Corporación Lindley S.A — Res. 542-2021

1. ANTECEDENTES

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones (sub materia: Gratificaciones), Jornada, Horario de Trabajo y descansos remunerados (sub materia: vacaciones), Compensación por tiempo de servicios (sub materia: Depósito de CTS) y Bonificación no remunerativa (sub materia: Incluye todas). 20555195444 soft 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar en forma íntegra la remuneración vacacional (que incluya el promedio semestral de horas extras) correspondiente a los periodos 2015-2016, 2017-2018 ,2018 y 2019 (trunco), a favor del ex trabajador Néstor Antonio Pérez Lozano, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, imponiéndole una multa ascendente a S/. 9,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 04 de enero de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, imponiéndole una multa ascendente a S/.9,450.00.

i. Se vulneró el principio de legalidad, toda vez que la Autoridad Instructora decidió adecuar la tipificación de la infracción referida a la compensación por tiempo de servicios al numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, cuando debió devolver el Acta de Infracción al inspector a cargo para que subsane la incorrecta tipificación. Lo que es más grave, la Autoridad Instructora modificó el contenido mínimo del Acta de Infracción que establece el literal d) del artículo 54 del RLGIT.

ii. La Autoridad Instructora excedió el plazo establecido para emitir el Informe Final, lo cual fue aceptado por la resolución apelada, precisando que no se puede atribuir una arbitrariedad el excederse del plazo para emitir el pronunciamiento de dicha Autoridad, lo cual no resulta estar autorizado por la norma, lo que vulnera el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; más aún, si el Tribunal Constitucional establece el derecho al plazo razonable lo cual no sucedió en el caso de autos, ya que no se detalló una justificación, vulnerando el debido procedimiento que trae consigo la nulidad del Informe Final y todo lo actuado.

iii. Al acoger las sanciones por las infracciones imputadas, estaría vulnerando el principio de non bis in ídem procedimental, ya que en paralelo al presente procedimiento sancionador, existe otra, investigación por las mismas

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materias y trabajador afectado, conforme se desprende de la Orden de Inspección N° 13300-2018-SUNAFIL/ILM (pendiente de emitir Resolución de Sub Intendencia). El presente procedimiento se generó a consecuencia de un pedido del inspector del trabajo al haber omitido ordenar la subsanación de las infracciones al extender la medida de requerimiento. En respuesta a ello, la resolución apelada sostiene que dicho principio no fue vulnerado en tanto que, no sólo debe existir la identidad de sujeto, hecho y fundamento, sino también una sanción administrativa.

iv. La resolución apelada adolece de motivación defectuosa, ya que no se pronuncia sobre el argumento del escrito de descargos en contra del Informe Final sobre la falta de motivación, así como la falta de investigación del inspector del trabajo, sino que se limita a señalar que el Acta de Infracción contiene los hechos constatados, la calificación de la infracción, la graduación y la sanción propuesta. El único sustento de la decisión es la investigación que habría realizado el Inspector del Trabajo en un procedimiento inspectivo diferente; sin embargo, este procedimiento no se puede sustentar en una investigación anterior, además de que la primera inspección aún no concluye.

v. El Informe Final tiene como cierto que el ex trabajador Néstor Antonio Pérez Lozano realizó trabajo en sobretiempo; más aún, si dicha conclusión se extrajo de una Orden de Inspección distinta a la que generó la presente investigación, y que, todavía no cuenta con resolución sancionadora que determine responsabilidad en la comisión de infracciones.

i. Respecto de la nulidad, no es invocable respecto del Acta de Infracción al no constituir un acto administrativo, debiendo tener presente que aquella contiene una propuesta de sanción por la comisión de las infracciones detectadas en la etapa de actuaciones inspectivas, que se encuentra sujeta a evaluación en el procedimiento administrativo sancionador, a través de los órganos competentes.

ii. Respecto de lo señalado por el sujeto inspeccionado, en el presente caso, el Acta de Infracción tipificó en forma errónea el supuesto de hecho referido al pago de la

2 Notificada a la impugnante el 12 de julio de 2021.

compensación por tiempo de servicios, por lo que la autoridad instructora bajo los alcances de las reglas antes citadas procedió en forma válida y legal a la adecuación del tipo en la Imputación de Cargos N° 44-2020-SUNAFIL/ILM/AI2 de fecha 13 de enero de 2020, sin necesidad de devolver el Acta de Infracción al inspector a cargo fin de ser subsanada, en aras de no entorpecer o demorar la tramitación del procedimiento administrativo sancionador.

iii. Respecto de los plazos legales previstos para la emisión del Informe Final en el caso de autos, ello no implica que esta Intendencia tenga que declarar la nulidad de lo actuado en este procedimiento en tanto en el supuesto de que la Administración se excediera del plazo para cumplir un acto a su cargo, como el que se ha hecho mención, ello no queda afecto de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo, sin embargo, la LGIT y el RLGIT no prevén dicha consecuencia ante el exceso de plazo. Además, esta circunstancia tampoco genera que la autoridad instructora se quede imposibilitada de continuar con el trámite del procedimiento, en su fase Instructora, ya que razones de orden público no la eximen de emitir el Informe Final, pese al incumplimiento del plazo. Así, debe aclararse que si lo que se buscaba era corregir algún defecto de trámite por infracción a los plazos legales, la vía adecuada para ejercerlo era con la interposición de una queja por defecto de tramitación, y no a través de este recurso impugnativo, a fin de que se adopten las medidas correctivas pertinentes en caso de demostrarse que se vulneró su derecho al plazo razonable. Por lo demás, carece de asidero la vulneración a alguno de los derechos invocados por la inspeccionada, en tanto éste no es el cauce procedimental para dilucidarlo.

iv. Respecto al principio de non bis in ídem, no hubo pronunciamiento respecto a las materias compensación por tiempo de servicios, gratificaciones y vacaciones por no haber sido consideradas al extenderse la medida inspectiva de requerimiento; pues concluyó con la emisión del Acta de Infracción N° 3341-2018-SUNAFlL/ILM, que propuso sólo multa por la comisión de la infracción referida a no pagar las horas extras al trabajador afectado, además de no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. Es recién en el Acta de Infracción, la que dio mérito al inicio del presente procedimiento, en la que se determinaron infracciones relacionadas con el no pago de beneficios sociales (gratificaciones, bonificaciones extraordinarias, compensación por tiempo de servicios y vacaciones) al no considerar en su cómputo el promedio semestral de las horas extras; por ende, no se cumpliría con la identidad de sujetos, hechos y fundamentos que exige el principio de non bis in ídem, incluso en su vertiente procesal.

v. Respecto lo señalado en el resumen del recurso de apelación, se desprende que la autoridad sancionadora dejo constancia que la inspeccionada dedujo causal de nulidad contra el Informe Final por falencias en la motivación; no obstante, también indicó que no se habría señalado qué es lo que se habría incumplido que amerite declarar la nulidad por las causales previstas en el artículo 10 del TUO de la LPAG.

vi. Respecto del incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, en ningún modo se puede concluir que la sanción impuesta por la autoridad sancionadora afectó el Principio de Presunción de Inocencia, en tanto los descargos efectuados contra el Informe Final no desvirtuaron la comisión de las infracciones en materia de relaciones laborales. Como consecuencia de ello, la orden contenida en la medida inspectiva de requerimiento era exigible a fin de restablecer la legalidad que se vio alterada por las faltas administrativas cometidas por la inspeccionada en

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perjuicio del ex trabajador: Néstor Antonio Pérez Lozano. Por ende, no resulta aplicable el criterio señalado en la Resolución de Sub Intendencia N° 209-2017- SUNAFIL/ILM/SIRE1.

vii. Respecto a la sanción impuesta, se aprecia que fue en el año 2019 cuando se detectó la comisión de las infracciones en materia de relaciones laborales debido a que se extendió la medida inspectiva de requerimiento, cuyo acto permite comprobar con certeza la comisión de los incumplimientos; por lo que la multa impuesta tuvo como UIT para su cálculo la del año 2019; en tal sentido, el monto determinado se encuentra correctamente calculado.

2. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

3. DEL RECURSO DE REVISIÓN

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

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4. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CORPORACION LINDLEY S.A.

8 Iniciándose el plazo el 13 de julio de 2021.

5. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Con fecha 30 de julio de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1088-2021-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

De la declaración de improcedencia de la nulidad

- Tanto el Acta de Infracción como el Informe Final de Instrucción deben ser calificados como actos administrativos, por tanto no es correcto que la Intendencia señale que la nulidad no puede ser aplicada.

- La falta de pago de un derecho económico laboral -como vacaciones anuales- debería tipificarse en el numeral 24.4. Es decir, no estamos ante un supuesto en que el empleador haya negado el disfrute del descanso vacacional o no lo haya reconocido a quien sí cumplía con los requisitos para ello, que es en esencia, la lógica a la que se remite el numeral 25.6 del RLGIT.

- Existe una demora irrazonable en la emisión y notificación del Informe Final lo que implica la nulidad de todo lo actuado, pues supone afectación al principio de interdicción de la arbitrariedad.

De la vulneración del principio non bis in ídem

- Es la segunda oportunidad en la que LINDLEY es fiscalizada por la misma materia, en tanto se aprecian dos procedimientos que cumplen la triple identidad, sin embargo, la Resolución de Intendencia señala que, si bien hay dos procesos en curso sobre las mismas materias, el non bis in ídem requiere necesariamente que ya se haya “sancionado" en uno de ellos, lo que considera erróneo.

De la vulneración al principio de motivación

- La Resolución de Sub Intendencia no cumplió con el deber de motivar las razones por las que acoge lo establecido en el Acta de Infracción e Informe Final de Instrucción cayendo en el supuesto de motivación defectuosa, afectando así el derecho a la defensa. - El único fundamento de la Intendencia para ratificar la decisión apelada es que las infracciones detalladas en el Acta de Infracción se derivan de la supuesta investigación que habría realizado el Inspector de Trabajo en procedimiento inspectivo diferente. Esto hace indiscutible que en el presente procedimiento no existió una motivación que sustente claramente las infracciones que se le pretenden imputar a LINDLEY.

Del Concurso de Infracciones

- La Resolución de Intendencia considera una sola conducta como generadora de varias sanciones simultáneas contrariando el principio de concurso de infracciones, debido a que no se aplica una sola sanción que englobe los supuestos tres (3) incumplimientos tipificados en el artículo 24.4. del RLGIT, que guardan relación con el pago íntegro de la CTS, pago íntegro de las Gratificaciones Legales y pago íntegro de las bonificaciones extraordinarias de las gratificaciones legales de julio y diciembre.

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De la Medida de Requerimiento

- La empresa mantuvo en todo momento una conducta colaborativa, se acudió a las comparecencias (04.01.19 y 14.01.19) de modo que no se puede predicar que haya existido una intención de bloquear o frustrar las actuaciones inspectivas. El incumplimiento de la medida de requerimiento no puede sin más ser considerada una infracción, pues al momento de su emisión aún opera la presunción de inocencia a favor de la Empresa.

Del cálculo de la multa en base a UIT del 2018

- Las multas deberán ser calculadas sobre la base de la UIT del año 2018, fecha en que se cometió la infracción y no desde la fecha en que se constató la falta, como se indica en la Resolución; ello a fin de no vulnerar el principio de irretroactividad.

6. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

9 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…)” 10 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso de que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión.

de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley”11 .

“Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“La adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias”.

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Sobre la naturaleza del Acta de Infracción

12 Sobre el particular, la Resolución de Intendencia N° 085-2015-SUNAFIL/ILM del 30 de marzo de 2015, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, señala en el fundamento 8 que “…la naturaleza de las Actas de Infracción no es la de un acto administrativo, por el contrario, son actos de administración, consistentes en manifestaciones o declaraciones, expresiones intelectivas de voluntad, conocimiento, opinión recomendación, juicio, deseo, etc., formando gran parte de las piezas procesales de los expedientes administrativos, considerándose actos no productores de efectos jurídicos directos, pudiendo ser medidas de prueba que la administración produzca durante el procedimiento: Pericias, declaraciones testimoniales, producción de pruebas, actas documentales o instrumentales, etc.”. 13 Similar posición se planeta, por ejemplo, en los fundamentos 6 al 12 del precedente administrativo sobre nulidad de oficio de actos administrativos emitidos dentro de un procedimiento administrativo disciplinario, en el marco de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, aprobado por Resolución de Sala Plena N° 002-2019-SERVIR/TSC y publicada el 8 de septiembre en el diario oficial El Peruano.

defenderse de otro modo”14. En similar sentido, se señala que esta situación se presenta:

“Aquellos actos intermedios que ora impidan a los sujetos afectados adquirir la condición de interesados (piénsese, por ejemplo, en la negativa de la Administración a admitir la personación del titular de un interés legítimo vinculado al objeto del procedimiento), ora liquiden o limiten el ejercicio de los poderes instrumentales que a los mismos asisten en el seno del iter administrativo (impidiendo el acceso a un determinado documento, reduciendo el plazo previsto para la presentación de alegaciones, rechazando la práctica de una prueba, omitiendo el trámite de audiencia, entre otras hipótesis)”15.

“Lo relevante para determinar el carácter impugnable o inimpugnable de manera separada de un acto de trámite no se deriva de su situación en el procedimiento administrativo, sino exclusivamente de la magnitud de sus efectos perjudiciales que pueda producir en alguno de los participantes en el citado procedimiento (…) un acto administrativo de trámite puede tener dimensiones diferentes según se enjuicie desde la perspectiva de uno u otro destinatario”16.

14 MORÓN URBINA, Juan Carlos. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica Editores. Tomo I. Página 202. 15 CIERCO SEIRA, César. “La participación de los interesados en el procedimiento administrativo” EN: Publicaciones del Real Colegio de España. Bolonia; citado por DANÓS ORDOÑEZ (2007). 16 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. (2007). “La impugnación de los Actos Administrativos de Trámite en el Procedimiento Administrativo y la Queja”. EN: Revista Derecho y Sociedad, N° 28, 267 - 271. 17 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL

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administrativo (y en general la actuación de la administración) debe encontrarse regulada por los principios contenidos en el artículo IV del TUO de la LPAG, así como bajo los alcances de la norma, según la modificación efectuada por el Decreto Legislativo N° 1272.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma”. (El énfasis es añadido).

Sobre el examen de tipicidad de las infracciones calificadas como muy graves

18 Artículo 248° del TUO de la LPAG “Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. (…)”.

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vacacional a favor del trabajador afectado, por lo que dicha conducta se encuentra correctamente determinada en el tipo legal sancionado.

Sobre los vicios de nulidad

19 Art 151.3 LPAG. 151.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo

mínimo dispuesto por el artículo 4620 de la LGIT, así como con el artículo 54 del RLGIT21, y en la Directiva N° 01-2017-SUNAFIL, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL, los referidos en el literal b)16 del numeral 7.1.2.222:

“El acta de infracción que se extienda debe poseer el siguiente contenido mínimo: a) Identificación del sujeto responsable, con expresión de su nombre y apellidos o razón social, domicilio y actividad económica. (... ) b) Los medios de investigación utilizados para la constatación de los hechos en los que se fundamenta el acta. c) Los hechos comprobados por el inspector del trabajo, constitutivos de infracción. d) La infracción o infracciones que se aprecian, con especificación de los preceptos y normas que se estiman vulneradas, su calificación y tipificación legal. e) La sanción que se propone su cuantificación y graduación con expresión de los criterios utilizados a dichos efectos. ( ... ). f) La responsabilidad que se impute a los sujetos responsables, con expresión ele su fundamento fáctico y jurídico.

20 Artículo 46.- Contenidos de las Actas de Infracción Las Actas de Infracción de la Inspección del Trabajo, reflejaran: a) Los hechos constatados por el Inspector del Trabajo que motivaron el acta. b) La calificación de la infracción que se impute, con expresión de la norma vulnerada. c) La graduación de la infracción, la propuesta de sanción y su cuantificación. d) En los supuestos de existencia de responsable solidario, se hará constar tal circunstancia, la fundamentación jurídica de dicha responsabilidad y los mismos datos exigidos para el responsable principal." 21 Artículo 54.- Contenido de las actas de infracción El acta de infracción que se extienda debe poseer el siguiente contenido mínimo: a) Identificación del sujeto responsable, con expresión de su nombre y apellidos o razón social, domicilio y actividad económica. (... ) b) Los medios de investigación utilizados para la constatación de los hechos en los que se fundamenta el acta. c) Los hechos comprobados por el inspector del trabajo, constitutivos de infracción. d) La infracción o infracciones que se aprecian, con especificación de los preceptos y normas que se estiman vulneradas, su calificación y tipificación legal. e) La sanción que se propone su cuantificación y graduación con expresión de los criterios utilizados a dichos efectos. ( ... ). f) La responsabilidad que se impute a los sujetos responsables, con expresión ele su fundamento fáctico y jurídico. g) La identificación del inspector o de los inspectores del trabajo que extiendan el acta de infracción con sus respectivas firmas. h) La fecha del acta y los datos correspondientes para su notificación.” 22 Literal b) del numeral 7.1.2.2. de la RS N° 171-2017-SUNAFIL 1. Identificación del sujeto responsable, con expresión de su nombre y apellidos o razón social, domicilio y actividad económica. Idénticos datos de identificación se reflejarán para los sujetos que deban responder solidaria o subsidiariamente. En caso de obstrucción a la labor inspectiva o de empresas informales, se consignarán los datos que hayan podido constarse. 2. La autoridad competente para imponer sanción, con expresión de la norma que le atribuye su competencia. 3. Los medios de investigación utilizados para la constatación de los hechos en los que se fundamenta el acta. 4. Los hechos comprobados por el inspector del trabajo, constitutivos de infracción. 5. La infracción o infracciones en las que se subsumen los hechos comprobados, los preceptos y normas que se estiman vulneradas, su calificación y tipificación legal. 6. La sanción que se propone, su cuantificación y graduación, con expresión de los criterios utilizados a dichos efectos. De apreciarse la existencia de reincidencia en la comisión de una infracción, debe consignarse dicha circunstancia con su respectivo fundamento. 7. La responsabilidad que se imputa a los sujetos responsables, con expresión de su fundamento fáctico y jurídico. 8. La identificación del inspector o de los inspectores de trabajo que extienden el acta de infracción con sus respectivas firmas. 9. La fecha del acta y los datos correspondientes para su notificación.”

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g) La identificación del inspector o de los inspectores del trabajo que extiendan el acta de infracción con sus respectivas firmas. h) La fecha del acta y los datos correspondientes para su notificación”.

Sobre la vulneración al principio del non bis in ídem

“a) La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…)

b) La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realiza.

c)Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista

superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición”.

a) Identidad de Sujetos: De las Ordenes de Inspección N° 13300-2018 - SUNAFIL/ILM de fecha 19 de noviembre de 2018 y Orden de Inspección N° 23152-2018-SUNAFIL/ILM de fecha 20 de diciembre de 2018, se advierte que las mismas se ejerce contra el mismo sujeto “CORPORACION LINDLEY S.A.”

b) Identidad de Hechos: Al respecto, lo alegado carece de sustento, pues la orden de inspección N° 13300-2018-SUNAFIL/ILM que derivó en el Acta de Infracción N° 3341-2018-SUNAFIL/ILM23 sólo propone sanción por no acreditar el pago íntegro del trabajo realizado en sobretiempo, a diferencia del presente procedimiento administrativo sancionador recaído en la Orden de Inspección N° 23152-2018-SUNAFIL/ILM, que está referida a la imposición de la sanción por incumplimientos de pago íntegro de beneficios sociales como gratificación legal, bonificación legal extraordinaria, CTS y vacaciones en cuyos cálculos no se le incluyó el promedio semestral de horas en sobretiempo realizadas, razón por la cual se presentan hechos distintos

c) Identidad de Fundamentos: Las materias investigadas, que contiene propuesta de multa, contienen una pretensión punitiva que se sustenta sobre diferente conducta y fundamento legal.

23 Véase a folios 19 del expediente sancionador- Acta de infracción N° 3341-2018-SUNAFIL/ILM

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que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”.

Sobre la presunta vulneración al Principio de Concurso de Infracciones 6.33 Al respecto, el artículo 248° del TUO de la LPAG, establece:

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 6. Concurso de Infracciones. - Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes”.

24 Jiménez Alemán, J. A. (2018). Notas acerca del concurso de infracciones en el Derecho Administrativo Sancionador: caso peruano. Derecho & Sociedad, (50), 57-58. Recuperado a partir de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/20374.

que el concurso ideal homogéneo, en la violación repetida de una misma norma legal a través de una sola acción.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

25 Ídem, 21. 26 Véase a folio 3 del expediente inspectivo

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“Durante las actuaciones inspectivas de investigación el sujeto inspeccionado, acreditó haber efectuado el pago de la liquidación de beneficios sociales a favor del ex trabajador Néstor Antonio Pérez Lozano, sin embargo, por omisión del suscrito, al momento de extender la Medida Inspectiva de Requerimiento, no se requirió el reintegro del pago de gratificaciones legales de julio y diciembre, reintegro de pago de bonificaciones extraordinarias de las gratificaciones legales, reintegro del pago de la Compensación por Tiempo de Servicio y de pago descanso vacacional del periodo del 01.04.2014 al 31.07.2018 (periodo de fiscalización), por lo que se solicita la emisión de una nueva Orden de Inspección, dejándose a salvo, el valor probatorio de los actuados en la presenten investigación”.

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…)

Resolución N° 542 -2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala

Sobre la falta de motivación de las resoluciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador 6.48 Al respecto, es preciso indicar que, de acuerdo con lo regulado en el numeral 1.2 del artículo IV. Principios del procedimiento administrativo del TUO de la LPAG, respecto al principio del debido procedimiento se señala “1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”.

Sobre el cálculo de la multa en base a la UIT

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CORPORACION LINDLEY S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1088-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 08 de julio de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 59-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 1088-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 4

27 “Artículo 39.- Cuantía y aplicación de las sanciones Las infracciones detectadas son sancionadas con una multa máxima de: a) Doscientas unidades impositivas tributarias (UIT), en caso de infracciones muy graves. b) Cien unidades impositivas tributarias (UIT), en caso de infracciones graves. c) Cincuenta unidades impositivas tributarias (UIT), en caso de infracciones leves. La multa máxima por el total de infracciones detectadas no podrá superar las trescientas unidades impositivas tributarias (UIT) vigentes en el año en que se constató la falta.

Resolución N° 542 -2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala

de enero de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dejando sin efecto la multa impuesta por dicha infracción.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CORPORACION LINDLEY S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Jessica Alexandra Pizarro Delgado