CORPORACIÓN LINDLEY S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 664-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 28 de abril de 2021, emitida por la Intendencia Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 033-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE3, en el extremo en el que solicita la prescripción de la actividad sancionadora, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 664-2021-SUNAFIL/ILM en todos sus extremos y declarar la prescripción del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 033-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE3, dejándose sin efecto la sanción impuesta a la CORPORACIÓN LINDLEY S.A. mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 208-2017- SUNAFIL/ILM/SIRE3.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, dejándose a salvo el derecho del trabajador para que lo haga valer en la vía legal que corresponda.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a CORPORACIÓN LINDLEY .S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Devolver los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga