Corporación Lindley S.A — Res. 536-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Participación en las utilidades (Sub materia: Hoja de liquidación y sus formalidades; Pago); Registro de control de asistencia. PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

requerimiento de fecha 08 de febrero de 2018; sin embargo, vencido el plazo, el sujeto inspeccionado no cumplió con subsanar los incumplimientos detectados.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, porque, si bien el sujeto inspeccionado efectúo el pago de la participación de las utilidades, este no es íntegro, por cuanto no tomó en cuenta el real número de días efectivos laborados, conforme el registro de control de asistencia, en relación de ciento treinta y cuatro (134) trabajadores. Asimismo, no acreditó ningún pago por concepto de la participación en utilidades, a favor de ciento diecisiete (117) trabajadores, además respecto de sesenta y tres (63) trabajadores el cálculo no se encuentra conforme a ley, resultando un monto no íntegro, al no tomar en cuenta el real número de días efectivos laborados, conforme el registro de control de asistencia, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT2. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 36,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento expedida el 08 de febrero de 20183, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 63,787.50.

i. La resolución apelada es nula porque avala la vulneración de los principios de imparcialidad y objetividad, ya que la inspectora de trabajo, en la comparecencia del

2 Conforme al numeral 212.1 del artículo 212 del TUO de la LPAG que establece: “Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”; se ha procedido a corregir el tipo legal de la primera conducta tipificado por la autoridad sancionadora en el numeral 24.5, siendo el correcto el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. 3 Se ha procedido a corregir el error material respecto al número de trabajadores afectados por el incumplimiento de la medida de requerimiento, siendo un total de 251 trabajadores afectados.

26 de enero 2018, actuó con un ánimo sancionador, negándose a verificar la entrega de todas las hojas de liquidación, además que en el cuadro que se encontraba elaborando no ingresó la información correcta. Al respecto, se adjunta la grabación de un fragmento del altercado suscitado. ii. Se ha vulnerado el principio de tipicidad, debido a que se sanciona a la empresa por una infracción que no es aplicable al caso concreto, al señalarse el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT, sin que la misma sea aplicable al pago de la participación de las utilidades, siendo por ello el juicio de subsunción incorrecto. Por ende, se solicita que se declare la nulidad o se desestime la sanción impuesta por dicho tipo infractor. iii. La resolución apelada adolece de vicios de motivación aparente, pues, por un lado, los argumentos que respaldan el supuesto pago diminuto de la participación en las utilidades son vagos y genéricos, sustentándose en cuadros que contienen información errónea e imprecisa; y, por otro lado, los argumentos expuestos por la Sub Intendencia no presentan todos los elementos jurídicos que justifican la conclusión de que no habríamos efectuado el pago de utilidades a ciertos trabajadores. iv. Respecto al primer vicio, en el considerando 17 de la resolución apelada, se señala que existen trabajadores que, si bien firmaron su liquidación de la participación en las utilidades, percibieron un pago diminuto por este concepto, pues el registro de control de asistencia evidenciaría que estos trabajaron más días de los consignados en la hoja de liquidación de utilidades. Además de ello, en el considerando 18, se señala que existen otros casos en los cuales lo trabajadores no firmaron la hoja de liquidación de utilidades, lo que supuestamente evidenciaría que no se les efectuó ningún pago, pero además que la liquidación se habría efectuado de forma errónea pues se habría realizado el cálculo con menos días de trabajo que los que evidencia el registro de asistencia. Sin embargo, la Sub Intendencia vuelve a incurrir en motivación aparente, pues ha utilizado un cuadro para sustentar lo mencionado anteriormente, pese a que en este se puede evidenciar diversos casos en los cuales la hoja de liquidación muestra más días de trabajo que los que se aprecian en el registro de asistencia. v. Por otro lado, no existe ninguna norma laboral que contemple que es obligación de los empleadores exigir a los trabajadores que firmen las hojas de liquidación de utilidades al momento de efectuar el pago por este concepto. Según el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 892, la única obligación es entregar la referida hoja que precise la forma en que ha sido calculado este beneficio. Por ende, se debe declarar la nulidad de la resolución apelada, el Informe Final y el Acta de Infracción. vi. La Sub Intendencia ha consignado información errónea al efectuar el cálculo de la multa, considerando que correspondía pagar una multa equivalente a 15.75 UIT y

que había afectado a 2 trabajadores; sin embargo, el monto de la UIT no se corresponde con la tabla de sanciones, correspondiendo una multa de 2.25 UIT.

vii. No hemos incurrido en ninguna de las infracciones por las que se nos está sancionando, ya que hemos acreditado el pago de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016 conforme a ley. Para ello se han presentado las hojas de liquidación de utilidades sin firma, siendo dichos documentos idóneos para acreditar el pago. viii. Tampoco corresponde una sanción por el incumplimiento de la medida de requerimiento, considerando que, en los descargos contra la Imputación de Cargos y el Informe Final, hemos cumplido con demostrar el pago de la participación en las utilidades correspondientes al ejercicio 2016 conforme a ley. Por ello, no correspondía que los inspectores requirieran realizar una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas a la participación en las utilidades, ya que no se ha incurrido en ningún incumplimiento.

4 Notificada a la impugnante el 23 de setiembre de 2021, véase folio 107 del expediente sancionador.

iv. Por tanto, respecto al número de trabajadores de los cuales se estableció que la inspeccionada efectúo el pago, a los descritos en el cuadro del considerando 16 de la resolución impugnada, se debe sumar el trabajador García Alor Humberto Vidal. Sin embargo, de dicho cuadro, se debe excluir a los trabajadores Casimiro Bedón Eiren Santiago y García Alor Aníbal Darío, considerando que en ellos existe un cálculo incorrecto al no considerar los días efectivamente trabajados según registro de control de asistencia y salida, por lo que se ha acreditado la existencia de cálculo y pago diminuto del beneficio materia de análisis. Por tanto, los trabajadores de los que se acreditó el pago sumarían un total de 73 y no 74 trabajadores como se había consignado. v. Por otro lado, respecto al número de trabajadores de los cuales se estableció que la inspeccionada presentó la hoja de liquidación debidamente firmada; sin embargo, se determinó que el pago es diminuto, pues no toma en cuenta el real número de días efectivos laborados, descritos en el cuadro del considerando 17 de la resolución impugnada, se debió sumar los trabajadores Casimiro Bedón Eiren Santiago y García Alor Aníbal Darío, debiendo excluirse al trabajador Cariapaza Roque Rolando. Por tanto, los trabajadores de los que no acreditó el pago de la participación en utilidades con la hoja de liquidación debidamente firmada, sumarían un total de 135 trabajadores y no 134 como se había consignado. vi. Finalmente, respecto al número de trabajadores de los cuales se estableció que el inspeccionado no acreditó el pago de la participación en utilidades con la hoja de liquidación debidamente firmada, descritos en el cuadro del considerando 18 de la resolución impugnada, se debe aclarar que, respecto al trabajador García Alor Humberto Vidal, no se acreditó el pago de la participación en las utilidades, aunque no se ha determinado la existencia de cálculo diminuto. Por lo tanto, efectuada la precisión en dicho extremo, la cantidad de trabajadores afectados no se verá afectada siendo su número 117. vii. Por tanto, estando a las precisiones efectuadas, lo que corresponde no es declarar la nulidad de la resolución apelada, sino que se revoque en parte lo resuelto por la autoridad sancionadora de primera instancia, conforme a lo desarrollado precedentemente, sin que se adecue la sanción pecuniaria al no haberse afectado la misma. viii. Respecto al argumento de que no existe ninguna norma laboral que obligue al empleador a exigir al trabajador que firme las hojas de liquidación de la participación en utilidades, al momento de efectuar el pago por este concepto. Al respecto mediante Resolución de Superintendencia N° 016-2020-SUNAFIL, se aprobó el criterio normativo previsto en el Tema 1 - Acreditación del pago de obligaciones laborales económicas, en el cual se precisa que: “El pago de las obligaciones laborales económicas se acredita con cualquier medio probatorio, sin perjuicio de que el

empleador demuestre el cumplimento de las obligaciones laborales accesorias, sea a través de medios físicos o informático”.

ix. De la revisión del expediente de actuaciones inspectivas, se puede apreciar que la evaluación efectuada por el personal inspectivo no solo se centró en la firma de las hojas de liquidación como medio de prueba para acreditar el cumplimiento de la obligación económica materia de análisis. También se desprende de la investigación realizada por el inspector y corroborada por las instancias instructora y sancionadora en primera instancia, que además podría presentar las transferencias o depósitos hechos en la cuenta bancaria de sus trabajadores como medio que sustente dicho cumplimiento. Tal como se detalla en el considerando 10 de la resolución recurrida, la inspeccionada manifestó que había efectuado dicho pago mediante depósitos bancarios; sin embargo, no los acreditó con las pruebas pertinentes.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR8, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CORPORACIÓN LINDLEY S.A.

10 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 14 de octubre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1492-2021-SUNAFIL/ILM, señalando lo siguiente:

Inaplicación de los artículos 51 de la LGIT y numeral 252.2 del artículo 252 del TUO de la LPAG i. En el caso concreto, la medida inspectiva de requerimiento ordenaba el pago del íntegro de utilidades del año fiscal 2016. Al respecto, es preciso indicar que el presunto pago debió efectuarse el 30 de marzo de 2017, y su incumplimiento constituye una infracción de naturaleza instantánea, razón por la cual el plazo para la prescripción se contabiliza a partir del día siguiente. En ese sentido, la Intendencia contravino las normas básicas del derecho administrativo al pronunciarse sobre infracciones prescritas en la Resolución de Intendencia notificada el 23 de setiembre de 2021, excediendo los cuatro (04) años de prescripción administrativa.

Aplicación errónea del artículo 14 de la LGIT y del numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT

ii. La medida inspectiva de requerimiento implica que el inspector de trabajo analice acuciosamente la información brindada y fundamente adecuadamente el incumplimiento. Ello a fin de acreditar fehacientemente que el empleador ha omitido el cumplimiento de una obligación legal. Así pues, debemos señalar que la medida inspectiva de requerimiento contenía una serie de vicios y, por tanto, fue emitida de forma ilegal. Tal es así que la propia Intendencia ha reconocido el error incurrido por los inspectores al momento de revisar la información presentada y, en consecuencia, exigirnos cumplir con acreditar una obligación inexistente. Por tanto, conforme a lo señalado en la Resolución N° 145-2021-SUNAFIL/TFL, el administrado tiene derecho a resistirse a un requerimiento cuando viole el artículo 14 de la LGIT y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT; en consecuencia, no estaba obligada a cumplir con la medida de requerimiento, porque no se respetó el principio de legalidad.

Inaplicación de los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV y del numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG: se vulneran los principios de presunción de licitud, verdad material y debido procedimiento

iii. En el caso en concreto, la Intendencia señala que no habríamos acreditado el pago de la participación en las utilidades de 117 trabajadores puesto que las hojas de liquidación de utilidades que presentamos no están firmadas. Sin embargo, no existe ninguna norma laboral que contemple que es obligación de los empleadores exigir a los trabajadores que firmen las hojas de liquidación de utilidades al momento de efectuar el pago por este concepto.

iv. Por otro lado, la Resolución de Intendencia señala que habríamos efectuado un pago diminuto de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016, debido a que el número de días de trabajo que consta en las hojas de liquidación de utilidades no coinciden con los que contiene el registro de asistencia. No obstante, existen una serie de errores y vicios que nos permiten inferir que no se ha efectuado una minuciosa revisión del registro de asistencia y las hojas de liquidación de utilidades.

Inaplicación del numeral 6 del artículo 248 del TUO de la LPAG, se vulneró el principio de concurso de infracciones

v. Debido a que se pretende aplicar una sanción por incumplir la medida de requerimiento, la misma que versa sobre el supuesto incumplimiento del pago de las utilidades, sobre la cual también se está multando a Lindley. En ese sentido, se pretendería imponer dos sanciones a partir de un mismo hecho.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la inaplicación de los artículos 51 de la LGIT y numeral 252.2 del artículo 252 del TUO de la LPAG

TEMA VOTACIÓN ACUERDO La prescripción administrativa UNANIMIDAD El plazo de prescripción de cuatro (4) años para determinar la existencia de infracciones en materia sociolaboral, es aplicable para todos los hechos constitutivos de infracción, incluso si ocurrieron antes del 16 de marzo de 2017.

plazos legales previstos para cumplir con las obligaciones sociolaborales materia de análisis.

Sobre la aplicación errónea del artículo 14 de la LGIT y del numeral 17.2 del artículo 18 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias

en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

11 Véase folio 44 del expediente inspectivo. 12 Véase folio 146 del expediente inspectivo. 13 Véase folio 148 del expediente inspectivo. 14 Véase folio 150 del expediente inspectivo. 15 Véase folio 155 del expediente inspectivo. 16 Véase folio 160 del expediente inspectivo. 17 Véase folio 174 del expediente inspectivo.

señalan que para la extensión de una medida inspectiva de requerimiento resulta de vital importancia que se compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, supuesto que ha ocurrido en autos, pues en fase inspectiva se ha realizado una correcta actuación probatoria de cara a que la Administración Pública acredite la existencia de las infracciones imputadas.

Sobre la vulneración al principio de concurso de infracciones

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 6. Concurso de Infracciones. - Cuando una misma conducta califiqué como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que se puedan exigir las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

TEMA ACUERDO Tema N° 1: El concurso de infracciones normativas. El concurso de infracciones será aplicable en caso que una misma acción u omisión configure más de una infracción, en cuyo caso se aplica la sanción prevista de mayor gravedad. Si las infracciones son de la misma gravedad se aplicará la sanción de mayor cuantía. En caso de tener la misma cuantía, se multará solo por una.

Sobre la solicitud de informe oral

18 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, 2019, Tomo 1, p. 438.

motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales Si bien el sujeto inspeccionado efectúo el pago de la participación de las utilidades, este no es íntegro, por cuanto no tomó en cuenta el real número de días efectivos laborados, conforme el registro de control de asistencia, en relación de ciento treinta y cuatro (134) trabajadores. Asimismo, no acreditó ningún pago por concepto de la participación en utilidades, a favor de ciento diecisiete (117) trabajadores, además respecto de sesenta y tres (63) trabajadores el cálculo no se encuentra conforme a ley, resultando un monto no íntegro, al no tomar en cuenta el real número de días efectivos

Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CORPORACIÓN LINDLEY S.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 1492-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 21 de setiembre de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 816-2018- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1492-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. laborados, conforme el registro de control de asistencia. Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento expedida el 08 de febrero de 2018. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

MUY GRAVE

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la CORPORACIÓN LINDLEY S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

VOTO SINGULAR DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, si bien estoy de acuerdo con el fallo, discrepo de la fundamentación, pues considero que el Tribunal de Fiscalización Laboral no tiene competencia para analizar, el pago de la participación de las utilidades; sobre el que versa el expediente administrativo elevado a esta instancia de revisión. En este caso, se ha activado la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral por la infracción calificada como “muy grave a la labor inspectiva”, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 08 de febrero de 2018. Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones: 1. La Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Ley Nº 29981, ha establecido la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral con carácter excepcional, conforme fluye de una lectura atenta del tercer párrafo del artículo 41. A su vez, literal b) del artículo 49 de la norma citada delega en las normas reglamentarias la determinación de las “causales establecidas” para la interposición del recurso de revisión. Es decir, la ley establece un ámbito restringido, pero la configuración de dicho ámbito es delegada a las normas sectoriales.

2. En el literal c) del artículo 55 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, reitera la excepcionalidad del ámbito objetivo en el que la instancia de revisión ejecuta sus competencias. De esa forma, refiere al Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2017-TR como norma que determina los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de revisión.

3. El artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, a su vez, reitera el carácter excepcional de la competencia de la instancia de revisión. En concreto, en el artículo 14, el Reglamento mencionado refiere que el recurso de revisión se interpone contra resoluciones que sancionan infracciones “muy graves”.

4. En el bloque de legalidad que se repasa, se observa que: 1) el Tribunal de Fiscalización Laboral tiene una competencia excepcional, lo que estrictamente se refiere a la competencia material establecida por la norma reglamentaria, por delegación legal; y 2) dicha competencia, excepcionalmente activada, permite que el órgano de revisión ejerza sus funciones, conforme al segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Nº 29981: emitir decisiones que constituyan precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.

5. Conforme con la doctrina administrativista, “la competencia en razón de la materia se refiere a las actividades o tareas que legítimamente puede desempeñar el órgano, es decir, al objeto de los actos y a las situaciones de hecho ante las que puede dictarlos” 19

6. Los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son; sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren casos en los que las imputaciones contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” más algún o algunos más de distinto grado. Habitualmente, en este tipo de casos, el Tribunal de Fiscalización Laboral distingue lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

7. Una excepción a lo distinguido en el numeral anterior es el caso de las infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Existen casos en donde la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral es dudosa, pues los recursos de revisión se tramitan por sanciones impuestas por inejecución de medidas de requerimiento que, en sustancia, versan sobre un comportamiento subsumible en tipos sancionadores calificados por la normativa como infracciones “graves” o hasta “leves”. En tales casos, el análisis de la razón jurídica de las medidas de requerimiento debe limitarse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son, en efecto, las infracciones calificadas como graves y leves.

8. Del análisis del escrito de revisión no se identifica que la impugnante fundamente su recurso en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal, respecto de la infracción “muy grave” (único objeto

19 Gordillo, A. (2007). Tratado de derecho administrativo: el acto administrativo (Vol. 3). Agustín Gordillo. https://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo8.pdf

de análisis pasible de pronunciamiento por parte del Tribunal). Por el contrario, se observa que los argumentos de defensa de la recurrente implican que esta Sala tome posición sobre la calificación efectuada de la falta administrativa respecto de una materia distinta a infracciones muy graves, cuestión que, como se ha expuesto, excede la competencia que la ley ha otorgado a este Tribunal.

9. En efecto, si bien la recurrente ha impugnado la aplicación de una medida de requerimiento (infracción muy grave), se observa que las alegaciones planteadas recaen sobre aspectos en los cuales la Intendencia competente, como instancia de apelación, se ha pronunciado ya, al tratarse de materia calificada por la norma como infracción grave.

10. Entonces, respecto de dicha materia, se ha agotado ya la vía administrativa en la instancia de apelación, y al no presentarse argumentos que cuestionen los fundamentos expuestos por las instancias inferiores sobre la infracción objeto del recurso de revisión (infracción muy grave), se determina que el recurso de revisión no desvirtúa la sanción aplicada respecto de la infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 08 de febrero de 2018, resultando infundado el recurso de revisión que se ha interpuesto.

11. Finalmente, el Tribunal de Fiscalización Laboral podría, sobradamente, ejercer la tutela administrativa a través del efecto unificador que tienen los precedentes de observancia obligatoria incluso sobre casos como este, donde las materias cuyo análisis es indispensable recaen en una materia distinta a la que activa la competencia de la instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO en los términos expuestos en el presente voto singular.

Presidente